Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, solicita que, declare la nulidad pretendida por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.
III. Establecidos los agravios debe ingresarse al examen de la nulidad planteada por el recurrente. En los autos caratulados: “DR. MAXIMILIANO FIOL S/Solicita regulación de honorarios Conjuez” Expte. Nº 16329/21, N° de Recursos 6479/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Establecidos los agravios debe ingresarse en primer término al examen de la nulidad planteada por el recurrente, entendiendo que el Decreto de fs. 2 no cumple con las exigencias legales establecidas por la ley 3330 ni aquellas prescriptas por el código formal. Así la Ley 3330 de Aranceles y Honorarios de Abogados y procuradores, impone la forma de auto fundado (Arts. 68 y 72 respectivamente), a la hora de proceder a la regulación de los honorarios profesionales.
Por otra parte, el artículo 15 establece que toda regulación judicial de honorarios profesionales debe hacerse con citación de la disposición legal y procedimiento aplicado bajo pena de nulidad. Ambas circunstancias fueron omitidas por el Juez de Instrucción, quien, si bien tiene facultades para regular los honorarios del Conjuez actuante conforme lo establece el Título III de la Ley 3330, deberá efectuarlo cumpliendo no solo con la forma establecida (auto fundado en lugar de decreto) sino también estableciendo la regulación en la unidad arancelaria establecida en el artículo 12 y con …
PROTOCOLO ELECTRONICO: C201157I253
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Penal Instancia: Juzgado de Recursos Expediente Nro.: 7904/25 Interlocutorio: TOMO: CVIII, REGISTRO: 017, FOLIO: 157/159.
Objeto: Regulación Honorarios Nula.
Imputados:
Fecha:25 de marzo de 2025.-
TOMO:CVIII REGISTRO:017 FOLIO:157/159
Caleta Olivia, 25 de marzo de 2025.-
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: PECETO LEONARDO SEBASTIAN S/DAÑOS, AMENAZAS Y AMENAZAS CALIFICADAS TODO EN CONCURSO REAL”
Expte. Nº 19279/23, N° de Juzgado de Recursos 7615/24, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto Deseado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante decreto simple de fs. 25, la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, ordenó regular los honorarios del Dr. R.A.R. por su actuación como Defensor Público Oficial Ad Hoc, de conformidad con lo establecido por los arts. 82 y 83 de la Ley Provincial Nro. 3.330, reguló los honorarios en la suma equivalente a 24 (veinticuatro) "jus", PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 545.736), ordenando librar testimonio y oficio a la Dirección General de Administración dependiente del T.S.J. a fin de que proceda a realizar el pago.
Contra dicha resolución el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Doctor Ramiro Esteban Castillo interpone recurso de apelación a fs. 30/31; el recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 35.
En esta instancia es mantenido a fs. 40 por el Sr. Fiscal de Estado, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal. De la nulidad articulada se corrió vista al Sr. Fiscal de Cámara a fs. 45, siendo evacuada la misma a fs. 47/48, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.a).-Al motivar el recurso el Fiscal de Estado se agravia sosteniendo que, la regulación de honorarios no se encuentra debidamente fundada, ya que no se indicó cuales fueron las tareas que el defensor llevó adelante en autos y que justifiquen la regulación efectuada en la suma equivalente a veinticuatro (24) jus. Cita los art. 15, 65 y 66 de la Ley N° 3.330 de Honorarios y Aranceles. A ello agrega que, en este caso ni se ha explicado el procedimiento aplicado para regular ni se han brindado los elementos mínimos indispensables a fin de que el obligado pueda ejercer su derecho de defensa.
Continúa que, en virtud de lo normado por el art. 84 de la Ley N° 3.330 el obligado al pago de los honorarios de los letrados intervinientes como funcionarios ad hoc es el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, quien no interviene en autos en ningún carácter y por lo tantos no tiene ningún tipo de conocimiento del expediente. Es un tercero totalmente ajeno a la causa.
Señala que, recién se anoticia de las tareas llevadas a cabo por el profesional acreedor de los honorarios al serle notificada la regulación de honorarios.
Por ello en los procesos en los que obligado al pago no tiene ningún tipo de intervención previa durante la tramitación del expediente, la obligación legal de los magistrados de fundar el decisorio adquiere aún mayor vigor, ya que el auto regulatorio debe proporcionar al obligado al pago todos los elementos necesarios que le permitan efectuar en debida forma el contralor de la regulación de honorarios y consecuentemente ejercer su derecho de defensa.
Dice, el auto regulatorio notificado no indica el nombre de la persona defendida por el Dr. R., ni permite conocer si su actuación tuvo lugar en proceso penal o correccional, ni las etapas del proceso cumplidas, ni las tareas realizadas por el profesional, ni cual fue el resultado obtenido con su labor.
Concluye que todo ello, conlleva la nulidad del decisorio, razón por la cual solicita se revoque la regulación de honorarios apelada y se efectúe una nueva regulación ajustada a derecho.
II.b).-Por su parte el Fiscal de Cámara al momento de evacuar la vista oportunamente cursada sostuvo que, analizadas las presentes actuaciones, entiende que el argumento esgrimido por la Fiscalía de Estado debe tener acogida favorable.
Señala que, el tratamiento de nulidades se debe tener en cuenta dos aspectos a saber: a) la existencia de sanción legal (voluntad expresa de la ley de sancionar el acto cuando no se observen las disposiciones previstas) y b) que exista un incumplimiento de las garantías constitucionales que causen perjuicio, vulnerando especialmente el “debido proceso” y “la defensa en juicio”. Asimismo resulta trascendental que este perjuicio se demuestre efectivamente durante su sustanciación y que contenga agravio real y concreto.
Continúa, en lo que respecta a la motivación, nuestro precepto normativo (art 116) exige que todas la decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llego al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinadas normas, aspecto que no se cumplimenta en el resolutorio en cuestión, por lo que la nulidad deviene, a mi juicio, procedente.
En igual sentido, la nulidad pretendida cuenta con un encuadre legal específico, lo que hace admisible tal petición, máxime si tenemos en cuenta que en materia de nulidades rige el principio de especificidad (art. 158 del CPP) el cual fija un régimen claramente taxativo, impidiendo invalidar actos que exhiben defectos formales, si su descalificación no ha sido expresamente prevista. En este caso en concreto el nulidicente a citado el art. 15 de la Ley N° 3.330 de Honorarios y Aranceles que establece: "Toda regulación judicial de honorarios profesionales debe hacerse con citación de la disposición legal y procedimiento aplicado bajo pena de nulidad".
Considera que el cuestionamiento realizado, en relación a la falta de explicación del procedimiento aplicado para la regulación de honorarios causa un perjuicio concreto al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Por lo expuesto, solicita que, declare la nulidad pretendida por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.
III.-Establecidos los agravios debe ingresarse al examen de la nulidad planteada por el recurrente. En los autos caratulados: “DR. MAXIMILIANO FIOL S/Solicita regulación de honorarios Conjuez” Expte. Nº 16329/21, N° de Recursos 6479/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Establecidos los agravios debe ingresarse en primer término al examen de la nulidad planteada por el recurrente, entendiendo que el Decreto de fs. 2 no cumple con las exigencias legales establecidas por la ley 3330 ni aquellas prescriptas por el código formal. Así la Ley 3330 de Aranceles y Honorarios de Abogados y procuradores, impone la forma de auto fundado (Arts. 68 y 72 respectivamente), a la hora de proceder a la regulación de los honorarios profesionales.
Por otra parte, el artículo 15 establece que toda regulación judicial de honorarios profesionales debe hacerse con citación de la disposición legal y procedimiento aplicado bajo pena de nulidad. Ambas circunstancias fueron omitidas por el Juez de Instrucción, quien, si bien tiene facultades para regular los honorarios del Conjuez actuante conforme lo establece el Título III de la Ley 3330, deberá efectuarlo cumpliendo no solo con la forma establecida (auto fundado en lugar de decreto) sino también estableciendo la regulación en la unidad arancelaria establecida en el artículo 12 y con fundamento en la tarea desarrollada. Por lo dicho corresponde, en virtud de lo establecido en los artículos 68 y 72 de la ley 3330 y 158 del CPP. declarar la nulidad del Decreto de fs. 2, correspondiendo el dictado de un Auto Fundado conforme lo expuesto precedentemente.
Sin perjuicio de ello, el recurrente se agravió del monto que el A quo regulara, allende las formas establecidas. Mas allá que la cuestión deviene abstracta, pues la nulidad del Decreto de fs. 2 por inobservancia de las formas oblitera la discusión de su monto regulatorio, entiendo que, y a los fines de economía procesal y en caracter de "obiter dicta", dejar sentado lo siguiente. Como bien señala el Sr. Fiscal de Estado, el artículo 82 establece como mínimo, para el caso que nos ocupa (vid apartado 3 inciso a) de dicha norma) la cantidad de 15 JUS. El peticionante se desempeñó durante el receso estival encontrándose este Poder Judicial de "Feria" (diciembre de 2020 y enero de 2021). Cuando ello sucede, la actividad desplegada tanto en Juzgados Civiles, de Familia o Penales, queda acotada solo al trámite de las causas que se establecen, conforme la reglamentación vigente (artículos 5 y 24 del Reglamento para la Justicia), como excepción y que se relacionan con personas detenidas, medidas urgentes, generalmente enfocadas en medidas cautelares, entre otros supuestos.
Surge claro que la actividad normal de dichos órganos jurisdiccionales se ve sensiblemente disminuida, razón por la cual el mínimo legal es la pauta más que razonable para proceder a la regulación de honorarios cuando los mismos se devengaren durante estos periodos. De no entenderlo así, y de no distinguir esta circunstancia, se violaría el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea establecido en el art. 14 bis de la C.N., dando lugar a que se pudiera regular más honorarios a quien actuó en feria de quien lo hizo en un periodo común."
Sobre este piso, entendiendo al igual que el Sr. Fiscal de Cámara y conforme lo expresó el Sr. Fiscal de Estado, que el decreto de fs. 25 no cumple con las exigencias legales establecidas por la Ley N° 3.330 conformes los artículos 68 y 72, ni aquellas prescriptas por el código formal, pues corresponde el dictado de un auto fundado conforme lo expuesto precedentemente. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-DECLARAR LA NULIDAD del Decreto de fs. 25 en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto Deseado.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia