Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69905
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación.
II. Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del antes nombrado en el régimen de la libertad asistida.
Causa N°: 69905 .-
El 3 de noviembre de 2026, el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 resolvió no hacer lugar a la inclusión de E.D.J. en el régimen de libertad asistida, ante ello, la Defensora Oficial, doctora Manuela S. Gonzalez, interpuso recurso de apelación y;
I. Que, el recurso resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del CPP) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes.), como además fue articulado por quien se encontraba legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (art.446 del CPP).
II. Que, conforme surge de la lectura de autos, el causante fue condenado el día 29 de agosto de 2025 por el Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento, declaración de reincidencia y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo simple y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, en concurso real entre sí (hechos acaecidos el día 28 de enero de 2025).
Que, conforme el cómputo de pena aprobado, la sanción penal impuesta vencerá el 27 de noviembre de 2026.
III. Que, el Juzgado de grado decidió de la manera puesta en tela de juicio por considerar que su egreso anticipado podría constituir un grave riesgo para la sociedad.
Preliminarmente, señala que, desde su reingreso al ámbito penitenciario, no ha logrado consolidar una participación efectiva y sostenida en distintas propuestas educativas y formativas tendientes a favorecer su desarrollo personal y laboral, encontrándose aún pendiente su efectiva incorporación a tales espacios.
En relación al ámbito psicológico, destaca que, al ser indagados sobre los hechos, el causante sostiene haber obrado de buena fe, atribuyendo la situación que derivó en su detención a circunstancias ajenas a su voluntad, vinculadas con la adquisición de un vehículo que posteriormente habría resultado contar con documentación apócrifa.
En esta línea, agrega las conclusiones negativas que emergen del informe de la asesoría pericial departamental, en torno a la falta de proceso critico y reflexivo de su accionar disvalioso. Cita jurisprudencia.
Finalmente, señala que el causante ha sido declarado reincidente, lo cual exige mayor rigurosidad a la hora de meritar la posible concesión de beneficios, toda vez que ya ha atravesado con anterioridad experiencias punitivas de libertad y pese a ello, ha insistido en su voluntad de transgredir la ley penal; lo cual demanda mayor prudencia y esfuerzo en el acompañamiento formativo y terapéutico para que, en esta nueva oportunidad, no vuelva a truncarse su proceso de resocialización.
En su mérito, resuelve no hacer lugar a la inclusión del causante en el régimen de libertad asistida.
IV. Que, la Defensa acude ante esta Alzada invocando como motivos de agravios que la decisión impugnada provoca agravio porque se aparta del dictamen favorable del Departamento Técnico Criminológico de fecha 20 de agosto de 2026, que estimó viable el egreso anticipado.
Preliminarmente, señala que, el DTC considero viable la incorporación a la libertad asistida, destacando que el condenado registra conducta ejemplar diez, ausencia de sanciones disciplinarias, desempeño satisfactorio en el régimen abierto, participación en actividades laborales y la existencia de un referente familiar y domicilio receptor, recomendando la continuidad del acompañamiento psicoterapéutico y la supervisión del Patronato.
Si bien es cierto que la opinión del organismo técnico no resulta vinculante, considera que no habilita al a-quo a descartarla sin una fundamentación seria, concreta y proporcionada.
Asimismo, señala que la resolución considera una pericia psicológica oficial posterior al dictamen del DTC, cuyas observaciones desfavorables considera que si bien corresponde ponderar, no exime al aquo de explicar por qué esos indicadores adquieren una entidad suficiente para neutralizar el pronóstico favorable emitido por el organismos especializado.
En relación al uso de los dispositivos tratamentales, arguye que se encuentra desarrollando tareas laborales de mantenimiento de parques y jardines desde el 13 de julio del corriente. Tal circunstancia, constituye un dato objetivo favorable que debió ser ponderado en conjunto con el resto de los indicadores positivos.
En lo referido a su participación educativa, señala que, su asistido manifestó su voluntad de continuar con sus estudios y se encuentra a la espera de ser entrevistado por el área para concretar su incorporación.
En otro orden, señala que la jueza atribuye carácter decisivo a las observaciones psicológicas de carácter negativo. Sin embargo, la misma pericia realza elementos positivos y arguye que dichos aspectos no excluyen por sí mismos la posibilidad de riesgo, pero constituyen elementos que deben integrar la valoración de su situación actual.
Agrega que la pericia psicológica no contiene una conclusión expresa acerca de la existencia de un grave riesgo para el condenado, la víctima o la sociedad. En ese sentido, cuestiona que la valoración debe encontrarse suficientemente fundada y considerar también los restantes elementos del legajo.
Por todo lo expuesto, solicita se revoque la resolución apelada en cuanto deniega el beneficio y se conceda la libertad asistida de conformidad con los arts. 54 y 55 de la Ley 24.660 y ccdtes.
V. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar en el tratamiento de la cuestión traída a nuestro conocimiento a fin de dilucidar si los argumentos empleados para rechazar la libertad asistida, resultan ajustados al caso de autos. Al respecto, cabe adelantar que la resolución del Juzgado de Ejecución merece ser confirmada puesto que es razonable sostener la existencia del grave riesgo que obtura el acceso a la libertad asistida en los términos del artículo 54 de la ley 24.660, ello en base a los fundamentos y consideraciones que expondremos a continuación.
Y es que en forma invariable venimos sosteniendo que los indicadores objetivos de riesgo bien pueden surgir de la evaluación de los rasgos de la personalidad del penado, en la medida que los mismos prevengan sobre su incapacidad de respetar las normas jurídicas en su carácter de criterios orientadores del contacto social. Este punto no tiende a la reforma o a la conversión moral del penado, tampoco conlleva un ataque a la esfera de reserva protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por el contrario, su evaluación es necesaria dado que una liberación anticipada no puede disociarse de una prognosis relativa a la conducta que observará el penado cuando reingrese a la interacción social en el medio libre; como salta a la vista, la noción de trascendencia a terceros está implicada en este juicio pronóstico.
En este punto, debemos destacar lo informado por la Lic. Natalia Giumelli, Perito Psicóloga Oficial de la Asesoría Pericial, quien en fecha 26 de octubre de 2026, indicó: "... se pueden inferir indicadores de un alto monto de ansiedad, inmadurez psicoafectiva (no cognitiva), labilidad e inestabilidad emocional, y conductual. Se puede inferir tendencia reactiva, dificultades de intervención del pensamiento en su accionar. En cuanto a los hechos por los cuales se encuentra cumpliendo condena, el examinado realiza expresiones verbales de autocrítica, aunque resultan limitadas e insuficientes, observándose dificultades en la elaboración de las implicancias y consecuencias, sin jerarquizar adecuadamente ni percibirse resonancia emocional congruente. Se pueden inferir dificultades en la intervención del pensamiento ante su accionar, con prevalencia pulsional. Se puede inferir dificultades en la capacidad de afrontar y resolver conflictos, como en la posibilidad de prever las consecuencias de sus actos; pudiéndose advertir elementos que permiten considerar la posibilidad de que ante factores exógenos que lo desestabilicen pueden aparecer dificultades, y/o actuar de manera directa, desadaptativa. Todas estas características de su personalidad, se infiere, influyen en el modo de resolución de conflictos y en las relaciones interpersonales que establece, como también podrían influir en su proceso de reinserción social...".
Adunado lo anterior, se desprende del informe psicológico realizado en la unidad de aloje del causante lo siguiente: " ...Respecto de su trayectoria vinculada a conductas delictivas, refiere haber atravesado una primera experiencia de privación de libertad a los 18 años, por el delito de Venta de Estupefacientes. Según sus dichos, egresó luego de cumplir una condena de seis años y ocho meses, siendo posteriormente detenido en el marco de la causa actual. En relación con los hechos por los cuales se encuentra actualmente detenido, refiere haber adquirido una camioneta en una concesionaria, sosteniendo que realizó la operación de buena fe...".
En ese sentido, del informe se desprende que el causante presenta dificultades en la capacidad de afrontar y resolver conflictos y en la posibilidad de prever las consecuencias de sus actos. Como así también, se aprecia que tiende a justificar su accionar disvalioso en factores externos. Tales características constituyen elementos determinantes a la hora de valorar el riesgo que su soltura anticipada podría ocasionar.
Por consiguiente, tales conclusiones no pueden interpretarse de espaldas a los tipos de delito por los cuales fue condenado el causante (cf. argumento empleado por el Tribunal de Casación Penal Pcial. Sala Tercera, causa n°80485, rta. el 16/5/17). Y ello en forma congruente con la finalidad de prevención especial que persigue la ejecución de pena privativa de libertad según mandato del legislador (cf. Sala Cuarta del mismo Tribunal, en causa n° 55.052 rta. el 16/10/2012.
A mayor abundamiento, en relación al uso de los dispositivos tratamentales durante su estadía intramuros, observamos un escaso aprovechamiento, concluyendo que no ha capitalizado adecuadamente -por el momento- su tiempo de encierro.
En lo referido al área educativa, el causante no registra trayectoria desde su reingreso al SPB, manifestando su deseo de ser incorporado en el ciclo lectivo recién al momento de confeccionar el presente legajo criminológico.
En relación al área de formación técnica y de oficios, el justiciable tampoco registra trayectoria.
En lo concerniente al área de talleres, el interno realiza tareas de mantenimiento en parques y jardines desde el 13 de julio del corriente año.
En esta línea, se desprende como propuesta tratamental del informe integral lo siguiente: ".. .En cuanto al resto de las actividades tratamentales, no ha logrado su inclusión en los mismos, mostrando únicamente intenciones de continuar con sus estudios secundarios. Es por lo expuesto que se insta al joven, a que logre revertir su situación e incorporarse a dichas actividades a fin de comenzar a adquirir herramientas necesarias pensando en una adecuada progresividad en la ejecución de la pena... ".
VI. En otro orden, no soslayamos los indicadores favorables señalados por la Defensa, entre ellos la calificación de conducta que registra el interno, sus vínculos familiares y sociales y la ausencia de sanciones administrativas. Sin embargo, tales circunstancias, valoradas conjuntamente con los restantes elementos analizados, no resultan suficientes para tener por acreditado, al momento de resolver, que el penado se encuentre preparado para acceder al régimen de libertad asistida, dado que no emerge del relevamiento de los informes criminológicos del mencionado que haya extremos favorables de su comportamiento intramuros, que superen a aquellos de tenor negativo que impiden su liberación.
VII. En virtud de todo lo expuesto, entendemos que la conveniencia indicada por el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad Penitenciaria N° 54 de la localidad de La Capilla, partido de Florencio Varela (Acta N° 399/2026), respecto de incluir al causante en el régimen de libertad asistida, no aparece sustentada en premisas suficientes. O dicho de otra forma: la conclusión alcanzada no deriva en forma razonable del conjunto de datos que desempeñan la función de premisas.
En definitiva, lo reseñado cobra suma relevancia a la hora de evaluar el grave riesgo que su soltura anticipada podría ocasionar. Y es que, conforme surge de los informes invocados, el interno tiende a justificarse y actua sin medir las consecuencias de sus actos. Ante ello, bien puede inferirse que se ubica en el campo del grave riesgo que impide el acceso al régimen de la libertad asistida (cf. art. 54, ley 24.660).
Por todo ello, los argumentos en que sustenta su decisión el Juzgado de Ejecución son pertinentes y suficientes para sostener la decisión adoptada, por lo que corresponde confirmar el interlocutorio en crisis en cuanto no hace lugar al régimen de libertad asistida (art. 210 del ceremonial).
Por lo expuesto, citas legales y de conformidad con lo normado en el art. 106 y sigtes. del CPP; este Tribunal RESUELVE:
I. Declarar admisible el recurso de apelación.
II. Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del antes nombrado en el régimen de la libertad asistida.
Regístrese. Notifíquese al Fiscal General, a la Defensa y al penado. Asimismo, hágase saber al Juzgado de Ejecución N°1 lo resuelto mediante el medio electrónico del caso. Oportunamente, bajen.
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: GALLO Maria Trinidad - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1479-2026
Fin de la sentencia