Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6912 FOLIO Nº 086/094 PROT. ELECT. JRS1011I.211
Río Gallegos, 08 de noviembre de 2021.-
La presente causa caratulada “INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA S/REMITE ACTUACIONES”, Expte. N° I-71.158/21 - Apelación N° 7233/21, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 96/107 de los autos principales, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nro. Dos con asiento en esta ciudad capital, quien en el punto 1º) ordenó el PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de NORBERTO LUCIANO OSVALDO MIGUEL GODOY, en orden al delito de "LESIONES LEVES REITERADAS (CINCO HECHOS) y AMENAZAS TODO EN CONCURSO REAL" (arts. 45, 55, 89 y 149 bis del CP); y en el punto 2º) trabó EMBARGO sobre sus bienes como medida precautoria, por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-), conforme lo previsto por el art. 499 del Código Penal.-
Que a fs. 116/125 y vta., la Dra. Daniela Chosco, letrada adjunta de la defensoría oficial nro uno de mayores, apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante ésta Alzada por los Drs. Gustavo Coronel y Daniel Cabezas, defensores técnicos del imputado, y tras haber presentado el memorial del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento de su asistido por causarle un gravamen irreparable, estimándolo perjudicial a los intereses de éste por inobservancia de sus derechos y garantías a lo largo de todo el procedimiento. 1) En primer lugar agravia a la recurrente la orfandad probatoria respecto a la materialidad y autoría de las lesiones endilgadas a su asistido así como también respecto de las amenazas, tornando al auto recurrido en un prejuzgamiento arbitrario y sin fundamentos, advirtiendo que desde el inicio se direccionó la instrucción en perjuicio del mismo.
Ingresando en el tratamiento del presente agravio, cabe destacar que el caso traido a estudio merece un especial posicionamiento de los operadores judiciales en razón de encontrarse involucrados en la presente investigación, intereses de personas menores de edad que revisten la característica de víctimas y testigos, y por ende pertenecientes a un colectivo especialmente vulnerable en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, a lo que se adiciona su pertenencia a la comunidad zíngara -conforme las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad-, lo cual demanda un especial cuidado en el abordaje de las situaciones de violencia doméstica a nivel institucional y judicial, siendo relevante que los tres hermanos "A.G.D." (15 años), "A.B.Y." (12 años) y "O.A.D." (4 años) hace pocos meses comenzaron a residir en esta ciudad capital, provenientes de la ciudad de Rosario con motivo de la convivencia de su progenitora con el imputado, sin haber sido incluidos en la escolarización desde su arribo a Río Gallegos, viendose en consecuencia separados de sus otros tres hermanos, demás familiares (respectivos padres y abuelos) y amigos, a quienes por su cercanía y confianza hubieran podido acudir en ayuda frente a las situaciones de violencia a las que habrían sido expuestos.
En concreto la Jueza A quo aplicando el principio de amplitud probatoria y la perspectiva de derechos de infancia, valoró razonadamente el informe de inicio de actuados que da cuenta de la presentación espontánea en la Comisaría de la Mujer y la Familia, siendo las 00.45 hs. del 12/08/2021, de dos hermanos "A.G.D." -indocumentado- y "A.B.Y.", pertenecientes a la comunidad zíngara, quienes relataron ser víctimas de diversos hechos de violencia doméstica por parte de la pareja de su progenitora con quien conviven, quien se habría tornado violento lesionando a su hermano menor "O.A.D." de 4 años de edad, y al haberlo llevado al hospital para las curaciones del caso, es que se presentan sin adultos responsables, sintiendo temor por la integridad física de su hermanito.
Dicho informe fue conjugado con el testimonio de la ciudadana Estefanía Díaz, personal de guardia de la SENAF, quien tras hacerse presente en la Comisaría, mantuvo entrevista con los menores "A.G.D." (15 años) y "A.B.Y." (12 años), quienes le relataron pormenorizadamente que su padrastro de manera habitual agrede físicamente a su hermano "O.A.D." de 4 años de edad, teniéndolo que llevar posteriormente el imputado al niño al nosocomio donde le practicaron diversas curaciones, y asimismo ser víctimas de términos intimidatorios, viendo robustecido su testimonio por ser conteste y concordante con las lesiones certificadas por el Cuerpo Médico Forense y la historia clínica del niño. A su vez, el testimonio de Díaz, es concordante y coincidente con la declaración testimonial de la ciudadana Marianela Mariett Mansilla, personal de guardia de la SENAF, quien concurrió al domicilio de los niños a los efectos de trasladar al menor "O.A.D." y sus hermanos junto con su progenitora al CMF a los efectos de su evaluación.
En dicha circunstancia, la Sra. Mansilla hubo de conversar con la progenitora de los niños sin la presencia del imputado, habiendo admitido los episodios de violencia doméstica de los que serían víctimas sus hijos por tratarse el imputado de una persona agresiva con ellos, explicando cómo habría producido cada una de las lesiones de su hijo menor "O.A.D.", dando cuenta que sus hijos le han manifestado que sienten temor por el imputado, habiendo llegado en una ocasión su hijo "A.B.Y." a agredir físicamente al imputado teniendo que separarlos con ayuda de su suegro, quien vive junto a su casa. Complementa el plexo probatorio el testimonio de la vecina María Virginia Peña, en tanto expresa que cada dos o tres días escucha gritos y llantos de niños, y golpes en la pared, habiendo observado a un niño de aproximadamente 4 años con un yeso en su brazo izquierdo, caminando por la vereda.
Finalmente, la Magistrada recepcionó los testimonios de los niños mediante la técnica de cámara Gesell -garantizando su derecho a ser oídos bajo las medidas propias de resguardo de su interés superior- y también recabó el testimonio de su progenitora Rocio Demetrio.
Por ello, se advierte que pese al esfuerzo de la recurrente por intentar mejorar la situación procesal de su asistido, no logra contrarrestar el peso y la contundencia de los elementos de cargo reunidos por la Instrucción, valorados de manera integral a la luz de la sana crítica racional, motivo por el cual, adelanto, que no haré lugar a sus agravios, confirmando íntegramente el auto de procesamiento recurrido.
Al respecto se ha dicho: “…la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Por tal motivo, en estos supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto revisten fundamental entidad para analizar y confrontar las diversas hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habrían tenido lugar los hechos que son denunciados. A su turno, si lo que se intenta lograr es la adecuada argumentación de los pronunciamientos judiciales que resuelvan conflictos de esa especie –en los cuales, como ya se sabe, no es habitual que abunden "testigos presenciales"–, a riesgo de no consagrar un resultado notoriamente injusto y al mismo tiempo poder disminuir los índices de impunidad o de tolerancia que han obligado a la comunidad internacional a ocuparse de este flagelo, resulta necesario que se lleve a cabo un examen crítico que determine la credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad de la incriminación en el testimonio de la víctima, o, en el supuesto que la hubiere, la resistencia a esa incriminación en el relato del presunto ofensor, de manera tal que se adviertan las razones por las cuales se ha privilegiado un testimonio por sobre el otro.
Lo contrario importaría que una significativa cantidad de episodios de violencia que tienen lugar puertas adentro o en ámbitos de relativa invisibilidad, a pesar de que sea declamado el derecho a una "vida libre de violencias", queden impunes por la modalidad unilateral y convenientemente escogida por su autor. (“T., J. J. s/ inf. art(s) 149 bis -22/04/2014 – Cita on line LALEY AR/JUR/18735/2014). En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”.
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó la Jueza de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito. Por ello, entiendo que no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que la resolución se basa en la interpretación arbitraria de las probanzas aunadas a la causa, efectuada de manera parcializada, pues por el contrario, la Jueza de grado ha analizado todos y cada uno de los elementos de juicio incorporados legalmente en autos, en su conjunto y a la luz de la sana crítica racional, libre de prejuicios de estereotipos, enrolada en el principio de amplitud probatoria y en los estándares internacionales de perspectiva de género y de derechos de infancia, confrontando las piezas probatorias con el relato de las víctimas; pudiendo enlazar de esa forma, una cadena indiciaria que la llevó razonadamente a las conclusiones provisorias a las que arribó respecto de los hechos investigados y a la participación que en aquellos le habría cabido al imputado.
Por ello habré de disentir con el recurrente respecto a que la resolución apelada no se encontraría fundada. En efecto, el procesamiento se encuentra debidamente motivado, ajustándose a las prescripciones previstas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP. Concretamente respecto de las lesiones imputadas como hecho 1 aparentemente producidas entre abril y agosto, rechaza que se encuentren materialmente acreditadas, en razón que del certificado médico se constatan lesiones cuya data es menor a 30 días, con lo cual no pueden tenerse acreditadas con los solitarios dichos de las pretensas víctimas y mucho menos que el imputado fuera el autor de las mismas.
En respuesta al presente agravio, no concuerdo con sus argumentaciones, puesto que, reitero, el caso que nos ocupa exige un especial posicionamiento a la hora de ponderar los elementos probatorios por las características propias del contexto de violencia doméstica -que la Jueza A quo logró tener acreditado-, y la situación de extrema vulnerabilidad del niño "O.A.D.", quien con 4 años de edad, sin escolaridad y perteneciente a la comunidad gitana, resulta impensado que hubiera podido por sí mismo efectuar la denuncia y/o solicitar ayuda, al tiempo de las lesiones que habría sufrido por parte del imputado entre los meses de abril y agosto del año en curso; máxime si se tiene en cuenta que la progenitora cuenta con escasos recursos dado que también se encuentra en un estado de vulnerabilidad, naturalizando los episodios de violencia sufridos por sus hijos, constando de la prueba aunada al legajo que la misma se desentiende de la crianza, cuidados, protección y educación de sus hijos.
Que, conforme las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad", se considera víctima a toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también incluye a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. En tanto se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por condiciones sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Las causas de vulnerabilidad pueden consistir en la edad, la pertenencia a comunidades o minorías, la victimización, el desplazamiento interno, la pobreza, entre otras. Y en el caso de marras, se advierte que las víctimas tienen una evidente limitación para evitar y/o mitigar los daños derivados de la infracción penal, encontrándose bajo un alto riesgo de sufrir una nueva revictimización dado el contexto en el que se encuentran inmersas. Que es deber del Estado Argentino, y en lo que nos toca, de la Justicia Penal, la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria.
Con lo cual, y tal como lo expresara esta Alzada en anteriores pronunciamientos (Apelación/Causa Nro. 7066/21), concuerdo con la Jueza A quo -quien tuvo contacto con las víctimas al recepcionarle sus testimoniales, en aplicación del principio de la inmediación- que la ausencia de la expresa certificación médica no invalida el relato de las víctimas acerca de las lesiones que el causante le hubiera de provocar al menor "O.A.D.", por cuanto resultan contestes y concordantes con el resto de la prueba incorporada en autos, analizada de manera integral e interrelacionada dentro del marco de amplitud probatoria propio de los contextos de violencia doméstica, como fundadamente lo valorara la Jueza A quo; motivo por el cual este agravio tampoco prosperará, encontrándonos inmersos en un cambio de paradigmas. Respecto de las lesiones imputadas como hecho nro 2, de igual forma agravia a la recurrente que la A quo las tenga por acreditadas y en cabeza de su asistido, cuando entiende su autoría se encontraría desvirtuada mediante el testimonio de la progenitora del niño, la Sra. Demetrio, quien declaró: "...La muñeca se cortó el 27 de julio cuando tiró un plato al suelo y se rompió. Yo estaba durmiendo y cuando me desperte ya lo vi con la muñeca cortada...".
Estima que la A quo efectúa una valoración parcializada de la prueba obrante, concretamente con relación a la declaración de la Sra. Peña, vecina del imputado, por cuanto para la recurrente sus dichos son meramente indiciarios, dado que en la vivienda conviven muchas personas, con lo cual rechaza el rigor probatorio atribuido por la A quo.
Continuando con el abordaje del presente agravio, no asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la Jueza A quo efectuó una parcializada valoración de la prueba obrante en el legajo, no logrando conmover los fundamentos por los cuales se tiene acreditada la materialidad de las lesiones imputadas como hecho nro 2, contando con la historia clínica del niño -de la que se desprende que recibió asistencia en el nosocomio local, ocasión en la que fue sometido a una cirugía con colocación de un yeso- y mediante el informe del CMF, donde la Dra. Contreras destaca que según los datos del expediente el elemento productor de las lesiones sería un plato, que generalmente no causaría la lesión profunda observada y constatada en el parte quirúrgico de la historia clínica, siendo posible la lesión imprimiendo al objeto agresor una fuerza adicional, lo cual se condice con la explicación de la producción de esta lesión efectuada por los menores "A.G.D." y "A.B.Y." a Estefanía Díaz de la SENAF, en su entrevista en la Comisaria de la Mujer, sindicando como autor de la misma al imputado en autos. Tampoco concuerdo con el intento de restar valor probatorio al testimonio de la vecina Peña, por cuanto la Jueza ponderó su relato como indicio del contexto de violencia doméstica, adquiriendo relevancia sus dichos acerca que frecuentemente escucha gritos y llantos de niños y que observó a un menor de aproximadamente 4 años con un yeso caminando por la vereda, lo cual es conteste con la terapéutica recibida por "O.A.D.", tras la lesión sufrida por parte del encartado.
Con relación a las lesiones imputadas como hecho nro 3, agravia a la recurrente que las quemaduras en los nudillos de la mano izquierda no se condicen con las lesiones certificadas a fs. 35 y 65, incurriendo en una nulidad por no existir relación entre el hecho que se imputa, la prueba y el resolutorio al que se arriba.
Que, el presente agravio tampoco prosperará puesto que - reitero-, dentro del contexto de violencia doméstica y con los elementos de prueba incorporados legalmente al expediente, valorados adecuadamente por la Jueza A quo, para esta Alzada se encuentran verosimilmente acreditadas las lesiones imputadas como hecho nro. 3, con grado de probabilidad, en tanto el esfuerzo de la defensa por desacreditar la certificación médica de las lesiones no logra demostrar la violación al principio de congruencia ni se advierte la nulidad planteada.
Exigir que las víctimas, extremadamente vulnerables y sin escolaridad adecuada a sus edades cronológicas, efectúen una descripción en términos médicos forenses de cada una de las lesiones de que fuera víctima su hermano menor, no hace más que denotar la distancia de la recurrente con la mirada que el caso amerita, puesto que en el caso del niño "O.A.D.", las Lic. en Psicología del Cuerpo Pericial Psicológico, incluso dejaron constancia en su respectivo informe acerca de las dificultades fonológicas que dificultan la clara comprensión de su relato.
Respecto de las amenazas constitutivas del hecho imputado nro 4, agravia a la recurrente toda vez que se sustenta en los solitarios dichos de la pretensa víctima, existiendo entre las partes conflictos de convivencia y discusiones motivadas en el comportamiento del joven Ángel, con lo cual descarta su valor probatorio por encontrarse direccionado en contra de su defendido. Sobre el delito de amenazas, la jurisprudencia ha dicho que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias.
Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074). En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina....” (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012). De esta manera, con lo expuesto en los párrafos anteriores y aplicado al caso en análisis, implicarían que los dichos expresados por el imputado dentro del contexto de violencia doméstica, comprobados en debida forma, le habrían generado temor al menor "A.G.D.", tal como lo pusiera de manifiesto a la Sra.
Estefanía Díaz de la SENAF y lo corroborara la Sra. Mansilla también de la SENAF a través del testimonio de la progenitora al tiempo de acompañarla con sus hijos hacia el CMF. Es por ello que este planteo tampoco prosperará. Se advierte -reitero-, que la Magistrada analizó y valoró coherentemente los hechos puestos a su consideración, a la luz de la prueba colectada con perspectiva de derechos de infancia, perdiendo virtualidad evocar conflictos de convivencia con el menor, como lo hace la recurrente, cuando en autos se encuentra acreditado el contexto de violencia doméstica con una clara relación desigual de poder por parte del imputado como agente activo en relación a los menores y su progenitora.
Los elementos obrantes en la causa resultan ser indicios claros y concordantes que brindan a mi criterio, verosimilitud a la imputación efectuada, pudiendo traspasar la valla del art. 289 del CPP. Con relación a las lesiones imputadas como hecho nro. 6, agravia a la recurrente que no se encuentran acreditadas mediante certificación médica alguna, y que a pesar de ello la Jueza haya concluído que "...Las lesiones que Miguel Godoy le provocara a "A" fueron observadas tanto por su madre, como por sus hermanos, siendo suficiente su testimonio para tener las mismas por acreditadas...", recordando el criterio jurisprudencial que se debería aplicar al caso, esto es, que en caso de duda, si ella se da, es de aplicación el principio jurídico in dubio pro reo, y en consecuencia solicita se revoque el decisorio atacado y se ordene la inmediata libertad de su defendido.
Que, en virtud del propio contexto de violencia doméstica en el que, como el caso en análisis, el delito se comete en circunstancias donde resulta casi imposible contar con testigos presenciales del hecho, el testimonio de la víctima "A.B.Y.", se convierte en el eje central de la investigación, no advirtiendo por ello vulneración de los derechos y garantías constitucionales, ni afectación del debido proceso y la defensa en juicio en la valoración de los testimonios de sus hermanos y su progenitora -en tanto testigos presenciales de las mismas- efectuada por la Sra. Jueza A quo, como lo alega la defensa, resultando la prueba aunada al legajo judicial suficiente para arribar a la decisión de mérito adoptada en la presente instancia. Es que se advierte que los argumentos de la defensa consisten en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado, en tanto la Sra. Magistrada, tal como lo encomienda la ley, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de las víctimas con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.
2. En segundo lugar agravia a la recurrente la prisión preventiva dispuesta en contra de su asistido, estimando contradictorios los argumentos en que la A quo la sustenta, agregando que la progenitora de las pretensas víctimas se retractó de sus dichos iniciales, con lo cual no puede utilizarse a los efectos de atribuirle la responsabilidad de los hechos a su pupilo.
Plantea que se pretenden menoscabar las garantías constitucionales de su asistido bajo la premisa de resguardar el interés superior de los niños, utilizando como regla el instituto que está previsto como excepción cuando se podría implementar la colocación de una tobillera dual y de esa forma garantizar que no haya contacto entre el imputado y la Sra. Demetrio y las pretensas víctimas.
Destaca que la ausencia de antecedentes penales del imputado, sumado a los delitos por los que se lo procesa tornan la medida como una pena anticipada por ser improcedente y arbitraria, solicitando se revoque el dictado de la prisión preventiva y en consecuencia se ordene la inmediata libertad.
Dando continuidad a los agravios, trataré el cuestionamiento traído por la defensa acerca de la imposición de la prisión preventiva al encartado, debiendo señalar que este punto fue debidamente abordado por la Jueza luego de disponer el procesamiento a fs. 105vta./106vta., de los considerandos del auto recurrido coincidiendo en su fundamentación, motivo por el cual el agravio tampoco prosperará. No asiste razón a la recurrente en que la Magistrada hubiera incurrido en contradicciones en la motivación de la prisión preventiva, puesto que la A quo elaboró sólidos fundamentos que justifican tal medida, advirtiéndose que si bien el recurrente no comparte los argumentos invocados por la Jueza de Instrucción, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Esta Alzada ya se ha expresado en anteriores ocasiones acerca de la circunstancia que las víctimas se retractaran con posterioridad a haber efectuado la declaración testimonial acerca de los hechos denunciados (Apelación/Causa Nº 7066/21), no advirtiendo en la imposición de la prisión preventiva y la valoración del testimonio de la Sra. Rocío Demetrio contradicción alguna, concordando con la Jueza A quo al haber acertadamente restado valor a su rectificación, por entender que no guarda relación con lo que habría acontecido en los hechos y que fuera reconstruido con el grado de probabilidad que la instancia amerita. Mas aún, la circunstancia que las víctimas se retractaran en autos fue valorado por la A quo a la luz de la normativa internacional como demostrativo de un indicio más del círculo de violencia y de la situación de vulnerabilidad de las mismas evidenciando temor y dependencia económica para con el imputado.
En oportunidad de tratar la retractación de una victima de violencia, reconocida jurisprudencia dijo que el principio de libertad probatoria “…tampoco … encuentra óbice para que el juzgador, conforme a su libre convicción, pueda escindir parcialmente cualquier probanza, ponderando solo aquellos tramos que aparezcan veraces, es decir, contestes con los completos elementos de prueba analizados…” (TSJ, Sala Penal, “Lezama”, A. Nro. 35, 23/2/2001; “Galván”, S. Nro. 52, 25/03/2009, entre otros).- Entiendo que los agravios desarrollados por la recurrente no logran conmover el decisorio arribado por la Magistrada interviniente, quien ha sustentado su resolución en la necesidad de dispensar debida protección a los menores víctimas y a su progenitora, en función de obrar en contra del encartado una imputación seria y racionalmente acreditada, la reiteración de la violencia doméstica a lo largo de los meses en que los menores convivieron con el imputado desde el arribo a ésta ciudad, el interés superior de los niños puesto en juego, la condición de extrema vulnerabilidad de las víctimas, la gravedad de las lesiones infringidas y la importancia del bien jurídico protegido dañado; como pautas justificadas para ponderar el peligro de fuga y entorpecimiento del proceso por parte del incuso.
Se advierte que la Sra. Jueza de Instrucción valoró indicadores ciertos y objetivos en los que fundamentó el dictado de la prisión preventiva, teniendo en cuenta el contexto actual de la legislación provincial, nacional y supranacional vigente, concluyendo que la conducta reprochada en perjuicio de los menores víctimas a pesar que la severidad de la escala penal prevista en el CP para los delitos imputados, obliga a ajustar el rigor con el cual se mide el riesgo procesal, y que el riesgo de entorpecimiento procesal y de re victimización de los mismos, no es evitable más que con la privación de la libertad del incuso, ajustándose a lo dispuesto en la materia por la "Convención de los Derechos del Niño", las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belem Do Para), que impone el deber de adoptar medidas judiciales a fin de conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad en los ámbitos en que se desarrollen las relaciones interpersonales, por lo que entiendo que el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho, no conculcando las garantías constitucionales del imputado ni los principios jurídicos que rigen la materia.
Cabe recordar que el marco legal actual faculta a adoptar las medidas necesarias tendientes a neutralizar el peligro en casos de delitos cometidos contra personas pertenecientes a colectivos vulnerables, siendo merecedoras de una vida libre de violencia, y en autos, la circunstancia de tratarse de una imputación seria y debidamente fundamentada en los elementos de cargo aunados a la causa nos permiten considerar, sin incurrir en influencias por ciertos estereotipos de género, que estamos frente a un caso de aquellos que merecen un mayor despliegue por parte de la defensa para acreditar que su asistido no se profugará ni entorpecerá la investigación; máxime teniendo en cuenta que encontrándose detenido el incuso, hubo de comunicarse con la progenitora de los niños, con la clara finalidad de influir sobre sus declaraciones, así como la progenitora y la hermana del imputado hubieron de ingresar en la vivienda con posterioridad a la detención, ello conforme lo relatado por los menores bajo la modalidad de cámara Gesell, todo lo cual evidenciaría no sólo la voluntad del imputado y su entorno, de obstaculizar el proceso, sino la inocuidad de las medidas cautelares dictadas en protección de las víctimas.
Es por lo expuesto que la medida cautelar dispuesta por la Sra. Jueza no se exhibe desentendida de los principios de ofensividad y proporcionalidad, ya que tuvo en consideración el estado de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto de comisión de los hechos reprochados, no siendo conducente a los efectos de evitar el riesgo procesal la colocación de la tobillera dual.
Por otra parte, y en relación a los niños víctimas y testigos en autos, es su interés superior, en tanto menores de edad un principio jurídico ineludible para decidir ante la presencia de conflictos de intereses en que se encuentren involucrados, en tanto criterio rector para definir la intervención jurisdiccional en su beneficio.
La CSJN se ha pronunciado al respecto: "...la consideración primordial del interés superior del niño, que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (artículo 3.1) impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores, orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos incluyendo esta Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- de los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución le otorga. La atención principal al interés superior del niño al que alude el precepto citado apunta a dos finalidades básicas, cuales son las de constituirse en una pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos..." (Tratado "De Los Tratados Internacionales", Tomo III, Ed. LL, CDN, pág. 467). En orden a lo expuesto, homologaré la prisión preventiva dispuesta respecto del imputado por los delitos endilgados, a pesar de carecer de antecedentes penales, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa por haberse cometido sobre personas menores de edad convivientes y mediando un contexto de violencia doméstica; ello no sólo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito y no facilitar la impunidad, sino también porque es la solución que se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional.
Teniendose acreditado que no se trata de un hecho aislado, sino que se desarrolló en el contexto de una situación de violencia doméstica con reiterados episodios de similares características, desconocer la denuncia efectuada por las víctimas no haría más que demostrar la incapacidad del Estado en abordar la complejidad de la problemática, transformando la violencia doméstica, en violencia institucional. Es por ello que esta Alzada concuerda con la Jueza A quo en que se torna necesario neutralizar el riesgo de que las víctimas puedan ser intimidadas.
Cabe reiterar que concuerdo con la valoración efectuada por la A quo, acerca de la retractación de la progenitora y de los propios menores víctimas, siendo demostrativo de la elevada capacidad para obstaculizar el proceso e infundir temor en los testigos víctimas, cuya significativa vulnerabilidad refleja el mayor riesgo procesal.
3. Finalmente, agravia a la recurrente el embargo dispuesto por ser excesivo al tratarse de una persona sin trabajo estable ni bienes, lo cual conduce necesariamente a la inhibición general de bienes ocasionándole un daño innecesario. Por ello, solicita su reducción.
En respuesta a este último agravio, cabe mencionar que el CPP, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP. En efecto, respecto al monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado al imputado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de cien mil pesos ($ 100.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 106vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, calificada jurisprudencia tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). Asimismo acerca del presente agravio se tiene dicho: "...se observa que...los argumentos desarrollados sólo reflejan una opinión diferente sobre la evaluación del mérito oportunamente efectuada en ocasión de arribar al pronunciamiento...el remedio intentado no prosperará en la medida en que...la argumentación dada en la decisión descansa en un análisis razonado e integral del caso y de las disposiciones en juego..." (CNACyCF, sala II, "S.,L.R. y otros s/ casación", cita online: TR LALEY AR/JUR/65829/2014).
En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Jueza de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del daño ocasionado como consecuencia de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada. 4) Que la recurrente, en la oportunidad de presentar el memorial hace expresa reserva de acudir en Casación y al fuero federal.-
Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la Jueza A quo en cuanto dispone el procesamiento con prisión preventiva en orden a los delitos de "LESIONES LEVES REITERADAS (CINCO HECHOS) y AMENAZAS TODO EN CONCURSO REAL" (arts. 45, 55, 89 y 149 bis del CP) y el EMBARGO sobre sus bienes como medida precautoria, por ser ajustado a derecho.-
En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 96/107 de los autos principales, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- Tener presente la reserva de recurrir en Casación y del Caso Federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio del recurso extraordinario federal (Art. 14 de la Ley 48) que fuera articulado por la parte recurrente.-
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] . 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen. – FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6912 FOLIO Nº 086/094 PROT. ELECT. JRS1011I.211
Fin de la sentencia