Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución del 22/9/2026 en cuanto fue materia de agravios.
Carátula: M G V C/ C D M S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS
Bahía Blanca, fecha resultante del último certificado de firma digital.-
A- Antecedentes .
Intervienen en el recurso G V M (G.V.M.), en carácter de accionante, y D M C (D.M.C.) en calidad de alimentante. Se menciona también a la hija menor de los nombrados, I N C M (I.).
En adelante, todos los actuantes serán mencionados por las iniciales que siguen a sus respectivos nombres completos.
B- La cuestión suscitada .
B- 1) El 20/8/2026 la accionante practicó liquidación de los alimentos devengados entre febrero de 2025 y marzo de 2026, conforme a los lineamientos establecidos por este Tribunal en la resolución del 11/8/2026 (causa nº 169.746), y solicitó que se fijara un máximo de siete cuotas suplementarias, iguales y consecutivas.
B- 2) El 2/9/2026 D.M.C. impugnó la liquidación por errores en el cómputo de dos períodos y cuestionó la cantidad de cuotas suplementarias solicitadas.
Al respecto, señaló que se encuentra desempleado y que, además de la obligación alimentaria respecto de I., debe sostener a otros tres hijos menores con quienes convive y asistir económicamente a otro. Sostuvo que, dadas sus cargas familiares, cancelar la deuda en siete cuotas mensuales comprometería su subsistencia y la de sus hijos, por lo que solicitó que se fijaran al menos 72 cuotas suplementarias.
B- 3) El 9/9/2026 la accionante reconoció los errores advertidos por el alimentante y corrigió la liquidación.
En cuanto a la cantidad de cuotas, señaló que en el trámite recursivo anterior el alimentante había solicitado 48 y que, apenas tres meses después, elevó su pretensión a 72, sin que hubieran variado sus circunstancias personales, lo que evidencia la arbitrariedad del planteo.
C- Lo resuelto en primera instancia .
El 22/9/2026 la jueza de primera instancia aprobó la liquidación por la suma de $2.902.734,80 y fijó 24 cuotas suplementarias mensuales, iguales y consecutivas de 2,27 Jus cada una.
Consideró que el monto de la liquidación aprobada no difería sustancialmente del correspondiente a la anterior, que había sido revocada, por lo que estimó adecuado mantener las 24 cuotas oportunamente establecidas.
Entendió razonable otorgar al alimentante un plazo de dos años para cancelar una deuda generada en uno, ponderando no solo las necesidades del deudor, sino también el crédito de la accionante, quien afrontó oportunamente las necesidades alimentarias durante la tramitación del proceso.
D- El recurso .
D- 1) Lo así decidido fue apelado por D.M.C. en fecha 5/10/2026, recurso que fue concedido el 8/10/2026, fundado el día 15/10/2026 y respondido por G.V.M. el 20/10/2026.
D- 2) El recurrente se agravió de la cantidad de cuotas suplementarias fijadas, al considerar que la jueza no ponderó adecuadamente el incremento de la deuda ni su capacidad económica.
Señaló que, contrariamente a lo sostenido en la resolución, la liquidación aprobada aumentó de $2.307.586 a $2.902.734,80, lo que representa un incremento cercano al 26%, mientras que el valor de cada cuota suplementaria pasó de 1,93 a 2,27 Jus, con un aumento superior al 17% de la carga mensual. Sostuvo que, ante una deuda mayor y sin variaciones en su situación económica, correspondía incrementar la cantidad de cuotas en lugar de mantener las 24 anteriormente establecidas.
Cuestionó, asimismo, que se considerara razonable otorgarle dos años para cancelar una deuda generada en uno, pues del monto aprobado, $1.276.126 corresponden a intereses, equivalentes a casi el 44% del total. Agregó que la deuda, cuyos intereses fueron calculados hasta el 15/8/2026, continuará incrementándose por haberse fijado las cuotas suplementarias en Jus, cuyo valor se actualiza periódicamente.
Alegó que tampoco puede atribuírsele la demora del proceso, ya que la liquidación practicada por la accionante el 22/4/2026 contenía errores que motivaron su revocación por este Tribunal el 11/8/2026, y que la nueva liquidación también debió ser impugnada y corregida.
Sostuvo que no se valoró su real capacidad económica, pues se encuentra sin empleo registrado, circunstancia no controvertida por la accionante y que fue tenida en cuenta al acordarse la cuota alimentaria en el 90% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Indicó que, al momento de la resolución, cada cuota suplementaria equivalía aproximadamente a $120.947, suma que, adicionada a la cuota ordinaria de $312.120 correspondiente a febrero de 2026, supera el 100% del referido salario mínimo.
Finalmente, cuestionó que la jueza contemplara únicamente el interés de la hija beneficiaria de la prestación, sin considerar a sus otros tres hijos menores de edad.
D- 3) Al contestar el memorial, G.V.M. solicitó que se declarara desierto el recurso por no contener una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, limitándose el recurrente a reiterar argumentos ya expuestos y desestimados.
Señaló que el incremento de la deuda obedece a los intereses devengados durante los cinco meses transcurridos entre la liquidación anterior, del 13/3/2026, y la nueva, del 15/8/2026, período durante el cual el alimentante se benefició con la postergación del pago de las cuotas suplementarias.
Afirmó que la fijación de la cuota en Jus responde al criterio de Alzada, para lo cual citó un antecedente de la Sala I de esta Cámara, según el cual corresponde utilizar dicha unidad arancelaria para mantener actualizado el importe de las cuotas y compensar la indisponibilidad del capital hasta su efectiva percepción.
Respecto del argumento de que la suma de las cuotas ordinaria y suplementaria supera el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, sostuvo que, de aceptarse ese razonamiento, dado que la prestación ordinaria equivale al 90% de dicho salario, la suplementaria no podría superar el 10% restante, lo que implicaría establecer una cantidad de cuotas incluso mayor a las 72 pretendidas, que consideró excesivas.
Finalmente, sostuvo que los cuestionamientos relativos a la razonabilidad de la cantidad de cuotas fijadas encuentran suficiente respuesta en los fundamentos de la resolución apelada.
E- La solución .
E- 1) Liminarmente, cabe destacar que el recurso en análisis contiene una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, por lo que logra superar la valla dispuesta por el art. 260 del CPCC.
E- 2) Cabe señalar, en primer término, que no constituye materia de controversia la procedencia de la liquidación ni el mecanismo adoptado para mantener actualizado el crédito mediante su cuantificación en Jus arancelarios, pues ambos extremos fueron consentidos por el apelante. El debate se circunscribe a determinar si la cantidad de cuotas suplementarias fijadas resulta razonable o si, como pretende el recurrente, corresponde extender el plazo de cancelación.
El art. 642 del CPCC establece, en su parte pertinente: " Las cuotas devengadas hasta la sentencia serán consideradas para establecer el monto de una cuota suplementaria, la que se abonará en forma independiente.
El juez debe fijar el importe teniendo en cuenta las necesidades de la persona alimentada, la cuantía de la deuda, la capacidad económica de la persona alimentante, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 641 ".
Como ha sostenido reiteradamente esta Sala, la finalidad de la norma consiste en compatibilizar el derecho del alimentado a percibir efectivamente su crédito con la necesidad de evitar que la modalidad de cumplimiento impuesta al obligado torne imposible o excesivamente gravoso su pago. Por ello, la determinación del monto y del número de cuotas suplementarias constituye una facultad prudencial del magistrado, quien debe ponderar las circunstancias particulares del caso, procurando mantener un razonable equilibrio entre la magnitud de la deuda, la cuota alimentaria ordinaria vigente y la capacidad económica del alimentante (v. causa nº169.915, res. del 25/8/2026, entre muchas otras; BOSSERT, Gustavo A. - Régimen jurídico de los alimentos, Editorial Astrea, 2012, pág. 514 y ss.).
Desde esta perspectiva, la cuota suplementaria no puede establecerse en un monto tan elevado que comprometa el cumplimiento regular de la obligación alimentaria corriente o resulte excesivamente oneroso para el obligado. Pero tampoco puede fijarse en una cuantía o por un plazo que desnaturalice la finalidad del instituto, consistente en posibilitar la satisfacción del crédito alimentario devengado en un tiempo razonable (v. OTERO, Mariano C. - Juicio de alimentos, Editorial Hammurabi, 2017, pág. 239).
E- 3) Aplicadas estas pautas al caso, los agravios formulados no alcanzan a demostrar que la modalidad de pago establecida en la instancia de origen resulte irrazonable o se aparte de los parámetros previstos por el art. 642 del CPCC.
En efecto, la deuda aprobada asciende a $2.902.734,80, habiéndose establecido 24 cuotas suplementarias mensuales, iguales y consecutivas de 2,27 Jus cada una, equivalentes a $120.836,64 al valor de dicha unidad arancelaria vigente al momento de la resolución apelada ($53.232).
Por su parte, la cuota alimentaria ordinaria, convenida y homologada el 12/3/2026, equivale al 90% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que representa, a la fecha de la resolución apelada, la suma de $345.420, considerando el valor de dicho salario de $383.800 (conf. Resolución nº4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil).
El incremento de la liquidación aprobada respecto de la anterior no determina, por sí solo, la necesidad de ampliar el número de cuotas. Tampoco resulta decisivo que una parte significativa de la deuda corresponda a intereses, ya que estos integran el crédito reconocido y compensan la demora en su percepción. Por su parte, la cuantificación de las cuotas en Jus arancelarios procura preservar su valor durante el período de cumplimiento.
Asimismo, aun cuando las demoras en la aprobación de la liquidación hubieran obedecido a los errores atribuidos a la accionante, ello no modifica la existencia ni la cuantía del crédito aprobado, ni justifica por sí solo, la extensión del plazo pretendida.
En relación con la capacidad económica del alimentante, si bien no se encuentran controvertidas su situación de desempleo ni las restantes cargas familiares invocadas, tales circunstancias, aun ponderadas conjuntamente con la prestación ordinaria a su cargo, no resultan suficientes para considerar irrazonable el plazo establecido, teniendo en cuenta la entidad del crédito y la necesidad de procurar su cancelación en un tiempo razonable.
En particular, aunque la suma de ambas prestaciones asciende a $466.256,64 y supera el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dicho parámetro fue adoptado para determinar la cuota ordinaria y no constituye un límite máximo a las obligaciones alimentarias del recurrente, cuya capacidad económica debe apreciarse en función de las circunstancias particulares del caso.
Por otra parte, la consideración de los intereses de sus restantes hijos menores de edad no puede conducir a postergar excesivamente la satisfacción del crédito correspondiente a I., cuyos derechos también deben ser resguardados.
En consecuencia, ponderadas la entidad de la deuda, la prestación alimentaria ordinaria vigente y las circunstancias personales y familiares del obligado, el plazo de 24 cuotas suplementarias fijado en la instancia de origen no luce excesivo ni desproporcionado. Por el contrario, su extensión a las 72 cuotas pretendidas implicaría diferir la cancelación del crédito alimentario durante seis años, desnaturalizando la finalidad del instituto.
Por tales razones, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución del 22/9/2026 en cuanto fue materia de agravios.
E- 4) En cuanto a las costas de Alzada corresponde que sean impuestas al alimentante, dada su condición de vencido y la naturaleza asistencial de la prestación alimentaria (arts. 68 y 69 del CPCC).
POR ELLO , se resuelve:
1. Confirmar la resolución del 22/9/2026 en cuanto fue materia de agravios.
Devuélvase a primera instancia sin más trámite.
Firmas
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 814-2026
Fin de la sentencia