Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781 , C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.08 12:18:35-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754 , C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Fecha: 2026.06.08 12:18:46-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO N° 10.061 FOLIO N° 155/161 PROT. ELECT. JR101 208I.261 Río Gallegos, 08 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "L.C.P. S/ Dcia. Robo“ - Expte. N° 26414/23 - Apelación/Causa JR N° 10129/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 287/300 obra glosada la resolución dictada por la otrora Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.M.G. en orden al delito de “Robo Agravado por ser cometido en poblado y en banda” (Arts. 45 y 167 inc. 2 del Código Penal); en tanto qué en su punto III) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000). Que a fs. 374/377vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 385, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.-
Que, previo a todo trámite, y en atención a los planteos esgrimidos por la parte recurrente, a fs. 386 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 389/vta. se adunó el dictamen del Fiscal Subrogante.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la falta de congruencia y motivación en el auto de procesamiento:
Se agravió la defensa al sostener que existe una evidente falta de congruencia y motivación en la imputación formulada, al intentarse acreditar la materialidad y autoría de un ilícito que, a su criterio, del propio relato efectuado por la Magistrada resulta antijurídico y atípico. En tal sentido, señaló que en autos se habría construido una suerte de ficción jurídica a partir de elementos probatorios aislados, orientados sólo a corroborar el relato del denunciante, cuyo testimonio – advierte- ni siquiera habría sido cuestionado y/o contrarrestado con la realidad a lo largo de más de dos años que lleva la instrucción. Al respecto, indicó que la denuncia parte de un supuesto que coloca al Sr. L.C. en carácter de depositario judicial de una serie de elementos que se encontrarían bajo su custodia, en el marco de una causa instruida por Gendarmería Nacional. Según su declaración, el propio denunciante manifestó que dichos bienes estaban bajo su resguardo desde un tiempo que no logró precisar, respecto de una cantidad y calidad de elementos que tampoco pudo identificar, sin que -desde su perspectivahaya acreditado siquiera la causa en la que habría sido designado para tal función.
Destacó la parte recurrente, que el propietario de los elementos presuntamente sustraídos sería el Sr. B.L., quien habría estado involucrado en causas de trascendencia nacional y con importante repercusión laboral, razón por la cual considera sospechosa la falta de precisión y claridad del denunciante respecto de la aparente tarea encomendada.
De igual manera, advirtió que en la ampliación de la declaración testimonial del presunto damnificado (fs. 63), éste manifestó haber constatado el faltante de documentación respecto de la cual dijo revestir el carácter de depositario judicial. Sin embargo, sostuvo la defensa que ello nunca logró ser acreditado a lo largo del proceso, ni tampoco la Magistratura habría intentado demostrar que tales elementos se encontraban efectivamente bajo custodia del Sr. L.C.
A su vez, refirió que el denunciante manifestó concurrir al depósito cada tres días, aunque luego no pudo precisar desde hace cuánto tiempo que no acudía al galpón (lugar de autos). Asimismo -señaló la defensa- en otra declaración obrante a fs. 135, el nombrado expresó que en el año 2022 “se fue”, -sin precisar ni haberse consultado a dónde-, para luego manifestar: “…al tiempo pasé por el lugar para ver que esté todo bien y noté que uno de los portones estaba abierto, y habían cambiado los candados y las cerraduras, tanto adelante como atrás…”.
Del mismo modo, adujo que le resultó llamativo el ímpetu desplegado para identificar personas, vehículos y circunstancias del hecho, cuando de las constancias de autos -a su entender- ni siquiera surge acreditado que los elementos hubiesen sido efectivamente sustraídos. En esa línea, sostuvo que no existe un sólo indicio concreto que permita otorgar credibilidad a los dichos del Sr. L. por sobre el relato brindado por su defendido y los demás involucrados.
En consonancia con ello, la defensa cuestionó por qué no se convocó a declarar a la Sra. C.L., presunta pareja y apoderada del titular de los elementos; por qué no se ofició al Juzgado que habría encomendado la supuesta tarea al denunciante; o bien por qué, frente a las contradicciones advertidas, no se impulsó la producción de una prueba de careo.
Así, la parte recurrente sostuvo que de las propias declaraciones del denunciante surge una marcada falta de congruencia, lo que -afirmó- torna difícil sostener que la resolución recurrida contenga una fundamentación válida y lógica.
Que, analizados los primeros planteos introducidos por la parte recurrente, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En primer término, es menester recordarle a la defensa que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que éste auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). Ahora bien, si bien es cierto lo planteado por la defensa respecto de la faltante de documentación del denunciante en relación a su carácter de depositario judicial (fs. 63), surge de las constancias probatorias en autos, que en un posterior relato efectuado por L.
(fs. 135/136), indicó que habría dejado de ser custodio de dicho predio (lugar de autos), dejando copia de las actuaciones. Así, obra a fs. 129 dicha copia –certificada a fs. 137- en la que figura ser depositario judicial en autos caratulados “A.C. S.A. S Quiebra S incidente de venta inmuebles sito en Gervasio Posadas 975 – Parc. 9- y 985 –Parc. 10- de Rio Gallegos Pcia de Santa Cruz” Expte. Nº 22216-2017-17. En dicha presentación expresó que, en aquellas actuaciones, dejó constancia y recepción de lo solicitado en el punto cuatro de una resolución dictada -en dicho sumario- en fecha 14 de abril del año 2023. Por lo que sus dichos cobran relevancia y se dotan de verosimilitud, si tenemos en cuenta que la denuncia judicial fue realizada en fecha 28 de enero del mismo año, por lo que se puede inferir razonablemente que, dentro de dicho plazo, él continuaba siendo depositario judicial.
Asimismo, y contrariamente a lo afirmado por la defensa, el resolutorio cuestionado no se sustenta exclusivamente en los dichos del denunciante, sino que la Magistrada interviniente efectuó una valoración integral del plexo probatorio reunido durante la instrucción, logrando confrontar el relato del presunto damnificado con los restantes elementos incorporados, arribando –con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal- a una conclusión razonablemente fundada respecto de la materialidad de los hechos y de la participación del imputado. En efecto, consideramos, los cuestionamientos formulados por la parte recurrente en torno a las presuntas irregularidades que presentaría, a su juicio, el relato del denunciante, constituyen aspectos que podrán ser objeto de debate en etapas ulteriores del proceso, pero que, en esta instancia y por sí solos, no resultan aptos para desvirtuar el plexo probatorio existente, como tampoco para desacreditar los fundamentos del resolutorio apelado.
Continuando con el análisis respecto de la participación atribuida al aquí encartado G.M., y a fin de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirse a lo ya expuesto en el considerando I) del resolutorio cuestionado, a fs. 296/vta., cuyos fundamentos son compartidos por esta Alzada.
No obstante, es menester destacar que, conforme las constancias obrantes en autos y las propias manifestaciones efectuadas por el nombrado, surge que aquel habría actuado conjuntamente con el incuso I.C., afirmando que ambos trabajarían para el Sr. B.L., y que obraron según los mandatos impartidos por éste.
Así, en virtud de las tareas investigativas desplegadas por los efectivos de seguridad se desprende que, al realizarse una consigna policial en el domicilio aportado por testigos como el lugar donde se encontrarían los elementos denunciados como sustraídos, se lograron visualizar dichos bienes, y a partir de la identificación de las personas que se encontraban presentes en el lugar, los oficiales lograron individualizar a I.C., quien se encontraba acompañado por su cónyuge y un masculino. Posteriormente, se procedió al secuestro de dichos elementos, los cuales fueron reconocidos por el denunciante –en el carácter de depositario judicial- al momento de efectuarse la entrega de los mismos.
Tal circunstancia reviste particular entidad en esta instancia, toda vez que la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido – reiteradamente- que el secuestro del objeto del ilícito en manos del imputado, resulta suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho y su participación criminal (del voto por la mayoría del doctor Chamot). (Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal; 13/11/2013; A., O. A. (causa 5503/2013); Supl. Penal 2014 (marzo), 07/03/2014, 19 - LA LEY2014-B, 23 Cita Online: AR/JUR/75476/2013). Es que, en relación a los delitos contra la propiedad, los tribunales tienen dicho que corresponde procesar al imputado, si se secuestraron en su poder los bienes sustraídos. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII; 24/08/2011; B.B.,J.A. y otro; Cita Online: AR/JUR/46969/2011).
De igual manera, también se ha dicho: “La tenencia de la res furtiva es un importante indicio de autoría en el hecho…” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de General Roca; 18/03/2010; M.R.A.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44071/2010).
Así lo ha sostenido esta Alzada, en los autos caratulados:
“Incidente de apelación en autos: C.A.L. y otro s/ robo calificado” - Expte. N° I-71767/21 - (Apelación N° 7369/21); “V.L.J.M.; B.T.F.; C.L.T.; G.A.S. Y P.T.G. s/ hurto en poblado y en banda” - Expte. N° 22031/22 - (Apelación N° 7925/22) y, recientemente, en la causa: “O.J.D. s/ estafa” Expte. Nº O- 77737/24 (Apelación Nº 9579/25), por citar algunas.
En consecuencia, no puede soslayarse que los bienes denunciados como sustraídos fueron hallados en poder del imputado I.C., quien actuaba conjuntamente con G.M., extremo que encuentra respaldo en las piezas probatorias y en los relatos de los mismos, circunstancia que -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal- convalida el procesamiento dictado por la Sra. Jueza Subrogante, al evidenciar -prima facie- un designio orientado al apoderamiento ilegítimo de bienes ajenos. Por otro lado, respecto al agravio cuestionando la ausencia de diligencias por parte de la instrucción, corresponde señalar que no surge del expediente que la parte recurrente haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar a la otrora Sra. Jueza Subrogante y/o al Agente Fiscal de una eventual insuficiencia investigativa, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin.
En este marco, consideramos dable destacar que S.S.
selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
También es preciso recordarle a la defensa, que el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá –según criterio fundado- para tener por acreditado –con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver. (Criterio asentado en autos caratulados "Incidente de Apelación en autos: M.M.A. S/ Tentativa de Homicidio“ - Apelación N° 10156/26”, por citar el más reciente). Finalmente, y en virtud de lo expuesto, entendemos que los elementos ponderados por la instrucción resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del C.P.P., toda vez que su valoración integral, conforme a las reglas de la sana crítica racional, permitió tener por acreditada -con la probabilidad requerida- la materialidad del hecho y la participación del encartado, siendo altamente significativo el indicio derivado de la tenencia de la res furtiva.
Por tales razones, corresponde desestimar el presente agravio.
III. Del agravio referido a la calificación legal:
Sostuvo la defensa que la figura de robo exige una conducta típica consistente en el “apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. En tal sentido, advirtió que, para que dicho apoderamiento resulte ilegítimo, el sujeto activo no debe poseer derecho alguno que lo asista respecto de aquella tenencia.
En esa línea, entendió que debió ponderarse si el propietario de los elementos -L.B., reconocido incluso por el propio denunciante- tenía el derecho y la potestad de enviar personas de su confianza, como el aquí imputado, a fin de resguardar su patrimonio. De ser así –afirmó-, no podría configurarse el delito de robo atribuido. Que en tratamiento del presente agravio, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por los arts. 45 y 167 inc. 2 del Código Penal.
Dicho ello, entendemos que de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza interviniente, sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no resulta, en principio, pasible de revisión en esta instancia procesal, dicho agravio no podrá prosperar.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”.
En consecuencia, el agravio defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facieacreditados.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antedicho, cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.
En idéntico sentido, se resolvió en causas donde la Defensoría de Mayores Nº Dos local, aquí parte recurrente, apeló la decisión de instrucción (véase causas: “B.N.A. s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 88.605/23, Apelación JR Nº 9947/25; “E.J. y otra s/ amenazas calificadas”, Expte. Nº E-76663/23, Apelación JR Nº 9422/25; “S.G.A. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA”, Expte. Nº 91.328/24, Apelación JR Nº 9632/25; entre otras).
Pese a ello, y en contraposición al principio de celeridad procesal –dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistido-, se sigue introduciendo en las apelaciones este infundado agravio, que bien sabe no prosperará, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente. En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría antes mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener como agravio la calificación legal establecida, sea como único argumento o dentro de otros agravios, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable (v.gr. cuando la decisión de esta Alzada pueda repercutir en la libertad del imputado o en la pretendida aplicación de otros institutos, como por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba). En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, en efecto, no podrán prosperar.
IV. Del agravio referido a la falta de prueba incriminante:
Se agravió la parte recurrente al sostener que en autos existe una evidente orfandad probatoria.
En primer término, señaló que su asistido prestó conformidad para declarar en su acto de defensa material (fs. 230/232vta.), brindando un relato pormenorizado de lo sucedido y explicando que actuó en cumplimiento de órdenes impartidas por el Sr. L.B., detallando además la relación existente entre éste, el denunciante y los restantes involucrados, circunstancias que –afirma- habrían sido corroboradas por la declaración del coimputado Sr. I.S.C.
En segundo término, manifestó que los dichos de su asistido no fueron refutados en el auto de procesamiento, en tanto la Magistrada se habría limitado a efectuar un análisis meramente comparativo entre el relato del denunciante y lo declarado por el Sr. G.M., existiendo entre ambos versiones contradictorias. Sin embargo –advirtió- S.S. únicamente se explayó respecto de la ausencia de prueba –dijo, que ella misma omitió producir- sobre la relación de L.B. con el hecho y, por el contrario, omitió expedirse acerca de la falta de acreditación del supuesto carácter de depositario judicial del Sr. L.C. respecto de los elementos en cuestión.
Indicó la parte recurrente que la parcialidad resultaría manifiesta, incluso en el razonamiento desarrollado por S.S., quien sostuvo que, si bien en el acta de inspección ocular no se constataron daños en las puertas de ingreso, el denunciante había manifestado que los causantes habrían cambiado la cerradura del portón, brindando así -a criterio de la Magistrada- una explicación plausible respecto de la ausencia de daños visibles. Frente a ello, sostuvo la defensa que dicha lógica no resulta conducente, sino discrecional y arbitraria.
De igual manera, destacó que tanto del acta de inspección ocular como del croquis ilustrativo no surgen daños ni signos de forzamiento en puertas o portones, lo que evidenciaría que, de la prueba material incorporada, no puede concluirse -aún en el supuesto de considerarse acreditada la existencia de un delito-, que éste haya sido cometido mediante fuerza en las cosas, afirmación que tampoco pudo ser respaldada por el informe policial realizado al momento de la denuncia. Adicionalmente, la defensa señaló que del acta referida tampoco surge de qué modo se produjo el ingreso al interior del galpón, pues únicamente se menciona la autorización del Sr. L., sin precisarse si éste abrió el lugar, si se utilizó fuerza o si se ingresó mediante el uso de llaves. En virtud de ello, entendió que no existe prueba alguna que permita tener por configurada una conducta típica que encuandre el tipo penal del ilícito en cuestión.
Finalmente, indicó que también refuerza la inocencia de su asistido el informe obrante a fs. 186/192, elaborado sobre los teléfonos celulares secuestrados en la instrucción, del cual surge que, luego de efectuado el análisis correspondiente, no se hallaron conversaciones ni material de relevancia para la presente causa.
Así, sostuvo que, a la luz de todo lo expuesto, no logra comprenderse de qué manera pudieron obtenerse elementos válidos que permitan construir una secuencia lógica incriminante frente a la inexistencia de prueba suficiente producida en autos.
Concluyó afirmando que la motivación constituye una garantía fundamental del debido proceso, pero también una obligación impuesta a la Magistratura. Expresó asimismo, para que una resolución sea un acto jurisdiccionalmente válido, debe contener una adecuada fundamentación fáctica y jurídica. Citó jurisprudencia y normativa aplicable al respecto.
Que iniciado el tratamiento del aludido agravio, corresponde señalar que la Magistrada de autos analizó y valoró integramente la versión brindada por el encartado, conforme se observa en fs. 296 a 297/vta., a cuyos fundamentos nos remitimos.
De igual manera, de los planteos aquí efectuados, corresponde señalar que la parte recurrente insiste en agraviarse de las diversas constancias probatorias que surgen del legajo, las que ya fueron oportunamente expuestas y valoradas por S.S., conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito.
Asimismo, y en concordancia con el dictamen fiscal aunado a fs. 389/vta., se infiere que los argumentos expuestos por la defensa en el presente agravio se vinculan con cuestiones que hacen al análisis de la suficiencia convictiva propia de una instancia ulterior a la presente, no exigiéndose en esta etapa un estado de certeza, sino únicamente la concurrencia de elementos de convicción suficientes que permitan sostener, con el grado de probabilidad requerido por la ley, la existencia del suceso investigado y la eventual participación del imputado; extremos que, en el caso que nos ocupa, se encuentran –preliminarmentesatisfechos.
En este punto nos permitimos recordar, que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo. En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia. Así, “… el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este. En tanto, serán suficientes para su dictado, aquellos elementos que permitan orientar el proceso hacia la base del juicio….” (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
En efecto, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
En esta instancia procesal, reiteramos, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facieacreditados.
Finalmente, estimamos oportuno señalar, que en torno a las reiteradas observaciones de la defensa respecto de una revisión de los elementos probatorios ya analizados, o de la incorporación de más elementos de convicción, de estimarlo pertinente deberá adecuar su actuación en virtud de lo dispuesto en el art. 330 del Código Procesal Penal. Por todo lo expuesto es que, consideramos, el presente agravio tampoco podrá prosperar.
V. Del agravio referido al excesivo monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la parte recurrente se agravió por considerar que el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos trescientos mil ($300.000), resulta excesivo y arbitrario.
Que en tratamiento del presente agravio, cabe señalar que el mismo no habrá de prosperar. Ello, en virtud del artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). A su vez, surge en fs. 299/vta., que la Magistrada interviniente expuso que, en atención al art. 499 del C.P.P., se decretará el embargo a fines de garantizar el pago de daños, perjuicios y de costas judiciales, para estimar adecuado fijar –provisoriamente- el monto del embargo en la suma de pesos un millón trescientos mil ($300.000). Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Por todo lo expuesto, corresponde concluir que el embargo decretado en la suma indicada no luce irrazonable, teniendo en cuenta el ilícito endilgado y su modalidad de comisión, motivo por el cual se confirmará el monto del embargo dispuesto, por resultar ajustado a derecho. Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
VI. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 287/300., de los autos procesales, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN. 3°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
nf Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia