Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, y toda vez que por su carácter, la orden de restitución no es generadora de perjuicio alguno, no se ha afectado el derecho de defensa en juicio, ni lesionado la garantía del debido proceso, hemos de confirmar la medida adoptada por el magistrado.
II. Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, deviene especial la situación del imputado Domingo Miguel Blanco.
Cabe aclarar que en este apartado, remitiremos a las fojas del expediente principal, fundamentalmente por los cuantiosos informes a los que debemos hacer mención.
Así, respecto del nombrado Domingo Blanco, el informe de fs. 101 vta. no consigna fecha de ingreso al inmueble y, sin embargo, la Fiscalía de Cámara entiende que la acción permanece vigente para él. Al respecto, cabe considerar que el informe de fs. 498/499 señala que el mismo habría ingresado al hotel en el año 2020, consecuentemente, la acción penal para el delito de usurpación respecto del nombrado se ha extinguido por prescripción, todo lo cual, será tenido en cuenta al resolver.
Asimismo, existen otros casos específicos, en los que la Fiscalía de Cámara omitió pronunciarse, no obstante, atento que la vigencia de la acción penal constituye una cuestión de orden público, corresponde considerar los siguientes casos por separado. En tal sentido, hemos detectado que respecto de algunos imputados que han fijado domicilio, la Titular de la acción penal pública no informó si esta subsiste o no; ellos son: …
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.19 08:46:14-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- este documento Fecha: 2026.06.19 08:46:28-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.080 FOLIO Nº 028/033 PROT. ELECT. JR101 227I.261 Río Gallegos, 19 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: JUZGADO FEDERAL DE RÍO GALLEGOS S/ REMITE ACTUACIONES (HOTEL LA ALDEA)” Expte. Nº 27639/25, Apelación Nº 10154/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 23/29 del presente incidente (fs. 674/680 del principal), obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien ordenó: 1) no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa técnica;
2. no hacer lugar al pedido de sobreseimiento de los imputados fundado en la prescripción invocada; 3) no hacer lugar al pedido de suspensión de la medida de ejecución de desalojo; 4) hacer saber que la suspensión aquí dispuesta es de carácter temporal y operativo.
Que a fs. 30/37 vta. (694/701 vta. del principal) la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 47 sostuvo el recurso y, habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, la recurrente se agravia:
- Primer agravio: inicialmente, la apelante afirma que la usurpación es un delito instantáneo que se configura al momento de perpetrarse el despojo.
En tal sentido, advierte que el a quo confunde el concepto de delito permanente, con el de delito instantáneo de efecto permanente pues –según dice- en éste último lo que subsiste no es la consumación, sino los efectos de ella. En palabras de la defensa, es una consecuencia del acto ya consumado, más no una continuación de la conducta.
En esa dirección, explica que el acto de despojo agotaría la acción en los términos del art. 181 del C.P. Cita doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura.
Al respecto, sostiene que la permanencia ulterior de los imputados en el inmueble no constituye, por sí misma, una reiteración o continuación de la acción típica, sino la eventual prolongación de una situación fáctica derivada del hecho consumado. A partir de ello, señala que el auto confunde esa distinción, y traslada indebidamente el momento inicial del cómputo de la prescripción a un hecho incierto, como sería el cese de la ocupación.
En particular, asegura que el criterio adoptado importa supeditar la vigencia de la acción penal a la duración de la ocupación, lo que conduce a la neutralización del instituto de la acción penal –a su criterio- inadmisible.
Cuestiona la postura del magistrado, pues dice que mantiene vigente una acción con el único fin de ejecutar una medida de desalojo, pasando por alto el requerimiento de la agente fiscal, lo cual –a su criterio- denota la voluntad de querer modificar una situación posesoria en forma ilegal –aun encontrándose acreditada la fecha de ingreso de sus asistidos-, el llamado a indagatoria a un primer grupo, y la falta de esta al segundo grupo.
En ese orden de ideas, postula que, transcurrido el plazo de tres años sin que haya existido ningún acto interruptivo, la acción penal se encuentra extinta por prescripción.
En cuanto al inicio de la investigación (posterior a la extinción de la acción penal por prescripción) advierte que la parte querellante reconoce que el momento de ocupación fue durante la pandemia (2020/2021), habiendo tenido conocimiento de ello desde aquel momento.
Concluye este agravio señalando que se debe revocar la resolución atacada, declarando la prescripción de la acción.
- Segundo agravio: bajo este acápite, cuestiona que el magistrado afirme el carácter permanente del delito, confunda el momento consumativo del tipo con los efectos derivados de la comisión misma del hecho, y posponga el inicio del cómputo de prescripción, cuando –insiste- el carácter sería instantáneo con efecto permanente.
- Tercer agravio: en este punto, critica el tratamiento que el juez le da a la configuración del tipo penal de la usurpación por despojo del art. 181 del Código Penal.
- Cuarto agravio: aquí, reprocha que mantenga vigente la obligación de restituir el inmueble.
Al respecto, esgrime que el juez reconoce la existencia de una controversia sustancial en torno a la subsistencia de la acción penal, motivo por el cual – afirma- debe suspender la orden de desalojo, por hallarse comprometida su jurisdicción para el dictado de toda otra medida, hasta que se dirima la cuestión de fondo.
- Quinto agravio: bajo este acápite, critica que se le asigne relevancia a un acuerdo de desocupación, utilizándolo como elemento para reforzar la procedencia de la medida de desalojo. Entiende que el acuerdo no puede suplir el análisis judicial de los presupuestos de procedencia de la cautelar, por la falta de legitimidad de quienes asistieron a la audiencia y, asimismo, en virtud de la irrenunciabilidad de los beneficiados por el instituto de la prescripción.
Resalta que sus pupilos no han sido debidamente asesorados, y lo acordado en la audiencia no puede considerarse acto válido, por haberse llevado adelante sin jurisdicción del a quo. - Sexto agravio: en este apartado, cuestiona que se intente fundar el desalojo en la existencia de riesgo vinculado a conexiones eléctricas irregulares, pues ello habría sido desacreditado por Servicios Públicos.
También asegura que las demás condiciones carecen de individualización concreta, y no pueden motivar una orden de desalojo. - Séptimo agravio: en este punto, critica las medidas accesorias dispuestas (v.gr. guardia policial permanente, restricciones al ingreso, intervención de organismos estatales, informes técnicos y control del predio) pues, a su juicio, exceden el marco propio del proceso penal. En este sentido, considera que el magistrado habría asumido funciones propias del poder ejecutivo, actuando como gestor de políticas públicas.
Asimismo, advierte que las medidas serían improcedentes, por falta de fundamentación, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Destaca la contradicción de la orden, pues afirma la vigencia, y reconoce la necesidad de suspenderlas por razones sociales, operativas y de seguridad.
Entiende que sostener formalmente la medida, difiriendo su ejecución a un momento incierto, importa mantener una restricción sin operatividad real, pero con efectos jurídicos actuales sobre sus representados.
- Octavo agravio: en este punto, cuestiona que el magistrado diga que no puede afirmar con certeza la existencia del delito de usurpación, pero asegure que la ocupación es ilegítima. Explica que se parte de una tipicidad afirmada para negar la prescripción.
- Noveno agravio: aquí, considera arbitraria la decisión del a quo, por ausencia de base doctrinaria y jurisprudencial sólida en cuanto al carácter del delito atribuido y el inicio del cómputo de la prescripción. Advierte contradictorio que sus planteos se rechacen, pero que pueda reafirmarse la orden de desalojo, con las consecuencias que su ejecución podría producir sobre la situación posesoria de sus pupilos. Entiende que en autos, desaparece la verosimilitud del derecho. - Décimo agravio: en este apartado, reitera la ausencia de presupuestos legales para llevar adelante el desalojo. En particular, señala que la situación posesoria de sus asistidos desde la pandemia, evidencia la ausencia de urgencia, lo cual –a su criteriodesvirtúa uno de los pilares fundamentales de toda medida cautelar. Insiste en que, si hubiera existido un delito, el mismo estaría prescripto y la acción penal extinta.
- Décimo primer agravio: bajo este acápite, considera adelanto de opinión que el juez construya una falsa oposición entre el derecho de propiedad y la situación de los ocupantes, entendiendo que esta última sería ilegítima, pues –según dice- se encuentra lejos de determinarlo en este estado del proceso.
Al respecto, pone de resalto que la posesión también está tutelada por la Constitución Nacional, por lo cual, critica que se limite la protección sólo al derecho de propiedad del titular registral.
- Décimo segundo agravio: aquí, la agravia que se haga lugar al pedido de suspensión de la medida, sólo en cuanto a su ejecución. Al respecto, refiere que el desalojo preventivo no puede operar como un mecanismo de restitución definitiva, ni como una vía indirecta de resolución de conflictos posesorios o dominiales.
Vuelve a señalar que la resolución apelada evidencia la ausencia de los extremos legales para su procedencia, pues el propio juzgador la considera inadecuada, riesgosa y generadora de un perjuicio mayor.
Entiende que, al mantenerla vigente con proyección futura, implica anticipar los efectos propios de una sentencia. Finalmente pide se revoque el decisorio atacado, y se deje sin efecto la medida, por resultar improcedente en este estado procesal.
- Reserva: por último, formula reserva de recurrir en casación, caso federal y acudir ante la Corte interamericana de Justicia, para el caso que su pretensión se resuelva de manera adversa.
I. Pues bien, atento la conexidad que guardan los agravios incoados, y considerando que el tratamiento de la cuestión de fondo expuesta en los dos primeros (extinción de la acción penal por prescripción) despejará rápidamente las dudas respecto de los planteos en general, acotándolos, cabe aclarar que se tornó conveniente –y hasta necesario- enunciar al comienzo la totalidad de los cuestionamientos, como lo hemos hecho, para abordar seguidamente su examen en conjunto. Veamos, en el auto apelado, en concordancia con lo dictaminado por la fiscalía de instrucción, el magistrado entendió que el delito de usurpación es permanente, que no se agota en el acto inicial de ingreso, sino que se proyecta en el tiempo mediante la permanencia ilegítima en el inmueble; consecuentemente –a su juicio- la acción penal por el ilícito se encuentra vigente.
A su turno, en los dos primeros agravios, la apelante sostiene que se trata de un delito instantáneo de efecto permanente, señalando que subsisten sus efectos, más no su consumación, la cual se produce al momento de perpetrarse el despojo.
Por su parte, y tras haberse ordenado desde esta alzada, correr en vista las actuaciones por estar comprometidas cuestiones de orden público, la Fiscalía de Cámara discrepó con la Fiscalía de instrucción, consideró que la usurpación por despojo es un delito instantáneo de efectos permanentes, y que el mismo se consuma en el momento del desapoderamiento. Allí, juzgó conveniente analizar cada caso en particular, entendiendo que para algunos imputados la acción penal se encontraba prescripta y para otros permanecía vigente, identificándolos con nombre y apellido.
Concretamente, la Fiscalía de Cámara entendió que, por haber ingresado antes del 21/05/2023, y sin registrarse respecto de ellos actos interruptivos, la acción penal por el delito de usurpación está prescripta para: 1) Matías Raúl Barrios; 2) Jessica Canteros; 3) Rogelio Reinaldo Miranda López; 4) Juan Alberto Bogado Trinidad; 5) Juan Jesús Miranda; 6) Mariela Cristian Palavecino; 7) Dante José Luis Caballero; 8) Milagros Medina; 9) Rubén Horacio Verón; 10) Jorge Alberto Fernández; 11) Paulo Fabián Coronel.
Inversamente, en función de los informes labrados por el Gabinete Social del El Chaltén –Cuerpo Pericial Zona Sur- del Poder Judicial, que revelan el momento de ingreso al inmueble (posterior al 21/05/2023), la Titular de la Acción Penal Pública, entendió que se mantiene vigente respecto de: 1) Limber Ávila Veizaga y Silvina Tinoco (informe de fs. 72); 2) Agustina Milagros Arancibia, Facundo David Valdez y Eugenia Guadalupe Cardozo (informe fs. 74); 3) Edgardo Daniel Fernández y María Leticia Escobar (informe de fs. 77 vta.); 4) Ángela Lucía Ramírez, Matías Ramírez, Jonatán Francisco Rodríguez, Lucas Rodríguez, Ricardo Ramírez, Sebastián Cáceres y Pablo Joel Romero (informe de fs. 80); 5) Leandro Sebastián Mansilla y Romina Mercedez Bordón (informe de fs. 82); 6) Fabiola Yanice Noguera y Ángel Jesús Bordón (informe de fs. 83 vta.); 7) Ariel Alejandro Algañaraz, Aldo Martín Barbosa y Celia Antonia Bogado Trinidad (informe de fs. 87 vta.); 8) Enzo Nahuel Colman y Pablo Alfonzo (informe de fs. 90); 9) Rodrigo Alejandro Cazalbon; Natalia Alejandra Cazalbon y Franco Emanuel Márquez (informe de fs. 92 vta.); 10) Gloria Elizabeth Montaño y Ariel Octavio Riquelme (informe de fs. 94 vta.); 11) Roque Manuel Alfonzo y Juana Ester Pérez (informe de fs. 96 vta.); 12) Shirley Valencia Caicedo y Rodrigo Rodríguez Ramírez (informe de fs. 99);
13. Domingo Miguel Blanco, Iván Rojaz, Silvia Beatriz Romano y Virginia Alejandra Blanco (informe de fs. 101 vta.); 14) Carlos Jonatán Miraballes Rodríguez y Miriam Graciela Noguera (informe de fs. 103 vta.); 15) Lucas Gonzalo Ariel Medina y Héctor Barrera (informe de fs. 109); 16) Daniel Dereimais, Silverio Silva Cáceres y Marcos González (informe de fs. 114 vta.); 17) Sandra Noguera y Joaquín López (informe de fs. 116); 18) José Gonzalo Rojas García (informe de fs. 119 vta.); 19) Víctor Daniel Alcaraz y Mirna Noelia Encinas (Informe de fs. 121); Milagros Tomassi; Cintia Mercado y Damián Mercado (informe de fs. 122).
Así las cosas, en cuanto a la controversia central, hemos de concordar con la recurrente y la Fiscalía de Cámara, en que el delito de usurpación es instantáneo de efectos permanentes.
Al respecto, la doctrina sostiene: “El despojo usurpador se consuma cuando se produce la invasión del inmueble constitutiva de la ocupación... Se ha dicho que es un delito de instantáneo, los actos posteriores a la consumación no son un medio para despojar.” (D`alessio Andrés José; Código Penal -comentado y anotado-; Ed. La Ley; pág. 557). Otra, más actual, señala: “es un delito instantáneo de efectos permanentes; y por consecuencia la prescripción corre desde que se consuma el desapoderamiento”. (Lemir, Miguel Ángel; Consumación del delito de usurpación por despojo y cómputo del término de prescripción; LLNOA2008 (junio), 448; Cita: TR LALEY AR/DOC/1494/2008).
En el aspecto jurisprudencial, y en consonancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, entendemos que éste es el criterio imperante.
Así, sin pretender extender demasiado el curso de la presente, pero a fin de reforzar los fallos jurisprudenciales citados por la Fiscalía en su dictamen; en relación al carácter instantáneo del delito de usurpación y la prescripción de la acción penal; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –hace ya varios años-, dijo: “La usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes, se consuma en el momento en que se despliegan los medios para cometer el despojo.” (Cám. Nac. Apelac. Crim. y Correcc., sala I, 27/05/1993, “Pinto, Juan R.”, LL 1994-D, 169, AR/JUR/1244/1993).
En el ámbito de los tribunales provinciales, se sostuvo: “El delito de usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes; y por consecuencia la prescripción corre desde que se consuma el desapoderamiento." (C.S.Tucumán, Sala Civil y Penal, 19/11/2007, “N.,C.
R.).
Y este criterio, no sólo es invariable, sino que es predominante pues, más acá en el tiempo, se sostuvo: “… la doctrina mayoritaria considera que el delito de usurpación es de carácter instantáneo, aunque sus efectos sean permanentes. Esta afirmación importa que desde que la infracción se ha consumado ha de computarse el plazo de tres años necesario para que opere la prescripción de la acción (arts. 62, inc. 2, y 181, inc. 1, CP).” (Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II; 23/02/2021; F.R., D.R. y otros s/ 181 Inc. 1 - Usurpación (Despojo); Cita: TR LALEY AR/JUR/4198/2021).
Cabe destacar que este también es el criterio imperante en esta alzada, habiéndonos expedido recientemente en este mismo sentido en la causa caratulada: “P.A. y Otros s/ usurpación” (Expte. Nº 21.384/22), Apelación Nº 10.149/26.
Que, así las cosas, debemos declarar extinta por prescripción la acción penal por el delito de usurpación respecto de los imputados señalados en primer término, y vigente respecto de los enunciados en segundo término.
Dicho lo primero, ingresaremos al análisis del planteo relativo a la orden de restitución, la cual –a criterio de la apelante- deviene arbitraria, por no encontrarse motivada, ni reunidos los extremos legales previstos en el código adjetivo.
Que, en relación a las medidas cautelares, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente se ha dicho que estas no causan estado, y son esencialmente provisorias y accesorias. Al respecto, se ha sostenido: “La restitución provisional del inmueble ordenada por los Judicantes en los términos del artículo 231 bis del Código Procesal Penal no constituye una sentencia de desalojo ni un pronunciamiento que resuelva una "litis posesoria"; sino que la medida adoptada tiene carácter cautelar y queda sujeta en su duración a los resultados de la acción penal que ha sido incoada y a la sentencia que se dicte.” (CSJ, Santa Fe; 02/07/2013; B.J.R. s. Usurpación - Recurso de inconstitucionalidad; Secretaría de Informática del Poder Judicial de Santa Fe; 251/2012; RC J 79/95).
En idéntico sentido, recientemente, también se dijo: “… la medida de restitución dispuesta en el curso del proceso por usurpación no constituye una sentencia de desalojo ni una sentencia que resuelva una litis posesoria sino que, como cautelar que es, queda sujeta en su duración a los resultados de la acción penal que ha sido incoada y a la sentencia que se dicte. Así, sólo una sentencia condenatoria puede darle a la restitución efectuada carácter definitivo, lo que no obsta al ejercicio de las acciones posesorias o reivindicatorias que pudieran intentar…” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal; 04/05/2021; G., J. S. s/ P.S.A. usurpación (Ppal. SAC 1561514) - Recurso de casación; Publicado en: La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/21073/2021).
Y en este sentido se pronunció el magistrado, quien se encuentra investido de la facultad de disponer la medida, conforme lo establecido por el art. 222 bis del CPP, motivo por el cual, y contrario a lo señalado por la apelante, el desalojo resultaría procedente.
Al fundarla, el juez señaló que su dictado tiende a evitar la continuación del delito e impedir la consolidación de sus efectos, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo, criterio que compartimos, pues se trata de una medida cautelar de efecto preventivo.
De allí precisamente surge el peligro en la demora, pues posponer su dictado y retrasar su ejecución, permite que los efectos no sólo se consoliden, sino que también pudieran extenderse.
Al respecto, se advierte que –al dictarla- no escapó a la consideración del a quo la delicada situación, dado que señala que la medida no sólo contempla la restitución del inmueble, sino también el abordaje de la misma por organismos estatales competentes en materia social, habitacional y sanitaria.
Por todo ello, y toda vez que por su carácter, la orden de restitución no es generadora de perjuicio alguno, no se ha afectado el derecho de defensa en juicio, ni lesionado la garantía del debido proceso, hemos de confirmar la medida adoptada por el magistrado.
II. Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, deviene especial la situación del imputado Domingo Miguel Blanco.
Cabe aclarar que en este apartado, remitiremos a las fojas del expediente principal, fundamentalmente por los cuantiosos informes a los que debemos hacer mención.
Así, respecto del nombrado Domingo Blanco, el informe de fs. 101 vta. no consigna fecha de ingreso al inmueble y, sin embargo, la Fiscalía de Cámara entiende que la acción permanece vigente para él. Al respecto, cabe considerar que el informe de fs. 498/499 señala que el mismo habría ingresado al hotel en el año 2020, consecuentemente, la acción penal para el delito de usurpación respecto del nombrado se ha extinguido por prescripción, todo lo cual, será tenido en cuenta al resolver.
Asimismo, existen otros casos específicos, en los que la Fiscalía de Cámara omitió pronunciarse, no obstante, atento que la vigencia de la acción penal constituye una cuestión de orden público, corresponde considerar los siguientes casos por separado. En tal sentido, hemos detectado que respecto de algunos imputados que han fijado domicilio, la Titular de la acción penal pública no informó si esta subsiste o no; ellos son:
1. Santiago Ricardo Gamarra y Eric Agustín Martínez, quienes fijaron domicilio a fs. 168 y 172, y respecto de los cuales el informe glosado a fs. 496, da cuenta que se encuentran en la localidad hace cuatro años, consecuentemente, la acción penal por el delito aquí investigado se ha extinguido para ellos.
2. Matías Raúl Barrios, fijó domicilio a fs. 290, y figura en el informe de fs. 505 como pareja de la Sra. Jessica Natividad Cantero Noguera, consecuentemente, toda vez que la acción penal se encuentra prescripta para la nombrada, igual suerte correrá para el Sr. Barrios, pues allí dice que conviven hace cinco años.
3. Aldo Martín Barbosa, Eduardo Fortunato Labra, Cristina García y Javier Gimenez, quienes fijaron domicilio a fs. 137, 306, 318 y 457, la acción penal por el delito de usurpación se encuentra vigente, en función de los informes de fs. 87 vta., 498, 517 vta. y 519.
4. Daniel Matías Ferrada, Germán Darío Florenciano, Marcos Exequiel González y Luis Ángel González Portocarrero, si bien fijaron domicilio fs. 153, 222, 274 y 451, no fueron incluidos en informes que detallen su fecha de ingreso al complejo, motivo por el cual, de momento, resulta imposible pronunciarnos acerca de la vigencia de la acción penal para ellos.
III. Asimismo, y en función de la disparidad de criterio evidenciada en los dictámenes de las Fiscalías de Instrucción y de Cámara, deberá oficiarse a la Fiscalía ante el Excmo. T.S.J., remitiendo copia de la presente, a los efectos que estime corresponder.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, a excepción de la enunciación de los imputados, a efectos de evitar confusiones respecto de su identidad, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras, y en mi carácter de Juez de Recursos,
PRESCRIPCIÓN (arts. 59 inc. 3º; 62 inc. 2º, 63, 67 inc. b) del Código Penal), respecto de los imputados: 1) Matías Raúl Barrios; 2) Jessica Canteros; 3) Rogelio Reinaldo Miranda López; 4) Juan Alberto Bogado Trinidad; 5) Juan Jesús Miranda; 6) Mariela Cristian Palavecino; 7) Dante José Luis Caballero; 8) Milagros Medina; 9) Rubén Horacio Verón; 10) Jorge Alberto Fernández; 11) Paulo Fabián Coronel; 12) Domingo Miguel Blanco;
13. Santiago Ricardo Gamarra; 14) Eric Agustín Martínez y 15) Matías Raúl Barrios y, en consecuencia, disponer su SOBRESEIMIENTO en los términos de los arts. 317 y 319 inc. 1º del CPP, en orden al delito de usurpación (art. 181 inc. 1º del Código Penal).
2. CONTINUAR la tramitación de la presente causa según su estado, respecto de los imputados: 1) Limber Ávila Veizaga y Silvina Tinoco (informe de fs. 72); 2) Agustina Milagros Arancibia, Facundo David Valdez y Eugenia Guadalupe Cardozo (informe fs. 74); 3) Edgardo Daniel Fernández y María Leticia Escobar (informe de fs. 77 vta.); 4) Ángela Lucía Ramírez, Matías Ramírez, Jonatán Francisco Rodríguez, Lucas Rodríguez, Ricardo Ramírez, Sebastián Cáceres y Pablo Joel Romero (informe de fs. 80); 5) Leandro Sebastián Mansilla y Romina Mercedes Bordón (informe de fs. 82); 6) Fabiola Yanice Noguera y Ángel Jesús Bordón (informe de fs. 83 vta.); 7) Ariel Alejandro Algañaraz, Aldo Martín Barbosa y Celia Antonia Bogado Trinidad (informe de fs. 87 vta.); 8) Enzo Nahuel Colman, Pablo Alfonzo y Cecilia Lorena Iriarte Reyes (informe de fs. 90); 9) Rodrigo Alejandro Cazalbon; Natalia Alejandra Cazalbon y Franco Emanuel Márquez (informe de fs. 92 vta.); 10) Gloria Elizabeth Montania Cardozo y Ariel Octavio Riquelme (informe de fs. 94 vta.); 11) Roque Manuel Alfonzo y Juana Ester Pérez (informe de fs. 96 vta.); 12) Sirley Valencia Caicedo y Rodrigo Rodríguez Ramírez (informe de fs. 99); 13) Iván Rojaz, Silvia Beatriz Romano y Virginia Alejandra Blanco (informe de fs. 101 vta.); 14) Carlos Jonatán Miraballes Rodríguez y Miriam Graciela Noguera (informe de fs. 103 vta.); 15) Lucas Gonzalo Ariel Medina y Héctor Barrera (informe de fs. 109); 16) Daniel Dereimais, Silverio Silva Cáceres y Marcos González (informe de fs. 114 vta.); 17) Sandra Noguera y Joaquín López (informe de fs. 116); 18) José Gonzalo Rojas García (informe de fs. 119 vta.); 19) Víctor Daniel Alcaraz y Mirna Noelia Encinas (Informe de fs. 121);
20. Milagros Tomassi; Cynthia Daiana Mercado y Damián Mercado (informe de fs. 122), 21) Aldo Martín Barbosa (informe de fs. 87 vta.), 22) Eduardo Fortunato Labra (informe de fs. 498), 23) Cristina García (informe de fs. 517 vta.) y 24) Javier Gimenez (informe de fs. 519).
3. CONFIRMAR la vigencia de la orden de desalojo dispuesta por el magistrado, conforme los argumentos expuestos en los considerandos.
4. TENER PRESENTE la reserva de recurrir en casación, caso federal y acudir ante la Corte Interamericana de Justicia formulada por la recurrente.
5. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
6. LIBRAR OFICIO a la Fiscalía ante el Excmo. T.S.J., a los efectos previstos en el punto III) de la presente.
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
8. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia