Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8412 FOLIO Nº 018/022 PROT. ELECT. JR101028I.242
Río Gallegos, 05 de febrero de 2024.-
La presente causa caratulada: "Incidente de apelación en autos: G.E.A. S/ Homicidio Culposo y Lesiones", Expte. Nº I-77.393/23 - Apelación/Causa JR Nº 8.715/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 13/24 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento con prisión preventiva de E.A.G., en orden al delito de “homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual” (art. 79, 54 y 90 del CP y art. 293 del CPP). Que a fs. 48/65, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 69 renunciando a los plazos procesales. Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación por considerar que la resolución no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando tendencioso y arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido. En consecuencia solicita se revoque por contrario imperio el encuadre legal y se deje sin efecto esa parte del pronunciamiento atacado y se disponga el cambio de calificación legal. Entiende que la calificación legal adjudicada en el auto recurrido es incorrecta y violatoria del sub principio de la ley estricta y, en consecuencia del principio de legalidad. Asimismo plantea la nulidad absoluta de la convocatoria a la ampliación a prestar declaración indagatoria, en virtud de la omisión de explicar y motivar cuál es el verdadero sentido y alcance de la expresión “…representándose que podía ocasionar un resultado dañoso más precisamente mortal, aceptando el riesgo creado y pese a ello, habría continuado circulando a exceso de velocidad…”.
Entiende que no se ha detallado qué grado de representación tenía su defendido, es decir, si era de carácter concreto o abstracto y si la misma estaba vinculada a la previsibilidad; tampoco si hubo un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado, y con qué teoría determina los límites difusos respecto a esa representación ex post y ex ante. Critica que la Sra. Jueza haya convocado al imputado sin siquiera haber delineado el hecho de manera específica, que permita delimitar un hecho circunstanciado que se circunscriba a un espacio tiempo espacial determinado, permitiendo así enarbolar algún tipo de defensa posible. En otros términos, la defensa plantea que la imputación es “francamente incomprensible”, afectando el derecho de defensa, sumado a que en la resolución atacada no se ha detallado tampoco el grado de representación que tenía su asistido.
Seguidamente la defensa efectúa una serie de consideraciones doctrinarias acerca de la culpa temeraria y de la legislación vial vigente, para en función de ello inferir que la normativa aludida le era totalmente exigible a su representado en el momento del siniestro, pudiendo apreciar que E.A.G. jamás condujo con cuidado y prevención el día del hecho, ya que puede advertirse una actitud y conducta riesgosa, imprudente, temeraria y con un claro incremento del riesgo más allá de lo tolerado por la norma. Admite que la temeraria actitud de su defendido, al conducir un vehículo automotor a elevada velocidad y bajo los efectos del alcohol, impactó contra las víctimas y se dio a la fuga del lugar del siniestro, por el cual perdió la vida casi instantáneamente B.A.M. debido a las graves heridas y sufriendo lesiones graves P.G.M..
Asevera que la imprudencia de E.A.G. se vio reflejada en su obrar negligente y temerario, trasgrediendo todas las normas de tránsito que prohíben estas conductas violatorias y que desencadenó trágicamente con un resultado disvalioso, como es la pérdida de la vida de B.A.M. y lesiones de P.G.M.. De esta manera la defensa concluye que las normas viales fueron mancilladas por la conducción groseramente imprudente, violatoria y temeraria del encartado E.A.G. el día del funesto hecho. Y que tales conductas imprudentes y temerarias fueron el resultado de un coctel letal: ingesta de alcohol, carencia de sentidos óptimos, exceso de velocidad. Todas al unísono fueron directamente determinantes en el fallecimiento de B.A.M. y en las lesiones de P.G.M., careciendo del más mínimo sentido de responsabilidad.
Con relación a las agravantes reprochadas a E.A.G., se advierte que la defensa no expresa agravio alguno, sino que por el contrario, estima que han quedado por demás acreditadas a través de pruebas irrefutables. Al respecto expresa que se atribuye a su asistido la conducción vehicular imprudente (art. 84 bis del CP), a lo que se adunó el exceso de alcohol en sangre, que quedó probado que era de 1,15 g/L, habiendo superado en forma holgada y sumamente imprudente el máximo tolerado para poder enrostrarle dicha agravante, por no haber estado en condiciones mínimas y óptimas para conducir un rodado. Sumado a que se alejó del lugar del hecho –fuga- y la culpa temeraria. Que en alusión a la culpa temeraria, la defensa plantea que también se encuentra por demás acreditada en la conducción groseramente imprudente que el día del fatal siniestro llevó a cabo E.A.G. con su temeraria conducción, puesto que el raid funesto se inició tomando alcohol en forma desmedida y su exceso de velocidad, sirve como escenario para comprender cómo acontecieron los hechos, por qué se llegó a los resultados disvaliosos y cómo se pudo evitar toda esta tragedia que le costara la vida a B.A.M. y las lesiones a P.G.M..
Reconoce que cuando E.A.G. inició la conducción parcialmente alcoholizado, su pareja debió impedir que esto sucediera, pero no tomando el volante en la conducción, ya que ésta precisamente tampoco estaba en condiciones para hacerlo, sino que debieron decidir tomar un remis o taxi, pero E.A.G., estando en un estado parcial de ebriedad aceptó conducir el auto. Allí su defendido tuvo la posibilidad de la representación del resultado. Sin perjuicio de ello, como se sabe y está totalmente acreditado, decidió conducir el auto. Es decir, que su defendido habiéndose representado las consecuencias que ocasiona el alcohol en exceso, emprendió una conducción claramente temeraria y a alta velocidad, violando la normativa de tránsito al iniciar la conducción sin tomar las precauciones que exige la ley 24.449.
Que, en consecuencia, la defensa asevera que E.A.G. fustigó con su conducción vial varias normas de tránsito, violando el deber objetivo de cuidado e incrementando el riesgo más allá de lo tolerado, viéndose reflejado en el resultado disvalioso –muerte y lesiones-, siendo esto lo que permitiría inferir que E.A.G. actuó con el agravante de culpa temeraria. Es por ello que la defensa plantea que debió procesarse a su cliente por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”, con las cuatro agravantes que le fueron achacadas en el acto defensivo de su declaración indagatoria y no de la ampliación. En suma, la defensa entiende que E.A.G., con su acción de conducir con notoria y grosera imprudencia, generó una acción disvaliosa que fustigó claramente la normativa de tránsito supra aludida y que tuvo un claro y total nexo causal con los resultados disvaliosos de muerte de B.A.M. y lesiones de P.G.M., por lo que afirma que su conducta es absolutamente reprochable bajo la figura de “homicidio culposo cuádruplemente agravado” y “lesiones culposas cuádruplemente agravadas”, debiendo subsumirse en los arts. 84 bis 2º párrafo y art. 94 bis 2º párrafo del CP.
Del mismo modo, la defensa plantea que, desde el punto de vista subjetivo de los tipos penales en juego, su asistido obró con culpa temeraria y subjetivamente encuadra en un olvido total y absoluto de las más elementales normas de prevención y cuidado. Su representación fue en abstracto y no con un conocimiento actual y efectivo como lo sostiene la a quo, sino una posibilidad de conocimiento. A modo de conclusión cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura y expresa que, con los holgados elementos probatorios se puede arribar al cambio de calificación legal, por haberse acreditado que E.A.G. se condujo con grosera y notoria imprudencia bajo una conducción temeraria por la ingesta de alcohol, exceso de velocidad y fuga del lugar del hecho, sin tomar la debida cautela previa y embistiendo a B.A.M. y P.G.M., y que tal acción fue directa, inmediata y eficiente para la causación de los resultados disvaliosos.
Finalmente, reitera que la conducta desplegada por su representado encuadra en las figuras previstas y reprimidas por el art. 84 bis 2º párrafo y 94 bis 2º párrafo del CP, es decir, “homicidio culposo agravado por exceso de alcohol en sangre, exceso de velocidad, fuga del lugar del hecho y culpa temeraria” y “lesiones culposas agravadas por exceso de alcohol en sangre, exceso de velocidad, fuga del lugar del hecho y culpa temeraria”, todo ello en concurso ideal –art. 54 del CP-, en perjuicio de B.A.M. y P.G.M.. Pues bien, analizados los planteos esgrimidos por la defensa técnica de E.A.G., entendemos, no podrán prosperar. En primer lugar, a fin de delimitar la labor, resulta relevante destacar que la defensa no cuestionó la materialidad del acto reprochado ni la autoría, tampoco las medidas cautelares de prisión preventiva y embargo, motivo por el cual -en este aspecto- el pronunciamiento quedó firme.
Aclarada dicha cuestión, corresponde abordar el planteo de nulidad absoluta de la convocatoria a la ampliación a prestar declaración indagatoria al imputado en función que, a entender de la defensa, se habría omitido explicar y motivar el grado de representación que habría tenido su representado al momento del hecho que se le endilga. Que ello habría derivado en una imputación “francamente incomprensible”, vulnerando el derecho de defensa. Veamos, a los efectos de la autosuficiencia de la presente resolución corresponde transcribir la imputación que surge del acta de ampliación de indagatoria que motiva el agravio en análisis. Así a fs. 11/12 del presente incidente luce que se a E.A.G. se le reprochó: “…que el día 31 de diciembre de 2023, siendo aproximadamente las 05:24 horas, en circunstancias que se dirigía al volante del rodado Ford modelo EcoSport, dominio XXX, de color negro, circulando por la Autovía 17 de octubre de esta ciudad, con sentido y dirección de sureste a noroeste, conduciendo en estado de ebriedad, con 1,15 g/l de alcohol en sangre, y a una velocidad mínima de 159,10 km/h, representándose que podría ocasionar un resultado dañoso, más precisamente mortal, aceptando el riesgo creado y pese a ello, habría continuado circulando a exceso de velocidad, hasta llegar a la intersección con calle E.P., más precisamente a la altura donde comienza la rotonda, perdiendo el control del dominio del rodado, embistiendo con su sector frontal izquierdo a B.A.M. y P.G.M., con una velocidad de impacto de 142,48 k/h, quienes se encontraban paradas sobre el parterre central, ocasionando el fallecimiento de la primera, arrastrándola 41,20 metros sobre la cinta asfáltica y lesiones graves a la segunda, certificadas a fs. 18; para posterior darse a la fuga raudamente del lugar, sin socorrer a las víctimas, dirigiéndose al domicilio sito en calle V.A.
Nº XX de esta ciudad, a fin de ocultar el vehículo descripto…”. Así, del confronte con la primer declaración indagatoria se advierte sin dificultad que la intimación en la ampliación de indagatoria luce con mayor precisión de detalles en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de igual manera, se le enumeraron las nuevas piezas probatorias producidas en la causa con la indicación precisa de su ubicación en el expediente, otorgándole la posibilidad de proporcionar su descargo. Es por ello que entendemos que la nulidad pretendida por la defensa no podrá prosperar, toda vez que la convocatoria a ampliar la declaración indagatoria de E.A.G. no luce arbitraria, dada la existencia de elementos de convicción en grado de probabilidad suficiente para suscitar la sospecha de la Magistrada para efectuar el primer llamado a indagatoria, por lo que, en este aspecto, no observamos razón alguna para revisar la decisión cuestionada.
Máxime teniendo en cuenta que se trata de un acto de defensa por excelencia, y por ello, es incapaz de generar gravamen alguno. Sobre este punto, el código de forma habilita a la Magistrada a cargo de la Instrucción a disponer la ampliación de la declaración indagatoria siempre que lo considere necesario, constituyendo una facultad de neto corte discrecional del Juez de la causa y por ende ajena a la vía recursiva que se procura. Sentado ello, entendemos que la normativa aplicable al caso, permitió a la Magistrada ordenar oficiosamente el llamado a la ampliación indagatoria por cuanto el progreso del expediente tornó necesario ampliar la intimación del hecho dada la existencia de nuevos elementos de convicción.
Advertimos que en el acta de ampliación de indagatoria -al contrario de lo argumentado por la defensa-, se efectuó una imputación por demás circunstanciada, clara, detallada y precisa del hecho reprochado, habiendo de esa forma brindado al encartado la posibilidad de hacer su correspondiente descargo y conocer en detalle cada una de las nuevas piezas probatorias que obran en su contra. En este marco, lejos de haberse cercenado los derechos y garantías que amparan al imputado, entendemos que el llamado a la ampliación de la indagatoria con la consecuente ampliación de la intimación y enumeración de la prueba, resulta incapaz de generar un gravamen que nulifique el acto de defensa. Que la propia CSJN ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Que esta Alzada se ha expedido de manera invariable y concordante con el criterio de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones sobre las nulidades articuladas por las partes, entendiendo que deben ser rechazadas cuando no se acredita cuál sería el perjuicio concreto y se alega de manera genérica la violación al derecho de defensa en juicio, tratándose de solicitudes de “nulidad por la nulidad misma”, siendo que éstas solo deben decretarse como medida de último recurso y frente a un perjuicio real y concreto que debe demostrar quién lo alega, debiendo siempre primar el principio de trascendencia y estabilidad de los actos procesales (vg.
Apelaciones Nro. 8680/23 y 8623/23 que se citan a modo de ejemplo). Que por todo lo valorado, este primer agravio no prosperará por no advertir que se hubieran violentado garantías del encartado que ameriten la sanción requerida por el apelante. Que, en relación a la crítica referida a la calificación atribuida al hecho endilgado a E.A.G., apreciamos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos, la razón que la llevó a encuadrarlo en lo previsto por los arts. 79, 54 y 90 del CP y art. 293 del CPP, provisoriamente calificado como “homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual”. Que es criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes concordantes de la Sra.
Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia primigenia de la causa, toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia -e incluso en las instancias superiores-; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en la Apelación N° 8013/22, 8571/23 y 8574/23, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales nacionales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento.
Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). Con respecto a la provisoriedad de la calificación legal en esta instancia, compartimos el criterio de otros tribunales del orden nacional que han entendido que: “…La significación jurídica asignada al hecho imputado no puede ser, en principio, impugnada, pues es esencialmente provisoria y no resulta vinculante para el representante del Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación, ni para el tribunal de juicio al fallar, en el caso de que la causa llegara a tales estadios procesales..” (Cita online • TR LALEY AR/JUR/943/2014).
Asimismo, compartimos que: “…El cambio de calificación legal del delito, efectuado en el requerimiento de elevación a juicio, no afecta el derecho de defensa del imputado porque se trata de acto de naturaleza provisional que no causa estado…” (Cita online • TR LALEY AR/JUR/14071/2010). Cabe aclarar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal no se fundó únicamente sobre ese motivo y no resulta materia de agravio en el recurso de apelación en análisis. En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados, motivo por el cual no prosperará.
Todo lo expuesto, y en función de los elementos de prueba producidos en la causa y los fundamentos brindados por la Magistrada subrogante, permite acreditar, con el grado de probabilidad afirmativo que requiere la instancia, tanto la existencia del hecho, en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y el autor vinculado, ello a través de los actos procesales que delimitaron el objeto fáctico de la imputación, constituyendo el agravio relativo a la calificación legal una mera discordancia con la valoración de los elementos de cargo efectuada por la Instrucción, quien entendió fundadamente que el caso investigado se subsume en el delito de “homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual” (art. 79, 54 y 90 del CP y art. 293 del CPP), no logrando rebatir los argumentos que sustentan dicha decisión, motivo por el cual confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada -bajo los recaudos de estilo- al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 13/24, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia