Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69846
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. Revocar el decisorio recurrido de fecha 30/10/2026 y hacer lugar a la inclusión de J. A. C. en el régimen abierto (arts. 100 y 119 "a contrario" de la Ley n°12.256).
Causa N°: 69846 .-
Los de las presentes actuaciones, venidas a esta instancia a raíz del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial doctora María Evangelina Bereterbide en fecha 03/11/2026, contra el auto de fecha 30/10/2026 en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión de J. A. C. en el régimen abierto.
I. Que el recurso de apelación resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del C.P.P.) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes.), como además fue articulado por quien se encontraba legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (art. 446 del C.P.P.).
II. Surge de la lectura de autos que quien nos ocupa fue condenado por sentencia firme dictada el día 7 de septiembre del corriente año por el Juzgado en lo Correccional n°4 departamental a la pena de un año de prisión, con costas, por resultar autor material penalmente responsable de los delitos de hurto simple reiterado -dos hechos- y hurto calificado por su comisión con escalamiento en grado de tentativa, todo en concurso real entre sí.
Que la pena impuesta se encuentra en etapa de ejecución. Conforme el cómputo aprobado, la misma vencerá el día 1 de marzo del año 2027.
III. En el pronunciamiento recurrido, el Juez de Grado señaló que actualmente el causante no estudia, toda vez que se encuentra a la espera de cupo para hacerlo y que una situación idéntica ocurre en cuanto al área laboral, donde el mismo tampoco trabaja, encontrándose a la espera de ser incluido en dicho espacio.
Expresó que si bien el D.T.C. dictaminó la conveniencia de incluir al justiciable en el régimen de autogestión, dicho dictamen no resulta en modo alguno vinculante.
En definitiva y en consonancia con la opinión vertida por el M.P.F., resolvió no hacer lugar -por el momento- a la inclusión del causante en el régimen abierto.
IV. Entre sus agravios, la recurrente sostuvo que la decisión impugnada ocasiona un perjuicio irreparable, por estar en juego el acceso del detenido a un régimen de mayor autogestión, y de esta forma, lograr la adecuada reinserción social.
Alegó que la resolución es arbitraria al soslayar lo esencial que se debía evaluar en este caso y es que su defendido fue condenado a una pena de corta duración y cuenta con dictamen conveniente del D.T.C. para el cambio de régimen.
Así, remarcó que su ahijado procesal posee concepto "bueno" y conducta buena seis, debido al escaso tiempo que lleva en la órbita del S.P.B., lo que resulta ser el máximo guarismo susceptible de ser alcanzado. A su vez, explicó que el nombrado no ha registrado sanciones disciplinarias a lo largo de su estadía en el ámbito penitenciario, y que mantiene buena relación con sus iguales y con el personal penitenciario.
En definitiva, solicitó se tenga por presentado el recurso de apelación, se revoque el auto atacado y se haga lugar a la inclusión de su defendido en el régimen abierto.
V. Antes de ingresar específicamente en el abordaje de los agravios, es pertinente resaltar que esta Alzada se ha expedido en numerosos pronunciamientos, a los que nos remitimos (cf. causas 33111 "Cabrera García, Severo Alberto" de fecha 27/06/2017, 33096 "Maidana, Ricardo Alejandro" de fecha 05/07/2017, 33108 "Silveira, Ángel Clemente" de fecha 07/07/2017, entre otras), acerca del significado que adquiere el régimen abierto en el marco de un sistema de ejecución de la pena orientado constitucionalmente a la reinserción social (cf. artículo 5 D.A.D.H.).
Bajo esta visión, se puede concluir en forma válida que en nuestra ley el régimen abierto está inspirado en el principio de confianza (ya que se atenúan las medidas de control) y en el objetivo de incrementar las capacidades de inserción social positiva que manifiesta la trayectoria institucional del penado. De aquí que el Juez de Ejecución autorice el ingreso al régimen abierto "en base a la evaluación criminológica" (cf. artículo 100, primer párrafo, de la Ley 12.256).
VI. Ahora bien, a fin de dilucidar si los argumentos empleados para rechazar la petición son pertinentes y suficientes a tal efecto, diremos que en nuestra opinión no satisfacen este último requisito desde que los motivos que se hicieron valer para que el cambio de régimen no progresara carecen de peso dirimente frente a la presencia de otros indicadores que gravitan en dirección favorable a la procedencia de dicha solicitud.
Como primer dato relevante debemos señalar que quien nos ocupa se encuentra inserto en un régimen semiabierto modalidad amplia (otorgado en fecha 16/10/2026 mediante resolución n°29498 de la DGAyT). Este hecho debe evaluarse conforme los parámetros que establece la normativa de ejecución en torno al avance progresivo dentro del régimen de ejecución de la pena, el que, si bien no es necesariamente secuencial, sí debe darse en forma gradual o paulatina.
En esta perspectiva debe ponderarse el dictamen conveniente al que arribó el D.T.C. de la Unidad n°49 de Junín (ACTA N°564) de fecha 23/10/2026, el cual estimó: "...es posible señalar que el sujeto ingresa a la órbita del S.P.B el 24/04/2026, durante este breve tramo de su detención ha observado los lineamientos de sana convivencia, estableciendo un buen trato con el personal y sus iguales, ostentando el máximo de conducta alfanumérica por el tiempo de su detención (Buena 6.00). En lo que respecta a las ofertas de tratamiento manifiesta interés por incluirse, hallándose a la espera de un cupo disponible en el área educativa, de formación y laboral (.) En lo que atañe al hecho motivo de su detención y a su posicionamiento frente a la ley, se observan indicadores orientados hacia la implicancia subjetiva. El sujeto registra la diferenciación entre las categorías de lo permitido y lo prohibido, vislumbrando la noción de semejante y el impacto del daño ocasionado. Si bien el proceso está en vías de consolidación, se advierte una apertura discursiva que le permite distanciarse de la queja pasiva para empezar a interrogarse por su propia responsabilidad, manifestando afectos ligados al arrepentimiento desde el reconocimiento inicial de la ley. Cabe destacar el próximo vencimiento de la condena.".
En esta línea expositiva cabe agregar que estimamos adecuada la propuesta tratamental emitida en el informe integral de fecha 23/10/2026, en cuanto dispuso: ".este Equipo Interdisciplinario aconseja que el mentado, continúe en los espacios que se encuentra inserto y logre incorporarse en el área laboral, realizar cursos de talleres culturales y/o realice cursos de formación profesional; ello en función de continuar capitalizando su proceso de detención y que dichos espacios le brinden herramientas nuevas y fortalecedoras al momento de su reinserción en el medio social ampliado...".
No hay dudas de que estos informes no resultan vinculantes para los Jueces. Sin embargo, si no hay razones suficientes que justifiquen apartarse de sus conclusiones, la prudencia aconseja tomar la recomendación suministrada por quienes siguen en forma directa la evolución del interno.
Nótese incluso, con relación a las reservas asociadas a ciertos rasgos de su personalidad, que las mismas tampoco se constituyen como un obstáculo insalvable dada la posibilidad de que el interno participe en un espacio terapéutico ya en el sistema autogestivo propio del régimen abierto.
Finalmente, es de importancia destacar que la lectura global de los elementos que estamos llamados a evaluar en este caso, es la que nos persuade a revocar la decisión recurrida, pues representa una solución razonable cuando miramos la totalidad de los indicadores criminológicos disponibles.
Así las cosas, siendo que el régimen abierto busca potenciar -dentro del nivel de confianza al que ya hemos aludido- las capacidades de reinserción social positiva del penado cuando este haya dado muestras de que está preparado para fortalecer su responsabilidad social (cf. artículo 120 de la Ley 12.256), y resultando que de momento concurren indicadores suficientes en este sentido, parece prudente y razonable hacer lugar al pedido en trato.
En esa senda, conforme la finalidad que establece la normativa en torno al avance progresivo en la ejecución de la pena, consideramos que todo lo anteriormente merituado, le permite a quien nos ocupa acceder a un régimen de mayor autogestión.
VII. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo normado en el art. 106 y cc. del C.P.P. y arts.100, 120 y 121 de la Ley 12.256; este Tribunal RESUELVE :
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. REVOCAR el decisorio recurrido de fecha 30/10/2026 y hacer lugar a la inclusión de J. A. C. en el régimen abierto (arts. 100 y 119 "a contrario" de la Ley n°12.256).
Regístrese y bajen las presentes actuaciones a la instancia de grado, debiendo correr las notificaciones a cargo de ese órgano.
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: PERRUELO Micaela Carolina - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1474-2026
Fin de la sentencia