Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, desde esta instancia revisora se entiende que el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En igual sentido otros tribunales del orden nacional han resuelto que: “…El hecho de que en las normas procesales en materia de encarcelamiento preventivo se consagre en una presunción iure et de iure en razón de la escala penal no resulta, per se, contraria a norma constitucional alguna…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B • 02/03/2005 • García, Héctor R. s/inc. de excarcelación •35001358).
Que a mayor abundamiento, cabe traer a colación lo asentado por otros jueces nacionales, quienes han dispuesto que: “…Cabe denegar la excarcelación solicitada a favor de quien se encuentra procesado con prisión preventiva (…) pues (…) la ley procesal no impone al juez la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado, sino que se parte de una presunción del legislador que se encuentra consagrada en los arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal en el sentido de que en …
TOMO CXXV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8151 FOLIO Nº 020/025 PROT. ELECT. JRS1027I.231
Río Gallegos, 09 de octubre de 2023.-
La presente causa caratulada: "Incidente de apelación en autos: S.E.A. S/ Robo Calificado", Expte. Nº I-75.608/23 - Apelación/Causa JR Nº 8.380/23, venida a despacho para resolver y de la que; RESULTA: Que a fs. 05/17vta., del presente incidente de apelación obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento y prisión preventiva de E.A.S., en orden al delito de “robo calificado atenuado –tres hechos- y robo calificado atenuado en grado de tentativa –un hecho- todo en concurso real” (arts. 166 inc. 2º, 3º párrafo, 42 y 55 del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000).- Que a fs. 18/23vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 27, sin acompañar ampliación de agravios conforme lo previsto por el art. 437 del CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento de su asistido por ocasionarle un gravamen irreparable a sus intereses.
I. Agravio relativo a la autoría: En primer término la defensa se agravia de la escasa prueba reunida, que resulta insuficiente a la hora de atribuir a E.A.S. la responsabilidad penal de los hechos que se le reprochan, toda vez que no se ha realizado un análisis imparcial, integral y armónico de los elementos de prueba obrantes en la causa, hallando indicios que no encuentran fundamento alguno con lo expuesto por el a quo en el resolutorio atacado. Asevera que el auto de procesamiento es arbitrario por falta de motivación, pues no describe los extremos de la autoría y culpabilidad con el grado de probabilidad afirmativa, toda vez que si bien en el domicilio de su asistido habrían procedido al secuestro de elementos de interés para la presente causa, como ser algunas prendas de vestir, no se ha determinado a quién corresponderían, ya que en dicho inmueble también reside otra persona masculina, omitiéndose, a su vez, realizar una descripción física de ambos sujetos que ocuparían dicho inmueble.
Con relación al hecho 1 atribuido a su asistido, considera que no se hallan acreditados los extremos mínimos y necesarios a fin de acreditar su autoría. Agrega que al presentarse en sede policial los pretensos damnificados S.G.M.M. (fs. 72), E.A.M. (fs. 73) y E.F.G. (fs. 74), fueron contestes al mencionar que en ningún momento el causante les esgrimió un arma de fuego; los damnificados dieron por sentado que portaba un arma, menos E.A.M. que entendía que no la tenía. Destaca que mencionan otras personas en el lugar, identificando a otro masculino en una de las esquinas, sin embargo el a quo da por sentada la autoría en cabeza de E.A.S., cuando en el domicilio también vive otro masculino que solo estableció domicilio en los presentes actuados.
Por su parte, con respecto a los hechos 2, 3 y 4, de igual forma entiende que no se estaría acreditada la responsabilidad penal de su pupilo procesal, en función que no se encuentra comprobado por ningún medio de prueba que las prendas de vestir secuestradas eran de su propiedad, y mucho menos que él las vestía al acaecer el ilícito investigado. Agrega que si bien los damnificados realizaron una descripción física, no consta en autos que E.A.S. presentara lesión alguna sobre su rostro. Asimismo plantea que el dinero secuestrado (quince mil pesos discriminados en billetes de mil pesos), bien podría ser de su asistido o del otro masculino que reside en el inmueble, ya que el damnificado no especificó la denominación del dinero faltante.
Del mismo modo se agravia por no surgir del resolutorio recurrido los argumentos por los que se concluyó que el buzo secuestrado del domicilio del imputado se trate del buzo azul con detalles amarillo –letras en el frente-, que surge de la observación de las capturas de pantalla efectuadas por el personal policial a fs. 179. En lo que respecta al hecho acaecido en la parada de taxis V.S., le llama la atención el relato del pretenso damnificado L.L., que no se condice con lo expuesto por los efectivos policiales en cuanto a la vestimenta (tipo de zapatos), llamándole la atención cómo llegó la policía al domicilio de su representado y cómo pudieron escuchar que se accione un arma de fuego dadas las características del predio.
Por todo lo expuesto afirma que existen más dudas que certezas respecto a la participación de su asistido, desconociendo el camino que se recorrió para llegar a la grave imputación que se desprende del procesamiento. Solicita se revoque el auto recurrido y se dicte el sobreseimiento o la falta de mérito de E.A.S. Pues bien, ingresando en el tratamiento de este primer agravio que ataca la autoría de los hechos reprochados al encartado, adelanto que no prosperarán. Ello por cuanto no se comparte con la recurrente la falta de motivación del auto de procesamiento alegada. Por el contrario, el Sr. Juez de grado Subrogante hubo de analizar de manera pormenorizada la totalidad de la prueba aunada al legajo a los efectos de tener por acreditada en grado de probabilidad afirmativa la presunta autoría de E.A.S., en cada uno de los hechos que se le reprochan, salvo con relación al 5to hecho por el que dispuso su falta de mérito.
Se advierte que sus planteos se encuentran íntegramente referidos a la suficiencia de los elementos reunidos para el dictado del procesamiento y su valoración por parte de la instrucción, siempre en relación a la responsabilidad penal de su cliente, no así respecto de la materialidad de los hechos endilgados. En tal sentido, debemos recordar que el auto de procesamiento es: “… una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio.” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal; T. II; Ed. Rubinzal y Culzoni; 1998; págs. 502 y sgtes.). Por su parte, en cuanto a las pruebas suficientes para arribar a su dictado, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser bastantes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.
Dicho esto, en nuestro caso se logró acreditar la autoría de E.A.S. -con la precariedad propia de esta instancia-, en relación al hecho 1, a través de las declaraciones contestes y concordantes de los tres damnificados, quienes efectuaron una descripción del incuso, brindando detalles tanto físicos como respecto de la vestimenta que utilizaba, y asimismo describieron pormenorizadamente las características de sus teléfonos celulares, siendo coincidentes en que fueron intimados a entregarlos al imputado porque si no les pegaría un tiro. Y mediante la diligencia de allanamiento en el domicilio del encausado se logró incautar la campera de color verde, por guardar coincidencia con la descripción de la que portaba el sujeto que les robó y la funda de celular de plástico que presenta pegado una goma con forma de cangrejo animado color rojo, que a la postre fuera reconocida por E.A.M. como la funda del celular que le fuera robado en la calle.
Es por ello que esta Alzada comparte con el a quo que la autoría del hecho 1 se encontraría prima facie debidamente acreditada con los elementos de prueba enumerados, habiendo sido acertadamente valorados -a nuestro entender- conforme las reglas de la sana crítica racional, resultando especialmente relevante el escaso tiempo transcurrido entre el hecho investigado y el resultado altamente positivo de la diligencia de allanamiento. Cabe aquí recordar que: “La tenencia de la res furtiva es un importante indicio de autoría en el hecho … tanto más cuanto más cerca se produzca, témporo-espacialmente, del hecho de robo.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de General Roca; 18/03/2010; “M.,R.A.”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44071/2010).
De igual forma se concuerda con el Sr. Juez de grado Subrogante que la autoría de los hechos 2, 3 y 4 reprochados a E.A.S., se encontraría debidamente constatada mediante las declaraciones testimoniales obrantes en la causa –respecto de las que no se detectan serias contradicciones que pudieran invalidarlas-, las que se ven reforzadas mediante los informes prevencionales, el resultado de allanamiento positivo en el domicilio del encartado, el análisis de las secuencias fílmicas tanto del local B., como de la estación de radio B., del sector externo del anexo del nosocomio local y del local comercial Z.L., las secuencias fotográficas extraídas de la red social facebook, el informe de la División Comando de Patrullas y el acta de reconocimiento fotográfico.
Así las cosas, pese al denodado esfuerzo de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su asistido, entendemos que los elementos reunidos y valorados por la Instrucción, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, por lo que debemos rechazar el presente agravio, por no lograr controvertir los sólidos fundamentos del auto de procesamiento. Que, a la luz del repaso efectuado, entendemos, yerra la defensa al asegurar que el resolutorio atacado resultaría arbitrario dado que, como dijimos, se cuenta en autos con los relatos coincidentes de testigos y damnificados, que a su vez son contestes con el resto de los elementos objetivos adunados, tales como el resultado positivo del allanamiento en el domicilio del incuso y las conclusiones a las que se arriba tras pasar vista de las secuencias fílmicas y fotográficas incorporadas a la causa.
En otro orden de ideas, a nuestro humilde entender, no acierta la recurrente al asegurar que la prueba de indicios sea inconducente a los fines de establecer la participación de su representado. Al respecto se sostuvo que: “La convicción de un tribunal puede estar razonablemente fundada en una prueba indiciaria construida sobre la base de circunstancias graves, y es totalmente posible que la existencia de numerosas presunciones coincidentes pueda proporcionar al juez un grado de certeza suficiente para concluir en la culpabilidad del acusado”. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III Reina, Daniel Á., 25/08/2005 - Cita Online: 1/1041148. La adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba.
En este sentido nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes.”. (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros). Es decir que no corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
Sobre este punto, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene que la cuestión probatoria: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J.
Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Toda esta valoración –reitero- fue realizada por el a quo en la resolución en estudio, habiendo podido determinar -con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia-, la autoría del hecho en la persona del imputado E.A.S. En virtud de lo referido, cabe desechar la configuración de un estado de duda que alega la defensa, ello en tanto la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (Cfr. en igual sentido Corte Sup. Fallos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre muchos otros), tarea esta última que ha sido llevada a cabo adecuadamente por el Sr.
Juez Subrogante arribando al juicio de probabilidad incriminante del encartado. (Criterio asentado en Apelación Nº 8296/23). II) Agravio relativo al embargo: En segundo lugar la defensa se agravia del monto del embargo dispuesto por resultar excesivo, arbitrario y exorbitante, toda vez que su asistido es changarín percibiendo mensualmente la suma de pesos treinta mil ($30.000), por lo que solicita su reducción. Finalmente analizaré el cuestionamiento del monto del embargo decretado por el a quo, advirtiendo inicialmente que la Instrucción al abordar las medidas cautelares, concretamente en el desarrollo del punto VI) Embargo de 16/16vta., determinó adecuadamente la medida cautelar, cumpliendo con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de trescientos cincuenta mil de pesos ($ 350.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino. Por otro lado, la defensa no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez Subrogante, limitándose simplemente a solicitar la reducción del monto del embargo, en tanto el juez explicó el fundamento de la misma, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento. Por todo lo expresado confirmaré también el monto del embargo dispuesto. En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P.
(art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). III) Agravio relativo a la prisión preventiva: En tercer lugar la defensa se agravia de la privación de libertad decretada, puesto que no puede ser la regla sino que debe determinarse cuando sea imprescindible y no corresponda otra medida de similar eficacia pero menos gravosa para el imputado.
Plantea que los argumentos del a quo resultan atentatorios a los derechos de su asistido, ya que justifica su encarcelamiento preventivo en la pena en expectativa que sería de cumplimiento efectivo y en el plexo conviccional que califica como de singular peso incriminante. Solicita que se valoren las condiciones personales del encartado, quien no registra antecedentes penales en su contra, posee arraigo en la ciudad donde tiene a sus padres e hijos, y además siempre estuvo a disposición de la justicia. Finaliza su presentación agraviándose por no encontrarse fundamentados los riesgos procesales en el caso concreto y en consecuencia solicita se ordene la inmediata libertad de su representado.
Que en respuesta a este último agravio, es dable señalar que fue debidamente abordado y motivado por el Sr. Juez Subrogante luego de disponer el procesamiento a fs. 15vta./16, sin advertir en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso. Del estudio de los fundamentos del a quo se observa que, en primer lugar, tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente aumenta la posibilidad de ponderar los riesgos procesales como incrementados en el caso concreto.
Recordemos que parte de la res furtiva no fue habida a la fecha del dictado del auto incriminante, restando por producirse una serie de medidas probatorias. Se concuerda con el a quo que la prisión preventiva aparecería como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley, entendiendo que las medidas alternativas no son suficientes para asegurar que el imputado no entorpecerá el avance de la investigación ni se profugará. Seguidamente el a quo entendió que en virtud de la escala penal sancionatoria prevista para el tipo penal endilgado, impide que, en caso de recaer condena, la misma sea de ejecución condicional (arts. 295 y 302 del CPP), constituyendo un indicio importante de riesgo de fuga frente a la penalidad a aplicarse, máxime teniendo en cuenta que el imputado no posee un domicilio estable, toda vez que en el lugar que fuera aprehendido no posee servicios indispensables sumado a la cantidad de hechos en los que estaría involucrado mediante la utilización de un arma de fuego de utilería para perpetrarlos.
Por todo lo reseñado se comparte con el a quo que, en concordancia con las exigencias que emergen de los tratados internacionales, corresponde mantener a modo de excepción la privación de libertad de E.A.S.. Es así que se concluye razonadamente que los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, todo lo cual que contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera, los requisitos constitucionales de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad. Se advierte que el a quo no solamente evaluó la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en los hechos objeto de investigación, logrando acreditar que el riesgo de entorpecimiento procesal no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada.
Por todo lo expuesto, desde esta instancia revisora se entiende que el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En igual sentido otros tribunales del orden nacional han resuelto que: “…El hecho de que en las normas procesales en materia de encarcelamiento preventivo se consagre en una presunción iure et de iure en razón de la escala penal no resulta, per se, contraria a norma constitucional alguna…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B • 02/03/2005 • García, Héctor R. s/inc. de excarcelación •35001358).
Que a mayor abundamiento, cabe traer a colación lo asentado por otros jueces nacionales, quienes han dispuesto que: “…Cabe denegar la excarcelación solicitada a favor de quien se encuentra procesado con prisión preventiva (…) pues (…) la ley procesal no impone al juez la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado, sino que se parte de una presunción del legislador que se encuentra consagrada en los arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal en el sentido de que en las hipótesis mencionadas el encartado no se someterá a la acción de la justicia por la gravedad de la condena que se pronostica…” (Cita online: AR/JUR/45/2005). IV) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 05/17vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia