Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
TOMO: CXXIV REGISTRO: 013 FOLIO: 141/158
Caleta Olivia, 03 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACIÓN: DIVISIÓN COMISARIA TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio obrante a fs. 29/47 vta. el presente incidente (fs. 79/97 del expediente principal), el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió en el Punto I, “…el PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA, de G. A. L.,, en relación al delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, en calidad de autor (art. 104 primer párrafo, 189 bis sexto párrafo y 45 C.P.)” En el punto II, ordenó trabar embargo sobre los bienes de G. A. L. por la SUMA DE PESOS DOS MILLONES ($2.00.000) a los fines de garantizar una futura responsabilidad pecuniaria, costas del proceso y aseguramiento de la responsabilidad civil emergente; haciéndosele saber que en caso de carecer de dicha suma, se decretará la inhibición general de bienes, librándose el respectivo oficio al Registro de la Propiedad Inmueble (art. 499 C.P.P.)
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 1 de Caleta Olivia Subrogante, doctora Ximena Paola Villares, interpone recurso de apelación obrante a fs. 49/51 del presente incidente, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 52. En esta instancia es mantenido a fs. 68 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso, la defensa se agravia sosteniendo que el A quo tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad exigido por el art. 289 del C.P.P.S.C., la materialidad del hecho ocurrido el día 10 de julio de 2.026, entre las 11:15 y las 11:50 horas, en una vivienda sita en Barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, xxxxx N° *** (Pasaje S. B.), en el que resultaron heridos por disparos de arma de fuego los ciudadanos R. E. J. J. O. y F. M. J., atribuyendo a su asistido la autoría del disparo que impactó en el muslo y cadera derecha de este último. Que en su descargo, G. A. L. negó haber intervenido en el hecho, manifestando que se encontraba en su domicilio, que escuchó disparos, que salió a increpar a los hermanos R. E. J. J. O. por lo sucedido, que fue él quien recibió un disparo de parte de éstos, y que solicitó expresamente se recabaran las filmaciones de las cámaras de seguridad de la panadería lindera.
1.-Plantea insuficiencia del grado de probabilidad exigido por el art. 289 del C.P.P. y errónea valoración de la prueba indiciaria y testimonial.
Destaca que surge de la valoración de la prueba del propio auto recurrido la existencia de “discrepancias” entre las declaraciones vertidas en sede policial y en sede judicial por las tres personas damnificadas y su progenitor, tanto en cuanto a la cantidad de ocupantes del rodado como en cuanto a cuál de las víctimas resultó lesionada en primer término. Que esa misma inconsistencia se proyecta, con mayor entidad, sobre el punto decisivo para la situación procesal de su asistido: la atribución individualizada de la autoría del disparo que habría impactado a F. M. J..
Que en efecto, se trata de un episodio de disparos cruzados y simultáneos, protagonizado por al menos dos personas armadas según la instrucción -su asistido y A. D. P.-, en el que, según los propios dichos de los denunciantes, ambos habrían efectuado disparos casi al mismo tiempo y desde posiciones distintas. Que la imputación concreta a G. A. L. del disparo que hirió a F. M. J. descansa, en rigor, en la percepción del propio denunciante en un momento de extrema tensión, confusión y peligro para su vida, circunstancia que el mismo auto invoca -correctamente- para relativizar las contradicciones entre declaraciones, pero que también debe ser ponderada, con igual rigor, al momento de evaluar la probabilidad positiva de la atribución de autoría entre dos tiradores que según la instrucción habrían actuado simultáneamente, como así también tener en cuenta la versión de descargo brindada por su asistido quien refirió haber recibido disparos de los atacantes de apellido Jofré, lo que encuentra sentido si advertimos que quienes se acercaron al domicilio, fueron los integrantes de la familia R. E. J. J. O. y no al revés.
Que la propia resolución recuerda, citando a Jaén Vallejo y a Cafferata Nores, que los indicios deben ser “varios, claros, precisos y concordantes, unívocos -nunca anfibológicos”. La defensa entiende que ese estándar no se encuentra satisfecho respecto de la autoría específica que se atribuye a su asistido, en tanto ninguna de las armas fue secuestrada, no existe informe balístico que vincule un proyectil determinado con un tirador determinado, no existe resultado de examen de barrido electrónico y la sindicación proviene exclusivamente de la percepción subjetiva de los denunciantes en medio de un tiroteo con más de un partícipe armado.
Que a ello se suma que el propio certificado médico practicado a G. A. L. (fs. 3) constató únicamente “escoriaciones en rostro y cuello”, sin lesión compatible con disparo de arma de fuego, lo que no permite corroborar objetivamente ninguna de las dos versiones en pugna y evidencia que la reconstrucción del hecho aún requiere de mayor producción probatoria -en particular, el análisis pericial de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Panadería XXXXX LUGAR_1, expresamente solicitada por la defensa en oportunidad de la indagatoria- antes de sostener, con el grado de probabilidad que exige una medida de máxima gravedad como la prisión preventiva, la autoría individual que se reprocha a mi asistido.
2. Prisión preventiva. Plantea falta de motivación autónoma, concreta y suficiente de los peligros procesales exigidos por el C.P.P.
Se agravia que el auto recurrido no exhibe una fundamentación autónoma, concreta e individualizada de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, tal como lo exige el art. 300 del C.P.P. ss. y cc. y la doctrina que la propia resolución invoca. Que el peligro de fuga se sustenta, en lo sustancial, en la “elevada expectativa de pena” y en la eventualidad de una condena de cumplimiento efectivo, extremo que -conforme a la propia jurisprudencia y doctrina citadas en el auto (CIDH, Informe 2/97; Beccaria; Ferrajoli; Cafferata Nores; Fleming y López Viñales)- no puede erigirse en fundamento autosuficiente de la coerción personal, en tanto ello importaría convertir a la prisión preventiva en un anticipo de pena, proscripto por el principio de inocencia (art. 18 C.N.; art. 24 de la Constitución de Santa Cruz).
Que el auto no pondera, en cambio, ninguna de las circunstancias personales concretas de su asistido que sí constan en el expediente y que resultan relevantes para el examen de arraigo: G. A. L. cuenta con domicilio fijo y conocido en esta ciudad (xxxxx N° ***), donde reside; se encuentra ocupado laboralmente como estibador, actividad que -según sus propios dichos en la indagatorianecesita retomar; y tiene una hija menor a su cargo cuyo sostén invocó expresamente al momento de declarar. Que tampoco surge del auto la existencia de antecedentes penales computables en su contra. Ninguna de estas circunstancias, todas ellas indicativas de arraigo social, familiar y laboral, fue objeto de ponderación individualizada, lo que priva a la resolución de la fundamentación concreta que la garantía de excepcionalidad de la prisión preventiva exige.
En cuanto al peligro de entorpecimiento, Señala que el auto lo funda, en lo esencial, en que las armas utilizadas no fueron halladas y en una genérica referencia a la “eventual participación” de un tercero no imputado en estas actuaciones. Que se trata de una fundamentación de carácter conjetural, que no identifica ninguna conducta concreta, actual o probable, atribuible a su asistido que pudiera traducirse en un entorpecimiento efectivo de la pesquisa, máxime cuando la prueba testimonial, allanamientos y secuestro de evidencia relevante ya ha sido recabada y se encuentra incorporada al expediente, en poder del juzgado para realizar la actividad pericial.
3. Invoca omisión de tratamiento fundado en las medidas de coerción alternativas expresamente solicitadas por la defensa.
La Defensa ofreció expresamente, en el mismo acto de la audiencia indagatoria (fs. 77/78 vta.), la aplicación de medidas de coerción alternativas menos gravosas a la privación de libertad. Que el auto recurrido descarta dicho ofrecimiento en una sola frase, sin analizar en concreto por qué ninguna de las alternativas disponibles -presentación periódica ante la autoridad, prohibición de acercamiento a los damnificados (que, de hecho, el a quo ya dispuso respecto de un tercero, en el punto V de la parte resolutiva, lo que demuestra la idoneidad de este tipo de medidas para el caso, máxime cuando quienes se acercaron al domicilio del imputado fueron los propios hermanos y padre de apellido J. y no a la inversa), caución real o personal, o cualquier otra combinación de restricciones- resultaría insuficiente para neutralizar los riesgos procesales invocados.
Expresa que el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva (art. 14 C.N.; art. 7.3 C.A.D.H.; art. 9 P.I.D.C.P.), reconocido expresamente por el propio auto en sus considerandos, exige que la medida de máxima intensidad sólo sea impuesta cuando se demuestre, en el caso concreto, la insuficiencia de toda alternativa menos lesiva. Que la sola invocación genérica de que las medidas alternativas “tornarían inviable” asegurar los fines del proceso, sin análisis individualizado, no satisface esa carga argumentativa y vulnera el principio de proporcionalidad.
4. Plantea desproporción del monto del embargo trabado sobre los bienes de su asistido.
Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se hiciera lugar a los agravios precedentes, la defensa cuestiona el monto de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) fijado en concepto de embargo.
Manifiesta que el propio auto reconoce que dicha suma responde a “una proyección futura y por sobre todo hipotética”, sin que se haya invocado ni acreditado en autos elemento alguno relativo a la capacidad económica real de G. A. L., quien se desempeña como estibador y no registra, según las constancias de la causa, bienes ni ingresos que justifiquen una suma de esa entidad. Que la fijación de un embargo desvinculado de toda base económica concreta del imputado excede la finalidad cautelar prevista en el art. 499 del C.P.P.-garantizar eventuales costas, tasa de justicia e indemnización civil- y se traduce en una medida patrimonial de imposible cumplimiento que, lejos de operar como garantía, opera como un gravamen adicional carente de proporcionalidad.
Por ello, solicita se revoque el embargo dispuesto o, subsidiariamente, se reduzca su monto a una suma acorde con la real capacidad patrimonial de mi asistido. Para el hipotético e improbable caso que no se haga lugar a los planteos aquí formulados por esta parte, se hace la reserva correspondiente al ejercicio de las vías recursivas que otorga el ordenamiento procesal y, de caso federal, atento la índole constitucional de los derechos afectados.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada, en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. En relación al grado de convicción que requiere esta etapa procesal, considero oportuno señalar que en los autos caratulados: "N. J. A. S/ DENUNCIA" Expte. Nº 88164/25, N° de Juzgado de Recursos 8295/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "En primer término, y teniendo en cuenta que tanto el agravio expresado por la valoración realizada por el A quo, en grado de “certeza” según la defensa, como así, el que se refiere a la declaración del imputado, calificado por el Juez como “ensayado”, corresponde expresar lo siguiente.
En este andamiaje, cabe señalar que existen distintos "estados intelectuales del Juez respecto de la verdad" (como señala José I. Cafferatta Nores y Maximiliano Hairabedian, en la obra "La Prueba en el proceso penal" Editorial Abeledo Perrot, págs. 6, ss. y cc.) y ellos establecen la posibilidad de dictar actos jurisdiccionales distintos. En este sentido, los autores mencionados señalan: "Certeza: Ya dijimos que la verdad es algo que esta fuera del intelecto del Juez, quien solo la puede percibir subjetivamente como creencia de haberla alcanzado. Cuando esta percepción es firme se dice que hay certeza, la cual puede ser definida como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. La certeza puede tener una doble proyección: positiva (firme creencia de que algo existe) o negativa (firme creencia de que algo no existe; pero estas posiciones, (certeza positiva y certeza negativa) son absolutas.
El intelecto humano, para llegar a esos extremos debe generalmente recorrer un camino, debe ir salvando obstáculos en procura de alcanzar esa certeza. Y en este tránsito se van produciendo estados intelectuales intermedios, los cuales suelen ser denominados duda, probabilidad e improbabilidad..." Este estado intelectual es el exigido por las leyes de rito para dictar sentencia. Continúan los autores citados: "Duda: entre la certeza positiva y la certeza negativa, se puede ubicar a la duda en sentido estricto, como una indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se está pensando, derivada del equilibrio entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a negarla, todos ellos igualmente atendibles.
O, más que equilibrio, quizá sea una oscilación, porque el intelecto es llevado hacia el "sí" y luego hacia el "no", sin poder quedarse en ninguno de estos extremos, sin que ninguno de los dos polos, ni el positivo ni el negativo, lo atraiga suficientemente como para hacerlo salir de esta indecisión pendular. La "impotencia" conviccional de la prueba de cargo para justificar racionalmente la íntima convicción del Juzgador sobre la culpabilidad del imputado es equiparable a la duda en sus efectos benéficos para éste... Probabilidad: habrá probabilidad, en cambio, cuando la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos; es decir, que aquellos sean preponderantes desde el punto de vista de su calidad para proporcionar conocimiento.
Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos, (desde el mismo punto de vista) se dice que hay improbabilidad (o probabilidad negativa)...". La probabilidad positiva es la que se requiere para el dictado del auto de procesamiento, existiendo dudas y causas de probabilidad negativa, se impone el dictado de auto de falta de mérito. Al comentar el art. 309, similar al art. 292 de nuestro ordenamiento procesal, el Dr. FRANCISCO j. D´ALBORA, en su obra "CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO"
Editorial Abeledo Perrot, señala que: "La falta de mérito es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo (art. 334) y el procesamiento (art. 306). En ajustado fallo, la CNCP, sala I, lo distingue por la certidumbre requerida para sobreseer, cuya ausencia debe canalizarse a través de este instituto. Se trata de una resolución sobre el mérito inicial de la imputación que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de su inexistencia; por ende, no es conclusiva del proceso. Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado – lo que haría procedente su sobreseimiento (art. 336, incs. 2º, 3º y 4º)–, el Juez debe disponer la falta de mérito.
Cuando luego de su dictado no progresó la pesquisa para autorizar el procesamiento, corresponde sobreseer; por eso no compartimos los reparos expuestos por Quevedo Mendoza, que propicia el retorno al sobreseimiento provisional o la instauración de la prórroga extraordinaria . Su consecuencia no es más que un simple corolario del deber de sujeción del imputado al proceso. Si el imputado se encuentra en detención (art. 283), debe ponérsele en libertad con el solo recaudo indicado en el giro final. En cambio, tanto la aprehensión (arts. 284 y 287) como el arresto (art. 281) no tienen vínculo alguno con esta resolución; simplemente se les hará cesar cuando no se conviertan en detención. Es atribución exclusiva del Juez a cargo de la instrucción y genera un estado de libertad vinculada a los fines del proceso penal.
Supone el auto que lo decide (art. 122), que debe ser motivado, bajo pena de nulidad (art. 123) ; requiere su notificación (art. 142), lo que descuenta la constitución de domicilio en el caso de que se comparezca sin hallarse encarcelado (art. 145). El imputado –detenido o libre– debe estar a disposición del Juez de la causa; se dificultaría tal sujeción si, al encontrarse en libertad, no contara con un sitio donde puedan comunicársele las resoluciones para cumplir actos que requieran su presencia (art. 149)...".- Lo primero en señalar es que el auto atacado, como se indicó, es que el auto de procesamiento exige probabilidad positiva como un requisito esencial para su dictado, pero ello no descarta, ni mucho menos, que el A quo, al analizar y valorar la información aportada por la prueba, pueda tener certeza y al momento de fundamentar su decisión, lo haga desde este nivel de convencimiento.
Ello no invalida el razonamiento, al contrario. Además, ello tampoco convierte la resolución de mérito en una sentencia condenatoria como afirma la defensa. Por el contrario, el auto sigue teniendo los alcances que establece la ordenanza procesal. La palabra “ensayado”, la misma es descontextualizada, del resto de la afirmación realizada por el A quo, con el solo fin de expresar un agravio que no encuentra sustento lógico. El A quo, en los considerandos de su decisión textualmente dice: “En cuanto al discurso ensayado por el imputado en su acto material de defensa, debo concluir que no ha logrado conmover el resto del material probatorio rendido en esta causa.” La valoración que realiza el Juez toma la palabra “ensayado” como sinónimo de “articulado” o de “realizado”, allende su pureza lingüística.
No le da el alcance que refiere la defensa, y lo realiza como tópico final, luego de entender porque se ha acreditado, debidamente, la secuencia fáctica. La afirmación sobre la defensa material, es confrontada con la información que lleva a decidir al A quo, de manera contraria a lo afirmado por el imputado. Pero además, y si él a quo entendiera que existen contradicciones afirmaciones mendaces por parte del imputado, nada impide que lo manifieste, pues no es otra cosa que expresar la credibilidad o no de la información que aporta la prueba, y en especial las que hacen a la estrategia de defensa material realizada por el propio imputado. Es más, valorar y fundar una decisión, implica explicar porque la información que se encuentra en una causa, lleva a tal o cual convencimiento, y por que genera credibilidad y en su caso que grado, para sostener una proposición fáctica y decidir sobre la ocurrencia de un hecho y su subsunción legal.
Por todo lo expresado, entiendo que ambos agravios, por manifiestamente improcedentes, deben ser rechazados."
En el caso bajo estudio, se considera, tal como lo ha hecho el a quo, que la información aportada por la prueba reunida, es suficiente para arribar al dicho grado de probabilidad positiva, para tener por acreditados los hechos punibles y la autoría de G. A. L., en los términos en que se le han atribuido en su indagatoria.
Más allá de la prueba indiciaria a la que hace referencia el Sr. Juez de Instrucción en el auto impugnado, existe prueba directa como el testimonio las víctimas y del testigo presencial, padre de aquellas, que avalan la imputación y tiene eficacia probatoria suficiente para sustentar el procesamiento.
Si bien se observan, y el a quo las ha marcado, algunas discrepancias en los dichos de las víctimas y su padre, producto del estado de shock, nerviosismo y alteración propio del evento traumático que los tuvo de protagonistas, no las hay respecto a quienes efectuaron los disparos y quien lesionó a quien.
En los autos caratulados: “P. C. A. S/ Denuncia lesiones leves” Expte. Nº P-49013/19, N° de Recursos 6364/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "No se puede perder de vista que el o la testigo, como órgano de prueba, allende las consideraciones generales que se puedan realizar desde el punto de vista teórico, dogmático y legal stricto sensu, es un individuo con características psicofísicas propias que lo convierten en una unidad distinta a todos. No todas las personas responden de la misma manera frente a estímulos traumáticos y la memoria tiene funcionamientos diferentes, de acuerdo a la idiosincracia personal de cada ser humano. Cada persona es, como dijera, una unidad psicofísica idéntica a sí misma y diferente a todas las demás, más allá de compartir los rasgos que la hacen persona humana, conforme lo normado en el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece textualmente: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" (Conf. art. 75 inc. 22 de la C.N.) El tiempo de las declaraciones en un proceso y su relación directa con el suceso que presenciaron y que percibieron por sus sentidos, lo traumático y la mayor o menor gravedad del mismo, las afectaciones psicológicas que el mismo pueda causar, tanto cuando quien percibe el suceso es una tercera persona como cuando se trata de la propia víctima, implican que no pueden existir testimonios que sean lineales y tengan identidad textual.
La existencia de testimonios reproducidos de la misma manera y que sean copias cuasi textuales de lo que sucedió, deja lugar a dudas sobre la credibilidad de los mismos. La memoria no es una función que se inscriba como algo independiente de la personalidad del sujeto, esta mediada por ideas, emociones, prejuicios, que son los que actúan cuando se narra un suceso del que se ha sido protagonista directo o tercero presencial. Así se ha sostenido que: "Aunque pensemos que nuestra memoria registra y almacena fielmente los objetos, en realidad no es así, y de hecho nuestra percepción del mundo no se corresponde con lo que está sucediendo en la realidad. Los errores pueden ser de distinto tipo, como por ejemplo cuando se transfiere la memoria a corto plazo a la de largo plazo, donde se agregan: el efecto de traer el recuerdo que ya lo modifica, los estereotipos y los prejuicios.
La ubicación del sujeto, el tiempo de registro del hecho y el tiempo que se recuerda y relata el hecho nos permiten ver que un mismo acontecimiento es percibido por distintas personas de distinta manera." -La negrita me pertenece.- (Conforme TRATADO DE LA PRUEBA, DR.
ENRIQUE M. FALCÓN, TOMO III, RUBINZAL-
CULZONI EDITORES, EDICIÓN 2022, pág. 199/200).
En base a lo expresado, cada testimonio debe analizarse en el conjunto probatorio como una individualidad que hace a la esencia propia de la condición humana, y que en la valoración holística de la información legalmente incorporada por todos y cada uno de los medios probatorios, el todo al que se concluye es más que la suma de sus partes, ese todo hace referencia a la conducta que se imputa (hecho punible). Además no puede perderse de vista el art. 72 del CPP. que establece la garantía de víctimas y testigos a un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, en los cuales se engloban todos los sujetos esenciales y alternativos del proceso. Ello no implica que se puedan corroborar conductas de personas que pudieran subsumir en el art. 275 del C.P., pero en caso de que así suceda, deberán arbitrarse los medios necesarios conforme el tipo de acción que la norma penal establece a tal fin.
Si bien la credibilidad de un testimonio tiene el juicio de valoración que abarca a toda la prueba, es decir la regla de la sana crítica racional, (art. 199 tercer párrafo del CPP.) no integra este concepto el señalar ni tachar de mentirosos a los testigos con valoraciones que no tienen en cuenta lo detallado supra, es decir lo relacionado a las condiciones de percepción del o la testigo, y en lo que hace al momento en que la información es ingresada al proceso. Debe tenerse presente que el juicio de credibilidad no sólo está limitado a la prueba testimonial, sino que impacta sobre toda la teoría de la prueba judicial. Sobre este tópico se sostuvo que: "Respecto de la prueba, los litigantes deberán realizar análisis vinculados a tres cuestiones: la legalidad en la obtención de la misma, la pertinencia y la credibilidad....En términos de pertinencia, los litigantes deberán analizar concretamente cuál es la prueba que sirve para acreditar elementos de la teoría fáctica (proposiciones fácticas) y cuales no, ...Finalmente la discusión central en el juicio será sobre credibilidad.
Como mencionamos, los jueces de juicio asumirán en cierta medida que la prueba que ha llegado hasta esta instancia ha sido obtenida en forma legal (ya que han existido instancias suficientes para plantear lo contrario) y que los elementos traídos son pertinentes. Sobre lo que no existirá ningún tipo de presunción es sobre la credibilidad de una prueba..." (Conforme Manual de Litigación, de Leticia Lorenzo, ediciones Ditot, págs. 146 y 147). Surge sin hesitación que la resolución adoptada en autos, con la prueba rendida en los mismos, ha sido debidamente fundada y explicada en su motivación, y correctamente subsumida en la figura delictiva seleccionada."
Es así que a fs. 39/40 del principal, en sede judicial, R. E. J. J. O., declara que cuando llegaron a la casilla amarilla desde dentro salen dos sujetos, uno de ellos G. A. L., que ambos tenían pistolas, que G. A. L. le tiró a su hermano en la pierna y que fue el otro sujeto quien le tiró a él (causándole lesión de arma de fuego cerca de la axila conforme certificado de fs. 2 del ppal.)
En el mismo sentido, F. M. J. sindica a G. A. L. como la persona que le apuntó y tiró a él (causándole las lesiones certificadas a fs.4 del ppal.), y al otro sujeto como la persona que le tiro y lesionó a su hermano (fs. 45/46 de los autos principales)
De manera conteste también declara a fs. 52/53 del expediente principal R. C. J., padre de los anteriores nombrados, quien estuvo presente al momento de suceder los hechos, describiendo la misma secuencia fáctica, si bien no logra identificar cual de los imputados le tiró a F. M. J. y cual a R. E. J. J. O.. Pero refiriendo a dos sujetos como los tiradores, identificando como uno de ellos a G. A.
L..
No surge que estemos en presencia de un episodio de disparos cruzados y simultáneos, como sostiene la defensa, pues no existe al momento prueba alguna que permita considerar dicha hipótesis.
La versión en ese sentido que da en su descargo material el imputado G. A. L., se desdibuja con el certificado médico de fs. 3 (expte. ppal.) que indica que instantes luego de producido el hecho investigado, G. A. L. solo presentaba escoriaciones, no certificándose lesión alguna de arma de fuego como lo sostuvo en su descargo (véase que a fs. 78 de los autos principales expresa que le dispararon y sintió un dolor en el pecho).
Así las cosas, la prueba reseñada permite confirmar el auto de procesamiento de G. A. L. dictado por el Sr. Juez de Instrucción.
En relación a la prisión preventiva, en los autos caratulados “R. G. S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS
S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." Y en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "A.
S.
E. S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE
DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que:"Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal." Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confianza a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencias firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socioambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la tesigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socioambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aún cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso. En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE O. N. G. EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte.
Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." En los autos caratulados: “E.
G., JHENNY S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: " Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. E. G.: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su ex-pareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos.
(fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra. Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la “notitia criminis” y su mínima acreditación, se pueden inferir, “prima facie” las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declarción indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la “identidad” de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro además, que en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas mediante el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente..... Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno.
Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática. Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión.
(Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372).- Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionalesconvencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona. Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.).-....
En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra “ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL” de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad”.- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación." Complementando el criterio expresado en dicha causa, en autos autos caratulados:
“MOLINA, EVA S/ DCIA. LES. LEV., DAÑOS, AMEN.,
VIOL. DCILIO. Y DESOB. JUDICI.” Expte. Nº 33285/23, N° de Juzgado de Recursos 7239/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.2.- Finalmente, cabe señalar que lo que atañe a las medidas cautelares que se dictan en el proceso penal, las mismas pueden serlo a pedido de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional. A manera de ejemplo y cuando se trata de pedidos de Exención de Prisión o de Excarcelación, el código de rito dispone la vista previa a la decisión jurisdiccional, del Ministerio Público Fiscal a los fines que emita opinión sobre el particular. Como señalé, las medidas cautelares respecto del imputado, son actos y decisiones jurisdiccionales que se basan en el análisis de la probabilidad del acaecimiento de conductas que pueden implicar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En casos como el de autos, en los cuales la persona se encuentra detenida desde la indagatoria o antes de ella y hasta que se resuelva la situación procesal en donde el Sr. Juez de Instrucción deberá resolver sobre su situación procesal y sobre la forma de cautelar en caso de procesamiento, no existe impedimento para que el Sr. Agente Fiscal peticione en autos no solo la medida cautelar que entienda adecuada al caso, sino y además, si, conforme a su teoría del caso, el imputado debe o no ser procesado, ello con antelación al dictado de la resolución judicial. Que no exista la obligación de expedirse previamente por parte de la Fiscalía interviniente, no implica que no pueda hacer saber al órgano jurisdiccional, a la defensa y a las restantes partes del proceso si la hubiere, cual es la posición del Ministerio Público Fiscal en un caso determinado.
Dicha competencia se encuentra de manera implícita del artículo 6 del CPP. que pone en cabeza del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En este sentido, en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema". Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales.
No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes.
Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona." Además, en los autos caratulados:
“INC. DR. ALBERTO LUCIANI S/SOLICITA EXCARCELACIÓN EN A. R. F. S/ INFRACCIÓN ART.
119 del C.P” Expte. N° I-53.729/21, N° de Recursos 7146/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N °1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso, es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. A pesar de lo expresado y aun cuando el imputado fue procesado por hechos de suma gravedad, con una elevada pena en expectativa, recuerdo que el Estado le brindó al imputado la posibilidad de transitar el proceso en libertad, imponiéndole una cautela menos gravosa, reglas respecto de las cuales hizo caso omiso, en dicha oportunidad vislumbrando un desapego a las normas y a las disposiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.
No cambiando su postura a lo largo del presente proceso. Esto es así teniendo en cuenta que ya analicé la media cautelar de prisión preventiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos principales, sobre los que recayera resolución en fecha 29 de septiembre de 2022, la cual se encuentra registrada bajo Tomo: LXXX Registro: 070 Folio 193/196, en la cual exprese en parte pertinente" En este caso al imputado se le brindó la oportunidad de permanecer, luego del primer dictado de la prisión preventiva, en libertad el resto del proceso. esa posibilidad, por libre voluntad del mismo, fue desechada cuando contacto a la víctima sabiendo previamente que le está prohibido.
Si bien ello puede tener una explicación en su motivación...lo cierto es que, allende el mismo, objetivamente incumplió su obligación y que subjetivamente, el fin, surge claro de la denuncia de la víctima, fue ofrecerle dinero en primer término para amenazarla cuando obtuvo una negativa de ella. Hay argumentos más que suficientes para sostener la continuidad de la prisión preventiva, por lo que entiendo que la misma debe ser confirmada." Es por ello que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es cierto y objetivo y debe ser neutralizado, no pudiendo ser efectivizado de otra manera que no sea inevitablemente restringiendo la libertad del imputado. No pudiendo a esta altura del proceso asegurarse que el imputado mantendrá su conducta a derecho. ...
Es necesario destacar que el Estado a través de la función jurisdiccional le otorgó la posibilidad de transitar el proceso en libertad, luego de haber sido detenido cautelarmente. Ello también puede operar desde el inicio de las actuaciones. Esta situación implica para la persona que se encuentra imputada en un proceso penal, por parte del Estado, la garantía de cumplir el proceso en libertad cuando se estima que los peligros procesales pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria. Es decir que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, si cumple con las reglas y pautas de conductas que se le asignan, podrá mantener esta situación hasta la sentencia definitiva, para dotar de plena vigencia al derecho de transcurrir el "juicio" con medidas restrictivas menos graves que su detención cautelar, evitando que el mismo sea restringido por incumplimiento de la persona a quien beneficia.
Pero cuando la persona a quien se le reconoce el derecho de transitar el proceso penal en libertad, voluntaria e injustificadamente decide incumplir las pautas de conductas, no puede ese cumplimiento trasladarse al Estado, pues es claramente, responsabilidad exclusiva y excluyente de quien no se motiva en la norma pudiendo hacerlo. El principio de gradualidad en la aplicación de las medidas cautelares, impone al estado un uso razonable de la fuerza que detenta monopólicamente, pero no lo exime de ejercerlo cuando la persona que se encuentra sujeta a proceso penal incumple las normas, por el contrario, se encuentra obligado a asegurar los fines del proceso. Existe la responsabilidad de cada persona de cumplir con las normas, máxime cuando estas la benefician y están pensadas en su favor, pero es la libre decisión del sujeto que puede hacer caso omiso de las mismas, sabiendo además que deberá responder por sus actos.
Esta libre decisión no puede trasladarse al estado, es de cada ser humano. No puede perderse de vista que los riesgos procesales se integran con dos materias diferentes entre sí, una que hace al peligro de fuga, pues no puede haber juicio en ausencia. Y la otra está relacionada con el peligro de entorpecimiento de la investigación, en donde la autoridad jurisdiccional deberá valorar la situación no solo de los testigos y de la evidencia material (pericias, informes, etc.) sino y especialmente de la víctima y de su grupo familiar, para que las medidas cautelares que se adopten protejan efectivamente los derechos de todas las personas afectadas directa o indirectamente por la conducta objeto de investigación.
Por todo ello, la posibilidad y oportunidad que el Estado le brindara al imputado, fue aprovechada por éste para incumplir las normas que se le impusieran e intentar entorpecer la investigación, razón por la cual, el auto debe ser confirmado." Y finalmente, en los autos caratulados:
“INC. DE COPIAS EN AUTOS: TORRES RODOLFO ABDON Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A.
( RECARATULADO) ” Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho. En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener. Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho.
A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle “esto muere acá”; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo. En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por si mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realización, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho.
En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la msima se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación. De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima.
Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir. No puede pasarse por alto lo manifestado por la testigo S.A. (**.***), hermana de D.T.P. en relación a que la familia de T. intentó contactarse con su familia, lo que resulta un indicio de que T. en libertad pueda intentar contactar a la víctima a fin de hablar sobre lo sucedido, con las consecuencia que ello puede implicar para la víctima, dado su estado de salud referenciado supra.
No es óbice a ello, que antes de ser detenido viviera en la ciudad de Bahía Blanca, pues hoy en día existen diversas formas y tecnología para mantener un contacto a la distancia. Por último, debe tenerse presente que la ciudad en que sucedieron los hechos es una comunidad relativamente pequeña, por lo que estando los imputados en libertad, es probable que aún cuando cumplan con medidas cautelares de protección a la víctima, de todos modos se produzcan cruces casuales, con las consecuencias que ello acarrea en el caso concreto dado lo que un gesto o una mirada de cualquiera de los imputados puede implicar para D.T.. Es así que entiendo que la prisión preventiva amerita ser confirmada. Sin perjuicio, comparto con lo expresado por el A quo, que si el avance de la investigación permite variar lo sostenido en autos, podrá reevaluarse la medida cautelar.
En este sentido, entiendo pertinente realizar la atención y abordaje de la víctima por el Centro de Asistencia a la Víctima, y requerir conclusiones respecto al estado de la misma, y la posibilidad, a todo evento, de analizar, conforme al mismo, una valoración de medidas cautelares menos grave que la dispuesta, sin que implique, como se dijo, situación de entorpecimiento de la investigación, fuga, ni de revictimización. Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario “Diaz Bessone” invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial. En los autos caratulados "P. E. A. S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz B.
R. G. s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria. No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...".
Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127). En tanto Soler sostiene "...desde el Juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al Juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos.
Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal. Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...".
Bajo estas pautas interpretativas, se observa que el Sr. Juez de Instrucción ha fundado la decisión, exponiendo los motivos que lo llevaron adoptar la medida cautelar. Así, se advierte que el A quo ha efectuado una valoración objetiva de las características del hecho, conforme a las pautas establecidas por el legislador en el art. 302 del C.P.P., destacando la gravedad del suceso investigado y contexto extremadamente violento, así como la modalidad de actuación del imputado, de lo cual ha deducido la existencia de riesgo para la investigación. La prisión preventiva se encuentra debidamente motivada, que la defensa no comparta la valoración efectuada por el Sr. Juez de Instrucción, o entienda que los argumentos, a su criterio, no resultan bastantes, no implica que la decisión carezca de fundamentación autónoma y suficiente.
Comparto la valoración realizada por el Juezde Instrucción, debiendo hacerse hincapié en la relación de vecindad del imputado con una de las víctimas, y la existencia de conflictos anteriores, todo lo cual hace presumir, fundadamente, que cualquier medida menos gravosa que pudiera disponerse, no sería de utilidad para mitigar el riesgo enunciado por el a quo, y asegurar los fines del proceso.
Por último, en relación al embargo, corresponde señalar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas... La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf.
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION,
Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430)
Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados. Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos caratulados: “V.
L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo. En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito.
Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento. Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona.
Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas."
Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P.
La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G. A. L., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto obrante a fs. 29/47 vta. el presente incidente (fs. 79/97 del expediente principal), en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia