Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69698
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. Confirmar el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del nombrado en el régimen abierto.
Causa N°: 69698 .-
Los de las presentes actuaciones, venidas a esta instancia a raíz del recurso de apelación interpuesto por la Defensora de confianza de E. O. V., contra el auto que dispuso no hacer lugar a la inclusión del nombrado en el régimen abierto.
I. Que el recurso de apelación resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del CPP) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes.), como además fue articulado por quien se encontraba legitimada a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (art.446 del CPP).
II. Que conforme surge de la lectura de autos, el causante fue condenado el día el día 24 de junio del año 2026, por el Tribunal en lo Criminal n°1 Departamental, a la pena de cinco años y diez meses de prisión, accesorias legales y el pago de las costas, por resultar autor material penalmente responsable del delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego.
Que la pena impuesta se encuentra en etapa de ejecución. Conforme el cómputo aprobado, la misma vencerá el día 7 de marzo del año 2029.
III. El titular del juzgado resolvió denegar, por el momento, la incorporación del interno al régimen abierto, al considerar que, si bien registraba conducta ejemplar y concepto bueno, sin sanciones disciplinarias, tales circunstancias no resultaban suficientes para acreditar una adecuada evolución en el tratamiento penitenciario.
En ese sentido, valoró que no se encontraba incorporado a actividades laborales ni educativas, ni participaba de cursos o talleres, permaneciendo únicamente en lista de espera, lo que evidenciaba, a su criterio, una insuficiente adquisición de hábitos y herramientas para su futura reinserción social.
Asimismo, ponderó el dictamen desfavorable del órgano evaluador y entendió que el tratamiento debía profundizarse antes de avanzar hacia una modalidad de mayor autogestión.
IV. La defensa interpuso recurso de apelación y solicitó la revocación de la resolución, sosteniendo que el rechazo del régimen abierto había desconocido la evolución favorable del interno durante su detención. Señaló que su defendido registraba conducta ejemplar, concepto bueno y ausencia de sanciones disciplinarias, además de mantener una adecuada convivencia con sus pares y el personal penitenciario.
Asimismo, cuestionó que se hubiera valorado negativamente su falta de inserción laboral y educativa, cuando ello obedecía a la ausencia de vacantes disponibles, destacando que había cursado estudios primarios, realizado cursos de capacitación en oficios y manifestado interés en continuar formándose y trabajar. Agregó que participaba de actividades deportivas y religiosas, y sostuvo que el dictamen criminológico no resultaba vinculante para el magistrado.
En consecuencia, entendió que la falta de acceso a mayores espacios tratamentales respondía a circunstancias ajenas a la voluntad del interno y que impedirle acceder al régimen abierto obstaculizaba su progresividad penitenciaria y sus posibilidades de reinserción social. .
V. Antes de ingresar específicamente en el abordaje de los agravios, es pertinente resaltar que esta Alzada se ha expedido en numerosos pronunciamientos, a los que nos remitimos (cf. causas 33111 "Cabrera García, Severo Alberto" de fecha 27/06/17, 33096 "Maidana, Ricardo Alejandro" de fecha 05/07/17, 33108 "Silveira, Ángel Clemente" de fecha 07/07/2017, entre otras) acerca del significado que adquiere el régimen abierto en el marco de un sistema de ejecución de la pena orientado constitucionalmente a la reinserción social (cf. artículo 5 DADH).
Bajo esta visión, se puede concluir en forma válida que en nuestra ley el régimen abierto está inspirado en el principio de confianza (ya que se atenúan las medidas de control) y en el objetivo de incrementar las capacidades de inserción social positiva que manifiesta la trayectoria institucional del causante. De aquí que el Juez de Ejecución autorice el ingreso al régimen abierto "en base a la evaluación criminológica" (cf. artículo 100, primer párrafo, de la ley 12.256).
VI. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios a fin de dilucidar si los argumentos empleados para rechazar la petición, resultan ajustados al caso de autos. Al respecto, cabe adelantar que la decisión apelada constituye una aplicación razonable del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa y por ende, la crítica esbozada por la Defensa no habrá de correr suerte favorable.
En concordancia con lo expuesto, entendemos que a la hora de evaluar la concesión del régimen abierto, no solo debe valorarse la correcta adaptación del interno a los reglamentos carcelarios, sino que debe efectuarse un análisis global de su situación a fin de determinar si se encuentra efectivamente preparado para poder ingresar a un régimen de mínimos controles, presidido por la autodisciplina.
En tal sentido, cabe señalar que durante su permanencia en el ámbito penitenciario el causante no ha logrado una incorporación efectiva a las distintas herramientas tratamentales ofrecidas por el establecimiento.
En efecto, se advierte que, si bien el interno ha participado de algunas instancias de capacitación laboral, entre ellas los cursos de instalación de sistemas de automatización y de mecánica de motos, este último aún sin finalizar, no registra una trayectoria sostenida de formación en oficios. Asimismo, si bien cursó el segundo ciclo del nivel primario, fue dado de baja por voluntad propia, encontrándose actualmente a la espera de cupo para retomar sus estudios, al igual que para acceder a actividades en el área de talleres.
Por otra parte, desde el área psicológica se señalaron dificultades para profundizar en la reflexión respecto del hecho por el que cumple condena, advirtiéndose una tendencia a justificar y minimizar su accionar, sin lograr dimensionar adecuadamente el daño ocasionado ni el impacto de sus decisiones. Del mismo modo, se observó escasa problematización respecto del consumo de sustancias psicoactivas, cuya incidencia en su conducta delictiva niega, sin reconocer la necesidad de realizar un tratamiento específico.
En virtud de las circunstancias señaladas, el Departamento Técnico Criminológico concluyó que "no resultaba conveniente", por el momento, avanzar con la incorporación del interno al régimen abierto
En tal sentido, cabe destacar que las conclusiones del informe aparecen sustentadas en elementos objetivos y antecedentes pertinentes obrantes en autos, sin que se adviertan vicios de arbitrariedad o insuficiencia en su fundamentación. Por ello, si bien el dictamen no reviste carácter vinculante, lo cierto es que sus apreciaciones resultan razonables y concordantes con las restantes constancias incorporadas, no verificándose elementos de entidad que autoricen a apartarse de sus conclusiones en el caso concreto.
En conclusión, siendo que el régimen abierto procura potenciar -sobre la base del principio de confianza- las capacidades de reinserción social positiva del penado cuando éste haya demostrado estar preparado para asumir mayores niveles de responsabilidad social (conf. art. 120 de la ley 12.256), y no verificándose en el caso indicadores suficientes en tal sentido, corresponde rechazar la pretensión de la Defensa.
En definitiva, todo lo expuesto conduce a confirmar el interlocutorio recurrido en cuanto denegó el acceso del interno al régimen abierto.
Por ello, de conformidad con lo normado en los arts. 106 y ccds. del CPP, este Tribunal RESUELVE:
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. Confirmar el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del nombrado en el régimen abierto.
Regístrese, notifíquese y bajen.
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: MAGNO Maria Paula - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1483-2026
Fin de la sentencia