Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, rechazaré este cuestionamiento, por entender que se encuentra debidamente motivado en las disposiciones procesales y su monto no luce desproporcionado dentro del contexto señalado.
II. Reserva de casación y del caso federal: Finalmente, la defensa hace expresa reserva de interponer recurso de casación y recurso extraordinario federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8332 FOLIO Nº 127/131 PROT. ELECT. JR101207I.231
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: L.C.A. S/ LESIONES CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO", Expte. Nº I-72947/22 - Apelación/Causa JR Nº 7544/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 03/11 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción N° Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de C.A.L., en orden al delito de “lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de uso civil sin la correspondiente autorización legal” (art. 90, 41 bis, 55, 189 bis inc. 2° párrafo 2 y 293 del CP), en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos doscientos mil ($200.000). Que a fs. 13/25, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 31, sin acompañar el memorial de agravios del art. 437 del CPP.
En consecuencia y habiendo dictaminado la fiscalía ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento sin prisión preventiva por ocasionarle un gravamen irreparable a los intereses de su asistido, en los puntos que a continuación se abordarán.
a.- Agravio relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva. Nulidad de la indagatoria. Auto de procesamiento. Incongruencia: En primer lugar la defensa plantea la nulidad del procesamiento en orden al delito de “lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de uso civil sin la correspondiente autorización legal” (art. 90, 41 bis, 55, 189 bis inc. 2° párrafo 2 y 293 del CP), aseverando que se han vulnerado los principios de congruencia, del debido proceso y la defensa en juicio, por cuanto su representado fue indagado por el delito de “lesiones leves calificadas por el uso de arma de fuego, todo ello en concurso real con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización”. Con lo cual la plataforma fáctica no se condice con la imputación que finalmente adoptó la Sra. Jueza al momento de resolver el procesamiento. Por el contrario, a lo sostenido por la Instrucción, la defensa postula –a pesar de negar la participación de su asistido en los hechos- que deberían quedar subsumidos en la figura del art. 104 y no por el art. 89 en concurso real con el art. 189 bis, 2do apartado, 2do párrafo del CP.
Pues bien, analizado este primer planteo, adelantamos, no podrá prosperar.
En primer lugar, cabe señalar que esta alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Sentado ello, en el supuesto bajo estudio, la crítica se encuentra referida a la calificación legal establecida en el auto de procesamiento y, como veremos a continuación, esta se caracteriza por ser provisoria, mutable y no causar estado, consecuentemente, carece de aptitud para originar perjuicio al imputado en esta liminar etapa del proceso, quien conserva la posibilidad de replicar con toda amplitud en oportunidad del juicio oral y público. En segundo término, precisamente en relación al planteo relativo a la calificación legal atribuida al imputado, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización” (arts. 90, 41 bis primera parte, 55, 189 bis inc. 2 segundo párrafo del CP). En cambio, se aprecia que el planteo de la defensa constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia, lo cual aquí no ha ocurrido. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
b.- Agravio relativo a la inconstitucionalidad del art. 41 bis del CP: La defensa solicita la declaración de inconstitucionalidad de la agravante genérica del art. 41 bis del CP, por afectar el principio de legalidad y por entender que no resulta aplicable al delito de lesiones graves. Cita los fallos “Fernández” y “Arce”, y postula que una interpretación armónica de los arts. 104, 89, 90 y 91 del CP, dan cuenta que en rigor de verdad, los arts. 90 y 91 ya contemplan el agravante del uso de arma de fuego como medio comisivo, razón por la cual entiende que el concurso pretendido sería aparente. Reitera que su asistido no tiene ninguna participación en los hechos que se le endilgan, y que, en todo caso, podría readecuarse el hecho impuesto en las figuras del art. 104 o 90 del CP.
Por las mismas razones entiende que no hay justificativo para aplicar el concurso con el delito del art. 189 bis, 2do apartado, 2do párrafo del CP.
En relación a este agravio, debemos considerar que, si bien la defensa enuncia su inconformidad respecto de la aplicación de la agravante, y cita dos antecedentes en sostén de su tesitura, luego no logra precisar con claridad cómo, a partir del encuadre provisorio efectuado por la instrucción, se vería afectado el principio de legalidad.
Que, en su dictamen, el Señor Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, postuló que el control constitucional requiere mayor mesura, criterio que se comparte, pues en definitiva, depende de que corriente se siga para adoptar un criterio.
Si bien la jurisprudencia no es pacífica al respecto, esta alzada participa del criterio que considera que el art. 41 bis del CP no constituye una mera agravante general, sino una norma que repercute sobre la magnitud de los marcos punitivos establecidos en los delitos de la Parte Especial y las leyes complementarias, por la incorporación de una modalidad típica de ejecución de un delito violento (uso de arma de fuego), no contemplada por aquéllos; por razones de política criminal que se conectan principalmente con la prevención general negativa de la delincuencia armada, tanto para disuadir la tenencia de tantas armas de fuego, como para reprimir con mayor severidad porque endurece las penas, levantando los mínimos (al respecto véase Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba; Sala Penal; 07/07/2004; M.,C.A.; Cita: TR LALEY 70012181). Se ha dicho que la norma cuestionada por el recurrente, actúa generando un tipo delictivo que estará en relación de especialidad con varios tipos penales, siempre que éstos no incluyan el empleo de armas, y que, a su vez, se trate de delitos dolosos que requieran violencia o intimidación contra las personas.
Huelga señalar que el art. 90 del Código Penal, que tipifica el delito de lesiones graves, no incluye el empleo de armas de fuego para su comisión como asegura el apelante pues, en líneas generales, sólo se limita a caracterizarlas como: debilitación permanente en el cuerpo o en la salud y, temporalmente, cuando incapacite para el trabajo por más de un mes.
En cuanto a los antecedentes citados por la defensa, que interpretan inconstitucional a la norma en cuestión por no resultar sencillo determinar a qué tipos penales concretos es aplicable, cabe señalar que la doctrina no la juzga compleja o engorrosa, pues sencillamente la considera aplicable a los delitos de homicidio y lesiones dolosas, como en nuestro caso (Aboso Gustavo Eduardo; Código Penal de la República Argentina –comentado, concordado con jurisprudencia- Ed. BdeF.; pág. 168). Por tal motivo, se debe desestimar el planteo de inconstitucionalidad articulado por la defensa.
En relación a la crítica referida al concurso real establecido entre las figuras endilgadas al imputado de lesiones graves calificadas por el uso de arma y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización, debemos aquí reiterar que el encuadre legal no es pasible de revisión en esta alzada, fundamentalmente, por su carácter provisorio.
c.- Agravio relativo a la ausencia de motivación. Nulidad: La defensa se agravia de la ausencia de fundamentación de la autoría en el auto de procesamiento, por entender que los argumentos expuestos por la Sra. Jueza resultan contradictorios entre sí, destruyéndose recíprocamente y dejando a la resolución huérfana de motivación, adoleciendo de una fundamentación aparente. Agrega que no se comprende cómo arriba a la conclusión incriminante, ya que el Sr. M. en todo momento refirió haber recibido dos disparos de arma de fuego y le resulta llamativo que la Jueza tenga por probados tres disparos. Del mismo modo, se agravia que se sustente en un audio acompañado por el propio denunciante sin hacer las más mínimas pericias sobre el dispositivo utilizado para efectuar la grabación, ni que comprueben que la grabación coincide con la fecha del hecho o si fue adulterada. En suma, plantea que la Instrucción se limitó a describir los elementos probatorios sin haber efectuado una valoración crítica de ellos, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya. Por ello solicita se declare la nulidad por falta de motivación y se revoque el procesamiento atacado. Que, este planteo no obtendrá favorable acogida, dado que el auto se encuentra fundado en la correcta valoración de los elementos probatorios adunados, a la luz de la sana crítica racional (art. 116 y 199 del CPP).
Efectivamente, la jueza tuvo por acreditada la materialidad del acto a partir de los informes elaborados por la autoridad policial, respecto de su actuación en el lugar de los hechos, la declaración de la víctima y su pareja, y declaraciones testimoniales de vecinos de la vivienda en que habría ocurrido el evento, y el informe del Cuerpo Médico Forense que constató el grado de las lesiones que presentaba el damnificado como graves, precisamente por el tiempo de curación (ver fs. 140). Por su parte, en relación a la autoría, resulta relevante la coincidencia del relato de la víctima con los otros testimonios recogidos y los elementos objetivos incorporados al legajo, tales como, el ya mencionado informe de Cuerpo Médico Forense que constata el grado de las lesiones padecidas por el damnificado; el acta de allanamiento efectuado en el domicilio del vecino del imputado, en el cual se secuestró el arma con la que presuntamente se habría, el archivo de audio que concuerda con la versión aportada por la víctima donde, inclusive, según tuvo en cuenta la jueza, se logró oír las detonaciones del arma con la cual habría amedrentado y disparado al denunciante. Para finalizar, consideró el informe de la ANMAC, que confirma que el imputado carece de autorización para la tenencia del arma con que presuntamente se habría cometido el hecho, que fuera secuestrada en autos. (fs. 120/128).
Que, en los considerandos del resolutorio, la jueza efectuó un repaso pormenorizado y descriptivo de los elementos probatorios colectados, los que no requieren mayores interpretaciones y, finalmente, señaló no tener dudas en cuanto a la autoría de los ilícitos en cabeza del encartado, todo lo cual, dota de suficiente fundamento al auto apelado, consecuentemente, se desestimará este agravio (ver fs. 09 último párrafo).
d.- Agravio relativo a la valoración de la prueba incorporada con posterioridad. Nulidad: La defensa se agravia expresando que se ha vulnerado el principio de congruencia al modificar la calificación legal dispuesta al momento de la indagatoria (recordemos que se reprochó al imputado el delito de lesiones leves), procesándolo por el delito de lesiones graves, en base al examen médico forense cuyo informe se realiza en fecha 14/04/2022 –según dijo- a escondidas de la defensa. Añade que el dictamen pericial es incorporado en fecha 20/04/2022, en tanto el procesamiento recayó en fecha 15/04/2022, con lo cual alega que la Magistrada no contaba al momento de resolver con el elemento de prueba que acreditara la gravedad de las lesiones reprochadas, procediendo arbitrariamente al cambio de calificación en perjuicio de su asistido. Que este planteo tampoco podrá prosperar.
Veamos, al tiempo de contestar la vista conferida, en relación al cuestionamiento de la defensa, el Sr. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial dijo: “… mientras no se modifique sustancialmente el hecho ni se sustituyan las personas acusadas el aquo puede sostener una calificación jurídica diversa de mayor o menor gravedad o la falta de responsabilidad.” (ver fs. 29).
Al respecto, compartimos el criterio sustentado por el titular de la acción penal pública, toda vez que la plataforma fáctica se ha mantenido en lo sustancial, conforme aclaró la propia instructora en el resolutorio (fs. 10 segundo párrafo). Es decir, permanecieron inalteradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues sólo se modificó el carácter de las lesiones.
A título meramente ilustrativo, al respecto se ha dicho: “Si bien la imputación dirigida al acusado en el comienzo de las actuaciones fue la figura contenida en el art. 89 del C.P. y que luego de las observaciones efectuadas por la Cámara al momento de revisar el auto de procesamiento aquella calificación fue modificada por la prevista en el art. 95 del mismo cuerpo legal y mantenida en el requerimiento de elevación a juicio fiscal, ello no configura una afectación al principio de congruencia, en tanto se llevó a cabo sin que se verifique una variación sustancial de la plataforma fáctica de los hechos.” (Cámara Federal de Casación Penal; Sala IV; 18/09/2012; D., L. s/ rec. de casación; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/45332/2012). En virtud de lo expuesto, rechazaremos este planteo.
e.- Agravio relativo a la valoración de la prueba. Falso testimonio: La defensa advierte que la pretensa víctima ha incurrido en el delito de falso testimonio, tratándose de un relato contradictorio, dirigido y completamente premeditado. Asevera que el Sr. M. no puede afirmar en sede policial que escuchó cómo los vecinos dialogaban respecto a esconder el arma, para luego referir en sede judicial que en verdad no le consta de qué hablaban pero que supone el deponente se trataría de ocultar el arma y posteriormente expresar que al momento de los hechos se hizo presente el vecino del predio lindante quien se llevó consigo el arma a su vivienda a pedido del agresor. Por ello solicita se extraigan copias y se instruya causa penal. Que, más que un agravio, en este acápite la defensa formuló una denuncia.
En particular, estrictamente a los fines del procesamiento, no se advierte que la descripción del hecho realizada por el damnificado sea contradictoria, pues incluso se condice con el resto de las pruebas agregadas en autos, tales como: el audio valorado por la jueza, el allanamiento de la morada del vecino que culminó con el secuestro del arma presuntamente utilizada para la comisión de los ilícitos, el informe del Cuerpo Médico Forense, y las declaraciones de los testigos recogidas por la instrucción. Por todo lo expresado, este agravio queda descartado, toda vez que, por el contrario de lo afirmado, el relato de la víctima se encuentra robustecido justamente en los puntos que la parte cuestiona, por otros elementos de prueba objetivos producidos en la causa.
Cabe destacar que, es criterio de esta alzada, que sin perjuicio que la víctima sea llamada a prestar declaración testimonial bajo el mismo modelo instrumental que deponen los testigos, las consecuencias de sus dichos no son las mimas, porque las víctimas no puedan ser consideradas ajenas al conflicto, de modo que quien depone sobre un hecho propio, no es testigo y no puede incurrir en falso testimonio.
f.- Agravio relativo al monto del embargo. Monto excesivo y arbitrario: Bajo este acápite el recurrente se agravia del embargo dispuesto en el resolutorio atacado, por carecer de fundamentos y en consecuencia asevera que se priva a la defensa de cualquier contralor sobre la misma, por lo que entiende es absolutamente nulo. Agrega que más allá de las referencias retóricas del art. 499 del CPP, el monto establecido no guarda ninguna relación con los hechos, resultando excesiva. Finalmente, solicita se revoque este punto de la resolución atacada. En nuestro caso, entendemos que la Instrucción motivó adecuadamente el embargo dispuesto, cumpliendo con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues en los considerandos de fs. 10vta., se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, habiendo ponderado la Sra. Jueza que: "...a fin de salvaguardar los extremos establecidos en el artículo 499 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, que dispone que al momento de dictarse el auto de procesamiento el juez debe ordenar el embargo de bienes del imputado, en calidad de suficientes para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas; y teniendo en cuenta que estas comprende: 1.- el pago de la tasa de justicia; 2.- los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos; 3.- los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa (art. 514 del CPP), considero suficiente mandar a trabar embargo sobre el dinero o los bienes de C.A.L. por la suma de pesos doscientos mil ($200.000) a fin de cubrir los perjuicios indemnizables que se causaron...". Es por ello que ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de doscientos mil pesos ($ 200.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino teniendo presente la fecha de la resolución.
En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). Es importante destacar que la medida cautelar prevista por el artículo 499 del CPP, tiene por fundamento que la sentencia que pudiera recaer en ocasión de la comisión de un delito, lleva aparejada además de una pena corporal, otra accesoria de tipo pecuniario a satisfacer por el causante, una vez que la sentencia quede firme, es decir, pasada en autoridad de cosa juzgada, declarándolos culpables. En esta etapa procesal, el instructor debe decretar el embargo, como garantía tendiente a satisfacer el pago de la eventual responsabilidad civil emergente del delito.
Por ello, rechazaré este cuestionamiento, por entender que se encuentra debidamente motivado en las disposiciones procesales y su monto no luce desproporcionado dentro del contexto señalado.
II. Reserva de casación y del caso federal: Finalmente, la defensa hace expresa reserva de interponer recurso de casación y recurso extraordinario federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada -bajo los recaudos de estilo- al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la fiscalía ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 03/11, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de casación y del caso federal efectuada por la defensa del imputado.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(G.P.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia