Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XXII REGISTRO: 016 FOLIO: 149/154
Caleta Olivia, 16 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: DIV. CRIA. PTO. DESEADO S/INV. ROBO CALIFICADO” Expte. Nº 22.832/26, N° de Juzgado de Recursos 8516/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante decreto de fs. 44, la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, decidió: “Puerto Deseado 19 de junio de 2026.-Por presentado escritos: Solicita detención (fs.38/40) y amplia pedido de Detención - Reitera- Pronto Despacho. Atento el estado inicial de las presentes actuaciones, y resultando que esta sede judicial se encuentra a la espera del sumario de prevención, del resultado de las ordenes de requisa vehicular libradas, de las pericias de la División Gabinete Criminalístico y de las tareas de investigación prorrogadas a la División de Investigaciones y Narcocriminalidad para la identificación de los causantes; y considerando que tales diligencias resultan esenciales para la adecuada sustanciación de la causa y resguardo del debido proceso, a lo solicitado por el Sr. Agente Fiscal, TENGASE PRESENTE para su oportunidad. Notifíquese. Proveo por subrogancia legal” Contra este Decreto, el Sr. Agente Fiscal, doctor Horacio Ariel Quintero, interpone recurso de apelación a fs. 144/146, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 147. En esta instancia es mantenido a fs. 153 por el Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso el Ministerio Público Fiscal se agravia sosteniendo que, la resolución apelada, resulta arbitraria por cuanto prescinde de valorar la totalidad de los elementos de convicción incorporados al legajo y desconoce el estándar de probabilidad requerido para el dictado de una medida cautelar de coerción personal. El Ministerio Público Fiscal cuestiona la providencia que rechazó disponer la detención de R. E. A., G. G. R. y P.
E. R..
Sostiene que la decisión impugnada no ponderó adecuadamente el cuadro indiciario reunido, los riesgos procesales concretos ni las diligencias de investigación que permanecen pendientes.
El recurrente afirma que no se trata de meras sospechas o conjeturas, sino de un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes. Como elementos relevantes menciona la captación fílmica de varios sujetos actuando coordinadamente inmediatamente después del hecho; la utilización de dos vehículos para la comisión del ilícito; la posterior interceptación de un automóvil cuyas características coinciden con las obtenidas durante la investigación; la identificación de los imputados pocas horas después de ocurrido el hecho; el secuestro de elementos compatibles con los denunciados como sustraídos; y la modalidad delictiva desplegada, que evidenciaría una actuación coordinada de varias personas. Alega que, sobre la base de esos elementos, se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para sustentar, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación de los nombrados en el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, previsto y reprimido por el artículo 167 inciso 2° del Código Penal.
Se agravia porque la resolución recurrida habría omitido valorar que todavía resta producir numerosas medidas probatorias. Entre ellas señala pericias sobre rastros, análisis de dispositivos electrónicos, ampliación del relevamiento de cámaras de seguridad, individualización de otros posibles partícipes y determinación del destino de los efectos sustraídos que aún no fueron recuperados.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que la permanencia en libertad de los imputados posibilita objetivamente la concertación de versiones con terceros involucrados, la ocultación o disposición de bienes provenientes del ilícito y el entorpecimiento de las diligencias de investigación pendientes. Tales circunstancias configurarían riesgos procesales concretos que justificarían la medida cautelar solicitada. El recurso destaca la gravedad del hecho atribuido y la significativa expectativa de pena derivada de la figura agravada escogida. A criterio del Fiscal, esas circunstancias objetivas incrementan el peligro de fuga y hacen necesaria la adopción de medidas eficaces para asegurar el sometimiento de los imputados al proceso. El Fiscal sostiene que la decisión impugnada excede una mera discrepancia interpretativa respecto de la procedencia de una medida cautelar. Considera que la negativa a disponer la detención frente al cuadro indiciario reunido compromete seriamente el resultado de la investigación, pone en riesgo la recuperación de los bienes sustraídos y puede frustrar la individualización de la totalidad de los intervinientes.
Afirma que la resolución prescinde de las constancias objetivas de la causa y se aparta de los deberes de tutela judicial efectiva y de protección de los fines del proceso penal. Según el recurrente, ello configura una grave omisión jurisdiccional cuyas consecuencias podrían comprometer el adecuado servicio de justicia, solicitando la intervención inmediata del Tribunal de Alzada, para evitar la frustración de la investigación y restablecer la legalidad de la decisión.
Finalmente, solicita, se revoque la resolución recurrida y se disponga la inmediata detención de R. E. A., G. G. R. y P. E. R..
III.-Corresponde en el presente, ingresar al análisis de los agravios expresados por el recurrente.
En los autos caratulados “INC. DE COPIAS EN AUTOS: Z. M. A. S/DENUNCIA LESIONES LEVES Y HURTO” EXPTE. Nº I-52285/21, N° DE RECURSOS 6943/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Asimismo, entiendo que el ejercicio del derecho de defensa no se integra solo con el derecho al recurso, sino que existen distintas formas de su ejercicio, conforme la naturaleza jurídica del acto que puede contravenir los intereses del imputado, y que son formas de materializar la defensa técnica. Una de ellas es la de objetar (a través de la acción de "incidentar") los actos a través del ejercicio y puesta en marcha de los distintos institutos procesales que están establecidos para este fin.
En el caso del artículo 267 surge claro que el mismo debe leerse en consonancia con el primer párrafo del artículo 299 y el art. 300 inc. 1°, todos del CPP.- Frente a la orden de detención, medida de neto corte instrumental y destinada a la comparecencia del imputado a proceso para realizar el acto primordial de defensa en juicio, que es su declaración indagatoria, y antes que se materialice la misma, la parte puede articular la exención de prisión. Una vez materializada la detención, podrá solicitar la excarcelación de su asistido. Y ante el rechazo de ambas, opera del derecho al recurso, que se ejerce conforme ha sido reglamentado en la ordenanza procesal, bajo el principio constitucional de razonabilidad, que implica que no existen derechos absolutos (arts. 14 y 28 de la C.N.).
La doctrina tiene dicho respecto a la procedencia de la detención que: “La orden judicial de detención en contra de una persona determinada podrá impartirse, en principio, cuando haya motivo bastante para sospechar que ella ha participado en la comisión de un hecho delictivo y sea necesario por eso recibirle declaración, por lo cual su finalidad, fundamentalmente, es la presentación del imputado para interrogarlo acerca del hecho punible por el cual se lo persigue También cabe aclarar que no se vincula con la rebeldía, que importa un incumplimiento del imputado a su deber de comparecer, sino que implica la coerción desplegada sobre una persona que recién ingresa al proceso. Es decir, se requiere un grado de sospecha suficiente en contra de un individuo determinado materializado no solo en la convocatoria a prestar declaración, sino en una orden escrita que debe cuenta de la necesidad de la detención, en donde además deben darse suficientes razones para proceder a la privación de la libertad –fundamentalmente debe acreditarse peligrosidad procesal- y no a otra medida de menor intensidad como ser la citación.” (CÓDIGO PROCEAL PENAL DE LA NACIÓN, Comentado y Anotado, Migue Ángel Almeyra, Tomo II, La Ley, año 2007, páginas 447/448).- En el caso de autos, se observa de la resolución apelada (fs. 153/154 del presente) que el A quo fundó adecuadamente la orden de captura y detención, de acuerdo a los requerimientos legales, estando en el caso justificada la medida.
Ello así, pues la orden de detención, como todo auto, debe fundarse en los presupuestos de procedencia establecidos en el código de rito, y que como todo acto procesal, el mismo debe ser regular, para evitar las sanciones establecidas en caso de incumplimiento de las formas de producción del acto, en el caso en que son consignadas expresamente en la regulación del proceso adjetivo. (Argumento Arts. 158, 159, 160, ss. y cc. del CPP.) Véase que luego de detallar los hechos investigados y la provisoria subsunción legal de los mismos, el Sr. Juez aclara que “toda vez que no se ha logrado hacer comparecer al imputado C., pese a haber sido dispuestas medidas a tal fin –ver fs. 125/126- sin lograr resultados, siendo su domicilio incierto para esta instancia, considero que corresponde ordenar la CAPTURA respecto de C., DNI Nº **.***.***, quien deberá permanecer detenido, en carácter de incomunicado, a disposición de este Juzgado y en el marco de los presentes autos”, detallando a continuación los hechos por los que se lo detiene, entre los que no se encuentra aquel que surge de la denuncia materializada en los autos “Z.
M. A. s/ Denuncia lesiones leves y hurto” (Expte. Nº z-52.285/2021)."
A contrario sensu, cuando el pedido de detención es denegado, como toda medida cautelar rechazada, si permite que las partes interesadas incidenten y/o recurran dicha decisión.
En el inicio de la investigación, comparto los argumentos del recurrente, en el sentido que, dada la modalidad del hecho y el domicilio de los coautores, debería haberse procedido a su detención cautelar, para asegurar el éxito de la investigación y los fines del proceso.
Sin perjuicio de ello, las medidas cautelares, y en especial la restricción de la libertad de una persona, debe valorarse en la dinámica de los hechos y en la contracción de la misma al proceso y a las condiciones que se le pudieran haber impuesto oportunamente.
En este sentido, el hecho punible denunciado es de fecha 16 de junio del 2026; los pedidos del Agente Fiscal fueron realizados en fecha 19 de junio del corriente. La Juzgadora a fs. 44 rechazo el pedido realizado por el Sr. Agente Fiscal, también en fecha 19 de junio 2026. Los autos arribaron a esta dependencia judicial en grado de apelación el día 30 de junio, donde se le dio el tramite recursivo correspondiente dentro de los plazos legales establecidos, con la feria del receso invernal de por medio.
De las actuaciones principales peticionadas, no hay indicio alguno que permita inferir, al menos por el momento, que los imputados que establecieron domicilio, hubieran incumplido las condiciones de estilo impuestas en las actas agregadas en autos.
Por lo que, en este estadio procesal, con lo actuado hasta el presente, entiendo que deberá mantenerse la libertad de los mismos, sujeta al cumplimiento y concurrencia de los mismos cuando sean convocados efectivamente a ejercer su derecho de defensa material. Si existiera alguna acción o comportamiento de los mismos, que permitan presumir su voluntad de entorpecer la investigación o sustraerse de la acción judicial, deberá, de manera inmediata, ordenarse la restricción de la libertad de los mismos.
Tengo en consideración, además, para decidir como se expresa supra, que la casa se hallaba libre de ocupantes en el momento del hecho punible.
En los autos caratulados: “E. G., J. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: " Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. E.: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su ex-pareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos.
(fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra. Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la “notitia criminis” y su mínima acreditación, se pueden inferir, “prima facie” las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declarción indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la “identidad” de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro además, que en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas mediante el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente..... Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno. Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso.
Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias. En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado.
Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr. Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática.
Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión. (Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372).- Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionales- convencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona.
Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.).-.... En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra “ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL” de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad”.- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación."
Es por ello que corresponde confirmar, al menos por el momento, la decisión tomada en autos, siempre y cuando los mencionados se mantengan a derecho y no violen las condiciones dispuestas al fijar domicilio e informen cualquier tipo de cambio en ellos.
Reitérase que, ante cualquier tipo de incumplimiento a las citaciones o que involucren a los mencionados con algún riesgo procesal, se deberá proceder de forma inmediata a su detención.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el decreto de fs. 44, en todo cuanto fuera materia de apelación y conforme los alcances señalados en los considerandos.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia