Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80129
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia en la causa A. 80.129, "Ludueña, María del Carmen s/ incidente de Amparo - Recurso de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan, Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Carmen Ludueña. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo por considerarla inadmisible (v. sent. de fecha 20-XII-2024).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 5-VI-2025).
Oído el señor Procurador General (v. actuación de fecha 23-VI-2025), dictada la providencia de autos para resolver con fecha 27-VI-2025, agregada la memoria presentada por la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 16-VII-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora María del Carmen Ludueña, con el patrocinio letrado del señor defensor oficial doctor Edgardo Pablo Molins, inició acción de amparo con el objeto de solicitar que se ordene al Estado provincial que le provea la asistencia médico sanitaria, así como los fármacos e insumos necesarios para morir, ello como única alternativa de alivio a la situación en la que se encuentra.
Explicó que sufre una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa que lleva más de veinte años de evolución y la obliga a transitar padecimientos físicos, psíquicos y espirituales que describe como "de una crueldad inconmensurable que se agudiza día a día". Manifestó que los dolores que siente le resultan intolerables y que las condiciones de avanzado deterioro en que se encuentra hacen que su "existencia sea incompatible con la dignidad mínima que cualquier persona merece".
Dijo verse físicamente impedida de poner fin a su vida por sus propios medios y que, por tal motivo, requiere la provisión de asistencia médica y farmacológica domiciliaria para poder morir en su hogar; o que se le garantice traslado y alojamiento en una institución pública para que el personal médico le suministre los fármacos y desarrolle la práctica necesaria hasta provocar su deceso, minimizando los dolores que ello pudiera implicar.
Afirmó formular su pedido en resguardo, garantía y reconocimiento de su "derecho humano a vivir una vida digna, poniéndole fin a la misma en condiciones igualmente dignas", así como sus derechos a la intimidad, a un proyecto de vida y su desenlace, a la libertad personal, a la autonomía de la voluntad y a la autodeterminación.
Solicitó el emplazamiento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de poder materializar las acciones correspondientes al solicitado "procedimiento de muerte asistida", "suicidio asistido o eutanasia activa —según corresponda—" (v. archivo adjunto a la actuación electrónica denominada "certificado-constancia" de fecha 11-XII-2025), sin obtener respuesta.
II. Mediante sentencia de 5-XII-2024, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez rechazó la acción de amparo, por considerarla inadmisible.
Para así decidir, el señor juez sostuvo —en esencia— que el conducto procesal intentado resulta inepto para dar curso a la pretensión blandida en atención a dos motivos: de un lado, en tanto exige un debate más amplio y profundo que el habilitado para este tipo de trámite judicial que, por definición constitucional y legal, resulta excepcional, simple y breve; de otro, por no configurarse en la especie el recaudo referido a la existencia de un acto u omisión de alguna autoridad que, en forma actual o inminente, lesione un derecho constitucionalmente protegido con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas.
Estimó que, en el caso, se presenta fundamentalmente una tensión entre los derechos a la vida, a la autonomía de la voluntad y a una muerte digna.
Contempló lo dispuesto por la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (26.529), la Ley de Cuidados Paliativos (27.678) y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), los arts. 59 inc. "g" y 60 del Código Civil y Comercial de la Nación y 79 a 84 bis del Código Penal, así como algunas cláusulas puntales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Luego de evaluar específicamente la invocación efectuada por la actora del art. 19 de la Constitución nacional, concluyó que —en la actualidad y en nuestro medio— el ordenamiento jurídico promueve "…de manera casi irrestricta —salvo contadas excepciones—, la protección de la vida humana". A lo que adicionó que, de hacerse lugar a lo peticionado, se estaría impartiendo al personal de salud la orden de que cometan el delito de homicidio.
Consideró también que la satisfacción del interés de la demandante requeriría una modificación legislativa profunda, necesariamente precedida de un amplio debate social y de profesionales especializados.
A ello añadió la exposición de lo que identificó como interrogantes sobre el alcance y modo de ejecución que debería tener una eventual sentencia estimatoria de la pretensión, para concluir que la acción de amparo debía rechazarse por resultar, en la especie, inadmisible.
III. Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación (v. documentación adjunta a la actuación electrónica denominada "certificado-constancia" de fecha 11-XII-2024), que fue rechazado por el tribunal a quo mediante la referida sentencia de fecha 20-XII-2024.
Al fundar su decisión, en cuanto es pertinente destacar, la Cámara advirtió que el caso no se trata de "…una típica acción de amparo de las que podríamos denominar 'de salud' como generalmente acontece" y que la petición formulada carece de base normativa que la autorice. Explicó que, más aún, admitirla conduciría a que terceros incurrieran en conductas prohibidas por la ley.
Refirió a las sentencias dictadas por esta Suprema Corte en la causa Ac 91.478, en fecha 5-V-2004 y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 7-VII-2015 en el caso identificado como CSJ 376-2013 -49-D- CS1 "D., M. A. s/ declaración de incapacidad". Recordó también la vigencia de la Ley de Muerte Digna (26.529) y destacó que allí no se autoriza la "interrupción de la vida por la acción de un tercero", como lo pide la actora.
Desarrolló que, ante ese panorama normativo y jurisprudencial, tal como lo sostuvo el magistrado de primera instancia, no se advierte la configuración de un acto u omisión de la demandada que, por sus características, autorice a dar curso al remedio jurisdiccional intentado.
Enfatizó el carácter excepcional que reviste la acción de amparo y precisó que, ante la complejidad del asunto, no se observa que se configure —como es necesario— una arbitrariedad o ilegalidad que se presente de modo manifiesto.
Suscribió que la previsión legal según la cual las directivas de los pacientes deben ser aceptadas por los médicos tratantes puede interpretarse como una prohibición de la práctica requerida en la demanda, toda vez que se halla acompañada de la explícita excepción de aquellas indicaciones o manifestaciones que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que deberán tenerse por no escritas (art. 11, ley 26.529).
Consideró por eso que, en el estado actual de la regulación legal, planteos como el formulado en autos desbordan las posibilidades de intervención del Poder Judicial, siendo su solución una tarea legislativa que —por su naturaleza— ni siquiera podría ser llevada adelante por la Provincia demandada.
IV. Frente a esa decisión, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2025), que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 5-VI-2025).
IV.1. Al fundar el remedio, manifiesta que la decisión impugnada resulta arbitraria y provoca un agravio irreparable a derechos de raigambre constitucional, como lo son el de acceso a la justicia y debido proceso.
Explica que este rechazo in limine resulta particularmente delicado y grave, desde que no permite abrir la discusión en sede judicial, posponiendo cualquier posibilidad de debate únicamente a la órbita legislativa, algo fuera de su alcance.
Expone que la Cámara aborda en primer lugar algunos planteos de fondo que, a su criterio, fueron seleccionados de modo arbitrario entre el conjunto de puntos expuestos en la demanda. Advierte que, a pesar de tratar esos aspectos de la petición, luego confirmó la decisión de primera instancia haciendo pie en argumentaciones vinculadas a recaudos formales del proceso.
Sostiene que lo anterior trae como consecuencia que esa sentencia resulte "peligrosamente más irregular que la de grado". Ello por no haberse sustanciado la demanda, ni producido o valorado la prueba ofrecida.
Afirma que el pronunciamiento impugnado incurre en una insostenible incoherencia entre los presupuestos fácticos del caso y el procedimiento aplicado. Ello es así, por cuanto expresamente reconoce la especial sensibilidad y trascendencia del asunto llevado a su conocimiento, a la vez que "incumple con el deber o la precaución" de propiciar la participación del Ministerio Público Fiscal en el proceso.
Manifiesta que el descarte de la admisibilidad del conducto procesal elegido, por el modo mecánico en que fue efectuado, desatiende la circunstancia de tratarse de una persona con discapacidades múltiples que goza de una especial protección convencional, conforme la cual, es imperioso asegurarle los ajustes procedimentales necesarios para garantizar el acceso a la jurisdicción. En ese sentido refiere, en particular, el art. 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.
IV.2. Efectuadas esas consideraciones iniciales, explica que centrará sus agravios principales en dos grupos de planteos: el primero, referido a lo que el a quo identificó como la "expresa autorización para interrumpir la vida"; y el segundo, relacionado con la admisibilidad de la acción de amparo como conducto procesal apto para la pretensión entablada. Aclara que los presentará en ese orden, siguiendo el que trazó la Cámara al desarrollar el texto de la sentencia recurrida.
IV.2.a. Con relación al primer punto, sostiene que la Cámara ha desnaturalizado la petición contenida en la demanda al definir que se solicita en autos la "expresa autorización para interrumpir la vida". Explica que, en realidad, no es ese el objeto de la petición y explicita que su requerimiento no consiste en la obtención de tal venia judicial, sino en el pedido de que se le "…brinde la ayuda humanitaria que sea necesaria para poder morir, como única y última alternativa que hace dignificante a mi persona padeciente de un irreversible y agravado cuadro de salud que [me] genera limitaciones absolutas y dolores que se intensifican día a día de forma aguda y persistente, con perspectivas aterradoras para un desenlace natural por encarnizadamente cruento". Aclara que es un pedido de auxilio porque no puede concretar la acción que desea por sus propios medios, necesitando involucrar a terceros en la práctica.
Cuestiona que el Tribunal de Alzada haya delimitado la pretensión del modo expuesto, para confrontarla con el alcance que le asigna al derecho a la vida, omitiendo ponderar los derechos a la libertad, a la autonomía de la voluntad, a la intimidad, a la igualdad, a la dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, así como la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes invocados en la demanda. Apunta que, siendo ello así, en la sentencia se desarrolla una "ilógica y absurda argumentación jurídica", desconectada de los fundamentos ofrecidos al fundar la pretensión.
Sostiene que la desfiguración del planteo inicial se profundiza con la cita que efectúa la Cámara del precedente Ac. 91.478, sentencia de esta Suprema Corte de fecha 5-V-2004. Afirma que tal referencia no es útil para fundar la decisión, en tanto ese fallo fue dictado ante una plataforma fáctica que reviste diferencias determinantes respecto de las registradas en estos autos.
En tal sentido, recuerda que la causa citada no aplica como doctrina legal de este Tribunal y que su peso argumental está debilitado por haberse emitido hace más de veinte años, así como por la circunstancia de verse limitada la referencia a la opinión disidente de sólo uno de los ministros que la suscribieron (el señor Juez doctor Pettigiani) que, además, "desde hace años no pertenece al plantel del cimero tribunal". Destaca que también podrían haberse escogido otros pasajes de los votos emitidos por otros magistrados en ese caso (en particular, los de los señores Jueces doctores Hitters y Soria) que, a su criterio, podrían armonizar con la demanda "…en cuanto a que la preservación de la vida no puede imponer una postergación innecesaria a costa de un sacrificio inhumano y degradante que inevitablemente concluya con una muerte cruenta e indigna".
Agrega que el a quo ha omitido referirse a la sentencia dictada con posterioridad en la causa Ac. 85.627, "S., M. d. C. Insania", el 9-II-2005. Pone de resalto que allí se expresaron profundas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad y el derecho a la vida y la muerte digna, en el contexto de la solicitud efectuada por un familiar en representación de una mujer en estado vegetativo, con la intención de suspender los tratamientos de hidratación y alimentación que la mantenían con vida. Destacó, en esa línea, las opiniones vertidas por los señores Jueces doctores Roncoroni y Soria y la señora Jueza doctora Kogan. Sostiene que "…la omisión de este poderoso último precedente de esta Corte que hace la Cámara [...] deja entrever cierta violación de la doctrina legal o, de mínima, una extraña inobservancia de la opinión intrínsecamente relacionada con la cuestión de fondo".
Manifiesta que el rechazo in limine de su demanda importa una violación de su derecho al debido proceso, toda vez que, con fundamento en lo que insiste en calificar como un fragmentario análisis de la pretensión, se impidió la sustanciación de la demanda y la producción de la prueba ofrecida, generándole "…la sensación de abandono de persona de parte del poder judicial que en esta instancia la Cámara representa".
Critica el valor argumentativo de la cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido en la decisión impugnada y postula que la lectura de ese fallo puede resultar favorable a su posición más que a la argumentación sostenida por la Cámara.
Afirma que la ponderación constitucional que reclama de la judicatura es aquella dirigida a resolver la tensión que puede existir entre su derecho a la vida y su dignidad como persona humana. Explica que la admisión de su planteo no tendría como consecuencia la incursión del Estado en el incumplimiento de su obligación internacional de proteger la vida. En respaldo de esta afirmación cita la opinión expuesta por el Comité de Derechos Humanos mediante la Observación General número 36 de fecha 3-IX-2019, sobre el art. 6 ("Derecho a la Vida") del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
IV.2.b. Con relación al segundo núcleo de planteos recursivos, vinculados a la admisibilidad de la acción intentada, la actora indica que la sentencia impugnada, en cuanto decide que la cuestión planteada a los tribunales excede el marco propio de la actuación judicial por resultar una tarea que incumbe al Poder Legislativo —no provincial, en el caso—, deja expuesto un "…profundo desconocimiento del funcionamiento institucional, sumado a la interoperatividad que las instituciones modernas requieren para satisfacer demandas actuales y el diálogo entre poderes como pieza clave para el funcionamiento del Estado".
Interpreta que la Cámara ha hecho suyos los interrogantes formulados por el señor juez de primera instancia en torno al mandato concreto que debería impartirse en el supuesto de ser admitida la demanda y las precisiones sobre su ejecución. Sostiene que tales inquietudes "se vuelven abstractas", toda vez que semejantes definiciones pragmáticas serían adoptadas en la esfera administrativa, en oportunidad de cumplir con la eventual condena a dictarse.
Expresa que la acción de amparo constituye la vía procesal más idónea para dar curso al planteo de su pretensión. Sostiene que ello surge de la gravedad y flagrancia del sufrimiento que padece, así como de la circunstancia de no encontrar, por ahora, en la legislación positiva, el acogimiento de las garantías constitucionales cuya protección reclama.
Manifiesta que, como regla, corresponde dar curso a la acción de amparo, aunque existan otros cauces procesales posibles cuando el tránsito por estos últimos pudiera producir un daño grave e irreparable. Expone que —en el caso— se presenta esa circunstancia, de modo que la decisión de que la demanda resulta inadmisible se ofrece "…en franca contravención con el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y recibir de ellas una respuesta acorde (art. 14 de la Const. Nac.)".
Añade que la Cámara soslayó la vigencia del principio in dubio pro actione , provocando la configuración de un supuesto de denegación de justicia y dejándola "…en el desamparo que nada aporta ni contribuye al resguardo de los derechos individuales que la Constitución [le] confiere". Sostiene que, ante los graves padecimientos que sufre y lo delicado de su situación, la duda acerca de la admisibilidad formal de la vía procesal escogida debió haberse resuelto a su favor.
Apunta también que, al descartar la viabilidad de la acción de amparo en función de la complejidad del caso y en el entendimiento de que habría otras variantes procesales posibles, el a quo ignoró que, por aplicación del principio iura novit curia, contaba con la facultad de readecuar o mandar a readecuar el proceso, calificando correctamente la acción y aplicando normas diferentes a las invocadas en la demanda para así avanzar en el abordaje de las cuestiones planteadas en el escrito inicial.
Reconoce haber analizado la posibilidad de incoar otro tipo de acciones judiciales, en particular con el objeto de plantear la inconstitucionalidad de los arts. 60 última parte del Código Civil y Comercial de la Nación y 83 del Código Penal. Destaca que, aunque descartó esas opciones, sí requirió en la demanda que, de acogerse su pretensión, se previera "…una expresa abstención del Ministerio Público Fiscal de denunciar, promover, instar o perseguir las acciones tipificadas en el Libro II, Título I del Código Penal contra cualquier persona involucrada en la ejecución de la orden judicial". Explica que, con ello, quedaba planteada y requerida la inaplicabilidad en el caso de la legislación que castiga el objeto perseguido en autos.
Con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que, más aún, los jueces intervinientes también pudieron haber declarado de oficio la incompatibilidad constitucional de los preceptos que asumen como prohibitivos de la práctica solicitada, ante la tensión que registran con los derechos a la autonomía de la voluntad y a la dignidad afectados en su caso.
Expresa que, decidiendo como lo hizo, la Cámara se ha desentendido del ejercicio del control de con
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