Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124819
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 2, es justo (arts. 16, 18 y cc. de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 203, 217 y cc. ley 24.522; 68, 246 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se confirma la decisión apelada de fs. 2, motivo de recurso y agravios, con costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC). Ofíciese a la Secretaría de Cámaras por ante la instancia de origen, con copia de la presente. Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ZAMBIASIO ALFREDO LUIS S/ INCIDENTE DE APELACION - EN AUTOS" JOSE RISOLIA S.A. S/ INCIDENTE REALIZACION DE BIENES"", (causa nº 124819), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 2 ?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I.Mediante la decisión de fs. 2 el Sr. Juez de Primera Instancia impuso una multa en la suma de pesos 5000 al Sr. Síndico.
Para así resolver entendió que si bien la sindicatura realizó distintas actividades las mismas no han permitido el avance para lograr la liquidación de los bienes pertenecientes a la fallida, situación que si bien no amerita la remoción conlleva a la aplicación de una multa en los términos del artículo 255 de la ley 24.522.
Contra tal forma de pronunciarse el Sr. Síndico interpuso revocatoria con apelación en subsidio a fs. 2/5, remedio rechazado a fs. 6 primer párrafo, siendo concedido el recurso en el párrafo siguiente (art. 248 CPCC). Expuso que en ningún momento del proceso se le llamó la atención respecto al desempeño de sus funciones, situación que a su entender conlleva a que la sanción impuesta resulta injustificada y carece de apoyatura alguna, sin indicar los antecedentes del caso, su comportamiento ni meritar la gravedad y con ello graduar la sanción. Agregó que ha realizado las tareas con la mayor celeridad posible, dependiendo la enajenación de los bienes del trabajo conjunto con el martillero.
II. Abordando la tarea revisora, atendiendo a la cuestión planteada, esta Sala ha dispuesto que "... la praxis judicial ha sostenido que la negligencia, mal desempeño o falta grave de las funciones del síndico que pueden dar lugar a la remoción, deben tenerse por ocurridas como consecuencia de hechos u omisiones de dicho funcionario con respecto a prescripciones concretas de la ley o disposiciones del juez para que actúe en determinado sentido (Cám. Nac. Com., Sala A, J.A. 1997-IV-125), y que se desenvuelve negligentemente quien omite hacer aquello a lo que está obligado, por la ley o por el juez, en las modalidades de tiempo, modo y lugar en que debía efectuarse (Cám. Nac. Com. Sala B. "L.L." 1995-E-171; esta Sala, causa 108.583, reg. int. 303/07). También se expuso que la aplicación de sanciones deben ajustarse a los antecedentes del caso, a la actuación del síndico, a su conducta, a la gravedad del hecho imputado y a la razonabilidad (RIVERA-ROITMAN-VITOLO, "Ley de concursos y quiebras", T° III, p. 324, jurisp. allí citada).
Se adunó que, la debida diligencia del síndico en el cumplimiento de sus funciones no está supeditada a las conminaciones que el juez, como director del proceso, deba dirigirle a tal efecto. Antes bien, sin perjuicio de lo que éste decida para impulsar el procedimiento concursal, el funcionario debe tomar la iniciativa, peticionando lo conducente a tal efecto y, con mayor razón, dar puntual cumplimiento a las resoluciones del juez del concurso, coadyuvando así con la tarea de su rápida tramitación, máxime si se considera la exigencia de preservar la celeridad de la liquidación falencial, aspecto sobre la cual ha puesto especial énfasis la ley 24.522 (conf. C.N.Com., Sala A., citada en FLAIBANI, Claudia "Concursos y Quiebras", T° II, p. 791).
Esto es, constituye un deber de la sindicatura su desempeño activo y útil en cada una de sus presentaciones, comportamiento incompatible con el retaceo de esfuerzos (Cám. Nac. Com. Sala B, 11/6/91; esta Sala, causas 108.583, citada y 109.938, reg. sent. 106/08).
En igual sentido cabe adunar lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia en la causa Acuerdo 92.630, sentencia del 10 de setiembre de 2008: "Es oportuno recordar aquí que esta Corte tiene dicho que el síndico es un funcionario del concurso que queda designado por el juez de intervención, de quién es su subordinado a los fines ejecutivos del concurso, sus funciones están establecidas a través de todo el cuerpo normativo de la ley. Las acciones que ejerce se establecen en interés de la ley y no de los acreedores, por lo cual su función no es representar, sino cumplir con las obligaciones impuestas en la órbita de su competencia legal (conf. Ac. 55.595, sent. del 21-IV-1998; Ac. 70.358, sent. del 21-XI-2001). Conforme a ello "...la ley condensa de alguna manera lo deberes y facultades del síndico en el art. 275, en el que afirma: Compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa..." (conf. Julio César Rivera, "Instituciones de Derecho Concursal", T° I, pág. 154), de lo que sigue que la normativa efectúa una clasificación meramente enunciativa sobre las tares que competen al funcionario, atendiendo esencialmente a la celeridad en la tramitación del proceso falencial, de allí la gravedad de la sanción impuesta (conf. Ac. 70.358, cit.). En este sentido, el art. 217 de la ley 24.522 prioriza, en la faz liquidatoria, la celeridad con que deben ser llevados adelante todos los trámites tendientes a la liquidación del activo falencial".
De acuerdo con los principios señalados, a los fines de valorar la actividad efectuada por el Sr. Síndico se advierte, en primer lugar, que como antes se expuso, teniendo a la vista los cuerpos XXVII y XXVIII del proceso José Grisolía S.A s/quiebra, se observa que decretada la quiebra el día 3 de julio de 2014 (fs. 5396/5403), el sentenciante de grado intimó al Sr. Síndico a que informe acerca de las gestiones realizadas tendientes al desapoderamiento e inventario de los bienes de la fallida, y que comience la realización de los mismos en el plazo de cinco días (fs. 5460, 19/2/96), constestando a fs. 5461 y 5462 (26/2/15).
Luego, lo intimó a que en el plazo de tres días acompañe planilla de Juicios Universales el día 12 de mayo de 2015 (fs. 5480, cédula fs. 5489, 20/5/15), presentándose el apelante a fs. 5486 (22/5/15).
El Sr. Síndico agregó informe de titularidad de bienes, requerido mediante oficio judicial (fs. 5505, 4/8/15).
El juez rechazó la intimación bajo apercibimiento de remoción a fs. 5508, observando que el cumplimiento de las gestiones (25/8/15).
La actuación siguiente del funcionario concursal se efectuó a fs. 5522, el día 1/7/16, escrito en el que denuncia domicilio electrónico, contestando el traslado de las liquidaciones a fs. 5544 (4/11/16).
Al presente se observa la inscripción de la inhibición general de bienes indicando fecha de vencimiento el día 31/10/18 (fs. 5201/5203), agregándose a fs. 5327/5338, la anotación definitiva – vencimiento 16/1/19., mientras que en los autos José Grisolía se dejó constancia en los oficios advirtiendo que no caducan en razón de la naturaleza concursal.
En el incidente de realización de bienes, tercer cuerpo, el día 18 de noviembre de 2016, se dispuso la subasta electrónica de los inmuebles cuyos informes de dominio obran a fs. 400/402, 405/408, 409/413, 414/418, fs. 419/426, 427/429 y 431/455.
La cédula de notificación al martillero para anoticiar tal acto suscripta por el recurrente se agregó el día 13/3/17, hallándose inactivo el trámite por más de dos meses. El Sr. Síndico a fs. 457, solicitó la expedición de segundos o ulteriores testimonios ante la ausencia de los títulos sobre las propiedades en subasta (26/4/17), agregándose a continuación oficios y copias a tales fines.
Requerida nueva intimación a los fines de que se continúe el trámite de realización de bienes a fs. 516 (17/10/17), contestó el apelante requiriendo nuevos oficios para concluir con la expedición de títulos antes detallada (fs.518/519, 20/10/17). El sentenciante lo proveyó junto con la intimación al martillero a fin de que proceda a efectuar las gestiones para el remate de los inmuebles (fs. 520, 24/10/17), quien contestó a fs. 531 (céd. 15/12/17, not. 22/12/17 - 27/12/17).
Allí el martillero expresó que primero se debían inscribir los segundos testimonios en el Registro de la Propiedad y con ello manifestó su disposición para diligenciar los mandamientos de constatación para que no caduquen los términos, alegación reiterada a fs. 561 (13/3/18).
El Sr. Juez puso en conocimiento lo expresado y ordenó los oficios pertinentes (fs. 563, 28/3/18).
Ahora bien, en razón de la actuación descripta y la celeridad que se impone en esta clase de procesos atendiendo a que la subasta fue decretada hace más de dos años, puesto que la totalidad de los títulos de propiedad de los inmuebles no fueron agregados al proceso, ni se efectuaron las diligencias necesarias para conocer el estado de los bienes incautados, corresponde confirmar la decisión recurrida, propuesta que se pone a consideración del estimado colega de Sala.
En efecto, la normativa concursal establece pautas para llevar adelante la rápida enajenación de los bienes, el artículo 177 ordena la incautación inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra, pudiéndose designar a un notario, atendiendo a la naturaleza de los bienes, debiéndose efectuar aún ante la falta de aceptación del cargo por el síndico, ordenándose la vigilancia policial para la custodia de los bienes y otras para su conservación y administración (arts. 178, 181, 185 ley 24.522).
La posesión, bajo inventario, puede hacerla también el síndico por un tercero que lo represente (art. 179 ley cit.).
La realización de los bienes también debe ser iniciada de inmediato (art. 203 ley cit.) y dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de quiebra, o de su firmeza (art. 217 ley cit.).
Si bien es cierto que, por variadas circunstancias, se pueden alongar los plazos en algunos casos, los funcionarios concursales deben extremar los esfuerzos para evitar la demora que, como en el presente, no se encuentra justificada.
Las reiteradas intimaciones suscitadas por el incumplimiento de los preceptos citados y la inactividad que denota el detalle del trámite antes señalado, conducen a la imposición de sanciones, graduadas razonablemente, observando el juzgador la tarea realizada, que en el presente dista de aquella necesaria para concluir con la realización de los bienes.
El recurrente debió proceder en forma positiva y eficiente, llevando a cabo las medidas prescriptas específicamente por el artículo 275 incisos 2 y 3, inacción advertida por el "iudex a quo" y que de la lectura de las presentaciones efectuadas en el proceso falimentario se desprende.
La pretensión exculpatoria fundada en la labor complementada por el martillero deviene inaudible dado que el objetivo ha de efectivizarse actuando, verificando y controlando también la tarea de quienes han de procurar la enajenación del activo.
Siguiendo las pautas adelantadas, la previsión de sanciones, apercibimiento, multa y remoción del artículo 255, suponen abordar la entidad y mérito de la labor desarrollada y otros antecedentes, para establecer que la multa impuesta inferior al límite de un sueldo de juez de primera instancia allí establecido, resulta justificada.
A tal conclusión se arriba puesto que corresponde evaluar en forma global la conducta del Sr. Síndico de modo que permita una visión omnicomprensiva de su actuar y no fragmentada, situación que debe a su vez armonizar con la máxima prudencia que en la imposición de sanciones ha de seguirse, observando una regla de gradualidad y proporcionalidad (Cám. Nac. Com. Sala A, 21/6/05 Supercanal Holdings S.A).
A lo indicado ha de adunarse que no surge de autos ni de su legajo personal existente en la Secretaría de Cámaras, según ha informado la Actuaria, la circunstancia de haber resultado sancionado con anterioridad.
En consecuencia, como se anticipó, se propone confirmar la resolución recurrida, con costas de Alzada por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde confirmar la decisión apelada de fs. 2, motivo de recurso y agravios, con costas por su orden. Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASÍ LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 11 de Diciembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 2, es justo (arts. 16, 18 y cc. de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 203, 217 y cc. ley 24.522; 68, 246 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se confirma la decisión apelada de fs. 2, motivo de recurso y agravios, con costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC). Ofíciese a la Secretaría de Cámaras por ante la instancia de origen, con copia de la presente. Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia