Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido (arts. 168, Const. prov.; 296, CPCC; 60, CCA y 31 bis, ley 5.827). Con costas a la recurrente vencida (art. 298 in fine , CPCC).
A.79.851 "ENERGEN S.A. C/ CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA (INCIDENTE DE APELACIÓN - EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR) - RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD"
I. En el proceso principal -consistente en una pretensión efectuada en los términos del art. 12 inc. 1 del CCA en procura de obtener la declaración judicial de nulidad de la resolución n° 54, dictada por el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca el 25-XI-2022 y su confirmatoria resolución n° 58-CGPBB/2022- la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata receptó favorablemente la medida cautelar solicitada por Energen SA, consistente en disponer la suspensión de los efectos de las resoluciones antes citadas (v. resol. de fecha 19-IX-2023).
En fecha 7 de noviembre de 2023 el juez de trámite, haciendo lugar al pedido del Consorcio demandado, ordenó el levantamiento de la medida cautelar mencionada. Decisión esta última que fuera revocada por la Alzada manteniendo en todos sus términos el mandato cautelar de suspensión de los efectos de las resoluciones N°54/22 y N° 58/22 (v. sent. de fecha 15-II-2024).
II. Posteriormente la sociedad actora -anoticiada de la resolución administrativa N°12, que dispuso rechazar tanto la solicitud de prórroga del contrato de concesión, como el pedido de suspensión del término del plazo de la contratación a partir del mes de noviembre de 2022 y el de constitución de tribunales arbitrales- se presentó ante el a quo y peticionó la ampliación de la medida cautelar dispuesta el 19 de septiembre de 2023.
Solicitud que fue desestimada tanto por el juez de grado como por la Cámara interviniente (conforme surge de la sent. de fecha 1-X-2024 del exp. C-14598-BB1E "Energen SA", disponible en el Portal "MEV").
III.1. Finalmente y en lo que aquí constituye materia de revisión, con fecha 25 de marzo de 2024 la firma reclamante instó el presente trámite incidental con el objeto de que se intime al demandado al cumplimiento de la cautelar dictada en los autos principales.
El juez de grado, tras una prolongada e injustificada dilación, teniendo en cuenta que restaban dos (2) días para el vencimiento del plazo contractual -esto es, conforme la fecha de celebración del contrato, el 30 de junio de 2024- y atento el rechazo de la ampliación -antes descripta- de la medida cautelar solicitada en la causa principal "Energen SA c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ Pretensión Anulatoria"(causa n° 30400), rechazó el pedido de ejecución (v. resol. 28-VI.2024).
III.2. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara lo confirmó (v. sent. de fecha 24-X-2024).
Para así decidir, comenzó por indicar que ya con anterioridad a la elevación de las actuaciones a esa Alzada, la puntual expectativa de la actora de ser restituida en la tenencia de los bienes y en la ejecución del contrato de concesión de prestación de servicios de la posta para inflamables de Puerto Galván (que juzgó procedente a partir del otorgamiento de la medida cautelar decretada el 19-9-2023 y cuyo denunciado incumplimiento da origen al presente trámite incidental), se encontraba extinguida por el fenecimiento del plazo de vigencia contractual consumado el 30 de junio de 2024.
También recordó que al emitir el pronunciamiento cautelar de referencia previno que tal decisión "únicamente irradia efectos respecto de la continuidad de la relación contractual en las condiciones establecidas por el PByC y el contrato oportunamente suscripto en el año 2019".
Destacó, para más, que tanto el pedido efectuado por la actora -en calidad de ampliación de la mencionada medida cautelar- de suspensión del plazo contractual por el lapso de tiempo que transcurra desde que el concedente la desapoderó de los bienes indispensables para ejecutar el contrato hasta la fecha en que se reanude el mismo (por cumplimiento de las medidas cautelares vigentes) así como el requerimiento de postergación de la decisión sobre la prórroga del contrato hasta el dictado de la sentencia definitiva en el caso, fueron desestimados por ese Tribunal por considerar que tales solicitudes -de naturaleza meramente instrumental- resultaban extrañas al objeto del proceso por exceder las pretensiones que la actora definió en oportunidad de enderezar su reclamo jurisdiccional y vinculadas al examen de la legitimidad de la decisión del CGPBB de extinguir (a partir del mes de noviembre de 2022) un vínculo contractual que originalmente debió prolongarse hasta el 30-VI-2024.
Asimismo, aseguró que la resolución N° 12/24 -la cual no se encuentra impugnada en este pleito- si bien se vincula con cuestiones concernientes al mentado contrato de concesión, no se refiere ni se emparenta con el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria ejercida por el CGPBB objeto de impugnación en autos.
Así, sin dejar de resaltar el censurable razonamiento del juez de grado al ponderar anticipadamente extremos que hasta ese momento aún no se habían verificado (esto es, el vencimiento del plazo del contrato de concesión suscripto entre las partes) y resaltando los antecedentes que dan cuenta del posterior perfeccionamiento de la circunstancia allí ponderada, sostuvo que la expectativa de la reclamante de retomar la ejecución del contrato en cuestión (pretensión que motorizó la petición de intimación al cumplimiento de la medida cautelar decretada el 19 de septiembre de 2023) se halló limitada y condicionada a un vínculo contractual que -al no constar suspensión o prórroga alguna de su alcance temporal- ha cesado por el cumplimiento de su plazo de ejecución.
Frente a dicho contexto, juzgó que el tratamiento del recurso había devenido abstracto, por cuanto a través de dicho intento se pretendía obtener la revocación de una decisión que quedó superada por la extinción del plazo para la ejecución del contrato de concesión que la reclamante procuró restablecer mediante el requerido acatamiento de la medida cautelar decretada el 19 de septiembre de 2023.
IV.1. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. present. de 11-XI-2024), el que fue concedido (v. resol. de 30-XII-2024).
En la vía de nulidad planteada la recurrente funda su agravio en la vulneración de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Afirma que el Tribunal de Alzada omitió tratar el "rechazo a ejecutar una medida cautelar vigente en estos actuados".
IV.2. Al respecto, cabe señalar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (doctr. causas A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020; A. 78.060, "Fideicomiso San Martin", resol. de 15-XI-2022; A. 79.434, "Fisco", resol. de 19-VIII-2024, e.o).
En el remedio revisor en estudio, si bien se denuncia violación del art. 168 de la Constitución provincial, de su simple lectura se advierte que -bajo el aparente reproche de haberse omitido la consideración de una cuestión esencial- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió la cuestión ventilada en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento así como también la violación del derecho de defensa en juicio cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas Q. 76.406, "Abad", resol. de 17-IV-2020; Q. 76.434, "Barrios", resol. de 6-VII-2020; Q. 76.521, "Sosa", resol. de 22-XII-2020; A. 78.981, "Aguerrebere", resol. de 15-III-2024, e.o.).
Además, cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión tal por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 74.732, "González", resol. de 28-VI-2017; Q. 76.859, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bingo Mar de Ajó S.A.", resol. de 22-III-2021; Q. 76.464, "Lyla Productores SA", resol. de 22-III-2021, A. 76.448, "Pinamar Golf Club", resol. de 27-V-2021; A. 79.599, "Blasi", resol. de 30-XII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido (arts. 168, Const. prov.; 296, CPCC; 60, CCA y 31 bis, ley 5.827). Con costas a la recurrente vencida (art. 298 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:42:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:33:25 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2025 12:23:03 hs. bajo el número RR-365-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia