Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
TOMO: XXI REGISTRO: 009 FOLIO: 098/114
Caleta Olivia, 11 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACION: DIV. CRIA. LOCAL S/ INVESTIGA (G. E. M.)” Expte. Nº 22745/26, N° de Juzgado de Recursos 8502/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 215/242, la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, decidió: “…DISPONER EL PROCESAMIENTO de G. E. M., cuyos demás datos filiatorios obran en autos, por considerarlo presunto autor responsable por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA en calidad de autor (Art. 42, 45 y 79 del C.P), en perjuicio J. J. R. L., por el que fuera indagado, cuyos demás datos obran en autos, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE $ 5.000.000,00 (PESOS CINCO MILLONES) 2.-Convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la detención que viene sufriendo G. E. M.” Contra dicha resolución el imputado G. E. M., con el patrocinio del doctor Raúl Ariel Rapetti, interpone recurso de apelación a fs. 252/254, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 256.
En esta instancia es mantenido a fs. 262 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso, el Dr. Rapetti se agravia sosteniendo un error en la subsunción Legal, Ausencia de animus Necandi e incursión en el delito de Lesiones Graves (art. 90 C.P.) expresa esa defensa que para que se configure la tentativa de homicidio, el autor debe actuar con la firme e inequívoca voluntad de truncar una vida humana. Se observa la ausencia del dolo homicida. Expresa la defensa que si la intención de su defendido hubiese sido terminar con la vida de L., el medio empleado y la evidente superioridad física/temporal le habrían permitido lograr el cometido de manera instantánea.
Indica que el cese de las estocadas no se produjo por una intervención externa o un "tercero que salvó la vida", sino porque G. E. M., de manera voluntaria, detuvo su marcha agresiva una vez que logro amedrentar y expulsar al sujeto del ámbito familiar.
Sostiene que nadie que tiene el dolo firme de matar, teniendo a la víctima su total merced y con un arma de tales dimensiones, asesta puntazos superficiales y cesa intempestivamente.
Argumenta que su defendido detuvo su marcha agresiva por propia decisión una vez que logró repeler y expulsar al denunciante del ámbito de la vivienda. La agresión cesó porque el animus de G. E. M. se agotó en la provocación de un daño físico defensivo/intimidatorio (animus vulnerandi) no en la supresión de la vida. Refiere que el informe médico de la Dra. Ojeda señala que L. sufrió un neumotórax. sin embargo, del mismo informe se desprende que las heridas comprometieron la pleura con una profundidad ínfima (apenas 1 a 2 centímetros) entendiendo esa defensa que si un agresor munido de semejante arma blanca y dotado de un dolo directo de matar habría ejercido una fuerza mecánica tal que causara lesiones profundas e irreparables en órganos vitales. La superficialidad relativa a los puntazos es el relejo físico de una acción de intimidación o castigo impulsivo, no de un plan de ejecución homicida.
Por lo referido precedentemente expresa esa defensa que debería descartarse el dolo de muerte, y que la conducta encuadraría en el artículo 90 del Código Penal, escala penal que habilita la posibilidad jurídica de una condena de ejecución condicional tornando desproporcionada y nula la prisión preventiva dispuesta. Por otra parte la defensa plantea la aplicación del atenuante de Estado de conmoción anímica en el que actuó el imputado.
Sostiene esa defensa la ruptura de los frenos inhibitorios por parte del imputado al hallar a un hijo menor de edad bajo alarmantes circunstancias de vulnerabilidad física por parte de un progenitor representa un estímulo de tal magnitud que es capaz de desestabilizar las facultades volitivas e inhibitorias de cualquier persona media. El imputado no actuó de manera fría ni planificada, indicando que los testigos policiales describieron que G. E. M. se encontraba en un estado de "alteración psicofísica evidente y al borde del llanto".
Refiere que la tentativa de homicidio cometido bajo el influjo de la emoción violenta reduce la escala penal aplicable a un mínimo de un año y a un máximo que no supera los cuatro años y dos meses de prisión. El mantener la prisión preventiva resulta un agravio constitucional flagrante.
Argumenta que su defendido no demostró conductas elusivas, no intento fugarse ni ocultar el arma. Permaneció en el domicilio y se entrego pacíficamente al personal policial.
Solicita la aplicación de medidas menos restrictivas de la libertad tales como la fijación de residencia en la provincia, la prohibición de acercamiento, etc.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Al analizar los agravios planteados por la defensa, los mismos se centran, fundamentalmente, en la ausencia de animus necandi en cabeza del imputado, lo que, y conforme surge de la información agregada en la presente causa, a través de los distintos medios probatorios, no puede sostenerse.
En este orden, cabe señalar que en los autos caratulados: “T. L. S/Lesiones R/ VÍCTIMA" Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A.A.A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona abdominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte. Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima.
Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr. T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado.
El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr. L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar.
Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por si mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos.
El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...
Aclarado ello, corresponde pasar al agravio relativo a la subsunción jurídica de los hechos. Como lo expresara supra, surge con la probabilidad propia de esta etapa, que el elemento subjetivo del tipo penal del art. 79 del C.P. se encuentra "prima facie" acreditado. Es decir que la voluntad realizadora del tipo guiada por los elementos del tipo objetivo sistemático surge palmaria del ataque que realiza la acusada, pues decide tomar un arma blanca, salir en busca de la víctima, llegar hasta su lado de una manera no agresiva y con la supuesta intención de hablar con T., lo interroga diciéndole ¿que híciste?, y cuando estuvo a la distancia necesaria y sin que se pudiera presumir un ataque, ella lo realiza.".
Sobre este puso de marcha, la información demuestra que G. E. M., se presentó el día 15 de mayo de 2026, en el domicilio de su ex pareja sito en calle xxxxxx N° **** de la ciudad de Puerto Deseado, teniendo pleno conocimiento de la existencia de una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la Sra. A. B. O. y su vivienda. Es en estas circunstancias, que ingresó a la vivienda de manera clandestina y violenta, forzando la ventana de una de las habitaciones.
Esto determina claramente el accionar ilícito del imputado, quien sabiendo de la prohibición de acercamiento al domicilio, no solo hace caso omiso a la orden, sino que además se vale de un accionar violento para ingresar al interior, violando el sistema de seguridad de la vivienda.
Luego de ello, el imputado una vez en el interior de la vivienda, se encuentra con la víctima de autos, el Sr. J. L., actual pareja de la Sra. O., a quien comienza a increpar, primero verbalmente, manifestándole " que haces en mi casa, hijo de Puta",... "te voy a matar",. para luego extraer de su mochila un cuchillo que portaba, propinándole múltiples puntazos dirigidos a zonas vitales del cuerpo de L..
Como surge claro de la conducta, de su modalidad, ataque con un arma blanca y de la expresión del propio imputado que anuncia el mal que le causará a la víctima diciéndole que la matará, el dolo, es decir el elemento subjetivo del tipo, está plenamente acreditado.
El dolo se infiere de los actos que realiza el sujeto activo, y además, el mismo puede ser expresado por el autor, como en este caso, pues el imputado, previo a iniciar el ataque con su cuchillo, le dice a la víctima que lo iba a matar.
Esto demuestra claramente el animus necandi del Sr. G. E. M., quien primero dirige la advertencia verbal, "te voy a matar", para luego ejecutar su plan homicida cuando empuña el cuchillo y asesta varios puntazos en el cuerpo de la víctima.
No hay un contexto de discusión previa, ni provocación por parte de la víctima, quien se encontraba indefenso en el interior de la vivienda, y que logra salir y pedir auxilio a un vecino para salvar su vida.
Tampoco se advierte un estado emocional que haya perturbado de alguna forma el juicio del imputado, pues el autor fue preciso en la invasión de la vivienda, en la búsqueda de la víctima, en el anuncio de un mal y en el ataque, para el cual fue preparado.
En los autos caratulados: “A. A. C. S/ Denuncia lesiones leves y amenazas” Expte. Nº A-49080/19, N° de Juzgado de Recursos 7191/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "VI.- Como lo adelante, comparto con el A quo la valoración de la información realizada, las proposiciones fácticas imputadas y la subsunción en la figura delictiva seleccionada, conforme el estado actual de la presente causa, la que, considero, aún resta investigaciones que realizar, previo a disponer la vista que establece el artículo 329 del CPP.. Sobre este piso de marcha, entiendo que la explicación que brindara la imputada, respecto de la motivación y de la forma en que actuó, debe ser motivo de investigación.
Ello así, pues allende la teoría del caso de la defensa, que pretende darle a este supuesto el alcance de una causal de inculpabilidad, es necesario que el móvil o motivo alegado por la imputada en su defensa material, sea investigado adecuadamente, pues puede tener relevancia penal a la hora de resolver, en definitiva, y mediante sentencia, en caso que la presente causa prospere hasta ese estadio, la situación de la misma. Deberá, si es que la imputada presta su consentimiento, realizarse una pericia psicológica, para que, y teniendo en cuenta el conflicto que tanto ésta como la víctima indicaron sostener, el que, a todas luces, es traumático pues involucraba a los hijxs de ambas, descartarse la existencia de un obrar en estado de emoción violenta.
Asimismo, deberá citarse a prestar declaración testimonial al hijo de la imputada, para que exprese sus vivencias al momento de ser investigado, y como ello, influyó en él y en su grupo familiar, en especial en su madre. La Defensa podrá ofrecer, además, y en caso de existir en la actualidad, las evidencias del supuesto acoso informático “lato sensu” o testigos que hubieren presenciado el mismo, tanto en lo que hace a su pupila, como al hijo de ésta. Cabe señalar que las lesiones tipificadas en los arts. 89, 90 y 91, cuando se dieran las circunstancias establecidas en el artículo 81 inciso 1°, apartado a), por mandato del artículo 93 del código penal, tendrán una sanción atenuada. En este sentido, cabe recordar y precisar, detalladamente, y a los fines de instruir debidamente al o la perito psicóloga/o, cuales son los alcances de la emoción violenta tipificada en el primer inciso, apartado a) del artículo 81 del C.P., aún a riesgo de ser extenso y sin pretender, ni agotar el tema, ni menos aún, transformar el auto en un acto acádemico.
En la obra citada, sobre la emoción y en especial sobre la emoción violenta, se ha señalado dogmáticamente que: “Conceptualmente se ha entendido que la emoción es un estado en el que la personalidad del individuo experimenta una modificación en razón de un estímulo que obra en sus sentimientos. En todo este aspecto resulta insoslayable recurrir a las enseñanzas de Peña Guzmán, pues es quien más ha escudriñado en estas cuestiones, y en referencia a la emoción relata que la misma es una cualidad de los sentimientos, cuando ha adquirido intensidad apreciable y altera el ánimo del sujeto. Aunque más que ello, podría decirse que más bien se trataría de una transformación de la personalidad como consecuencia de un estímulo que repercute en los sentimientos, se puede decir que el miedo, el amor, el odio, son sentimientos que tienen entidad suficiente para desembocar en un estado emocional, pero no puede afirmarse que alguno de ellos sea la emoción misma, ya que la emoción es un estado subjetivo más o menos duradero y distinto de los sentimientos que lo constituyeron… Las emociones se distinguen no solo por tener diferentes calidades de esa naturaleza sino también por el grado de profundidad que revisten o grado de cualidad endotínica específica para cada emoción aislada –la alegría, el enfado, la pena, etc.– impregnan, en cierto modo, toda la vida anímica.
De este modo una emoción será más profunda cuanto mayor territorio de la vida anímica esté incluido en su esfera y reciba de ella su colorido y su matiz. Si las emociones son profundas, todos los contenidos parciales de la vida anímica, tanto en sentido transversal como longitudinal, reciben de ellas una cualidad de totalidad, con sentido propio, y se hallan en una relación recíproca unos con otros. Cuando la emoción es profunda impregna toda la personalidad y deja atrás de sí un estado de ánimo duradero. Las emociones propiamente dichas interrumpen el curso regular de todo acontecer psicosomático y, por lo tanto, son sentidas como un trastorno de la esfera corporal, especialmente en la parte regulada por el sistema nervioso vegetativo… Tampoco se puede soslayar la opinión de Cabello pues es otro estudioso especialista en el tema y refiere que la emoción violenta desde el punto de vista de la psicología médica requiere seis notas fundamentales: a) son procesos vividos subjetivamente, fundidos al estado de ánimo y con nuestro propio estado de conciencia; b) poseen una referencia intencional en relación con las múltiples situaciones estimables de nuestra vida y de los objetos que nos rodean, asignándoles un valor; las cualidades valiosas son vividas afectivamente a través de la participación íntima del objeto con nuestro ser; c) los procesos afectivos incluyen siempre una situación total de la conciencia; es como un fluido energético que impregna toda otra actividad psíquica, concediéndole una tonalidad particular acorde con los sentimientos; d) la afectividad cumple una función dinamógena por excelencia: es el motor que mueve la inteligencia y la voluntad; impulsando la acción integradora y adaptativa del hombre a su mundo; e) intensidad variable: pueden señalarse tres modalidades especiales de intensidad creciente: los sentimientos simples, las emociones y las pasiones; f) los afectos oscilan en extremo bipolar: alegría-tristeza, dolorplacer, depresión-excitación, placidez-angustia.
Se califica de violenta a una emoción, cuando el movimiento afectivo provisto de una fuerte carga tensional, altera el equilibrio psicodinámico y por ende la conducta. La emoción violenta debe considerarse como una variedad adaptativa de que se vale el organismo para prever, evitar y suprimir las causas deletéreas que afectan su integridad corporal y espiritual, pero que adquieren cierto carácter de apremio o de urgencia. Es un llamado a las armas, a las fuerzas defensivas, sin rehuir desde luego el ataque o la huida. En la emoción violenta se produce un desajuste a favor de los elementos expresivos que a su vez potencializan la experiencia emotiva mediante una acción de rebote. En este caso la emoción traduce una grave perturbación: se procede sin tino, se queda a merced de los impulsos y de los automatismos, se actúa al margen del pleno ejercicio de la voluntad, confundidos e impotentes.
Por otra parte, el suceso es tan rápido que cuando se quiere reaccionar el hecho se ha consumado. Las causas determinantes o motivación (no faltan nunca) son: ofensas al honor y a los afectos, injurias ilícitas y graves, justo dolor, justificada indignación, justa ira, provocación, despojo, violación de derechos esenciales, adulterio, infidelidad, ultraje a la honra sexual, menosprecio, insultos graves, agresiones de hecho, lesiones, bofetadas, escupitajos, miedo en sus diversos grados… De modo que, en definitiva, la emoción puede afectar la inteligencia de los propios actos, no requiriendo necesariamente la pérdida de la memoria... Hechas estas consideraciones de naturaleza científica, que me permití transcribir en forma textual –por exceder el ámbito de nuestra dogmática e incursionan en otra área– y estimándolas de sumo interés, debe tomarse en cuenta que a los fines tipificadores de la ley positiva resulta indispensable que el sujeto activo obre en la emergencia violentamente emocionado y desde el punto de vista jurídico la emoción es un estado de conmoción de ánimo en el cual, en definitiva, los sentimientos se exacerban, alcanzando límites de suma intención.
No es requerible que la emoción violenta llegue al extremo de una transformación transitoria de la personalidad, ya que es factible estar emocionado sin que se muten los rasgos fundamentales de aquella. Así las cosas, la emoción puede exteriorizarse o manifestarse con diversas repercusiones en los estados anímicos del sujeto; puede traducirse en ira, dolor, miedo, abulia –por ejemplo, en los casos de comisión por omisión–… Conforme a nuestra legislación la emoción, tal como ha sido descripta ut-supra, para que se pueda considerar como una eximente incompleta destinada a aminorar la pena, debe ser violenta, es decir, que por su intensidad disminuye o debilita los frenos inhibitorios de la voluntad del sujeto activo.
Claro está, como también se adelantó anteriormente, que, si se pierden en forma concluyente dichos frenos, la conducta se encasillaría en el art. 34, inc. 1º, del Cód. Penal, vale decir, un estado de inimputabilidad. Atendiendo a la conformación típica ha menester dos elementos: uno subjetivo, que consiste justamente en la emoción y otro de naturaleza normativa, el cual está dado por el hecho que esa emoción, por las circunstancias en que ella se da, sea excusable, con lo cual lo que se justifica son "las circunstancias" no la emoción, ya que este estado es una consecuencia del momento o instante vivido por el sujeto, que fuera precisamente lo que lo sumió en el trance delictivo que lo lleva a una condena aunque más no sea atenuada, pero no el hecho típico del homicidio.
Esto último no tiene viabilidad justificatoria, de lo contrario se estaría en presencia de una causa de justificación que no sería motivo de atenuación de pena sino de exclusión de la misma. En tal sentido, aprecian Creus-Buompadre, que la capacidad de reflexión del sujeto debe haber quedado tan amenguada, de manera tal que no le permitiera la elección de una conducta distinta con la misma facilidad que en supuestos normales. De allí la debilitación o disminución de los frenos inhibitorios. También señalan que no es imprescindible que se vea afectada la capacidad de comprensión, la inteligencia perceptiva –sin perjuicio de que ello pueda ocurrir–, aunque es imprescindible que la violencia de la emoción haya obrado de alguna manera sobre la capacidad deliberativa, sin anularla, de lo contrario ya se entraría en el terreno de la inimputabilidad.
También, desde el punto de vista normativo, se señala que lo que las circunstancias tienen que excusar es el hecho de haberse emocionado violentamente, por ello se hace menester la presencia de una causa provocadora estimulante desde afuera –externa–, ya que no es aceptable que se haya conformado en el marco de un desarrollo interno de los sentimientos en razón de las características temperamentales del sujeto activo –de lo contrario la ley estaría dando tratamiento preferente a conductas que responden únicamente a condiciones del autor, a su temperamento o a su falta de dominio de los impulsos)– lo cual no necesariamente requiere que un determinado temperamento deba estar, a priori, excluido de la atenuante ya que, por el contrario, puede resultar un campo propicio para que el estímulo externo opere en forma adecuada y eficiente… En definitiva, y acorde con el razonamiento antes expuesto, lo que pone en evidencia el texto legal es que la atenuación procede cuando el hecho está teñido de una reacción explicable, comprensible, excusable y externamente motivada sobre una consciencia normal.
Se deben tener en cuenta las circunstancias apuntadas, pero las mismas no deben ser utilizables como parámetros rígidos, sino como pautas o índices que orienten a descubrir las circunstancias fácticas que rodearon el caso concreto sometido a decisión, también concreta. No es factible en el trance apañar situaciones derivadas de reacciones exaltadas e intemperantes, ya que, reitero, la norma excusa hechos que puntualmente son de una gravedad no común, de allí que se han descartado los motivos fútiles, la provocación que no contemple una determinada forma injusta, un estado de emoción pasada, toda vez que la norma requiere la preposición en, para que se dé la emoción violenta… La excusación para que sea posible su invocación o aplicación tiene que darse en el contexto de circunstancias determinadas: 1) que el estado emocional resulte explicable, no ya por la misma conmoción anímica, sino por las circunstancias que envuelve esa conmoción; 2) que la afrenta provocadora represente una injusticia de un escaso relieve, idónea para producir sin más una reacción de tal magnitud; 3) que como consecuencia del agravio injusto y provocado, el homicida se encuentre impelido por una causa que tenga para él cierto aspecto de justicia aunque por exceso de ira haya pasado el límite debido; 4) que la fuerza impulsora del homicidio sea extraña al autor; que su génesis sea ajena al emocionado mismo.
La emoción violenta no debe tomarse como una característica que alude puramente a una entidad médica patológica, sino a un juico valorativo sobre un factum real que puede ser experimentado por cualquier persona, esto conduce que la tarea debe abordarse en cada caso particular pues de eso se trata para que pueda llegar a ser una eximente incompleta que derive en la minoración de la pena, de allí que si en realidad se pierden y no se debiliten los frenos inhibitorios de la voluntad se arriba a la eximente completa –grado de inimputabilidad– del art. 34, inc. 1º, del Cód. Penal.”(Conforme ob. Cit. CODIGO PENAL, PARTE ESPECIAL, DIRECTOR RUBÉN E.
FIGARI, COORDINADOR ABELARDO M. MANZANO,
TOMO I, EDITORIAL LA LEY, Pág. 163 y ss.) Sería de sumo interés, además, contar con copia autenticada de la causa en donde el hijo de la procesada fue denunciado... Realizadas las medidas probatorias, entiendo que la información que se pueda aportar a la causa, permitirá, o bien confirmar el temperamento adoptado, o, por el contrario, modificarlo, conforme surja de la misma."
En autos no se verifica ningún supuesto que implique analizar la causal invocada por la defensa.
El imputado alega, en su defensa material, que su reacción se debió a que su hijo menor de edad, que se encontraba en la vivienda junto a L., estaba sin ropa en la parte inferior del cuerpo, alegando que podría ser víctima de abuso sexual por parte de L..
Que esta situación no se encuentra acreditada, habiendo sido examinado el menor por facultativo médico de manera inmediata a sucederse los hechos aquí investigados, indicándose a fs. 7/16 claramente que el niño no presente ningún tipo de rastro físico de haber sido víctima de situaciones de abuso, siendo por el contrario, la sugerencia de la evaluación y abordaje de la situación de violencia y posible trauma por lo experimentado con la agresión física del padre hacia el cuidador.
No existen datos concretos que permitan acreditar lo expresado por el imputado en su defensa, en cuanto a que actuó por temor a que su hijo fuera víctima de abuso, no existe ningún tipo de evidencia e indicios al respecto. Tampoco ello, salvo un caso de riesgo, puede justificar la invasión de la vivienda y el ataque homicida.
Por el contrario, lo que se debe valorar la existencia de una medida de prohibición de acercamiento que pesaba en cabeza del imputado, no solo al inmueble sino también hacia la Sra. O.
Y sabiendo acabadamente de la restricción que pesaba, dispuesta por el Estado, decidió violentar el domicilio y hacer caso omiso a todas las prohibiciones que le fueran impuestas.
Debemos apreciar que la víctima, el Sr. L., se encontraba totalmente indefenso, siendo sorprendido en el interior de la vivienda por G. E. M., que si se presentó armado con un cuchillo de aproximadamente 22 cm de largo el cual portaba en la mochila que cargaba, esto con la clara intención de dar muerte a L..
Es en esta constelación situacional donde se da la agresión brutal de G. E. M. hacia L., quien logra, a pesar de estar herido, huir de la vivienda, siendo auxiliado por vecinos, y así evitar su muerte, lo que permite concluir con el grado requerido en esta etapa procesal, la existencia del dolo homicida por parte de G. E. M., tal y como él lo anunció.
Así también se acredita a través de certificado médico obrante a fs. 75, que el imputado no presenta lesiones en piel al momento del examen físico, lo que demuestra que no hubo agresiones por parte de la víctima hacia el imputado.
Que de las declaraciones testimoniales obrantes en autos, vale decir de la Sra. O. obrante a fs. 66, ratificada en sede judicial a fs. 98/100, como de los vecinos que prestaron auxilio, siendo el Sr. M. J. L. D. a fs. 64, ratificada en sede judicial a fs. 93/94, de la Sra. A. E. R., a fs. 65 y vta, ratificada en sede judicial a fs. 191/ y vta., todas son contestes en afirmar la existencia del ataque mediante la utilización de un cuchillo por parte de G. E. M. hacia L.
Además, la continuidad de la agresión se ve impedida, (“…circunstancias ajenas a su voluntad” art. 42 del C.P.) por el auxilio que le prestaron D. y R., dando refugio en su domicilio al momento de ser perseguido por G. E. M. que portaba el arma homicida, como así el posterior traslado hacia el hospital para que pueda recibir atención médica, lo que finalmente le salvo la vida.
Que los testigos R. y D. refieren que el imputado se encontraba insultando, lo que no es indicativo que se encontrara en un estado de exaltación tal que impidiera comprender la criminalidad de sus actos, dirigir sus acciones, tal como se señaló supra.
Que analizado el contexto en el que se desarrollaron los hechos investigados, claramente G. E. M. dirigió sus acciones de manera consciente, presentándose al domicilio armado, es decir portando un cuchillo, pese a conocer la restricción de acercamiento, para luego decidir ingresar clandestinamente mediante el forzamiento de una ventana, y una vez en el interior, al percatarse de la presencia de L., decide arremeter contra éste con el cuchillo que portaba y asestó varios puntazos en zonas vitales del cuerpo, que podrían haber causado la muerte de L.. Lo expresado por la defensa en cuanto a que las lesiones que provocó G. E. M. en el cuerpo de L. no estaban dirigidas a causar la muerte son solo una afirmación que se contradice con la información agregada y valorada por la A quo, de manera crítica y racional. Además, su accionar se vio interrumpido por la huida del lugar de L. y por el auxilio prestado por los vecinos que lo ponen a resguardo en el interior del domicilio, impidiendo que G. E. M. continué con su ataque homicida, y sin esperar la ambulancia, ante las heridas que presentaba L. y la pérdida de sangre, decide el Sr. D. trasladar de manera urgente en su vehículo particular hacia el hospital para que reciba la asistencia médica que le salvo la vida.
Por último en relación a la medida cautelar dispuesta, tampoco puede tener acogida favorable el pedido de la defensa en cuanto a la implementación de medidas menos gravosas que la privación de la libertad de G. E. M., dado la gravedad y forma del ataque realizado, a lo que se suma el incumplimiento de las restricciones impuestas con anterioridad.
En referencia a la detención cautelar, en los autos caratulados “R., G. S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS
S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas."Y en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "A., S.
E. S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE
DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que:"Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal."Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confianza a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencias firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socioambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la tesigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socioambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aún cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso. En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIÓN DE OMAR NICOLÁS GOMEZ EN AUTOS: A. N. E.
S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte. Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." En los autos caratulados: “E.
G., J. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL”
Expte. Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que:" Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. Escobar: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su ex-pareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos. (fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra.
Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la “notitia criminis” y su mínima acreditación, se pueden inferir, “prima facie” las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declarción indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la “identidad” de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro además, que en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas mediante el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente..... Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno.
Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática. Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión.
(Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372).- Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionalesconvencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona. Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.).-....
En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra “ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL” de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad”.- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación."Complementando el criterio expresado en dicha causa, en autos caratulados: “M., E. S/ DCIA. LES. LEV., DAÑOS, AMEN., VIOL. DCILIO. Y DESOB. JUDICI.” Expte. Nº 33285/23, N° de Juzgado de Recursos 7239/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.2.- Finalmente, cabe señalar que lo que atañe a las medidas cautelares que se dictan en el proceso penal, las mismas pueden serlo a pedido de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional.
A manera de ejemplo y cuando se trata de pedidos de Exención de Prisión o de Excarcelación, el código de rito dispone la vista previa a la decisión jurisdiccional, del Ministerio Público Fiscal a los fines que emita opinión sobre el particular. Como señalé, las medidas cautelares respecto del imputado, son actos y decisiones jurisdiccionales que se basan en el análisis de la probabilidad del acaecimiento de conductas que pueden implicar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En casos como el de autos, en los cuales la persona se encuentra detenida desde la indagatoria o antes de ella y hasta que se resuelva la situación procesal en donde el Sr. Juez de Instrucción deberá resolver sobre su situación procesal y sobre la forma de cautelar en caso de procesamiento, no existe impedimento para que el Sr.
Agente Fiscal peticione en autos no solo la medida cautelar que entienda adecuada al caso, sino y además, si, conforme a su teoría del caso, el imputado debe o no ser procesado, ello con antelación al dictado de la resolución judicial. Que no exista la obligación de expedirse previamente por parte de la Fiscalía interviniente, no implica que no pueda hacer saber al órgano jurisdiccional, a la defensa y a las restantes partes del proceso si la hubiere, cual es la posición del Ministerio Público Fiscal en un caso determinado. Dicha competencia se encuentra de manera implícita del artículo 6 del CPP. que pone en cabeza del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En este sentido, en los autos caratulados: “INC.
DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema". Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales.
No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes.
Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona."Además, en los autos caratulados:
“INC. DR. ALBERTO LUCIANI S/SOLICITA EXCARCELACIÓN EN AUTOS: R. F. S/ INFRACCIÓN
ART. 119 del C.P” Expte. N° I-53.729/21, N° de Recursos 7146/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N °1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso, es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. A pesar de lo expresado y aun cuando el imputado fue procesado por hechos de suma gravedad, con una elevada pena en expectativa, recuerdo que el Estado le brindó al imputado la posibilidad de transitar el proceso en libertad, imponiéndole una cautela menos gravosa, reglas respecto de las cuales hizo caso omiso, en dicha oportunidad vislumbrando un desapego a las normas y a las disposiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.
No cambiando su postura a lo largo del presente proceso. Esto es así teniendo en cuenta que ya analicé la media cautelar de prisión preventiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos principales, sobre los que recayera resolución en fecha 29 de septiembre de 2022, la cual se encuentra registrada bajo Tomo: LXXX Registro: 070 Folio 193/196, en la cual exprese en parte pertinente" En este caso al imputado se le brindó la oportunidad de permanecer, luego del primer dictado de la prisión preventiva, en libertad el resto del proceso. esa posibilidad, por libre voluntad del mismo, fue desechada cuando contacto a la víctima sabiendo previamente que le está prohibido.
Si bien ello puede tener una explicación en su motivación...lo cierto es que, allende el mismo, objetivamente incumplió su obligación y que subjetivamente, el fin, surge claro de la denuncia de la víctima, fue ofrecerle dinero en primer término para amenazarla cuando obtuvo una negativa de ella. Hay argumentos más que suficientes para sostener la continuidad de la prisión preventiva, por lo que entiendo que la misma debe ser confirmada." Es por ello que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es cierto y objetivo y debe ser neutralizado, no pudiendo ser efectivizado de otra manera que no sea inevitablemente restringiendo la libertad del imputado. No pudiendo a esta altura del proceso asegurarse que el imputado mantendrá su conducta a derecho. ...
Es necesario destacar que el Estado a través de la función jurisdiccional le otorgó la posibilidad de transitar el proceso en libertad, luego de haber sido detenido cautelarmente. Ello también puede operar desde el inicio de las actuaciones. Esta situación implica para la persona que se encuentra imputada en un proceso penal, por parte del Estado, la garantía de cumplir el proceso en libertad cuando se estima que los peligros procesales pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria. Es decir que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, si cumple con las reglas y pautas de conductas que se le asignan, podrá mantener esta situación hasta la sentencia definitiva, para dotar de plena vigencia al derecho de transcurrir el "juicio" con medidas restrictivas menos graves que su detención cautelar, evitando que el mismo sea restringido por incumplimiento de la persona a quien beneficia.
Pero cuando la persona a quien se le reconoce el derecho de transitar el proceso penal en libertad, voluntaria e injustificadamente decide incumplir las pautas de conductas, no puede ese cumplimiento trasladarse al Estado, pues es claramente, responsabilidad exclusiva y excluyente de quien no se motiva en la norma pudiendo hacerlo. El principio de gradualidad en la aplicación de las medidas cautelares, impone al estado un uso razonable de la fuerza que detenta monopólicamente, pero no lo exime de ejercerlo cuando la persona que se encuentra sujeta a proceso penal incumple las normas, por el contrario, se encuentra obligado a asegurar los fines del proceso. Existe la responsabilidad de cada persona de cumplir con las normas, máxime cuando estas la benefician y están pensadas en su favor, pero es la libre decisión del sujeto que puede hacer caso omiso de las mismas, sabiendo además que deberá responder por sus actos.
Esta libre decisión no puede trasladarse al estado, es de cada ser humano. No puede perderse de vista que los riesgos procesales se integran con dos materias diferentes entre sí, una que hace al peligro de fuga, pues no puede haber juicio en ausencia. Y la otra está relacionada con el peligro de entorpecimiento de la investigación, en donde la autoridad jurisdiccional deberá valorar la situación no solo de los testigos y de la evidencia material (pericias, informes, etc.) sino y especialmente de la víctima y de su grupo familiar, para que las medidas cautelares que se adopten protejan efectivamente los derechos de todas las personas afectadas directa o indirectamente por la conducta objeto de investigación.
Por todo ello, la posibilidad y oportunidad que el Estado le brindara al imputado, fue aprovechada por éste para incumplir las normas que se le impusieran e intentar entorpecer la investigación, razón por la cual, el auto debe ser confirmado."Y finalmente, en los autos caratulados:
“INC. DE COPIAS EN AUTOS: T. R. A. Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A. (RECARATULADO)”
Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho. En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener. Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho.
A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle “esto muere acá”; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo. En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por si mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realización, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho.
En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la misma se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación. De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima.
Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir. No puede pasarse por alto lo manifestado por la testigo S.A. (fs.335), hermana de D.T.P. en relación a que la familia de T. intentó contactarse con su familia, lo que resulta un indicio de que T. en libertad pueda intentar contactar a la víctima a fin de hablar sobre lo sucedido, con las consecuencia que ello puede implicar para la víctima, dado su estado de salud referenciado supra.
No es óbice a ello, que antes de ser detenido viviera en la ciudad de Bahía Blanca, pues hoy en día existen diversas formas y tecnología para mantener un contacto a la distancia. Por último, debe tenerse presente que la ciudad en que sucedieron los hechos es una comunidad relativamente pequeña, por lo que estando los imputados en libertad, es probable que aún cuando cumplan con medidas cautelares de protección a la víctima, de todos modos se produzcan cruces casuales, con las consecuencias que ello acarrea en el caso concreto dado lo que un gesto o una mirada de cualquiera de los imputados puede implicar para D.T.P. Es así que entiendo que la prisión preventiva amerita ser confirmada. Sin perjuicio, comparto con lo expresado por el A quo, que si el avance de la investigación permite variar lo sostenido en autos, podrá reevaluarse la medida cautelar.
En este sentido, entiendo pertinente realizar la atención y abordaje de la víctima por el Centro de Asistencia a la Víctima, y requerir conclusiones respecto al estado de la misma, y la posibilidad, a todo evento, de analizar, conforme al mismo, una valoración de medidas cautelares menos grave que la dispuesta, sin que implique, como se dijo, situación de entorpecimiento de la investigación, fuga, ni de revictimización. Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario “Diaz Bessone” invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial. En los autos caratulados "P., E. A. S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria.
No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...". Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127).
En tanto Soler sostiene "...desde el juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos. Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal.
Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...".-
Bajo estas pautas de análisis hermenéutico, cabe señalar, reitero, que nos encontramos ante un hecho delictivo grave sumado a la modalidad desplegada para ejecutarlo, hace inferir la existencia de riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, por lo que corresponde, en razón del vínculo de la víctima con la ex pareja del imputado, adoptar la medida necesaria para protegerlo a él y a la Sra. O..
A ello se adiciona, conforme se evidencia de las actuaciones al momento de sucederse los hechos, que en primera instancia el imputado se resistió la intervención del personal policial, negándose a salir del interior de la vivienda y sosteniendo a su hijo menor junto a él, sin perjuicio del permanente dialogo del personal policial interviniente, quien solicitaba deponga su actitud y permita salir al niño del interior de la vivienda. Asimismo debemos tener en cuenta la modalidad para ingresar a la vivienda de la Sra. O., vale decir forzando una ventana, pese a tener una medida de restricción de acercamiento al domicilio y a la Sra. O., otra circunstancia que demuestra que el imputado en libertad podría entorpecer la investigación, presionando a los testigos que eventualmente deban deponer en juicio.
Por otra parte, conforme la lectura del auto de mérito, fueron ordenadas medidas probatorias que aun se encuentran pendientes de producción y resultan de relevancia para los hechos aquí investigados, lo que permite inferir fundadamente, que en libertad el imputado podría sustraerse y darse a la fuga, razón por la cual debe mantenerse su prisión preventiva.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto de fs.215/242 del presente en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia