Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, los agravios de la parte recurrente consignados no podrán prosperar.-
Con respecto al embargo fijado en autos, en la suma de diez millones de Pesos ($ 10.000.000), sostiene que carece de fundamento y excede los límites razonables establecidos por la jurisprudencia, no teniendo su defendida bienes ni trabajo para solventarlo, siendo además cabeza de hogar de tres niños menores de edad.-
Dice que esa medida evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y su monto.-
Ahora bien, en relación a este último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.-
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).- …
TOMO CLXII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.148 FOLIO N° 067/077 PROT. ELECT. JR101 295I.261
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada "INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: DIVISION COMISARIA SEGUNDA S/ INVESTIGA HOMICIDIO“ - Expte. N° I-84578/26 - Apelación/Causa JR N° 10265/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 180/190, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto 1) ordenó el procesamiento y prisión preventiva de la imputada M.M.CH. en orden al delito de Homicidio Simple (art. 79 del Código Penal), en tanto que en su punto 2) trabó Embargo sobre los bienes de la procesada (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Diez Millones ($10.000.000).
Que a fs. 193/198, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 210, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostiene como primer agravio que la resolución confunde indicios con certezas y descarta hipótesis alternativas.-
En ese sentido refiere que la lectura del auto de procesamiento permite advertir un problema metodológico que atraviesa toda la motivación: el magistrado parte de una serie de indicios –algunos de ellos relevantes- pero concluye afirmando extremos que esos mismos indicios no alcanzan, por sí solos, a demostrar.-
Indica que la resolución enumera distintos elementos probatorios, pero omite explicar por qué cada uno de ellos excluye necesariamente cualquier otra reconstrucción del hecho. Que ese proceder invalida el nexo causal pretendido, dejando silencios en la reconstrucción que truncan una lógica incluso indiciaria.-
Que el procesamiento, sostiene, describe la prueba, pero no demuestra que dicha prueba conduzca inexorablemente a la única reconstrucción posible y además confunde en la descripción a las personas que intervienen en la misma con lo que debilita todo el relato.-
En este sentido, y bajo acápite A), refiere que el primer descarte prematuro de S.S. al momento de resolver es el lapso de tiempo entre los audios que cita (ver fs. 70/71) y dice: “… no obstante al escuchar los audios surge que la víctima hubo de coordinar un encuentro previo con esa persona…”. Al recurrir al informe indicado, surge que la comunicación a la que se refiere se produjo entre las 00:01hs y las 00:35hs del día 10/6/26; es decir 4 horas antes aproximadamente de la hora en que las cámaras toman a N. circulando con la bicicleta para luego caer al suelo.- La defensa se pregunta: ¿Qué ocurrió entonces en esas cuatro horas?. A lo cual afirma que no lo podemos saber porque S.S. al narrar los hechos realiza un salto desde las 00:01hs cuando las partes se comunican a las 04:23hs. Que esa omisión muestra, a su entender, la intención desde el comienzo de la investigación de incriminar a la Sra. CH. más allá de las evidencias y hace caer a S.S. en una contradicción grave en relación a los momentos previos, lo que provoca una incongruencia que quiebra la lógica sobre la que reposa el procesamiento.-
Que de la comunicación que S.S. cita para justificar intencionalidad, se desprende que el Sr. N. y la Sra. CH. se encontraban en lugares diferentes a la hora de los primeros mensajes. En la conversación incluso hablan de ir a una casa o a la otra y ello se verifica fácilmente atento N. se predisponía a bañarse en su domicilio mientras CH. habla del Jaz y la bebé, luego de los niños que se quedan en la casa y de estarse alistando. Finalmente hablan de ir a buscar a CH. a su casa para irse luego a la casa de N..-
Que nada se ha dicho al momento de realizar el análisis de esta secuencia en la que ambas partes estaban separadas por varias cuadras (ver los domicilios acreditados), pasan cuatro horas y luego aparecen en escena ingresando por el portón del complejo de departamentos.-
Luego de plantearse la defensa: ¿qué tipo de reconstrucción, en el marco de una muerte violenta, deja librado al azar un período de tiempo tan extenso para luego realizar una indicación lineal e infundada de la secuencia para forzar lo que se intenta probar?, concluye que, evidentemente, una reconstrucción metodológicamente inválida que carece de toda verosimilitud por omisión intencional de hechos de relevancia.-
Continuando, bajo el acápite B), la defensa señala que, a su entender, la envergadura de las omisiones son tan grotescas que S.S. vuelve a confundir indicios con certezas cuando desarrolla la secuencia que se suscitó entre las 4:23hs y las 4:50hs. Así, sostiene, del informe de fs. 75/80 las conclusiones no se condicen con las imágenes registradas atento no se individualizan los sujetos como 1 y 2, tampoco se especifica si se trata de los involucrados, el sexo de los mismos, contextura u otro dato que permita identificar por ejemplo, quien ingresa primero en bicicleta y quién lo hace caminando.-
Que esa falta de precisión crucial hace que la resolución de S.S. carezca de razonabilidad, primero por lo ya citado de donde se encontrarían los involucrados en un primer momento, y luego porque deja entrever sin base probatoria alguna, y confundiendo a los sujetos, que quien arriba al domicilio en bicicleta, sería la misma persona que luego de 37 minutos, egresa otra vez en bicicleta cuando en realidad no es así.- Indica que, al menos no se ha probado que así sea.
Que de hecho, agrega, de las secuencias fílmicas surge con bastante claridad que quien ingresa a las 22:05 (video, hora real 4:23) con la bicicleta es una persona más delgada y joven por el andar (CH.) y quien ingresa unos diez minutos después a la casa de CH., caminando es una persona de mayor contextura física (N), similar a la que luego se ve salir, esta vez, montado en bicicleta.- Es decir, la continuidad propia de todo razonamiento, y máxime ante delitos de la magnitud de que se trata, no pueden contener las incongruencias que aquí se destacan, períodos de diferencias sin datos (4 horas), confusión de los sujetos en el resolutorio cuando se analizaban las secuencias fílmicas que dan cuenta de los sucesos previos y posteriores al hecho (imputada/víctima). Son estos datos lo que impulsan a esa defensa a solicitar se revoque el auto atacado por parcialidad manifiesta, falta de congruencia y violación del derecho de defensa en juicio.-
La resolución recurrida, lejos de limitarse a verificar la existencia de elementos suficientes para mantener abierta la investigación, arriba a conclusiones propias de una sentencia definitiva, descartando toda explicación alternativa acerca de la dinámica del hecho con omisiones y errores preocupantes.-
La concatenación de indicios realizada por el magistrado no puede ni siquiera constituir una hipótesis posible, por carecer de una lógica razonada, lo que demuestra además que existían otras hipótesis relevantes compatibles con las constancias de la causa. Cuando el órgano jurisdiccional adopta una única reconstrucción histórica sin explicar adecuadamente por qué las restantes resultan incompatibles con la prueba reunida, la motivación deja satisfacer las exigencias constitucionales de fundamentación suficiente.-
Pues bien, analizado que fuera el precedente agravio, debemos adelantar que el mismo no puede prosperar.- Ello en virtud que el convencimiento al que arribó el magistrado subrogante, en relación a la probabilidad que la imputada haya sido la autora del homicidio de S.M.N., se concentra en el estudio integral de las evidencias recopiladas a lo largo de la investigación.-
El análisis de las mismas debe ser integral y no fragmentario como lo deja entrever la defensa, ello al omitir, muy convenientemente, citar y valorar el resto de la prueba adunada.- Es que, producto del llamado telefónico mantenido entre la imputada y la persona fallecida surge que, tras bañarse S.M.N. pasaría por la casa de M.M.CH. para reunirse.-
Que tras acreditarse, por registros fílmicos recopilados de las cámaras de seguridad del barrio, que el ciudadano S.M.N. hubo de ingresar al domicilio de M.M.CH., movilizándose en bicicleta, a las 04:23 hs. y con signos evidentes de desplazarse con normalidad, se observa que al salir de dicha morada con su bicicleta, alrededor de las 04:51hs., y a escasos metros de la misma se desploma en la calle Darwin sin poder incorporarse.-
Pues bien, tras haber divisado la situación personas que circulaban en su rodado ocasionalmente por la arteria (vgr. Y.M.A. a fs. 26), procedieron a llamar al 911, siendo que constituídos el personal policial pudieron corroborar lo informado, como asimismo que la persona estaba inconsciente pero con signos vitales presentes, a la vez que existían manchas de sangre en su vestimenta, en la bicicleta y en la calzada.- Que dicha persona, tras ser trasladada, hubo de fallecer en el nosocomio local, determinándose ulteriormente que la causa de la muerte obedeció a una lesión propinada presumiblemente por un arma blanca en la zona del tórax, que le causó un shock hipovolémico consecutivo a la lesión vascular del pedículo pulmonar izquierdo por lesión vascular a consecuencia de dicha herida penetrante (informe de fs. fs. 135/138vta.) - A todo esto se suma la existencia de mensajes enviados por parte de la imputada a los teléfonos del fallecido, de D.B.G. y J.N., a escasos minutos de S.M.N. haber egresado de su domicilio, mediante los cuales les expresaba “…con migo no se juego…” (entendiéndose el texto “conmigo no se jode”, mensaje dirigido a la persona fallecida y que fuera recibido a las 04:59hs en el Hospital Regional) y “…ahí está pedazo de putit.., vayan a ver como está su defendido, porque recién lo acabo de echar de mi casa y no a punta de tenedor te cuento…” (a las 05:11hs. dirigido a un grupo que formó la imputada con estas 2 personas más como integrantes, siendo que la voz del audio es reconocida como perteneciente a M.CH.); sólo por citar algunos.-
No debemos olvidar tampoco han sido cuestionados y/o controvertidos por las partes el contenido de dichas comunicaciones y los informes de titularidad de las empresas prestatarias de servicios aportados, lo que refuerza aún más el mérito probatorio.-
