Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 65128
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado.
II. Confirmar el pronunciamiento impugnado en todos sus términos.
III. Regular los honorarios del doctor Ignacio Antonio Respuela por su actuación profesional en esta segunda instancia en la suma equivalente a 10 JUS (cf. art. 31 de la ley 14967), más el aporte de ley.
Reunidos en acuerdo ordinario los jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, doctores Héctor Alberto Baltar, Humberto Valle y Camilo Eduardo Petitti, se trajo a despacho la causa nº65128 caratulada "M., D. R. s/homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor", y se procedió a efectuar el sorteo de práctica resultando del mismo que en la votación los jueces debían observar el orden siguiente: Petitti, Baltar, Valle.
I. Tras la realización de la audiencia de juicio oral y público, la jueza titular del Juzgado en lo Correccional n°4 departamental dictó veredicto de culpabilidad respecto del imputado D. R. M. Fue así que calificó el hecho delictivo que tuvo por probado como homicidio culposo agravado por haber sido cometido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo automotor (cf. art.84 bis del Código Penal). En definitiva, condenó al imputado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir automotores. A la condena, se le añadieron las costas del proceso y, en calidad de reglas de conducta, se aplicaron - durante el plazo de tres años - las obligaciones de fijar residencia, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y procurar un trabajo lícito, industria o profesión.
Los honorarios del abogado defensor, doctor Ignacio Antonio Respuela, fueron fijados en la suma de treinta Jus, más el porcentaje de ley (cf. art. 9 m de la ley n°14967).
Contra el pronunciamiento se alzó la Defensa; el recurso de apelación fue concedido.
Habiendo quedado radicado en esta Sala Segunda, se hizo conocer su integración, a la vez que se solicitaron los autos principales.
Así, quedaron reunidas las condiciones para ingresar al tratamiento de la apelación (cf. artículo 168 de la Constitución Provincial y artículo 434 del CPP).
II. La Defensa expresa que la sentencia recurrida adolece de graves errores, inexactitudes y omisiones en cuanto a la descripción que hace del hecho y su consecuente calificación.
Pone de relieve que existió un obrar imprudente y antirreglamentario del motociclista menor de edad que falleció en el hecho. A esta autopuesta en peligro de la víctima, la jueza "no le dio ninguna importancia no obstante carecer de carnet habilitante para conducir y haber violado importantes normas de la ley nacional de tránsito 24.449".
Trae a colación que prácticamente con las mismas pruebas, en mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la investigación (cf. art.268 in fine CPP) en los siguientes términos: "Si bien es cierto que el imputado M. debió correrse paulatinamente hacia su derecha para poder doblar en ese sentido para la calle ... y no hacerlo prácticamente en la intersección en esa artería, no puede dejar de resaltarse que la víctima intentó pasarlo por la derecha debido a la gran velocidad en que circulaba, no pudiendo frenar para poder hacerlo por la izquierda, siendo ello determinante a la hora de valorar la responsabilidad penal de M., sumado a que G. se movilizaba sin casco colocado, ya que algunas de las lesiones sufridas se produjeron en su cabeza".
En este orden de ideas, indica que las dudas nunca se disiparon en el curso del proceso, por lo que su defendido debió ser absuelto.
Hace foco en que la conducta del motociclista fue determinante en la producción de la colisión que le costara la vida, "ya que infringió importantes normas de tránsito que, de haber sido respetadas, el accidente no hubiera ocurrido a pesar de la maniobra de giro realizada por D. M.". Puntualmente, la motocicleta estaba sobrepasando al automóvil por la mano derecha - y sobre el mismo carril de circulación - al producirse la colisión. Este dato se comprueba al visualizar la filmación del accidente y al leer el informe pericial fechado el 27/03/23. De este modo, "si el motociclista hubiera realizado el sobrepaso como legalmente corresponde (por la izquierda) el accidente no habría tenido lugar".
Por lo demás, consigna que "el motociclista no sólo intentó pasar a M. por la derecha sino que, además, intentó hacerlo llegando a una encrucijada", lo cual también resulta violatorio de las normas que rigen el tránsito automotor. Advierte que la moto venía atrás, sobre el mismo carril izquierdo, casi sobre la línea divisoria con el carril derecho.
También infiere que, si el motociclista no pudo evitar el impacto contra un vehículo que venía circulando delante suyo a baja velocidad, fue porque no circulaba a velocidad precautoria y lo hacía sin preservar la distancia reglamentaria. Este dato queda enlazado con uno de los puntos del informe accidentológico del ingeniero Ance: "resulta probable que, por la ubicación de la moto, este estuviera en parte del cono ciego para la visión del conductor del automotor" . Razona que el hecho de colocarse en el "punto ciego" demuestra la clara "autopuesta" en peligro del motociclista.
Por otro lado, coloca el acento en que el motociclista no contaba con licencia habilitante de conducir ni llevaba casco protector.
Al centrar su análisis en la conducta de su defendido, el impugnante subraya (en un campo hipotético) que la maniobra de emprender el giro hacia la derecha sólo podía implicar cierto grado de peligro para los vehículos que pudieran haber venido circulando correctamente por el carril derecho (ya que se hubiera interpuesto en la línea de marcha de los mismos).
No obstante, denuncia que es falso lo que se afirma en el veredicto respecto de la falta de activación de la luz de giro, dado que no se observa en el video la parte trasera de la camioneta llegando a la intersección con calle ... para concluir que la luz de giro no fue accionada.
Al fin de cuentas, sintetiza su crítica: a) el motociclista no venía circulando por donde correspondía; b) lo hacía a una velocidad mayor a la permitida; c) intentó sobrepasar a su defendido de manera antirreglamentaria por la derecha y en un lugar prohibido: d) circulaba sin casco y no tenía carnet de conducir.
Por consiguiente, luego de postular que el imputado fue condenado en función de una conducta penalmente atípica, solicita que se revoque la resolución impugnada y se lo absuelva.
Precisados de esta forma los temas objeto de controversia, la Sala decidió plantear y votar las siguientes
1ra. ¿Es admisible el recurso interpuesto?
2da. En caso afirmativo, ¿Es justa la sentencia apelada?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL JUEZ PETITTI DIJO:
El artículo 21 inciso 4° del CPP, en lo que aquí interesa destacar, establece la competencia positiva de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal en el recurso de apelación respecto de las sentencias de juicio oral en lo correccional.
El art.439 del CPP prevé la procedencia del recurso de apelación contra sentencias de juicio oral y abreviado correccionales.
De conformidad con los arts. 424 y 439, la Defensa se encuentra legitimada para recurrir. Asimismo, la presentación ha sido tempestiva y, en lo demás, se ha cumplido con las previsiones de los arts. 421, 439, 441, 442, 443, 444 y concordantes del CPP, por lo que corresponde declarar admisible el recurso interpuesto.
Por consiguiente, a la cuestión planteada, voto por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN, LOS JUECES BALTAR y VALLE DIJERON:
Que adherimos al voto del doctor Petitti por compartir sus fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL JUEZ PETITTI DIJO:
a) Recuperemos el hecho que dio por probado el veredicto:
"Se acreditó debidamente en autos que el 18 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 15.30, se produjo un accidente de tránsito sobre avenida ..., a la altura de su intersección con la calle ..., ciudad de San Andrés de Giles. En circunstancias que la camioneta .... circulaba por el carril izquierdo de la avenida citada, realizó maniobra de giro hacia la derecha para tomar la calle ..., cuando cerró el paso a una moto que venía por detrás conducida por F. G., y lo acompañaba J. B.. Producto del encuentro entre el lateral derecho del rodado y el lateral izquierdo de la moto, la moto fue desviada en el trayecto, subió a la vereda de pasto e impactó contra una columna de alumbrado público. Producto del impacto, el motociclista de 16 años de edad sufrió lesiones en su humanidad por las que fue internado y falleció el 5 de diciembre del mismo año. Por su parte, el acompañante sufrió lesiones leves".
b) Entre otras cuestiones relevantes, la Jueza expresó en su razonamiento probatorio: "el fatal accidente se produjo por la exclusiva responsabilidad del conductor de la camioneta, quien en prieta síntesis realizó una maniobra intempestiva, sorpresiva, interponiéndose al paso de la moto no dando posibilidad de maniobra de esquive, al menos". Agregó que "el video acompañado es muy claro y elocuente; se ve perfectamente la maniobra de giro abrupta, y desde el carril izquierdo".
Por otra parte, dijo: "el defensor intentó demostrar la 'autopuesta en peligro' de la víctima, más tal circunstancia sin perjuicio de que sea reprochable la carencia de casco y las condiciones de la moto, en definitiva, la causa determinante del accidente es la maniobra de giro en forma antirreglamentaria".
Puntualizó que más allá que se hubiera activado la luz de giro "la maniobra fue antirreglamentaria ya que pretendió girar abruptamente desde la mano izquierda, contrariamente a lo que prescriben las normas de tránsito. Y ello en cuanto que debió aproximarse al carril derecho con precaución, debida antelación".
Con relación a las velocidades de sendos vehículos, indicó que, aun cuando pericialmente no pudieron determinarse, "todo indica que eran velocidades normales" puesto que ningún elemento autoriza a sostener que excedían el límite permitido.
Como cierre del razonamiento, subrayó la claridad de las imágenes incorporadas, dado que demuestran la dinámica del hecho en la cual se observa "la maniobra intempestiva realizada por M.". Y agregó: "ese video se complementa con el testimonio de R. que describe la circulación previa de ambos, ya que claramente explica que la moto ya iba por la avenida, que la camioneta la sobrepasa y ya luego circulando ambos próximos, la camioneta hace la maniobra intempestiva".
De tal suerte, al haberse lanzado a girar desde el carril izquierdo, interponiéndose en la marcha de la moto, el conductor de la camioneta introdujo una causa determinante, capaz de explicar el resultado producido. Recordó, ahora sí dándole clausura a su itinerario discursivo, que el art.39, inciso b, tercer párrafo, del código de tránsito, dice que [los conductores]"cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito".
c) Al ingresar al tratamiento de los agravios, conviene poner de relieve que la doctrina y la jurisprudencia dominantes acuerdan en que "la imputación al tipo objetivo se produce conforme a dos principios sucesivamente estructurados: Un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto" (cf. Roxin, Claus, "Derecho Penal. Parte General", Civitas, Madrid, 1997, pág.363).
Si vinculamos este criterio rector con las referencias a la competencia de la víctima en la producción del resultado (inscriptas en el recurso bajo estudio), se comprende que la teoría del caso del impugnante interpreta que la conducta del imputado representó nada más que una causación, incapaz como tal de asimilarse a una acción típica. En efecto, una causación en sí misma no es imputable al tipo objetivo ya que no puede asociarse sin más causación con resultado. Para hacerlo se requieren datos complementarios interpretados en una perspectiva normativa: el resultado debe presentarse como realización de un peligro creado por el autor.
En esta línea argumental se ha explicado la jurisprudencia local: "En el tipo culposo debe existir una relación de determinación entre la imprudencia o negligencia y el resultado, de modo tal que la supresión mental hipotética de la infracción al deber de cuidado debido importe también la hipotética supresión del resultado. En otros términos, el resultado debe derivar en forma directa de una elevación no permitida del riesgo, excluyéndose todos aquellos supuestos en los que una hipotética conducta alternativa conforme a derecho no hubiese bastado para evitar la lesión al bien jurídico. No basta con que se compruebe la relación de causalidad y una violación al deber de cuidado o una elevación no permitida del riesgo sino que resulta además indispensable acreditar que el resultado era al menos previsible y que se produjo como consecuencia directa y específica de la introducción de aquel riesgo prohibido; cuando tales extremos aparecen, debidamente acreditados, deviene para la tipicidad culposa irrelevante que la conducta imprudente o negligente de la víctima o de un tercero pueda también haber tenido injerencia en el suceso" (cf. Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Sala Segunda, causa nº27085, rta. 11/05/2010).
De tal manera, siguiendo los criterios hermeneúticos que presiden la imputación al tipo objetivo, el primer punto a desagregar pasa por verificar si es acertada la afirmación en torno a que el imputado incrementó el riesgo por encima del límite tolerado cuando su automóvil intervino en la colisión que terminó con la vida de la víctima.
En este aspecto, entiendo que la respuesta afirmativa se encuentra suficientemente respaldada por la prueba producida. En efecto, no es materia de controversia que M. circulaba por el carril izquierdo de la avenida ... y que, pocos metros antes de arribar a la intersección con la calle ..., inició una maniobra de giro hacia la derecha. Lo relevante es que emprendió ese desplazamiento sin haberse ubicado previamente, con la debida antelación y precaución, en el carril correspondiente a la dirección que pretendía tomar, interponiéndose de ese modo en la trayectoria de la motocicleta que circulaba detrás suyo.
La filmación obtenida de la cámara de seguridad emplazada en la vía pública constituye, en este punto, un elemento de particular relevancia. Las imágenes permiten apreciar directamente la secuencia de circulación y la maniobra de giro realizada por la camioneta, cuya brusquedad y proximidad con la encrucijada explican la calificación de riesgosa que le asignó la jueza de primera instancia. No se trata, entonces, de una reconstrucción apoyada exclusivamente en apreciaciones testimoniales o en inferencias posteriores a la colisión, sino de una circunstancia que encuentra corroboración en el registro audiovisual del propio suceso.
A su vez, el informe accidentológico elaborado por el técnico policial coincide con esa apreciación, pues identifica una falla en el factor humano, derivada de una maniobra inadecuada del conductor de la camioneta, que terminó por interponerse en la circulación de la motocicleta. En términos normativos, lo que allí se describe es una falta de previsión frente a un riesgo que debía ser advertido y neutralizado antes de ejecutar el cambio de dirección.
La misma conclusión se desprende de la pericia accidentológica practicada por la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Allí se consignó que el conductor de la camioneta circulaba por el carril izquierdo e inició el giro hacia la derecha pocos metros antes de llegar al cruce, mientras que la motocicleta avanzaba detrás suyo, sobre el mismo carril, próxima a la línea divisoria con el carril derecho. También se indicó que, por esa ubicación, resultaba probable que el rodado menor se encontrara parcialmente dentro del cono ciego del conductor del automotor.
Este último dato no modifica la conclusión alcanzada. Antes bien, la circunstancia de que otro vehículo pudiera encontrarse en una zona de visibilidad reducida no habilitaba a realizar un desplazamiento lateral sin adoptar previamente las medidas necesarias para asegurarse de que podía concretarlo sin interferir en la circulación ajena.
En este contexto adquiere especial significación el testimonio de D. D. R., quien describió la circulación previa de ambos vehículos y la secuencia inmediatamente anterior a la colisión. El testigo explicó que siguió con la mirada a la motocicleta, en la que circulaban dos personas, y que observó cómo la camioneta se colocó a su par y, cuando ambos rodados se encontraban próximos, su conductor inició repentinamente el giro hacia la derecha, hacia la calle .... Agregó que la motocicleta se encontraba a la altura de la camioneta cuando se produjo el contacto, a consecuencia del cual salió despedida hacia la vereda.
La declaración, en cuanto permite reconstruir la proximidad entre ambos vehículos y la secuencia temporal de la maniobra, aporta un elemento de corroboración relevante para la hipótesis sostenida en la sentencia. No resulta posible, a partir de ella, afirmar con certeza cuál era la percepción subjetiva del conductor de la camioneta, pero sí establecer que la presencia de la motocicleta en las inmediaciones de su trayectoria constituía una circunstancia objetivamente previsible que debía ser considerada antes de emprender el giro. En esta perspectiva, se puede afirmar que el principio de confianza no estaba llamado a regir la situación configurada (excluyendo la reprobación jurídica de la conducta del imputado).
De tal suerte, el incremento del riesgo por encima del límite permitido no reside en el mero hecho de haber girado hacia la derecha, sino en la manera en que se ejecutó esa maniobra: desde el carril izquierdo, a escasa distancia de la encrucijada y sin el desplazamiento previo hacia el carril derecho que la conducción prudente exigía. En ese sentido, el art. 39 inc. b de la ley 24.449 impone al conductor el deber de advertir previamente cualquier maniobra y realizarla con precaución, sin crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito. Y más aún, el art.43 inc. b de la ley citada establece el deber de "circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar", lo cual fue claramente incumplido en el caso.
Por ello, la discusión introducida en el texto del recurso acerca de si la camioneta tenía o no activada la luz de giro no resulta decisiva. Aun cuando se tuviera por cierta la señalización que el recurrente afirma, ello no modificaría la naturaleza antirreglamentaria de la maniobra. La advertencia previa no sustituye el deber de realizar el desplazamiento con precaución ni autoriza a interceptar intempestivamente la trayectoria de otro vehículo. La eventual activación del indicador de dirección no convertía en segura una maniobra que, por las condiciones en que fue ejecutada, excedía los límites del riesgo permitido.
d) Establecida entonces la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por parte de M., corresponde abordar el segundo nivel de la imputación al tipo objetivo, la concreción del riesgo en el resultado. O lo que es lo mismo: "el engarce de la imputación del resultado con el primer nivel de imputación del comportamiento, partiendo de una definición de riesgo como conjunto de condiciones explicativas de un suceso" (cf. Peñaranda Ramos, Suárez González y Cancio Meliá, "Un nuevo sistema de derecho penal: consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, pág.100). Es conveniente agregar que el resultado que no responde al aumento del riesgo precedente está en una relación de incongruencia o discrepancia respecto del riesgo original y no se le puede cargar al autor del hecho.
Justamente en este segmento del análisis hace foco la Defensa al subrayar que el resultado encuentra su explicación en el criterio limitador de la imputación denominado "autopuesta en peligro responsable por parte de la víctima".
En un precedente de la Suprema Corte de la Provincia encontramos doctrina establecida sobre este tópico: "La presunta conducta imprudente que habría desplegado la víctima resulta en el caso jurídicamente irrelevante respecto de la culpa del imputado en tanto y en cuanto no se ha logrado demostrar la existencia de una autopuesta en peligro responsable por parte de la víctima que se alce como única explicación del resultado lesivo (cf. P 68288 S 04/12/2002, del voto concurrente del doctor Soria, y en un sentido análogo Tribunal de Casación Penal, Sala Segunda, causa n°109872, S30/06/2005).
Al enfocar nuestro caso bajo este criterio, considero que la Defensa acierta parcialmente al señalar que la víctima no necesariamente circulaba en condiciones reglamentarias. Vale recordar que la propia pericia accidentológica refiere que la motocicleta avanzaba sobre el mismo carril izquierdo que la camioneta, aunque próxima a la línea divisoria con el carril derecho. Esa ubicación, sumada a las restantes circunstancias invocadas por el recurrente, permite contemplar la posibilidad de que su forma de circulación también hubiera contribuido a la configuración del escenario de riesgo.
Sin embargo, se encuentra descartado que la única explicación del resultado lesivo descanse en el factor de riesgo introducido por la víctima fatal. Y ello por una razón central: la conducta de M. tuvo una incidencia causal y normativa preponderante en la producción del accidente, en tanto fue quien, mediante una maniobra abrupta y ejecutada desde un carril inadecuado, interceptó la trayectoria de la motocicleta que avanzaba en sus inmediaciones.
En efecto, aun cuando se admita que la ubicación de la motocicleta sobre la línea divisoria de ambos carriles pudo incrementar la exposición al riesgo, lo cierto es que esa circunstancia no explica por sí sola la colisión (cf. al respecto, Tribunal de Casación Penal, Sala 4, P 128535, S 11/06/2024). La maniobra de la camioneta introdujo un obstáculo en la línea de circulación del rodado menor, en un momento en que ambos vehículos se encontraban próximos y sin que existiera un margen suficiente para que su conductor pudiera neutralizar la interferencia. Es precisamente esa interposición intempestiva la que permite explicar la secuencia que culminó con el desvío de la motocicleta hacia la vereda y su posterior impacto contra la columna de alumbrado.
Tampoco las restantes circunstancias invocadas por la Defensa permiten alterar esa conclusión. La falta de licencia habilitante constituye una infracción que, por sí sola, no demuestra que la conducta de la víctima represente la explicación del resultado desde el punto de vista normativo. Para asignarle relevancia en el juicio de imputación sería necesario establecer de qué manera concreta esa carencia incidió en la producción del suceso, extremo que no aparece acreditado.
Algo semejante ocurre con la ausencia de casco protector. Se trata, ciertamente, de un incumplimiento de las normas de seguridad vial, pero su eventual incidencia pierde peso en este caso concreto si se repara en que la víctima presentó politraumatismos, los cuales incluso le provocaron un hemo-neumotórax bilateral.
Por lo demás, tampoco se cuenta con elementos técnicos que permitan afirmar que la motocicleta circulaba a una velocidad excesiva. La propia pericia accidentológica no determinó las velocidades de los rodados, de modo que la afirmación del impugnante en ese sentido no supera el plano de la conjetura. En tales condiciones, no es posible convertir una hipótesis no corroborada en un factor de riesgo acreditado.
La referencia pericial al eventual cono ciego merece, asimismo, una consideración particular. Como ya se señaló, esa posibilidad no permite concluir que la motocicleta haya generado por sí misma la situación de peligro, ni releva al conductor de la camioneta de adoptar las precauciones necesarias antes de cambiar de dirección. La conducción segura exige precisamente contemplar las limitaciones de visibilidad y evitar maniobras que puedan comprometer a otros usuarios de la vía pública cuya presencia resulte previsible.
En cuanto al argumento según el cual la víctima intentó sobrepasar a la camioneta por la derecha y en proximidad de una encrucijada, aun cuando se aceptara esa hipótesis en los términos propuestos por la Defensa, tampoco bastaría para excluir la imputación. La cuestión decisiva no es establecer si el motociclista observó todas las reglas de circulación, sino determinar si su comportamiento constituyó la única explicación del resultado y desplazó la relevancia del riesgo introducido por el imputado. Y, conforme a la prueba reunida, esa exclusividad no ha sido demostrada.
En definitiva, la maniobra de giro realizada desde el carril izquierdo, sin el desplazamiento previo y oportuno hacia la derecha, constituyó una elevación no permitida del riesgo que se concretó en la colisión. La eventual contribución de la víctima no elimina esa relación ni permite sostener que el desenlace obedeció exclusivamente a su propia conducta.
Finalmente, tampoco modifica esta conclusión la circunstancia de que el Ministerio Público Fiscal hubiera dispuesto el archivo de las actuaciones en determinado momento de la investigación preparatoria. Aquella decisión no goza de una presunción de acierto, de hecho fue revertida y lejos está de constituir una demostración de que las dudas persistieran luego de producida y examinada la prueba en el debate.
Por las razones expuestas, considero que el veredicto ofrece fundamentos suficientes para tener por acreditado que M. creó un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se realizó en el resultado muerte. Las circunstancias invocadas por la Defensa no alcanzan para demostrar que el resultado ingresa exclusivamente en la esfera de competencias de la víctima ni para instalar una duda razonable acerca de la atribución objetiva de ese resultado.
En consecuencia, propongo al acuerdo rechazar los agravios y confirmar la resolución recurrida. en cuanto dispuso condenar al imputado D. R. M., como autor del delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo automotor, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir automotores, costas del proceso y reglas de conducta por el plazo de tres años. Aplican las citas legales efectuadas en la resolución de primera instancia.
Y regular los honorarios profesionales del doctor Ignacio Antonio Respuela por su actuación profesional en esta segunda instancia en la suma equivalente a 10 JUS (cf. art. 31 de la ley 14967), más el aporte de ley.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LOS JUECES BALTAR y VALLE DIJERON:
Por análogas razones, adherimos al voto del doctor Petitti.
Así votamos.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado.
II. CONFIRMAR el pronunciamiento impugnado en todos sus términos.
III. REGULAR los honorarios del doctor Ignacio Antonio Respuela por su actuación profesional en esta segunda instancia en la suma equivalente a 10 JUS (cf. art. 31 de la ley 14967), más el aporte de ley.
Regístrese, notifíquese, devuélvase la causa principal con copia de la presente y oportunamente, bajen.
Firmas
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: MAGNO Maria Paula - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 34-2026
Fin de la sentencia