Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69730
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial.
II. Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del antes nombrado en el régimen abierto.
Causa N°: 69730 .-
Los de las presentes actuaciones, venidas a esta instancia a raíz del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial, contra el auto que dispuso no hacer lugar a la inclusión de H. G. G. en el régimen abierto.
I. Que el recurso de apelación resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del C.P.P.) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes.), como además fue articulado por quien se encontraba legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (art. 446 del C.P.P.).
II. Surge de la lectura de autos que el nombrado fue condenado el día 30 de marzo de 2026, por el Tribunal en lo Criminal Nro. 4 Departamental a la pena de ocho años y seis meses de prisión accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por el acceso carnal, abuso sexual agravado por configurar en la víctima por las circunstancias de su realización y duración en el tiempo un sometimiento gravemente ultrajante, ambos calificados por ser el autor el encartado de la guarda y por la convivencia preexistente -reiterado al menos dos hechos-, todos concursando materialmente entre sí -cometidos entre los años 2024 y principios de mayo del 2025 en Moreno Provincia de Buenos Aires.
Que la pena impuesta se encuentra en etapa de ejecución. Conforme el cómputo aprobado, la misma vencerá el día 8 de noviembre del año 2033.
III. La titular del juzgado resolvió denegar, por el momento, la incorporación del interno al régimen abierto, por considerar que dicho beneficio resultaba prematuro, en atención a que el nombrado se encontraba incorporado recientemente al Servicio Penitenciario y aún transitaba un régimen cerrado.
Asimismo, ponderó la escasa participación en actividades educativas y de formación laboral, la ausencia de autocrítica y de reflexión respecto del hecho delictivo, así como la falta de reconocimiento del daño ocasionado, aspectos que surgían de los informes psicológico y social. Finalmente, valoró que aún restaba un prolongado tiempo para el vencimiento de la pena, por lo que entendió que no correspondía, en esa instancia, avanzar hacia una modalidad de cumplimiento caracterizada por la autogestión y la menor supervisión penitenciaria.
IV. La Defensa sostuvo que la resolución recurrida se había apartado injustificadamente del dictamen favorable del Departamento Técnico Criminológico, que había considerado conveniente la incorporación del interno al régimen abierto, ponderando su conducta ejemplar, buen concepto, ausencia de sanciones disciplinarias, adecuada adaptación institucional, inserción laboral y vínculos familiares sostenidos.
Asimismo, cuestionó que se considerara prematuro el beneficio por encontrarse el nombrado en un régimen cerrado.
También, alegó que la falta de participación en actividades educativas y las observaciones psicológicas relativas a la ausencia de autocrítica no constituían, por sí solas, impedimentos para acceder al régimen solicitado.
Finalmente, cuestionó la valoración de la gravedad del delito y de la extensión de la condena como fundamentos para denegar el avance, por entender que debían prevalecer los indicadores actuales de evolución institucional y que la resolución no había identificado obstáculos concretos ni parámetros objetivos que justificaran postergar la progresividad.
En consecuencia, solicitó que se revocara la decisión impugnada y se concediera al interno la incorporación al régimen abierto.
V. Antes de ingresar específicamente en el abordaje de los agravios, es pertinente resaltar que esta Alzada se ha expedido en numerosos pronunciamientos, a los que nos remitimos brevitatis causae (cf. causas 33111 "Cabrera García, Severo Alberto" de fecha 27/06/17, 33096 "Maidana, Ricardo Alejandro" de fecha 05/07/17, 33108 "Silveira, Ángel Clemente" de fecha 07/07/2017, entre otras) acerca del significado que adquiere el régimen abierto en el marco de un sistema de ejecución de la pena orientado constitucionalmente a la reinserción social (cf. artículo 5 DADH).
Bajo esta visión, se puede concluir en forma válida que en nuestra ley el régimen abierto está inspirado en el principio de confianza (ya que se atenúan las medidas de control) y en el objetivo de incrementar las capacidades de inserción social positiva que manifiesta la trayectoria institucional del causante. De aquí que el Juez de Ejecución autorice el ingreso al régimen abierto "en base a la evaluación criminológica" (cf. artículo 100, primer párrafo, de la ley 12.256).
VI. Ingresando al estudio de la resolución atacada y a fin de dilucidar si los argumentos empleados para rechazar la petición resultan pertinentes y suficientes a tal efecto, cabe señalar que, a criterio de este Tribunal y sin perjuicio del dictamen favorable emitido, la decisión apelada constituye una aplicación razonable del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa, motivo por el cual los agravios de la Defensa no habrán de prosperar.
El dato precedente debe conjugarse con que, durante su permanencia en el ámbito penitenciario, el penado ha evidenciado una participación limitada en las distintas áreas tratamentales, sin registrarse hasta el momento un aprovechamiento integral del tiempo de detención orientado a los objetivos de reinserción social.
Así, se advierte que el interno se encuentra actualmente incorporado al régimen de procesados, en trámite de adecuación a su condición de penado, y registra inserción laboral en tareas de mantenimiento general desde el 17 de julio del corriente.
No obstante, en lo que respecta a su formación educativa y capacitación profesional, manifiesta no tener interés, por el momento, en realizar cursos o incorporarse a actividades de estudio, circunstancia que evidencia la necesidad de continuar promoviendo su participación en los distintos espacios de formación que ofrece la institución.
Por su parte, desde el área psicológica se señalaron dificultades para reflexionar sobre su conducta delictiva y dimensionar las consecuencias de su accionar en terceras personas, sin advertirse, hasta el momento, cambios significativos en su manera de posicionarse frente a los hechos que motivaron su condena. Si bien durante la entrevista no se observaron indicadores relevantes de angustia o ansiedad, persisten aspectos vinculados con la falta de reflexión y elaboración personal que requieren ser abordados y profundizados en el marco del tratamiento penitenciario.
Por lo expuesto, la incorporación al régimen abierto no aparece, al presente, como una medida aconsejable dentro del proceso de progresividad que viene transitando el penado, en tanto aún no se advierte suficientemente afianzada la evolución tratamental necesaria para acceder a un esquema de mayor autodeterminación y menores niveles de control institucional. En tal sentido, las constancias incorporadas permiten concluir que el compromiso evidenciado hasta el momento con las distintas herramientas de abordaje penitenciario ha sido todavía incipiente y requiere una mayor consolidación.
En esa línea, se estima conveniente continuar evaluando su desempeño y sostenimiento en los dispositivos tratamentales disponibles -particularmente en las áreas laboral, educativa y de capacitación-, a fin de verificar un aprovechamiento más estable y sostenido de dichas instancias antes de acceder al régimen abierto.
En síntesis, siendo que el régimen abierto busca potenciar -dentro del nivel de confianza al que ya hemos aludido- las capacidades de reinserción social positiva del penado cuando este haya dado muestras claras de que está preparado para fortalecer su responsabilidad social (cf. artículo 120 de la ley 12.256), y resultando que de momento no concurren indicadores suficientes en este sentido, aparece prudente y razonable no hacer lugar por el momento a la pretensión de la defensa.
De esta forma, nos inclinamos por confirmar el auto atacado.
VII. Por todo lo expuesto, citas legales y de conformidad con lo normado en los arts. 100, 119 -a contrario- y ccdtes. de la Ley 12.256, 21, 439, 440, 498 y ccdtes. del C.P.P., este Tribunal RESUELVE:
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial.
II.-Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en cuanto dispuso no hacer lugar a la inclusión del antes nombrado en el régimen abierto.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente, bajen.
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: MAGNO Maria Paula - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1481-2026
Fin de la sentencia