Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, los agravios de la parte recurrente consignados en el punto VI, en sus apartados A), B), C), D) y E), no podrán prosperar.
VII. Del agravio referido al embargo:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el monto del embargo, decretado en la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), carece de fundamento y excede los límites razonables establecidos por la jurisprudencia, en tanto su asistida no posee ni bienes ni trabajo para solventar dicha suma.
Asimismo, indicó que la medida evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, por lo que se agravia de su imposición y monto.
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). …
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Fecha: 2026.06.03 07:46:28-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.1 REGISTRO N° 10.048 FOLIO N° 104/117 PROT. ELECT. JR101 195I.261 Río Gallegos, 03 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "Incidente de Apelación en autos: M.M.A. S/ Tentativa de Homicidio“ - Expte. N° I-84014/26 - Apelación/Causa JR N° 10156/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 200/217, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada M.A.M. en orden al delito de tentativa de homicidio agravado con exceso en la legítima defensa(Art. 35, 79, 80 inc. 1 y 42 del Código Penal), en tanto qué en su punto V) trabó Embargo sobre los bienes de la procesada (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Dos Millones ($2.000.000).
Que a fs. 264/276, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 319, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado no respetaría los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, como así tampoco habría aplicado -a lo largo de la instrucción y en el decisorio cuestionado- los lineamientos vinculados al juzgamiento con perspectiva de derechos humanos y de género.
Afirmó que el auto impugnado constituiría un acto arbitrario que atentaría contra el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el deber de debida diligencia reforzada, ocasionando -a su criterioun grave perjuicio a su asistida procesal.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la falta de perspectiva de DDHH y de género:
La defensa se agravió por el presunto apartamiento de S.S. de los estándares mínimos de actuación exigibles en causas vinculadas a víctimas de violencia de género. Adujo que resulta frecuente la utilización de conceptos y expresiones teóricas relativas al fenómeno de la violencia contra las mujeres, que finalmente culminan como meros enunciados carentes de aplicación práctica en el ámbito del derecho, generando -según sostuvo- una apariencia engañosa de cumplimiento de las mandas convencionales, tal como -entendió- ocurrió en el caso de marras.
En tal sentido, mencionó diversas decisiones adoptadas por S.S. a lo largo del trámite del proceso, contextualizando -según su criterio- la posición asumida por quien juzga. Explicó que M. fue detenida en carácter de comunicada y alojada en la Comisaría Séptima de esta localidad, siendo convocada a prestar declaración indagatoria dos días después. Refirió que, al intervenir en dicho acto, solicitó la excarcelación de su asistida y, subsidiariamente, la morigeración de la medida coercitiva mediante solicitud de detención domiciliaria.
Manifestó que los fundamentos de dicha petición resultarían elocuentes, en tanto M. se habría encontrado alojada en una dependencia destinada a hombres, disponiéndose que permaneciera en una oficina utilizada para visitas de internos. Ello -según sostuvo- le habría generado una situación de temor y vulnerabilidad, dado que debía permanecer fuera de dicha oficina mientras los internos recibían visitas, así como requerir la presencia de personal femenino para acudir al baño o efectuar llamados telefónicos, entre otras circunstancias, durante aproximadamente cinco días.
A su vez, indicó que la situación se habría visto agravada por cuanto la imputada transitaba un período de postparto, teniendo una hija lactante de un mes y medio de vida, además de otros dos hijos menores de edad a su cargo.
Sostuvo la defensa que dicho contexto colocaba a la Magistrada frente a la responsabilidad derivada del art. 18 de la Constitución Nacional, en consonancia con el art. 10 inc. f) del Código Penal y el art. 32 de la Ley 24.660. Sin embargo, pese a haber sido advertida de tales circunstancias, afirmó que S.S. habría mantenido su postura e incluso, dispuso una restricción de acercamiento de M. respecto de sus tres hijos menores de edad, medida que -según indicó- continuó hasta la fecha del dictado del auto, respecto de los dos hijos más grandes.
Expresó que, a su criterio, las decisiones adoptadas fueron sustentadas principalmente en los dichos del denunciante Q., en contraposición del informe confeccionado a los fines de evaluar la revinculación materno-filial.
Añadió que M. habría prestado declaración ejerciendo su defensa material, brindando su versión de los hechos, y que todas las decisiones -anteriormente mencionadas- fueron adoptadas con posterioridad a dicha audiencia, desmereciendo el testimonio de una mujer víctima de violencia de género.
Aun más, sostuvo que, pese a la normativa que habilita la prisión domiciliaria respecto de mujeres con hijos menores de cinco años y a la opinión favorable emitida por el agente fiscal, S.S. habría rechazado la excarcelación solicitada, debiendo la defensa recurrir dicha decisión e incluso promover una acción de habeas corpus, a la que posteriormente se habría sumado otra presentada por la progenitora de M.
Finalmente, la parte recurrente entendió que tales circunstancias evidenciarían una carencia de perspectiva de derechos humanos y de género, denunciando un supuesto quebrantamiento sistemático de la normativa de protección integral de las mujeres víctimas de violencia y, por ende, el incumplimiento del deber de investigar y juzgar con perspectiva de género. Citó jurisprudencia en apoyo a su postura. Que, ingresando al tratamiento del presente agravio, y luego de un análisis integral de las constancias obrantes en el legajo, de la resolución recurrida y de los argumentos esgrimidos por la defensa, adelantamos, el mismo no tendrá favorable acogida.
En primer lugar, consideramos, no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene que el auto atacado evidenciaría un apartamiento de los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y violencia de género. Por el contrario, de la resolución impugnada se advierte que la Magistrada de grado abordó expresamente dicha problemática e incorporó de manera concreta la perspectiva de género en el análisis de las circunstancias investigadas. En efecto, al examinar la posible concurrencia de causales de justificación que podrían modificar la situación procesal de la joven M., S.S. destacó que las conductas descriptas por ésta en su declaración, constituirían una manifestación de violencia de género, basada en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer, circunstancia que imponía analizar los hechos a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres Asimismo, S.S. expresó“… Por ello, resulta necesario incorporar la perspectiva de género dentro de este instituto (legítima defensa), a fin de poder analizar y valorar adecuadamente los casos en que una mujer, imputada por haber intentado causar la muerte de su pareja, sostiene haber actuado repeliendo una agresión ilegítima de la que era objeto...”.
De igual manera, la Magistrada advirtió que “… conforme los estándares del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares de la legítima defensa utilizados en otro tipo de casos pues, en los casos de violencia contra la mujer tiene características específicas que deben ser analizados por los juzgadores, propendiéndose desde la doctrina a la flexibilización de los requisitos legales de la figura de la legítima defensa en tales supuestos…”.
Por ello, y considerando lo expresado, resulta improcedente afirmar que la perspectiva de género se encuentra ausente en la investigación o en el decisorio arribado. Por el contrario, de las constancias obrantes en autos se desprende que dicha temática fue abordada, analizada y valorada respecto de todas las circunstancias que rodean al hecho, tanto al momento de examinar la materialidad, como también al analizar las explicaciones brindadas por la imputada en su acto de defensa material, con la debida diligencia reforzada que implica su tratamiento en casos como el de marras.
En este punto, cabe recordar, que la incorporación de la perspectiva de género en el proceso judicial, no implica per se afirmar su existencia o aceptar la versión alegada por la otra parte. (Criterio asentado en Apelación N° 9525/25, 9895/25, entre otras), ni eximir al órgano jurisdiccional de su deber de analizar la totalidad de la prueba producida. Al contrario, dicho enfoque exige una valoración contextualizada de los elementos probatorios reunidos, garantizando -simultáneamente- el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, y la objetividad e imparcialidad con el que se debe abocar un proceso judicial.
Veamos, en primer lugar, la Ley Nº 26.485 indica en su art. 4º la definición de la violencia contra la mujer, y estipula: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. (…)”.
En el caso de marras, las constancias reunidas hasta el momento no permiten, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, afirmar la existencia de una relación desigual de poder en los términos previstos por el art. 4 de la Ley 26.485. No obstante, de las constancias obrantes se advierte la existencia de una violencia cíclica de larga data entre las partes (v. gr. denuncias y exposiciones entre Q. y M., fs. 54/vta., 100/vta., 110/123, 129, 144/154, 183/184vta.), y que varios de los episodios denunciados habrían ocurrido en presencia de los hijos menores de edad de M., circunstancia que evidenciaría un contexto de conflictividad familiar en el ámbito de violencia doméstica, lo que impone a la Magistrada la obligación de ponderar –también- el interés superior de los niños involucrados, más allá de la particular situación de los adultos.
A su vez, esta Alzada entiende que la Sra. Jueza se avocó a su labor: valorar correctamente la evidencia para decidir qué acreditar y qué no. A tal fin, S.S. tomó conocimiento del hecho, valorándolo dentro del marco normativo que corresponde, y teniendo en cuenta que debía decidir si el caso presentaba aristas de violencia de género tal como lo indicara la aquí imputada y su defensa, para evaluar en su caso, qué incidencia tenía en la probable solución del caso.
Es por ello que consideramos, la a quo no hizo caso omiso al interpretar la declaración de la incusa con perspectiva de género, sin embargo, ha tenido en consideración -siendo su deber- todos los demás elementos incriminatorios que indefectiblemente debía evaluar, y así logro ponderar las piezas probatorias que la llevaron a determinar que correspondía -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el procesamiento que en oportunidad dictó.
Por otra parte, tampoco surge de las constancias del legajo que, durante el desarrollo de la instrucción, se hubieran formulado objeciones concretas vinculadas a las circunstancias que hoy se invocan como agravios, referidas a una supuesta vulneración sistemática de derechos.
Ahora bien, en relación a las decisiones adoptadas durante la instrucción y particularmente respecto de las condiciones iniciales de detención de M., corresponde señalar que los cuestionamientos formulados por la defensa se tornan abstractos, en tanto, surge en los registros de esta Alzada, que los habeas corpus presentados por la imputada -junto a su defensa técnica-, y su progenitora, fueron -en su oportunidad- debidamente abordados por la Magistrada, quien adoptó medidas tendientes a adecuar las condiciones de detención de M.A.M., conforme los estándares constitucionales y convencionales aplicables. A los fines de esclarecer dicha afirmación, y para ser más precisos, de los registros antedichos emergen que las presentes actuaciones se iniciaron en fecha 20 de marzo del corriente año. En el horario matutino, la imputada fue aprehendida, posteriormente detenida en carácter comunicada. El día 22 de marzo, la defensa interpone un recurso de apelación por la denegatoria a la concesión del beneficio excarcelatorio que, con previa vista al Agente Fiscal –quien dictaminó favorablemente, con solicitud de dictado de medidas cautelares-, y a criterio de la Magistrada, fue denegado.
No obstante, tras recibir en audiencia a M. y su defensa, y escuchar las circunstancias que rodeaban sus condiciones de detención - descriptas en los agravios que aquí se interponen-, la Instrucción reconsideró la decisión del rechazo al beneficio excarcelatorio, y en efecto, aplicando un enfoque de derechos humanos que exigen, tanto los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la CN) como el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, resolvió morigerar la detención bajo una modalidad menos gravosa, compatible con los estándares aplicables en perspectiva de género y de derechos humanos.
En consecuencia, en fecha 24 de marzo, la Sra. Jueza de grado ordenó la detención domiciliaria de M., como así también la prohibición de acercamiento de la misma respecto de sus hijos menores de edad –hasta nueva orden judicial-, y finalmente, la evaluación de una pericia psicológica de la encartada, a los fines de determinar su estado psicoemocional actual, y examinar si se encontraría en condiciones aptas a los fines de mantener vinculación con sus hijos, siendo exigible determinar la advertencia de un actual o potencial riesgo, tanto de sí misma como de terceros.
Ante ello, consideramos, las medidas ordenadas no pueden interpretarse de forma aislada, sino en el contexto en el que sucedieron los hechos. En efecto, creemos que las mismas poseen un carácter preventivo, resultado necesaria la evaluación del estado psicoemocional de la incusa, y los eventuales riesgos que podrían existir para los menores de edad, debiendo resguardarse los derechos e intereses de los niños, conforme los principios de protección integral que rigen en la materia.
En suma, lejos de verificarse una ausencia de perspectiva de género o de derechos humanos, de los elementos probatorios auados en autos, se concluye que la Instrucción aplicó de manera efectiva los estándares convencionales, constitucionales y legales que rigen en la materia.
Por todo lo expuesto, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
III. Del agravio referido a la imputabilidad:
Por otra parte, la defensa se agravió respecto de la imputación efectuada, en tanto el art. 34 del Código Penal prevé causas de inimputabilidad y justificación, entre ellas, la legítima defensa. Consideró que dicha causal se encontraría ampliamente corroborada por la prueba producida y por el contexto de violencia doméstica y de género que habría atravesado la joven M.
En tal sentido, destacó la evaluación psicológicopsiquiátrica practicada a la nombrada, en la que los profesionales intervinientes habrían concluido que “...las características señaladas permiten inferir una afectación parcial de las capacidades de comprensión y, fundamentalmente, de autodeterminación en situaciones específicas de alta carga emocional...”.
IV. Del agravio referido a los informes médicos de M., y la constatación de lesiones:
Asimismo, la defensa se agravió al considerar que la acreditación de lesiones sufridas por M. constituyó un punto controvertido dentro de la investigación.
En tal sentido, indicó que a fs. 13 el Dr. E. consignó que tanto en la Sra. M. como en su bebé no se observarían lesiones, mientras que posteriormente, a fs. 21, el Dr. C.N. habría referido la existencia de “lesiones superficiales”.
Respecto del primer certificado, sostuvo que el mismo no cumpliría con los requisitos de validez establecidos por el art. 19 inc. 7) de la Ley 17.132, atento la ausencia del número de matrícula profesional. En cuanto al Dr. C.N., señaló que S.S. omitió adoptar medidas frente a lo que consideró una contradicción relevante, toda vez que el profesional indicó posteriormente que la referencia a “lesiones superficiales” se encontraba vinculada al dolor manifestado por la joven, sin haber visualizado cortes o heridas.
En este marco, advirtió que la contradicción entre ambos informes, no habría sido advertida por la Magistratura sino hasta que la defensa lo solicitó expresamente a fs. 63. Refirió que, con posterioridad, en un nuevo examen médico practicado por la Dra. R., se constataron aproximadamente diez lesiones distribuidas en ambos brazos, muñeca derecha, cara interna de muslo derecho, cara anterior y posterior de pierna derecha y empeine del pie izquierdo, lesiones que -a su juicio- resultarían compatibles con el relato brindado por M. al prestar declaración indagatoria. Así, a criterio de la defensa, tales circunstancias evidenciarían una actuación parcial y carente de perspectiva de género.
V. Del agravio referido a la legítima defensa:
Expuso la parte recurrente que, de las tres circunstancias previstas por el art. 34 inc. 6) del Código Penal para la configuración de la legítima defensa, S.S. habría considerado acreditadas la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente, más no la segunda condición, es decir, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Según sostuvo la defensa, dicha conclusión se encuentra atravesada por la ausencia de perspectiva de género y de derechos humanos, en tanto la Magistrada no habría valorado adecuadamente lo manifestado por M. al ejercer su defensa material, particularmente en lo relativo al contexto de violencia referido por ésta y a la presencia de sus hijos menores de edad en la escena del hecho.
Entendió la parte recurrente que la instrucción habría descartado la eximente de legítima defensa mediante una fundamentación escueta, incumpliendo -a su criterio- el deber de motivación de las resoluciones judiciales y minimizando las particularidades propias de los casos que involucran mujeres víctimas de violencia de género.
Asimismo, adujo que no resultaría acertado afirmar que la imputada contaba con otros medios para evitar la agresión, ni que no habría intentado detener las agresiones físicas que, según su relato, le estaría propinando el Sr. Q. Señaló que la única conducta que surgiría de autos sería la de una joven que habría intentado evitar de múltiples maneras la agresión ejercida hacia ella. En tal sentido, destacó pasajes de la declaración de M., en los que habría referido haber sido golpeada en distintas partes del cuerpo y no poder retirarse del lugar.
Concluyó así, que la responsabilidad penal atribuida a su asistida carece de sustento jurídico, pues aun en la hipótesis de que la joven hubiera desplegado las conductas descriptas, las mismas encuadrarían -a su criterio- dentro de un accionar justificado por legítima defensa, en el marco de un contexto de violencia doméstica y de género acreditado en autos y ampliamente desarrollado por la doctrina y jurisprudencia.
En particular, cuestionó dos fundamentos expresados por S.S.: “…la utilización de tres cuchillos durante el tiempo que se extendió la confrontación…” y “…con posterioridad al hecho, la imputada no brindó asistencia a Q., ni tampoco solicitó auxilio para él…”.
Al respecto, sostuvo que, en relación a los cuchillos, no existiría en autos una descripción ajustada a la prueba producida que permita afirmar tal extremo, ni tampoco elementos que permitan establecer de qué manera M. habría tenido en su poder tres cuchillos distintos. Por el contrario, destacó que el propio Q. habría referido en sus distintas versiones haber podido quitarle los cuchillos con facilidad, circunstancia que -según la defensa- evidenciaría una superioridad física y capacidad de control por parte de aquél. Añadió además que la imputada habría negado haber utilizado otros cuchillos distintos del que reconoció haber tomado. En relación a la falta de auxilio, indicó que habría sido M.
quien se habría comunicado con terceros para solicitar la presencia policial, circunstancia que posteriormente habría derivado en el arribo de la ambulancia. Agregó que ello no podría analizarse sin ponderar que la joven también se encontraba asistiendo a sus tres hijos menores de edad, quienes habrían estado presentes al momento de los hechos.
Así, concluyó que la parcialidad de autos resultaría manifiesta, existiendo -a su criterio- una total ausencia de perspectiva de género y un prejuzgamiento en contra de M., citando doctrina y jurisprudencia en respaldo a sus argumentos.
Que, en razón de que los agravios expuestos versan, en sustancia, sobre la calificación legal asignada a los hechos investigados, corresponde abordar de forma conjunta los planteos de la parte recurrente de los puntos III), IV) y V).
Que en tratamiento de los presentes agravios, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por los arts. 35, 79, 80 inc. 1 y 42 del Código Penal.
Dicho ello, entendemos que de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado, sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no resulta, en principio, pasible de revisión en esta instancia procesal, dicho agravio no podrá prosperar.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Cabe recordar, asimismo, que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo. En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia.
Así, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”.
En consecuencia, el agravio defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facieacreditados.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antedicho, cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.
En idéntico sentido, se resolvió en causas donde la Defensoría de Mayores Nº Dos local, aquí parte recurrente, apeló la decisión de instrucción (véase causas: “B.N.A. s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 88.605/23, Apelación JR Nº 9947/25; “E.J. y otra s/ amenazas calificadas”, Expte. Nº E-76663/23, Apelación JR Nº 9422/25; “S.G.A. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA”, Expte. Nº 91.328/24, Apelación JR Nº 9632/25; entre otras).
Pese a ello, y en contraposición al principio de celeridad procesal –dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistida-, se sigue introduciendo en las apelaciones este infundado agravio, que bien sabe no prosperará, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente. En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría antes mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener como agravio la calificación legal establecida, sea como único argumento o dentro de otros agravios, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable (v.gr. cuando la decisión de esta Alzada pueda repercutir en la libertad del imputado o en la pretendida aplicación de otros institutos, como por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba). Ahora bien, en segundo término, analizando las circunstancias que rodean al hecho, consideramos evidente que la crítica referida a los certificados médicos –aun cuando sugiere errores en la validez de los mismos- se encuentra esencialmente dirigida a la calificación legal atribuida a la imputada en el pronunciamiento. Sin embargo, creemos conveniente abordar el referido agravio fines de despejar una implícita incertidumbre.
En el presente sumario, tal como lo expresó la defensa, a fs. 13 y 21 obran los certificados médicos practicados a M. y a su hija menor, de los cuales no surge la constatación de lesiones visibles. En igual sentido, se pronunciaron los efectivos policiales que acudieron al domicilio de Q., cuyas declaraciones resultaron contestes con los intrumentos señalados, pues señalaron que la imputada se encontraba tranquila, sin lesiones visibles, observándose manchas rojizas (en la zona de los muslos) de su pantalón, mientras que la bebé permanecía durmiendo en su huevito. Del mismo modo, todos los funcionarios coincidieron en que Q. se mostraba temeroso y evitaba brindar explicaciones en presencia de M., debiendo ser apartado del lugar para poder relatar lo ocurrido. (Véase fs. 16/17, 32/vta., 33/34 y 186/192).
No obstante lo expuesto, se observa sin dificultad que la a quo no se basó en aquel examen para decidir si correspondía o no la aplicación de perspectiva de género, es decir, es una cuestión irrelevante a los efectos de investigar y potencialmente procesar. De igual manera, se observa, que la Sra. Jueza de grado valoró el restante certificado médico de la joven M. en donde se le constatan lesiones, las cuales fueron debidamente valoradas en el resolutorio cuestionado, al tener por acreditada la agresión ilegítima por parte de Q. a M.
En tercer lugar, consideramos que merece un tratamiento aparte el agravio referido a la legítima defensa.
Pues bien, se advierte -a fs. 210/214vta.-, que la Magistrada expusó los argumentos en relación a las causales de justificacion que podrian acarrear la conducta desplegada por la imputada en autos, examinando –especificamente- la posible concurrencia de las condiciones de legítima defensa prevista en el art. 34 inc. 6 del Código Penal.
En tal sentido, tuvo por acreditada –prima facie- la existencia de una agresión ilegítima por parte de Q. sobre M., así como la ausencia de provocación suficiente por parte de esta última, no así la necesidad racional del medio empleado para provocarla o repeler dicha agresión.
Así, S.S. expresó: “…En efecto, aun cuando se admite la existencia de una agresión ilegítima, el medio empleado por la imputada aparece como irracional y excede los límites de necesidad exigidos por el ordenamiento jurídico. Tal conclusión se ve reforzada por el hecho de que la imputada contaba con otros medios, menos lesivos, pero igual de efectivos para hacer cesar las agresiones a las que habría sido sometida, como lo demuestra su posterior accionar al lograr comunicarse telefónicamente con su progenitora a fin de solicitar auxilio. Asimismo, las circunstancias del hecho, incluyendo las expresiones amenazantes proferidas en perjuicio de la hija en común con Q., así como a éste último durante el episodio, evidencian una respuesta que supera el marco de una reacción defensiva legítima…” .
Dicho esto, al encontrarse acreditada la agresión ilegitima y la falta de provocacion suficiente, resta analizar la necesidad racional del medio empleado. En este sentido, la doctrina tiene dicho que “…el examen de la racionalidad implica analizar tanto el medio como la modalidad de la defensa en el caso concreto…”. (Stratenwerth, "Derecho Penal Parte General, I- El hecho punible", p. 143; Di Corleto, "Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas", RDP, Lexis Nexis, p. 11).
En el caso bajo investigación, no puede compartirse el criterio por el cual la sola acreditación de un contexto de violencia de género implique, por si sola, la exclusión del análisis relativo a la racionalidad del medio empleado. Lo que sí se impone, es analizar la legítima defensa a la luz de las circunstancias del caso, pero ello no supone la derogación de los requisitos legalos impuestos en el art. 34 inc. 6 del Código Penal, resultando necesario verificar, en el caso concreto, la concurrencia de todos los requisitos exigidos por la norma.
En tal sentido, la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima se vincula con el grado de necesidad objetiva que debe observar el autor en el ejercicio de esta eximente de justificación. (Abosso Gustavo Eduardo. Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia. 2018. Edit. Ibef. Pág. 152).
El medio debe ser acorde con la naturaleza, la intensidad y la peligrosidad de la agresión. La racionalidad debe verificarse objetivamente en relación con la naturaleza de la agresión, es decir, en su necesidad (Welzel, p. 103; Jescheck/Weigend, p. 368; Rivacoba, p. 738). De no existir esta racionalidad en el medio empleado, ello dará lugar a la aplicación del exceso en la legítima defensa.
La cuestión se centra acá en la racionalidad del medio empleado, que excede notoriamente la necesidad de su uso (denominado "exceso intensivo de legítima defensa"). Este exceso es una conducta dolosa, antijuridica y culpable, pero que es sancionada con la pena prevista para ese delito, en su versión imprudente, lo que constituye una auténtica disminución de la pena en atención a la culpabilidad del autor. En efecto, aun cuando la valoración de la necesidad del medio empleado debe ser efectuada teniendo en cuenta las circunstancias concretas que rodean al hecho, y sin exigir a una mujer víctima de violencia de género que reflexione en aquel momento sobre las consecuencias de su accionar, tampoco se puede prescindir –completamente- de un juicio de razonabilidad en relación a la intensidad de la conducta desplegada. Es decir, aunque en principio el medio aparezca justificado, la reacción se excede cuando la intensidad de aquella defensa supera notoriamente las exigencias derivadas de aquella situación de peligro.
Adicionalmente, nos resulta oportuno mencionar que, de los registros de esta Alzada, surge la existencia de un antecedente excepcional en el cual se revocó un procesamiento inicial por homicidio, al verificarse, de manera clara, la concurrencia de los requisitos exigidos para configurar una legítima defensa. Se trata de la causa “D.D.E.A. S/ Homicidio” Expte. Nro. D-14.559/22, Apelación JR Nro. 7899/22, constituido como un precedente en el que se analizó la conducta desplegada por la imputada que se encontraba directamente a impedir el peligro concreto e inminente para su vida y la de su hija menor de edad. Sin embargo, las circunstancias de dicho caso difieren sustancialmente de las que aquí se analizan, por lo cual sus conclusiones no resultan aplicables al caso de marras.
Por ello, en el caso bajo estudio, teniendo en consideración las circunstancias del hecho, y el contexto en el que sucedió, los elementos de prueba reunidos hasta el momento, permiten sostener - con el grado de probabilidad propio de esta instancia- que el accionar desplegado por la imputada M. habría excedido los límites de necesidad racional del medio empleado, extremo al que conduce –prima facie- a la configuración de la figura prevista por el art. 35 del Código Penal. En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa – en sus acápites II), III) y IV)- no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, y sin verificarse vulneración alguna de los principios del derecho penal aludidos por la defensa, los agravios no habrán de prosperar.
VI. Del agravio referido a la contradicción y parcialidad en el análisis probatorio:
VI. A) Declaración indagatoria:
Advirtió la defensa que la declaración prestada por la imputada debe ser contextualizada, en tanto la misma se produjo dos días después de su detención, en las condiciones ya descriptas, encontrándose - según sostuvo- la joven M. sumamente movilizada emocionalmente y sin comprender el alcance de lo sucedido.
En ese marco, señaló que la nombrada habría relatado las vivencias de aquel día conforme los recuerdos que podía evocar en ese momento, describiendo el miedo que habría sentido, la desesperación por sus hijos y las conductas de celos permanentes que Q. habría ejercido sobre ella, circunstancias que -a criterio de la defensa- lo mostrarían como una persona violenta y controladora.
Indicó asimismo que la aquí imputada habría mantenido, tanto en sus entrevistas psicológicas como en la denuncia formulada en fiscalía y en el informe vincular incorporado en autos, una versión sustancialmente coincidente de los hechos, a diferencia -según su apreciación- de Q., quien habría ido modificando su relato con el devenir del proceso.
Agregó la parte recurrente que dichos extremos encontrarían respaldo en distintas constancias de autos, tales como informes médicos, el informe de riesgo confeccionado por la OVD a raíz de la denuncia promovida por la progenitora de M., así como también en la testimonial brindada por el Oficial L., entre otros elementos probatorios.
VI. B) Testimonios del Sr. Q. - Versiones diferentes:
Entendió la parte recurrente que las declaraciones brindadas por el denunciante habrían variado significativamente a lo largo del proceso, lo que -a su criterio- confirmaría las conclusiones de la defensa respecto de la presunta violencia física, psicológica, económica y sexual que aquél habría ejercido sobre la imputada.
A modo de ejemplo, señaló que a fs. 05/06 el oficio preventivo consignaría que los cuchillos únicamente habrían sido exhibidos; posteriormente, a fs. 35/37, Q. habría manifestado que M. tomó dos cuchillos y que con uno lo golpeaba mientras con el otro intentaba cortarlo; luego, a fs. 108, al prestar declaración ante la OVD, habría referido que ella le pegaba con ambos cuchillos, aunque sin intención de cortarlo; y finalmente, a fs. 122, habría sostenido que la imputada le habría pegado “por todos lados” con dichos elementos.
Así, sostuvo la defensa que Q. habría brindado al menos cuatro versiones distintas respecto de la dinámica vinculada a los cuchillos, circunstancia que -según afirmó- restaría credibilidad a su relato. Señaló además que tales inconsistencias no habrían sido advertidas por S.S. al momento del dictado del procesamiento, omitiéndose incluso ponderar un extremo que consideró relevante: la facilidad con la que el denunciante habría logrado quitarle los presuntos cuchillos a M.
A su vez, indicó que idéntica situación se presentaría respecto del denominado “tercer cuchillo”, con el cual se habría producido la lesión investigada, existiendo -según sostuvo- versiones divergentes sobre dicho elemento y sobre la forma en que se habrían desarrollado los hechos. En ese sentido, destacó que en una oportunidad Q. habría manifestado encontrarse consumiendo cerveza (fs. 35/37) y, posteriormente, habría indicado que se encontraba observando videos sentado en el sillón. Añadió que el relato del denunciante habría comenzado describiendo un corte en la zona de sus costillas (20/03/2026), luego habría pasado a afirmar que fue apuñalado (30/03/2026), y finalmente que M. habría intentado matarlo (31/03/2026). Sin embargo, remarcó que ninguna de dichas inconsistencias habría sido advertida por la instrucción. Concluyó que un análisis del testimonio de Q. con perspectiva de género, habría implicado observar determinadas características de su relato que -según la defensa- buscarían desacreditar el testimonio de quien se presenta como víctima, exponiendo además a M. en un rol de “mala madre” con el objeto de justificar sus conductas violentas. Agregó que el denunciante habría intentado desplegar conductas compatibles con la denominada violencia vicaria, entendida como aquella modalidad de violencia en la cual los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, son instrumentalizados con el objeto de maltratar y dañar emocionalmente a su madre. Citó legislación vigente y jurisprudencia al respecto.
VI.C) Informes médicos de Q. – Riesgo de vida/lesiones:
En este punto, la defensa señaló que en el certificado médico de fs. 14 correspondiente a Q. se describirían nueve lesiones, de las cuales seis tendrían como elemento provocador “uñas”, extremo que -a su entender- resultaría más compatible con una reacción defensiva que con una indicación de ataque.
Añadió que el médico estimó un tiempo de curación de entre siete y diez días, dejando expresamente asentado que las lesiones no pusieron en riesgo la vida del nombrado.
No obstante ello, indicó que a fs. 58 obra informe confeccionado por la Dra. C., quien consideró que la lesión sí puso en peligro la vida de Q. En relación a ello sostuvo -la parte recurrente- que S.S. efectuó un análisis parcial y tendencioso de lo que se desprende de las constancias médicas incorporadas, realizando interpretaciones que excederían las facultades jurisdiccionales y justificando así, la existencia de riesgo de vida, circunstancia que habría refutado la situación procesal de M. Agregó además que, conforme surge del informe obrante a fs. 49, Q. se encontraba estable, habiéndosele practicado una intervención quirúrgica de mediana complejidad y colocado un tubo abdominal, permaneciendo internado en observación y reposo. Tales extremos -a su criterio- resultan incompatibles con la calificación legal de tentativa de homicidio atribuida.
VI. D) Allanamiento- diligencia excedida- falta de procedimientos básicos en el lugar del hecho - análisis parcial: En este acápite, la defensa se agravió porque S.S.
consideró que las actas de allanamiento obrantes a fs. 25/27 refuerzan los dichos del denunciante. Sin embargo, sostuvo, que tanto las actuaciones policiales como las directivas impartidas no se encontrarían ajustadas al código de procedimiento, en tanto el acta contendría múltiples referencias ajenas a una diligencia de secuestro.
Indicó que dicha medida constituyó, en realidad, una inspección ocular realizada sin intervención de la defensa, afectándose así el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Entendió que, aun con las falencias y excesos denunciados, dicha diligencia no lograría robustecer la versión brindada por Q.
Asimismo, cuestionó que la Magistratura haya considerado que la imputada habría intentado deshacerse de elementos incriminantes al colocar determinados objetos en el ingreso de la vivienda, pese a haber sido ella misma quien solicitó la presencia policial. Advirtió la defensa que, según el relato brindado por M., la misma habría arrojado agua y corrió vidrios hacia un costado de la puerta con el fin de evitar que uno de sus hijos resultara lesionado, ya que éste se habría desplazado por distintos sectores de la vivienda.
En ese contexto, sostuvo que la ausencia de perspectiva de género impidió advertir el relato de una madre que, aun atravesando una situación de violencia, continuaba desempeñando tareas de cuidado respecto de sus hijos. Señaló que, no existió un ocultamiento de prueba, sino una conducta orientada a resguardar la integridad física de un menor en una situación de riesgo.
VI. E) Parcialidad en la producción de la pruebamenoscabo del derecho de defensa en juicio de la joven M.:
Por otra parte, se agravió la defensa al considerar afectado el derecho de defensa en juicio, sosteniendo que se vulneró el principio de igualdad entre las partes, colocando a M. en una situación de desventaja frente al criterio disímil aplicado respecto de la producción de las medidas probatorias ofrecidas por cada justiciable.
Indicó que, en dos oportunidades, debió interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 96/97 y 137/138). En primer lugar, porque fue rechazada la prueba informativa ofrecida por la defensa, dirigida a acreditar el vínculo de M. con sus hijos y su rol como principal cuidadora de los mismos, en el marco de la prohibición de acercamiento -que S.S. dictó- dispuesta respecto de éstos.
En una segunda oportunidad, sostuvo que S.S. rechazó la incorporación de prueba informática consistente en capturas del perfil de Facebook de Q., donde éste -presuntamente- realizó comentarios y bromas vinculadas al hecho investigado. Según la defensa, dicha prueba resultaría relevante para demostrar que no habría existido intención de matar, y que el propio denunciante no se consideraría víctima de un intento de homicidio. Aún más, añadió que, ante la presentación efectuada por la Fiscalía N° Dos incorporando la denuncia formulada por M. respecto de presuntos hechos de violencia sufridos, S.S. ordenó su desglose a fs. 185, bajo el argumento de que la misma no reunía las reglas básicas de conexidad. A juicio de la defensa, toda prueba que pudiera cuestionar la condición de víctima atribuida a Q. habría sido sistemáticamente excluida del proceso.
Adicionalmente, sostuvo que el procesamiento se dictó sin haberse incorporado prueba relevante orientada al esclarecimiento y verdad de los hechos, mencionando entre ellas, los resultados de la pericia psicológica de Q., la testimonial de A.Q., fotografías mencionadas en informes policiales, resultados de pericias de laboratorio y distintas medidas propuestas por la defensa.
Por último, indicó que mientras se rechazaron pruebas vinculadas al contexto de violencia alegando S.S. que excedían el objeto procesal, sí se habría admitido y valorado -en el resolutorio atacado- un video aportado por un tercero, correspondiente a un hecho aislado y de fecha anterior al suceso investigado, circunstancia que -a su entenderevidencia una ausencia de objetividad e imparcialidad.
Para concluir, manifestó que su asistida habría sido estigmatizada y revictimizada, viéndose impedida de ejercer adecuadamente su defensa, privada de condiciones dignas de detención y separada injustificadamente de sus hijos menores, una de ellos aún lactante, afectándose así su acceso efectivo a la justicia.
Que, en razón de que los agravios expuestos versan, en sustancia, sobre el mérito de los elementos de cargo, corresponde abordar de forma conjunta los planteos de la parte recurrente del punto VI, en sus apartados A), B), C), D) y E).
Veamos, en relación a la declaración indagatoria prestada por M., debemos decir que de la lectura de la resolución recurrida, se advierte que la Sra. Jueza de grado ha contextualizado el descargo realizado por la incusa. En este sentido, al momento de analizar la materialidad del hecho y la posible concurrencia de las causales de justificación, S.S. ponderó expresamente las manifestaciones vertidas por la misma, teniendo en cuenta los relatos de ambas partes, como así también los elementos probatorios producidos –hasta el momento del dictado- en el legajo.
Pues, prueba de ello, se constituye cuando la propia Magistrada reconoce –en principio- una agresión ilegítima y la ausencia de provocación suficiente, extremos que encuentran sustento, entre otros elementos, en la versión brindada por la imputada.
En particular, consideró que la propia encartada se ubicó en tiempo y lugar del hecho, y no menos relevante, reconoció haber empleado un cuchillo durante el suceso, circunstancias que fueron analizadas conjuntamente con el resto de los elementos armoniosamente ponderados. En consecuencia, sin advertirse la alegada omisión a la declaración prestada por M., y/o al contexto en el que se ejecutó el hecho, consideramos que los argumentos expuestos por la defensa constituyen una disconformidad con la decisión a la que arribó la a quo.
Por otra parte, en cuanto a los testimonios brindados por el Sr. Q., corresponde señalar que los agravios expuestos por la parte recurrente no están dotados, en esta instancia, de entidad suficiente para descalificar íntegramente su versión de los hechos. En este sentido, resulta oportuno señalar que en casos donde la víctima se presenta a relatar lo sucedido, luego de un episodio tramático, es razonable que vaya incorporando detalles a medida que transcurra el tiempo y avance la investigación, ya sea por el estado de conmoción que se encontraba al momento de los hechos, o por las personas ante quienes se presenta a declarar, o simplemente porque logra reconstruir lo que con anterioridad no recordaba. Y, en el caso de marras, no podemos soslayar que el declarante se trata de un varón, expresando vivencias del tipo violencia doméstica, siendo razonablemente posible que tuviera vergüenza de contar lo sucedido, hasta lograr vencer esas trabas y poner en palabras los hechos. Lo dicho no implica que las manifestaciones de Q.
resulten incompatibles entre sí, máxime cuando el núcleo central de sus relatos se mantiene incólume.
De igual manera, no se advierte en las constancias de autos que Q. hubiera ejercido la invocada “violencia vicaria”, o que hubiera intentado desacreditar a M. en dicho sentido. Por el contrario, se vislumbra en los elementos reunidos hasta el momento, que el aquí víctima habría manifestado antecedentes de M. en relación a la violencia, conflictividad y vulnerabilidad que ella habría atravesado en su vida, circunstancias que encontrarían respaldo en otros elementos probatorios incorporados al legajo. (Véase fs. 144/154).
En efecto, los planteos formulados por la defensa no logran demostrar una valoración arbitraria de la prueba, sino únicamente una discrepancia con las conclusiones a las que arribó la Magistrada de grado.
Ahora bien, en torno a los informes médicos realizados en la persona víctima, es menester advertir que el certificado prácticado inicialmente a fs. 14, elaborado por el Dr. E. luego del hecho, describió las lesiones constatadas y consignó expresamente que el tiempo de curación dependería de la evolución del espacio pleural, indicando que en el caso de requerirse una cirugía en el supuesto que evolucione con neumotórax o hemotórax izquierdo, el tiempo podría extenderse por más de treinta días, de no mediar complicaciones. Es decir, dicha apreciación fue supeditada a la evolución del estado de salud de Q.
En tal sentido, surge de las probanzas aunadas que la lesión provocada en la zona de costillas del lado izquierdo requirió una intervención quirúrgica, conforme surge del informe médico remitido por la Dra. C. a fs. 58, donde concluyó que la herida sí puso en riesgo la vida de Q.
Adicionalmente, indicó S.S. que: “… si bien los médicos profesionales intervinientes no coincidieron en la valoración del riesgo de vida derivado de la lesión localizada en el hemotórax izquierdo, ello se explica por el distinto momento evolutivo en que cada uno examinó al damnificado…”.
En consecuencia, la Sra. Jueza ponderó la integridad de la totalidad de las pruebas médicas incorporadas durante la investigación, lo cual permite sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que la lesión sufrida en la persona de Q. fue mucho más grave de lo que se advirtió inicialmente.
En tercer lugar, en lo que respecta a las diligencias prácticas en el lugar del hecho, no se advierte en autos que dichas actuaciones fueran realizadas contrariamente a lo dispuesto a las previsiones establecidas por el Código Procesal Penal, y que su ejecución haya derivado en una afectación concreta del derecho de defensa de la imputada.
En este punto corresponde señalar, que tanto el Ministerio Público Fiscal como la misma parte recurrente, tomaron vista del presente expediente, sin que en su oportunidad hubieran de formular planteos de nulidad, o solicitud de medidas probatorias vinculadas a la que actualmente cuestiona la defensa, o declarando vulneraciones a derechos y/o garantías constitucionales. En efecto, no se observa un perjuicio concreto que permita cuestionar y/o invalidar las diligencias practicadas durante la instrucción.
Finalmente, respecto de la presunta parcialidad en la producción de la prueba, corresponde señalar que S.S. selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
En este sentido, el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar a ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá -según criterio fundado- para tener por acreditado -con la probabilidad requerida en respectiva instanciaalgún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver.
En consecuencia, la circunstancia de que determinadas pruebas ofrecidas por la defensa no hayan sido admitidas por la Magistadra, no permite concluir, por sí sola, una afectación al principio de igualdad entre las partes entre las partes, ni una actuación subjetiva y parcial de la instrucción.
De igual manera, es preciso recordarle a la defensa, que el instituto de la preclusión impide que en un proceso se retrograden etapas y actos para discutir algo ya superado, que se reabran plazos procesales transcurridos, o que se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio. El principio de preclusión produce, aunque limitado al marco de los actos procedimentales, el mismo efecto de la cosa juzgada, en virtud de lo cual los actos consentidos y firmes quedan irrevocablemente incorporados al proceso.
En este mismo sentido, se ha expedido la jurisprudencia del orden nacional, que tienen dicho que: “…En el proceso penal la relación procesal se desarrolla por etapas, lo que significa que los actos procesales se desenvuelven en un orden determinado, suponiendo el paso a una nueva etapa la clausura de la anterior, quedando, por lo tanto, los actos firmes cumplidos, garantizándose con esto el buen orden en el desarrollo del proceso, evitando con ello se repitan actos y se demore innecesariamente el progreso del proceso, afianzando la justicia y las garantías de defensa en juicio. Este es el principio que fundamenta la preclusión, que significa cerrar o clausurar y que se complementa con el impulso procesal. Retrogradar el procedimiento, como se pretende, sin invalidar las actuaciones es improcedente…” (Cita online LALEY/2/36924).
Por todo lo expuesto, los agravios de la parte recurrente consignados en el punto VI, en sus apartados A), B), C), D) y E), no podrán prosperar.
VII. Del agravio referido al embargo:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el monto del embargo, decretado en la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), carece de fundamento y excede los límites razonables establecidos por la jurisprudencia, en tanto su asistida no posee ni bienes ni trabajo para solventar dicha suma.
Asimismo, indicó que la medida evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, por lo que se agravia de su imposición y monto.
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló la a quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización. Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto a la causante M.A.M.
Finalmente, corresponde advertir, en virtud de los múltiples agravios aquí invocados, que durante todo el desarrollo de la investigación intervinieron tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa respecto de M. y de sus hijos menores de edad, quienes fueron debidamente notificados de las medidas adoptadas y contaron con posibilidad de cuestionarlas por las vías procesales pertinentes. Sin embargo, no surge de las constancias del legajo que ninguno de dichos operadores haya denunciado –oportunamente- una afectación concreta a derechos fundamentales de la imputada, ni promovido planteo de nulidad alguno vinculado a las circunstancias que hoy se alegan como agravios.
En efecto, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la a quo en el decisorio arribado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VIII. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
IX. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
X. Comunicaciones:Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 200/217, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observ atorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
nf Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez ‐Juez de Recursos.‐, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer‐, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia