Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial de A.C., B., Dra. María Evangelina Bereterbide.-
2Revocar -por los argumentos precedentes- el interlocutorio recurrido y disponer la inclusión del antes nombrado en el régimen de libertad asistida -cf. art. 54 de la ley 24.660 en su redacción anterior a la modificación introducida por la ley 27.375- , bajo las respectivas condiciones de ley. Dicha medida deberá efectivizarse en la instancia de grado y siempre que aquel no fuere requerido por otra autoridad competente.-
Registrase y bajen las presentes actuaciones al Juzgado de Ejecución n°2 Departamental, debiendo correr las notificaciones a su cargo.-
Causa N°: 69798 .-
El día 26 de octubre del corriente año, el Juzgado de Ejecución Penal n°2 resolvió no hacer lugar a los regímenes de libertad asistida y salidas transitorias requeridos en favor de A.C., B.; ante ello, la Defensora Oficial -doctora María Evangelina Bereterbide- interpuso recurso de apelación y;
I. Que el recurso resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del CPP) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes.), como además fue articulado por quien se encontraba legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (art.446 del CPP).-
II. Que conforme surge de la lectura de autos, el causante fue condenado el día 7 de junio del 2018 por el Tribunal en lo Criminal n°2, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por el acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple -hechos reiterados en la modalidad de delito continuado- , calificados ambos por ser perpetrados contra una menor de 18 de años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser el autor encargado de la guarda; cometidos "...En un período de tiempo que se extendió estimativamente del año 2010 al 2015..." .-
Que dicha sentencia se encuentra firme y, conforme al cómputo de pena aprobado, la sanción penal impuesta vencerá el día 18 de mayo del 2027. En consecuencia, teniendo en consideración los cuatro meses de estímulo educativo otorgados con fecha 14/10/2026, reúne los requisitos temporales exigidos para acceder a los regímenes bajo análisis (conf. arts. 17 y 54 de la ley 24.660, según texto anterior a la reforma introducida por la ley 27.375).-
III. Que en el pronunciamiento recurrido, el Juzgado de grado decide de la manera puesta en tela de juicio por considerar que el penado no se encuentra preparado -por el momento- para acceder a los beneficios peticionados.-
En forma preliminar, destaca que el causante registra una conducta ejemplar (10), buen concepto y que no ha sido pasible de sanciones disciplinarias. No obstante ello, señala que para su incorporación a los regímenes solicitados no basta la mera disciplina del mismo, sino, en general, la forma en que va progresando en el tratamiento y su grado de recuperación.-
En ese sentido, realiza un relevamiento de los dispositivos tratamentales utilizados por el interno en el marco de su estadía carcelaria.-
Seguidamente, resalta las conclusiones emanadas de la pericia psicológica efectuada, en donde entiende emergen elementos de cautela que obstruyen el progreso del beneficio requerido. En línea con ello, pondera la falta de tratamiento psicológico.-
Asimismo, pone de manifiesto el dictamen desfavorable del Departamento Técnico Criminológico (DTC) respecto de la incorporación del causante al régimen de libertad asistida. Sin perjuicio de ello, señala que, si bien dicho organismo emitió una opinión favorable en relación con las salidas transitorias, el análisis integral de las constancias de la causa lo lleva a apartarse de esa recomendación y adoptar un criterio expectante hasta una nueva evaluación.-
A raíz de lo reseñado, concluye que el penado no ha logrado aún establecer los estándares mínimos de re-adaptación a las normas sociales comunes y básicas, que lo lleven a concebir la idea de derechos y obligaciones que a cada uno nos cabe en un orden social.-
IV. Por su parte, la Defensa acude ante esta Alzada invocando, como motivo de agravio, que la resolución puesta en crisis ocasiona un perjuicio irreparable, por encontrarse comprometida la libertad de su asistido y el principio de progresividad en la ejecución de la pena.-
En primer lugar, cuestiona los fundamentos utilizados para denegar la libertad asistida, por considerar que la resolución se encuentra deficientemente fundada y omite valorar integralmente las constancias del legajo. En particular, destaca que el causante se encuentra incorporado a un régimen abierto, que registra un concepto muy bueno, conducta ejemplar (10), que no posee sanciones disciplinarias y que mantiene buenas relaciones con el personal penitenciario y sus pares.-
Asimismo, señala que desarrolla actividades laborales y que ha realizado diversos cursos de capacitación, por los cuales incluso obtuvo cuatro meses de estímulo educativo. Agrega que se encuentra a la espera de un cupo para continuar sus estudios primarios y que cuenta con acompañamiento familiar.-
Cuestiona que se valore en su perjuicio la falta de incorporación al área educativa, toda vez que -refiere- ello obedece a la falta de cupos. En línea con ello, sostiene que la normativa no exige la participación en la totalidad de los espacios tratamentales.-
En cuanto a la evaluación psicológica, objeta que el magistrado haya utilizado una pericia confeccionada en agosto del 2025, por considerarla desactualizada. Asimismo, señala que, pese a las reservas formuladas por la profesional, el informe contemplaba la posibilidad de implementar medidas de seguimiento y contención, tales como controles socioambientales periódicos por parte del Patronato de Liberados y la obligación de realizar tratamiento psicológico durante el tiempo restante de condena.-
También reprocha que no se haya valorado la pericia psiquiátrica del 11/8/2025, de cuyas conclusiones destaca que el interno no presenta trastornos psiquiátricos mayores, que posee capacidad para comprender las normas de convivencia y que puede manejar autónomamente su conducta, así como encaminarse hacia un adecuado plan de reinserción social.-
En igual sentido, menciona el informe psicológico elaborado en la unidad penitenciaria, destacando -a su criterio- los aspectos favorables resultantes del mismo.-
A partir de esos elementos, sostiene que la posición subjetiva del condenado frente al delito y la ausencia de empatía hacia la víctima no pueden constituir obstáculos para acceder a los beneficios solicitados, toda vez que -señala- ello importaría exigirle una modificación de su personalidad o una determinada forma de reflexión que carece de sustento legal. Invoca los principios de reserva y culpabilidad, y afirma que valorar cuestiones vinculadas con los pensamientos, la personalidad o la esfera íntima del condenado para restringir su acceso a modalidades menos rigurosas de ejecución de la pena resulta arbitrario e inconstitucional.-
En relación con el dictamen desfavorable del DTC para la libertad asistida, considera que no se encuentra debidamente fundado, en tanto se apoya esencialmente en la conveniencia de que el interno transite previamente por el régimen de salidas transitorias, exigencia que -afirma- no está contemplada legalmente.-
En lo que respecta a las salidas transitorias señala que, a diferencia de la libertad asistida, las salidas pueden ser controladas mediante dispositivos de monitoreo electrónico, lo que posibilita conocer la ubicación del interno en tiempo real y adoptar medidas ante eventuales incumplimientos, incluso revocar el beneficio.-
En función de todo lo expuesto, concluye que se encuentran reunidas las condiciones para conceder la libertad asistida y, subsidiariamente, las salidas transitorias, por lo que peticiona al efecto.-
V. Ahora bien, antes de ingresar primeramente en el tratamiento de los agravios formulados por la Defensa respecto de la denegatoria de la libertad asistida, es dable señalar que, en punto a establecer la normativa aplicable a cada caso particular, no puede concluirse de otra forma que fijando la mirada en la fecha de los hechos por los cuales, en definitiva, se encuentra cumpliendo pena el interesado (art. 2 C.P., art. 9 C.A.D.H.).-
Así pues, en virtud de esta razón dirimente, siendo que de la lectura de la sentencia condenatoria emerge que los hechos motivo de la presente causa acaecieron "...En un período de tiempo que se extendió estimativamente del año 2010 al 2015..." , este caso en particular, está llamado a ser regido conforme los lineamientos del artículo 54 de la ley 24.660 -según texto anterior a la reforma introducida por la ley 27.375- dado que dicho cuerpo legal no contenía la veda en función del tipo de delito cometido (art. 56 bis del mentado cuerpo legal).-
VI. Aclarado ello, adelantaremos nuestra opinión en sentido favorable a la pretensión liberatoria, por cuanto consideramos que el egreso anticipado del causante al medio libre, no constituye un grave riesgo para si mismo o para la sociedad.-
a. En este sentido, debemos comenzar señalando que, conforme a lo informado por la Jefatura de Régimen Abierto (U-47), el interno registra conducta ejemplar (10) y concepto muy bueno, no posee sanciones disciplinarias y, desde su ingreso al establecimiento, se ha adaptado a las normas de convivencia y al normal desenvolvimiento de las actividades diarias. Asimismo, mantiene una buena relación tanto con sus pares como con el personal penitenciario, acata las directivas impartidas y se muestra respetuoso. Por otra parte, se encuentra desarrollando tareas laborales en el casino de oficiales, con un desempeño sostenido desde el 18/11/2024.-
Tales circunstancias constituyen indicadores objetivos que, sin resultar por sí solos determinantes, deben ser ponderados al momento de evaluar la posibilidad de su egreso anticipado, en tanto dan cuenta de una adecuada adaptación al régimen institucional y de un comportamiento sostenido durante su permanencia en el establecimiento.-
b. Por otro lado, corresponde detenernos en las consideraciones de índole psicológica que fueron ponderadas en anteriores intervenciones de esta Alzada.-
En efecto, cabe recordar que, al momento de resolver los incidentes de apelación n°64.290 (denegatoria de la libertad condicional) y n°66.650 (denegatoria de salidas transitorias), adquirieron particular relevancia las conclusiones del informe psicológico elaborado en agosto del 2025 por la Lic. Manuela Soledad Badano, Perito Psicóloga Oficial de la Asesoría Pericial Departamental, en el que se señalaron determinados indicadores de cautela vinculados con la ausencia de implicancia subjetiva respecto del hecho, la falta de reflexión sobre su accionar y la escasa empatía hacia la víctima.-
Sin embargo, advertimos que, al día de hoy, dicho informe psicológico ha perdido vigencia, por lo que sus conclusiones no pueden ser trasladadas sin más a la evaluación que actualmente nos convoca.-
En este contexto, al analizar el informe psicológico elaborado por la actual unidad de alojamiento -vigente- , observamos que el mismo no aporta elementos que permitan afirmar una evolución subjetiva significativa o una elaboración reflexiva de los hechos. Sin embargo, tampoco surgen de dicha evaluación elementos que permitan sostener la persistencia de las reservas oportunamente valoradas ni identificar la existencia de un grave riesgo asociado al eventual egreso del causante, en los términos exigidos por la normativa aplicable.-
c. En este punto, resulta necesario recordar que el artículo 54 de la ley 24.660, en su redacción aplicable al caso, contempla la posibilidad de denegar la libertad asistida "...sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad..." .-
Bajo tales parámetros, entendemos que las circunstancias relevadas no permiten tener por configurado aquel supuesto excepcional. En efecto, si bien las anteriores intervenciones de esta Alzada pusieron de manifiesto determinadas falencias en el proceso de tratamiento del causante, así como reservas vinculadas con su posicionamiento subjetivo frente al delito, lo cierto es que, a la luz de la información actualmente disponible, no contamos con elementos técnicos vigentes que permitan sostener que su egreso anticipado pueda representar un riesgo de aquella entidad.-
No se trata, entonces, de desconocer las observaciones efectuadas con anterioridad ni de afirmar que el interno haya alcanzado una evolución tratamental plena, sino de efectuar una valoración acorde con las particulares exigencias normativas del instituto en examen. En ese sentido, entendemos que las circunstancias vinculadas con el proceso de tratamiento del interno que fueron señaladas en anteriores oportunidades, aun cuando merezcan ser atendidas, no permiten -en la actualidad- sostener que su egreso anticipado pueda constituir un grave riesgo en los términos exigidos por la norma (art. 54 ley 24.660).-
d. Por otro lado, cabe destacar que, de la lectura del informe socio-ambiental allegado surge que el interno, para el caso de egreso, propuso el domicilio de su hijo, el cual se encuentra sito en calle "...XXX..." , domicilio que fue corroborado favorablemente por la trabajadora social interviniente, Lic. Pamela Ortíz. Al respecto, cabe señalar que el grupo receptor se encuentra abierto a recibirlo y a acompañarlo en su proceso de reinserción social, contando con posibilidades de trabajo concretas en el medio libre.-
En definitiva, todo este cuadro de situación nos lleva a inclinar nuestra postura en sentido favorable a la pretensión de la Defensa, en la medida en que se dan los parámetros requeridos por la ley para acceder al mismo (art. 54 y cctes. de la ley 24.660), por lo que corresponde la revocación de la resolución impugnada (art. 210 del ceremonial).-
VII. Por consiguiente, el tratamiento del recurso relativo a la denegatoria de las salidas transitorias ha quedado en un plano abstracto, dado que, a raíz del otorgamiento de la libertad asistida, ha perdido su virtualidad jurídica.-
Por todo lo expuesto, citas legales y de conformidad con lo normado en el art. 106 y sigtes. del CPP; este Tribunal RESUELVE:
1. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial de A.C., B., Dra. María Evangelina Bereterbide.-
2. Revocar -por los argumentos precedentes- el interlocutorio recurrido y disponer la inclusión del antes nombrado en el régimen de libertad asistida -cf. art. 54 de la ley 24.660 en su redacción anterior a la modificación introducida por la ley 27.375- , bajo las respectivas condiciones de ley. Dicha medida deberá efectivizarse en la instancia de grado y siempre que aquel no fuere requerido por otra autoridad competente.-
Registrase y bajen las presentes actuaciones al Juzgado de Ejecución n°2 Departamental, debiendo correr las notificaciones a su cargo.-
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: BERTERO Ignacio Raul - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1470-2026
Fin de la sentencia