Y si a ello le añadimos lo informado en el acta de diligenciamiento de allanamiento en el domicilio de la imputada, en relación a las manchas rojizas por goteo en el suelo encontradas en cercanías del cerco perimetral y en el patio interno de los departamentos (ver fs. 44/47), nos encontramos ante un panorama de fuertes evidencias cargosas que torna inexorable que, por lógica, la respuesta sea el procesamiento de la imputada. Máxime teniendo en cuenta el precario grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso.-
Como segundo agravio, la defensa expone que el descarte de una eventual causa de justificación resulta prematuro.- Indica que debe recordarse que el hecho investigado ocurrió dentro de un inmueble, y que la dinámica concreta del episodio no fue observada por terceros, o al menos no se ha investigado.-
No existe una reconstrucción directa de lo acontecido en los instantes inmediatamente anteriores a la lesión como ya se probó, ni se han merituado correctamente las pruebas en este sentido.-
Agrega que, pese a ello, el magistrado concluye que no existen elementos que permitan considerar la posibilidad de una agresión ilegítima previa no de una reacción defensiva. Tal conclusión excede claramente el grado de conocimiento alcanzado durante la investigación, máxime, sostiene, con los errores de instrucción e interpretación ya enunciados.-
Ello no porque la legítima defensa haya quedado demostrada, sino porque la investigación todavía no ha producido elementos suficientes para excluirla. Existe una diferencia sustancial entre afirmar: “la legítima defensa no ha sido acreditada”. Y sostener: “la investigación permite descartar toda posibilidad de legítima defensa.”. La primera afirmación refleja el estado actual de la causa.-
La segunda exige un grado de reconstrucción histórica que la instrucción no se ha preocupado en analizar y probar. Ese es, precisamente, el error metodológico del procesamiento. El magistrado se limita a señalar que la prueba actualmente reunida resulta insuficiente para tener por acreditada una causa de justificación y afirma que no se han incorporado elementos que permitan acreditar que la agresión se haya ejecutado en un contexto de violencia de género, cuando tal afirmación es, a su entender, falsa.-
Cuando la investigación aún no ha logrado reconstruir íntegramente ese contexto o lo ha reconstruido de forma parcial y con graves sesgos de género basados en estereotipos, resulta jurídicamente improcedente clausurar anticipadamente toda hipótesis justificante. Por ello, entiende que la resolución apelada vulnera el principio de inocencia y excede el estándar propio del procesamiento, imponiéndose, como lo ha dicho, su revocatoria o, en su defecto, la falta de mérito prevista por la legislación procesal.-
Pues bien, analizado que fuera el contenido del presente agravio, entendemos que el mismo debe ser desestimado.-
Ello por cuanto, en primer lugar corresponde hacer hincapié en que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, existe una reconstrucción directa de lo acontecido instantes inmediatamente anteriores a la lesión, ello en función de lo señalado en tratamiento del agravio precedente, por cuanto el resolutorio de procesamiento se fundamentó en diversas pruebas recopiladas en la investigación y valoradas por el Magistrado subrogante en forma íntegra.-
Se advierte -a fs. 187vta..- que el Magistrado subrogante expuso los argumentos que tornaban inaplicable la posible concurrencia de las condiciones de legítima defensa prevista en el art. 34 inc. 6 del Código Penal.-
Huelga recordar que, instantes inmediatamente posteriores a haber recibido el Sr. N. la única y certera herida en el tórax con un arma blanca que le ocasionara la muerte, la aquí procesada hubo de enviar mensajes de texto y audio a las personas referidas precedentemente sin que de los mismos surja la más mínima alusión que haga presumir que la agresión fuera en ejercicio de defensa, sino más bien todo lo contrario, y sin signo alguno de arrepentimiento.-
A todo esto es dable señalar que el magistrado subrogante también hubo de tener en cuenta la ausencia de lesiones constatadas en el examen médico que le fuera practicada a la imputada (fs. 14/vta.) y las conclusiones de la evaluación pericial psicológica que asimismo le fuera practicada, la cual arroja que, al momento de los hechos, su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones, no presentaba alteraciones que afectaran dichas capacidades.-
Tengamos presente que en relación a la experticia psicológica que le fuera practicada a la imputada, entre otras cuestiones, el Lic. interviniente indicó que: “…En síntesis, el perfil evaluado resulta compatible con una organización de personalidad en la que predominan rasgos impulsivos, escasamente autocríticos, asociados a baja tolerancia a la frustración, tendencia a la actuación inmediata, limitada empatía afectiva, insuficiente internalización de sentimientos de culpa y una marcada propensión a minimizar o externalizar la responsabilidad respecto de conductas conflictivas…” (fs. 129/130vta.).-
En el caso bajo investigación, no puede compartirse el criterio por el cual la eventual acreditación de un contexto de violencia de género implique, por si sola, la exclusión del análisis a la legítima defensa a la luz de las circunstancias del caso, por cuanto ello no supone la derogación de los requisitos legales impuestos en el art. 34 inc. 6 del Código Penal, resultando necesario verificar, en el caso concreto, la concurrencia de todos los requisitos exigidos por la norma.-
En tal sentido, la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima se vincula con el grado de necesidad objetiva que debe observar el autor en el ejercicio de esta eximente de justificación. (Abosso Gustavo Eduardo. Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia. 2018. Edit. Ibef. Pág. 152).-
El medio debe ser acorde con la naturaleza, la intensidad y la peligrosidad de la agresión. La racionalidad debe verificarse objetivamente en relación con la naturaleza de la agresión, es decir, en su necesidad (Welzel, p. 103;
Jescheck/Weigend, p. 368; Rivacoba, p. 738). De no existir esta racionalidad en el medio empleado, ello dará lugar a la aplicación del exceso en la legítima defensa.-
La cuestión se centra acá en la racionalidad del medio empleado, que excede notoriamente la necesidad de su uso (denominado "exceso intensivo de legítima defensa"). Este exceso es una conducta dolosa, antijurídica y culpable, pero que es sancionada con la pena prevista para ese delito, en su versión imprudente, lo que constituye una auténtica disminución de la pena en atención a la culpabilidad del autor.-
En efecto, aun cuando la valoración de la necesidad del medio empleado debe ser efectuada teniendo en cuenta las circunstancias concretas que rodean al hecho, y sin exigir a una mujer víctima de violencia de género que reflexione en aquel momento sobre las consecuencias de su accionar, tampoco se puede prescindir –completamente- de un juicio de razonabilidad en relación a la intensidad de la conducta desplegada. Es decir, aunque en principio el medio aparezca justificado, la reacción se excede cuando la intensidad de aquella defensa supera notoriamente las exigencias derivadas de aquella situación de peligro.-
Adicionalmente, nos resulta oportuno mencionar que, de los registros de esta Alzada, surge la existencia de un antecedente excepcional en el cual se revocó un procesamiento inicial por homicidio, al verificarse, de manera clara, la concurrencia de los requisitos exigidos para configurar una legítima defensa. Se trata de la causa “D.D.E.A. S/ Homicidio” Expte. Nro. D-14.559/22, Apelación JR Nro. 7899/22, constituido como un precedente en el que se analizó la conducta desplegada por la imputada que se encontraba enfocada directamente a impedir el peligro concreto e inminente para su vida y la de su hija menor de edad. Sin embargo, las circunstancias de dicho caso difieren sustancialmente de las que aquí se analizan, por lo cual sus conclusiones no resultan aplicables al caso de marras.-
Por ello, en el caso bajo estudio, teniendo en consideración las circunstancias del hecho, y el contexto en el que sucedió, los elementos de prueba reunidos hasta el momento, permiten sostener -con el grado de probabilidad propio de esta instancia- que el accionar desplegado por la imputada CH. sería configurativo del delito de Homicidio Simple (art. 79 C.P.).- Como tercer agravio la defensa postula que el ejercicio del derecho constitucional a guardar silencio no podía operar, ni siquiera indirectamente, en perjuicio de la imputada.- Expresa que su asistida ejerció el derecho de abstenerse de declarar. No cumplió una carga procesal. El derecho a no declarar contra sí mismo constituye una garantía especial del debido proceso, cuyo ejercicio jamás puede traducirse en consecuencias negativas para quien decide hacerlo valer.- Entiende que, al afirmar que no existen elementos que permitan considerar una eventual causa de justificación, ni haber efectuando un razonamiento lógico –temporal- contextual y preciso, la resolución termina haciendo descansar esa conclusión, en buena medida, sobre la ausencia de una explicación proveniente de la propia imputada.-
Ahora bien, agrega, esa ausencia no puede ser utilizada como argumento incriminante, ni limitar por ello la investigación y las hipótesis alternativas. Si la imputada decide, al menos inicialmente, guardar silencio, corresponde al Estado profundizar la investigación objetiva de los hechos sin trasladar a la defensa la carga de reconstruir lo sucedido.-
Que aceptar, en consecuencia, el razonamiento desarrollado en la resolución implicaría admitir que el ejercicio de una garantía constitucional termina debilitando la posición procesal de quien la invoca. Ello resulta incompatible con el sistema constitucional argentino, con la obligada igualdad de armas que debe primar, así como con la impostergable garantía de imparcialidad que este sistema penal de por sí lesiona con su arbitrariedad.-
Refiere que corresponde asimismo en este punto destacar que su defendida no posee antecedentes penales conforme surge de fs. 7.-
Sobre este agravio entendemos que el mismo no puede prosperar. Ello habida cuenta que, por los fundamentos señalados precedentemente, se aprecia sin dificultad que el Magistrado subrogante ha llegado a una resolución de mérito cargoso en función del frondoso caudal probatorio recolectado, especificando en forma detallada en qué piezas probatorias lo sustenta, no vislumbrándose, ni remotamente, que el juicio de reproche surja con fundamento en la causal alegada por la apelante.-
Se descarta categóricamente afectación al derecho de defensa denunciada por la recurrente, por cuanto la imputada fue debidamente asesorada por la defensora oficial, quien incluso asistió al acto de la declaración indagatoria en la que le fue enrostrado el hecho y las pruebas en que se fundamenta la acusación y, en su presencia, no prestó conformidad para declarar, haciendo uso del derecho constitucional acordado por el art. 18 de la C.N..-
Como cuarto agravio, la defensa postula que la resolución prescinde del deber de juzgar con perspectiva de género.-
Ello por cuanto el deber del órgano instructor no puede consistir en descartar de plano una eventual causa de justificación, sino en profundizar la investigación para verificar objetivamente si esa hipótesis podía ser descartada. Sin embargo la resolución realiza el camino inverso, parte de la supuesta inexistencia de prueba positiva acerca de una agresión ilegítima o de violencia de género para concluir que dicha agresión/violencia no existió.-
Indica que el primer error consiste justamente en mantener la postura ya superada jurisprudencialmente de la necesidad de la presencia de un golpe como único signo de manifestación de la violencia de género. Asimismo, en caso de ser así, tampoco debe jurídicamente merituarse la viabilidad de la legítima defensa basada en la necesidad racional del medio empleado.-
Que basta para refutar la primera afirmación, citar los tipos y modalidades que recopila la ley 26485, pudiendo en consecuencia afirmar que la violencia (salvo el caso del femicidio claro está), no tiene una jerarquía de peligrosidad que se puede medir por si se expresa en forma simbólica, física o psicológica. Justamente la perspectiva de género lo que habilita es la necesidad institucional y jurisdiccional de tomar todo indicio de violencia, cualquiera sea su forma, y analizarlo en contexto.- Que cuando se habla de contexto, no es sólo respecto del hecho y de las circunstancias particulares, sino de la macro estructura que se ha edificado en cimientos desiguales, estereotipados y con sesgos de género que obligan una mirada amplia para garantir en materia de DDHH y erradicar un paradigma socio–histórico-, científico y cultural de sometimiento e invisibilidad.-
Que en el caso que nos ocupa es relevante la circunstancia, señala, porque estamos frente a una mamá con tres hijos menores de edad que conviven con ella (dos de ellos en forma exclusiva) y, conforme los dichos de la propia imputada en su mensaje de texto al causante, los mismos estarían en el domicilio al momento de que N. ingresara al mismo.-
Ante esta evidencia, es la perspectiva de género y la debida diligencia la que impone al Estado la obligación de no cerrar anticipadamente una hipótesis potencialmente relevante para la solución del caso. Ello en autos, asevera, no ocurrió. De hecho no hay una sola línea respecto de la situación de maternidad uniparental de la imputada.-
A fin de demostrar que el agravio no es una salida conveniente, sino la aplicación del principio de tutela efectiva con perspectiva de género, la defensa refiere los datos que, a su entender, omitió la instrucción al analizar la prueba, los cuales son los siguientes:
A) el Sr. N. era consumidor de estupefacientes, de hecho previo a los eventos analizados, el mismo estuvo en situación de consumo atento lo que surge de la autopsia. La cocaína es un estimulante que puede causar paranoia, ansiedad, alteración del ánimo;
B) el Sr. N. fue denunciado por violencia de género conforme surge de la testimonial de fs. 118 de la Sra. G., en la que relata haber vivido situaciones de insultos, haber sido echada de la vivienda, menciona no haberse comunicado con él porque “me iba a mandar a la mier..”. A su vez se encuentra certificada la causa “N.S.M. S/ LESIONES LEVES, DAÑOS, AMENAZAS Y PRIV. ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD”, Expte. Nº 96775/26 (fs. 103/vta.), de la que surgen situaciones de golpes de puño, agresiones físicas, haberla dejado encerrada y una serie de delitos en contexto de violencia de género, teniendo presente que la causa es del corriente año, que hubo medidas de restricción y que la Sra. G. al momento de denunciar estaba embarazada de 3 meses;
C) otro indicio omitido es la testimonial de la ex pareja de N. y madre de su hija (15) en la que relata respecto de N: “…tenía una pareja de nombre G.D….según dichos de mi hija ella una vez presenció agresiones físicas entre ellas donde hubo de apuñalarlo en la pierna, pero siempre discutían…”;
D) el Sr. N. mantenía en forma paralela una relación con CH. y con G., una de ellas teniendo tres hijos menores de edad y la otra embarazada de él, lo que se puede inferir de los chats y las testimoniales de G. y de N.;
E) otro aspecto que se ha omitido es que, si bien no existían denuncias por hecho de violencia de género entre las partes, CH. sí tenía otras denuncias previas (A. del año 2016 y F. del año 2021, fs. 179).-
Entiende la defensa que siendo que ninguno de estos datos concretos haya motivado a S.S. para abrir la hipótesis de justificación, revela la dificultad existente en los estrados para interpretar la aplicación de la perspectiva de género.-
Tenemos un hombre, N., que ha sido violento con, por lo menos, 2 de las 3 mujeres con las que se relacionó conforme surge de autos, además mantenía relaciones paralelas con ellas, incluso a pesar de que una de las mujeres estaba embarazada. A su vez él era mayor que ellas, por 6 y 12 años respectivamente.- Agrega que aquí es donde debe situarse S.S. y entender que no se trata de derecho penal de autor, se trata de una conducta repetida en N. de relación y de asimetría con sus parejas mujeres en las que resulta evidente la existencia de violencia psicológica, violencia física y económica también si se presta atención a la narración de G.-
Refiere la defensa que el patrón de conducta en la que él se situaba para generar una disputa por su atención, es un rasgo de violencia y sometimiento a las mujeres que resulta revelador: ¿hace falta que CH. denuncie un golpe específico para graficar el contexto?. No. Al contexto hay que hallarlo, y eso se logra trabajando desprovisto de sesgos y estereotipos al momento de investigar y resolver.-
Añade que otro elemento relevante es el hecho que en la casa a la que ingresó N., por detrás del ingreso de CH. (quien fue la que llegó en bicicleta), se encontraban durmiendo los hijos de la imputada, como ella advirtiera en los mensajes, al cuidado de J. (fs. 71). Para luego agregar respecto del encuentro en su casa: “Pero acá no, vamos a tu casa”. Este dato tampoco surge del análisis, siendo fundamental para el desenlace del evento.-
Sostiene que la situación claramente es diferente y asimétrica entre N. y CH., por la maternidad uniparental de ella, por el lugar que debe disputar en apariencia con otra mujer, por la gran diferencia de edad (28/40) y porque ella tiene un pasado que la ubica en situaciones similares de violencia de género.- Continua expresando que estas apreciaciones, que no han surgido en la investigación y menos aún fueron tenidas en cuenta a la hora de generar hipótesis y de resolver, denotan la parcialidad y la escasa interpretación del magistrado frente a los nuevos paradigmas en materia de DDHH.-
Indica que tal es la falta de atención en el contexto y las circunstancias, que incluso yerra, una y otra vez, en la secuencia que explica, sin ninguna lógica ni nexo de causalidad, confundiendo en la necesidad de procesar con urgencia, a las personas que se ven en las imágenes, brindando un relato que no resulta congruente con la prueba que se cita.-
Que, en definitiva, sostiene que el procesamiento evidencia falencias lógicas y jurídicas graves, con vacíos inexplicables e incongruencias manifiestas, por lo que esa defensa no encuentra otro camino posible que la revisión y revocatoria.- Que, ingresando al tratamiento del presente agravio, y luego de un análisis integral de las constancias obrantes en el legajo, de la resolución recurrida y de los argumentos esgrimidos por la defensa, adelantamos, el mismo no tendrá favorable acogida.-
En primer lugar, consideramos, no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene que el auto atacado evidenciaría un apartamiento de los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y violencia de género.-
Por el contrario, de la resolución impugnada se advierte que el Magistrado subrogante de grado abordó expresamente dicha problemática e incorporó de manera concreta la perspectiva de género en el análisis de las circunstancias investigadas.-
En efecto, al examinar la posible concurrencia de causales de justificación que podrían modificar la situación procesal de la imputada CH., S.S. destacó que “…En este orden de ideas a lo largo de esta instrucción, la cual se encuentra en pleno curso, no se han incorporado elementos que permitan inferir que la agresión que habría efectuado la imputada se haya ejecutado en un contexto de violencia de género, así tal como surge de la certificación obrante en el legajo no existen actuaciones previas que den cuenta de alguna situación de violencia entre las partes. Adunado a ello tampoco se han constatado lesiones físicas en el cuerpo de CH. que permitan inferir que se trataría de actos de defensa. Ello, si bien no excluye la situación mencionada atento el estado de autos y en consideración de la prueba objetiva incorporada no me permite tener por acreditado el aspecto señalado…” (ver fs. 187vta., 4to. párrafo).-
Por ello, y considerando lo expresado, resulta improcedente afirmar que la perspectiva de género se encuentra ausente en la investigación o en el decisorio arribado.- En este punto, cabe recordar, que, sin perjuicio de no haber hecho manifestación alguna la imputada en el acto procesal de defensa -y en presencia de su letrada patrocinante-, la incorporación de la perspectiva de género en el proceso judicial, no implica per se afirmar su existencia o aceptar la versión alegada por la otra parte. (Criterio asentado en Apelación N° 9525/25, 9895/25, entre otras), ni eximir al órgano jurisdiccional de su deber de analizar la totalidad de la prueba producida. Al contrario, dicho enfoque exige una valoración contextualizada de los elementos probatorios reunidos, garantizando -simultáneamente- el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, y la objetividad e imparcialidad con el que se debe abocar un proceso judicial.- Veamos, en primer lugar, la Ley Nº 26.485 indica en su art. 4º la definición de la violencia contra la mujer, y estipula: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. (…)”.-
En el caso de marras, las constancias reunidas hasta el momento no permiten, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, afirmar la existencia de una relación desigual de poder en los términos previstos por el art. 4 de la Ley 26.485.-
A su vez, esta Alzada entiende que el Sr. Juez subrogante se avocó a su labor: valorar correctamente la evidencia para decidir qué acreditar y qué no. A tal fin, S.S. tomó conocimiento del hecho, valorándolo dentro del marco normativo que corresponde, y teniendo en cuenta que debía decidir si el caso presentaba aristas de violencia de género, para evaluar en su caso, qué incidencia tenía en la probable solución del caso.- Es por ello que consideramos, el a quo realizó una interpretación con perspectiva de género, ya que ha tenido en consideración -siendo su deber- todos los demás elementos incriminatorios que indefectiblemente debía evaluar, y así logro ponderar las piezas probatorias que la llevaron a determinar que correspondía -con el grado de probabilidad exigido en esta etapael procesamiento que en oportunidad dictó.-
Por otra parte, tampoco surge de las constancias del legajo que, durante el desarrollo de la instrucción, se hubieran formulado objeciones concretas vinculadas a las circunstancias que hoy se invocan como agravios, referidas a una supuesta vulneración sistemática de derechos.-
En suma, lejos de verificarse una ausencia de perspectiva de género o de derechos humanos, de los elementos probatorios adunados en autos, se concluye que la Instrucción aplicó de manera efectiva los estándares convencionales, constitucionales y legales que rigen en la materia.-
Por todo lo expuesto, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.-
Bajo el apartado “Conclusión”, la defensa expresa que los agravios desarrollados permiten advertir que la resolución apelada presenta deficiencias que exceden una mera discrepancia valorativa. Que no se cuestiona la facultad del magistrado de apreciar la prueba, lo que se impugna es el modo en que dicha valoración fue realizada.-
Que, a su modo de ver, todo ello determina que la resolución carezca de motivación suficiente exigida por los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa.-
Por ello entiende que la respuesta jurisdiccional adecuada frente al actual estado de la investigación no era el dictado del procesamiento, sino la continuación de las diligencias instructorias mediante el instituto de la falta de mérito, preservando la objetividad de la investigación y el pleno respeto del principio de inocencia.-
Sostiene que esta situación impide además sostener la prisión preventiva dispuesta, por lo que se ha articulado su excarcelación, la apelación y en su defecto la disposición de una medida morigerada, como es la prisión domiciliaria conforme a las disposiciones vigentes cuando existen hijos menores de edad.-
Como colofón, en tratamiento de los presentes agravios, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente el hecho en lo dispuesto por el art. 79 del Código Penal.-
Dicho ello, entendemos que de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado, sin lograr controvertir lo decidido.-
Cabe recordar, asimismo, que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo. En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia.-
Así, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.-
En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran – prima facie- acreditados.-
No se advierte tampoco que las actuaciones fueran realizadas contrariamente a lo dispuesto a las previsiones establecidas por el Código Procesal Penal, y que las disposiciones ordenadas hayan derivado en una afectación concreta del derecho de defensa de la imputada.
En este punto corresponde señalar, que tanto el Ministerio Público Fiscal como la misma parte recurrente, tomaron vista del presente expediente, sin que en su oportunidad hubieran de formular planteos de nulidad, o solicitud de medidas probatorias vinculadas a la que actualmente cuestiona la defensa, o declarando vulneraciones a derechos y/o garantías constitucionales. En efecto, no se observa un perjuicio concreto que permita cuestionar y/o invalidar las diligencias practicadas durante la instrucción.-
Finalmente, respecto de la presunta parcialidad en la producción de la prueba, corresponde señalar que S.S. selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.- En este sentido, el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar a ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá -según criterio fundado- para tener por acreditado -con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver.- En consecuencia, incluso la circunstancia de que determinadas pruebas ofrecidas eventualmente por la defensa no hayan sido admitidas por el Magistrado subrogante, no permite concluir, por sí sola, una afectación al principio de igualdad entre las partes entre las partes, ni una actuación subjetiva y parcial de la instrucción.-
De igual manera, es preciso recordarle a la defensa, que el instituto de la preclusión impide que en un proceso se retrograden etapas y actos para discutir algo ya superado, que se reabran plazos procesales transcurridos, o que se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio. El principio de preclusión produce, aunque limitado al marco de los actos procedimentales, el mismo efecto de la cosa juzgada, en virtud de lo cual los actos consentidos y firmes quedan irrevocablemente incorporados al proceso.-
En este mismo sentido, se ha expedido la jurisprudencia del orden nacional, que tienen dicho que: “…En el proceso penal la relación procesal se desarrolla por etapas, lo que significa que los actos procesales se desenvuelven en un orden determinado, suponiendo el paso a una nueva etapa la clausura de la anterior, quedando, por lo tanto, los actos firmes cumplidos, garantizándose con esto el buen orden en el desarrollo del proceso, evitando con ello se repitan actos y se demore innecesariamente el progreso del proceso, afianzando la justicia y las garantías de defensa en juicio. Este es el principio que fundamenta la preclusión, que significa cerrar o clausurar y que se complementa con el impulso procesal. Retrogradar el procedimiento, como se pretende, sin invalidar las actuaciones es improcedente…” (Cita online LALEY/2/36924).-
Por todo lo expuesto, los agravios de la parte recurrente consignados no podrán prosperar.-
Con respecto al embargo fijado en autos, en la suma de diez millones de Pesos ($ 10.000.000), sostiene que carece de fundamento y excede los límites razonables establecidos por la jurisprudencia, no teniendo su defendida bienes ni trabajo para solventarlo, siendo además cabeza de hogar de tres niños menores de edad.-
Dice que esa medida evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y su monto.-
Ahora bien, en relación a este último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.-
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).-
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.-
Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse – llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló la a quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización.-
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.-
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto a la causante M.M.CH..-
Finalmente, corresponde advertir, en virtud de los múltiples agravios aquí invocados, que durante todo el desarrollo de la investigación intervinieron tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa respecto de M. y de sus hijos menores de edad, quienes fueron debidamente notificados de las medidas adoptadas y contaron con posibilidad de cuestionarlas por las vías procesales pertinentes. Sin embargo, no surge de las constancias del legajo que ninguno de dichos operadores haya denunciado –oportunamente- una afectación concreta a derechos fundamentales de la imputada, ni promovido planteo de nulidad alguno vinculado a las circunstancias que hoy se alegan como agravios.-
En efecto, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la a quo en el decisorio arribado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.- Es de hacer notar que atento haber explicitado la recurrente el agravio en relación a la prisión preventiva, al no haberse formulado una crítica razonada en su fundamentación nos vemos impedidos de proceder a su tratamiento.-
Finalmente, bajo el apartado “Petitorio”, solicita se revoque el procesamiento y prisión preventiva dictado contra M.M.CH., lo cual ya ha sido materia de análisis por esta Alzada.-
II. Reserva Caso Federal: La parte recurrente deja planteada la reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48 para el caso que las decisiones que se adopten en esta instancia afecten los derechos y garantías constitucionales de su defendida, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 180/190, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NAS
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia