Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20416
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisibles los recursos de apelación interpuestos en fecha 15 de septiembre de 2026 por el señor Defensor particular que asiste a C. Z. y J. R., doctor Ronaldo Rosendo González; en fechas 16 y 27 de septiembre por la otrora Defensora de confianza de R. N. B. y M. F., Dra. María Laura Taccari; y en fechas 16 y 24 de septiembre por la señora Defensora particular que asiste a D. B., Dra. Claudia Verónica Veliz (Rigen los arts. 164, 174, 421, 434, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. Confirmar , en cuanto ha sido materia de agravio, la recurrida resolución dictada el día 21 de septiembre del año en curso en la CN° 20407, por medio de la cual se dispuso rechazar la libertad por falta de mérito y convertir en prisión preventiva las detenciones de R. N. B.; D. B. y M. F., por entender que, en relación a R. N. B. y M. F. existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquellas resulten probables autoras penalmente responsables del delito de desobediencia y, en cuanto a D. B., existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquel resulte probable autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves -en dos hechos-, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género -en dos hechos- y desobediencia, todo ello en concurso real entre sí en orden a los hechos por los que fueran legitimados ( Rigen los arts. 146, 148, 157, 158, 171, 209, 210, 320 "a contrario", del C.P.P. y sus modificatorias; arts. 55 …
Causa Nº 20407 "B., R. N.; B., D. Y F., M.
s/ Incidente de apelación de libertad por falta de mérito y prisión preventiva" y
Causa Nº 20416 "B., R. N.; B., D.; F., M.; R., J. Y Z., C.
s/ Incidente de apelación de excarcelación"
(Ref: I.P.P. N° 05-00-026890-26-00)
Los de la presente para resolver sobre los recursos de apelación interpuestos por el señor Defensor particular de C. Z. y J. R., Dr. Ronaldo Rosendo González, por la otrora Defensora de confianza de R. N. B. y M. F., Dra. María Laura Taccari y por la Defensora particular de D. B., Dra. Verónica Claudia Veliz, respecto de lo resuelto por el Juzgado de Garantías N° 4 deptal. y;
I. Que contra lo resuelto por el señor Juez "a quo" en el auto en cuya virtud no hizo lugar al pedido de excarcelación y aquel en el que denegó la libertad por falta de mérito y convirtió en detención la prisión preventiva de los imputados, las defensas de confianza que los asisten, interpusieron recursos de apelación.
Así las cosas, las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnar los autos cuestionados y han observado las condiciones de tiempo y forma previstas por la normativa correspondiente.
Por lo tanto, resultando las resoluciones atacadas impugnables mediante las vías recursivas articuladas, se concluye que los remedios impetrados por estas partes devienen formalmente admisibles (rigen los arts. 164, 421, 439, 441 y 442 del C.P.P., según ley 11.922 y modificatorias).
II. A) (CN° 20407) La Dra. Veliz, comienza su embate aseverando que la fundamentación de la reconstrucción de los hechos resulta imperfecta y existe un exceso en la calificación jurídica impuesta a su representado.
En torno al delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, advierte que no hay imágenes fílmicas del momento en el que su defendido habría propinado golpes de puño en el rostro de la víctima y que se encuentra adunado en autos un video en el que la denunciante se encontraba golpeando D. B. mientras aquél mantenía un altercado físico con el esposo de aquella (R. M. E.). Asimismo, pregona que no se encuentra ningún reconocimiento médico adjunto en autos de las presuntas heridas en el rostro de la denunciante (B. D. F.).
Respecto de los dichos de su apadrinado al momento de declarar en los términos del art. 308 del CPP, aclara que D. B. en todo momento se refirió al conflicto mantenido con R. M. E. y que negó haber ejercido violencia física contra B. D. F.
En relación al delito de desobediencia, pregona que no se halla incorporado en autos ninguna constancia que acredite que D. B. haya violado el radio inferior a diez metros impuesto por el Juez de grado, por lo cual considera que se viola el principio de inocencia.
Por esa senda, advierte que "... Más allá de que la persona que transita sobre el asfalto -y que el Sr. Agente Fiscal señala erróneamente- es el Sr. R.; esta asistencia letrada argumentó sobre el hipotético supuesto de que fuera el Sr. B., D. el otro individuo visible (aquel que se encuentra más alejado de la línea municipal de su vecina y que pasa con una niña menor de edad). En ese escenario conjetural, no sólo se superaría el radio de exclusión de diez metros, sino que además se evidencia la ausencia del dolo requerido para configurar el delito de desobediencia, toda vez que medió una fuerza mayor y que, al describirse el material fílmico, no se menciona ningún tipo de perturbación o actitud confrontativa por parte de dicho sujeto ...", aclarando también que la asimetría en la valoración de los planteos de las partes por parte del Juez interviniente vulnera el principio de objetividad y el debido proceso.
Desde ese ángulo, sostiene que al no existir dolo en el accionar de su defendido se debe dictar la falta de mérito respecto del delito de desobediencia.
En lo que respecta a la procedencia de la medida de coerción, manifiesta que la prisión durante el proceso afecta a la defensa en juicio y aclara que D. B. tiene residencia estable, lo cual sería un indicador que neutraliza el peligro procesal de fuga, que "... resulta ilegítimo detener preventivamente a una persona con fines retributivos o preventivos o considerando criterios tales como 'la peligrosidad´ del imputado ..." y que los peligros procesales pueden neutralizarse mediante la implementación de una medida menos gravosa para el imputado.
En esa inteligencia, afirma que D. B. tiene domicilio fijo en el cual vive con su grupo familiar, que su hija de siete años fue diagnosticada con autismo y destaca que se aportó un domicilio alternativo de su suegro, quien formalmente aceptó recibirlo.
En definitiva, tras citar doctrina y jurisprudencia a los fines de robustecer su embestida recursiva, solicita que se disponga el cambio de calificación legal por la figura de lesiones leves, se dicte la falta de mérito en cuanto al delito de desobediencia y se disponga la inmediata liberta de su asistido. Asimismo, hace reserva del caso federal y de recurrir ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la Dra. María Laura Taccari, expone que sus representadas deben transitar el proceso en libertad ya que gozan del estado de inocencia reconocido por la Constitución Nacional.
Sostiene también que el Magistrado de grado incurre en un vicio de fundamentación al dictar la prisión preventiva considerando las conductas de manera colectiva sin realizar un examen independiente del descargo de cada imputada, lo cual considera que afecta el principio de culpabilidad y el debido proceso.
En ese andarivel, advierte que el Juez interviniente introduce a sus defendidas en esa conclusión asociativa y que omite que no existe individualización de sus rostros, ni pericia antropométrica, ni medición técnica del perímetro que determine que se quebrantó el perímetro.
Por otra parte, entiende que no hay registro en autos de un solo hecho delictivo de amenazas o agresiones por parte de sus apadrinadas sobre el cual se pudiera establecer una medida cautelar como la impuesta.
Alega también en que sus asistidas son inocentes, que no está probado de modo certero que aquellas son las mismas personas que aparecen en las filmaciones. Asimismo, realiza un planteo subsidiario, explicando que en el caso en el que el Juez de Garantías sostenga que quienes se ven caminando frente al domicilio en cuestión son sus ahijadas procesales, entiende que no hay dolo por parte de ellas quienes comprendieron que la orden judicial consistía en evitar confrontaciones directas y peleas, por lo que considera que hay error de tipo.
Por esa senda, afirma que "... Exigir pautas de precisión milimétrica a un ciudadano desamparado, en el marco de una manda colectiva difusa y sin un relevamiento métrico en el terreno, implica una quiebra al mandato de taxatividad normativa ...".
En cuanto a la existencia de peligros procesales para la procedencia de la prisión preventiva, postula que ".. .la carga de demostrar indicios vehementes de peligros procesales pesa exclusivamente sobre el órgano acusador. El juzgador tiene prohibido exigir que sea la defensa quien deba certificar fácticamente la ausencia de riesgos, pues ello vulnera la presunción de inocencia ...".
Por ese lado, menciona que los denunciantes son los que generan los conflictos vecinales, que falsearon y manipularon las circunstancias y que sus apadrinadas no tienen antecedentes de peleas con vecinos o familiares. Asimismo, entiende que el Juez de grado determina el riesgo de entorpecimiento de manera puramente conjetural ya que no existe en todo el legajo prueba alguna que demuestre que sus representadas hayan hostigado, amedrentado o influido negativamente sobre ningún testigo o damnificado.
Sobre el peligro de fuga, destaca que sus asistidas siempre estuvieron a derecho, quienes acudieron de forma voluntaria e inmediata a la comisaría local al tomar conocimiento del requerimiento policial, cuentan con arraigo residencial y familiar, los domicilios alternativos ofrecidos quedan a más de tres kilómetros de distancia de los domicilios de las víctimas y en ambos casos se ofreció un tutor cohabitante responsable.
En otro sentido, considera que el mantenimiento de la prisión preventiva vulnera el principio de mínima intervención y última ratio ya que tanto M. F. como R. N. B. carecen de antecedentes penales y el delito endilgado prevé un máximo de un año, por lo que cualquier sanción sería de ejecución condicional.
Por último, agrega que, para el caso en el que el Juez interviniente considere que no corresponde dictar la falta de mérito, se imponga una medida alternativa menos gravosa a sus representadas.
En suma, tras citar doctrina y jurisprudencia respaldatoria de su escrito, solicita que se revoque la resolución impugnada, se dicte la falta de mérito y se ordene la inmediata libertad de sus defendidas. Asimismo, hace reserva del caso federal.
II. B) (CN° 20416) En aras de justificar su disconformidad con el auto en crisis, la Dra. Taccari, expone que la plataforma fáctica que motivó la privación de la libertad de sus representadas dista de revestir la entidad de un peligro procesal.
En relación al peligro de entorpecimiento del proceso, entiende que la conclusión del Juez de grado es arbitraria, que realiza una interpretación forzada de imágenes de mero tránsito peatonal, que sus defendidas caminaban de manera pacífica para dirigirse a sus trabajos, abastecerse de alimentos o tomar el colectivo.
En línea con ello, asegura que no existieron conflictos nuevos por parte de sus asistidas con los vecinos y que "... No se puede estirar la figura penal de la desobediencia para encuadrar el libre tránsito de dos mujeres que necesitaban caminar para subsistir. ..", por lo que entiende que, al no existir dolo, la conducta es atípica.
Aclara también que "... Rechazar instrumentos públicos de la seguridad social que acreditan estabilidad habitacional histórica argumentando que ´permanecen latentes los peligros´ constituye un acto de arbitrariedad manifiesta. Si se demuestra arraigo indiscutible y orfandad de antecedentes penales, el peligro de fuga queda normativamente neutralizado ...".
Respecto del peligro de entorpecimiento probatorio, expone que sus ahijadas procesales nunca amedrentaron a ningún testigo ni víctima en el proceso no habiendo prueba alguna de ello, por lo que tal medida es arbitraria.
Agrega que sostener la prisión preventiva afectaría los principios de proporcionalidad y libertad ya que el delito endilgado a sus defendidas contempla una escala penal ejecutable en forma condicional.
Indica también que el Juez interviniente realizó un pronóstico arbitrario de pena de cumplimiento efectivo lesionando el principio de inocencia.
Por otra parte, destaca que R. N. B. tiene a su cargo a dos niños menores y trabaja activamente, y que la ausencia de M. F., quien cumple el rol de cuidadora primaria de su sobrina de ocho años de edad la cual posee trastorno del espectro autista, provocó en la menor severas crisis de desregulación conductual.
Asimismo, reitera el pedido de sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas.
Por todo lo expuesto, peticiona que se revoque el interlocutorio criticado y se disponga la excarcelación de sus pupilas. Finalmente, formula reserva del caso federal y de recurrir ante el Tribunal de Casación Penal.
A su turno, la Dra. Veliz sostuvo que la escala penal en abstracto de los delitos reprochados a su representado permitiría la concesión de la excarcelación peticionada y que el resolutorio puesto en crisis no logró demostrar ninguno de los peligros procesales exigidos por el art. 148 del C.P.P.
Por otro lado, destaca que su pupilo, al momento de su detención, se presentó voluntariamente en la sede policial y se identificó correctamente, cuenta con arraigo, no posee antecedentes penales, jamás intentó frustrar ni entorpecer la investigación, su domicilio se encuentra debidamente constatado en autos y se aportó también un domicilio alternativo perteneciente a su suegro.
En otro sentido, explica que "... La detención cautelar no puede cimentarse en criterios sustantivos, ya que de lo contrario constituiría un adelanto de pena y vulneraría flagrantemente dos garantías constitucionales fundamentales: la presunción de inocencia y el principio de jurisdiccionalidad. ..".
Con respecto al peligro de fuga, entiende que el riesgo procesal puede ser neutralizado mediante la imposición de una contra cautela.
En definitiva, luego de citar doctrina respaldatoria, solicita que se revoque la resolución impugnada y se conceda la excarcelación a su apadrinado. Por último, hace reserva del caso federal, de recurrir ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y ante casación.
Por otra parte, el Dr. Ronaldo Rosendo González pregona que la resolución impugnada constituye buena parte de sus fundamentos considerando un conjunto de personas por lo que entiende que sus defendidas deben ser examinadas individualmente.
En esa línea, entiende que el peligro de entorpecimiento probatorio es meramente conjetural ya que no se individualiza que conductas concretas podrían desarrollar tanto C. Z. como J. R. para entorpecer el proceso. Aclara también que sus representadas gozan del principio de inocencia "... por lo que la restricción de su libertad exige una justificación cautelar concreta y no una mera proyección sobre lo que eventualmente podrían hacer ...".
Por otro andarivel, explica que la circunstancia de que se encuentre en investigación una presunta desobediencia no puede generar automáticamente un riesgo procesal permanente y que "... De sostenerse ese criterio, la imputación de desobediencia generaría por sí misma una especie de presunción de imposibilidad de someterse a nuevas reglas de conducta, haciendo prácticamente imposible la utilización de medidas alternativas ...".
Afirma también que "... si la eventualidad de una pena efectiva se convierte en fundamento suficiente para mantener la detención, la prisión preventiva deja de ser una herramienta destinada a asegurar el proceso para transformarse en una anticipación de la respuesta punitiva ...".
Destaca la defensa que sus apadrinadas cuentan con domicilio fijo y arraigo ya que no se identifica en ellas comportamientos concretos dirigidos a abandonar el país, ocultarse, cambiar reiteradamente de domicilio, sustraerse de anteriores requerimientos judiciales o desarrollar alguna maniobra tendiente a impedir su sometimiento en el proceso.
Trae a colación también que C. Z. atravesó un accidente cerebro vascular que requiere tratamiento y medicación, y además es madre de dos hijos con discapacidad, por lo que solicita que se tenga en consideración teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad al determinar si la medida impuesta es necesaria e idónea.
En cuanto a J. R., afirma que no registra antecedentes penales, se estaba formando como docente y, asimismo, no existen indicadores de por qué su defendida intentaría fugarse o entorpecer el procedimiento.
Finalmente, aclara que existen medidas alternativas menos gravosas a la impuesta en autos a sus representadas.
Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto, solicita que se revoque el auto en crisis, se conceda la excarcelación de sus apadrinadas y, subsidiariamente, se disponga una medida alternativa menos gravosa. Asimismo, hace reserva del caso federal.
III. Así las cosas y por razones metodológicas, abordaremos, en primer lugar, los cuestionamientos referidos a la participación de los imputados en los sucesos que se les atribuyen para luego abocarnos a la procedencia de la medida de coerción y a la excarcelación cuya denegatoria también viene cuestionada.
(Cn° 20407: de la medida de coerción personal)
IV. En relación a los argumentos vertidos por los recurrentes vinculados con la participación de sus asistidos en los eventos que se le reprochan, no podemos dejar de señalar que el Juez de grado ha brindado, con precisión y en contra de lo señalado por los apelantes, los fundamentos que le permitieron arribar a aquel tópico (art. 106 y 210 del C.P.P.).
En primer término, cabe precisar que con aún la precariedad y el grado de exigencia que impone la coyuntura transitada, se ha podido tener por acreditado que "... Hecho nro. 1 : "Que los días 07 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 08.27 horas, 13 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 10.59, 16 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 10.46 horas, 18 de julio siendo aproximadamente las 16.53 y las 16.59 horas, 20 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 20.23 horas, 22 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 11.57 horas y 29 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 09.03 horas, una persona del sexo femenino identificada a la postre como B., R. N. , transitó por el frente del domicilio de la arteria XXX nro.
XXXX de la localidad de Villa Dorrego, Partido de La Matanza desobedeciendo de esta forma al titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nro. 4 de este Departamento Judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones, por cuanto en el marco de la IPP 05-00-26890-26, en fecha 19 de junio de 2026 se dispuso y se notificó a la nombrada de la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros del domicilio mencionado". Hecho nro. 2: "Que el día 20 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 20.23 horas, una persona del sexo femenino identificada a la postre como F., M., transitó por el frente del domicilio de la arteria XXX nro. XXXX de la localidad de Villa Dorrego, Partido de La Matanza desobedeciendo de esta forma al titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nro. 4 de este Departamento Judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones, por cuanto en el marco de la IPP 05-00-26890-26, en fecha 19 de junio de 2026 se dispuso y se notificó a la nombrada de la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros del domicilio mencionado".
Hecho nro. 3: "Que el día 18 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 14.58 horas, y el 22 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 13.01 horas, una persona del sexo femenino identificada a la postre como R., J., transitó por el frente del domicilio de la arteria XXX nro. XXXX de la localidad de Villa Dorrego, Partido de La Matanza desobedeciendo de esta forma al titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nro. 4 de este Departamento Judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones, por cuanto en el marco de la IPP 05 00-26890-26, en fecha 19 de junio de 2026 se dispuso y se notificó a la nombrada de la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros del domicilio mencionado".
Hecho nro. 4: "Que el día 15 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 08.44 horas, y en la misma fecha siendo aproximadamente las 11.45 horas, una persona del sexo femenino identificada a la postre como Z., C., transitó por el frente del domicilio de la arteria XXX nro. XXXX de la localidad de Villa Dorrego, Partido de La Matanza desobedeciendo de esta forma al titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nro. 4 de este Departamento Judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones, por cuanto en el marco de la IPP 05 00-26890-26, en fecha 19 de junio de 2026 se dispuso y se notificó a la nombrada de la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros del domicilio mencionado".
Hecho nro. 5: "Que el día 29 de julio de 2026 siendo aproximadamente las 11.39 horas, y en la misma fecha siendo aproximadamente las 11.58 horas, una persona del sexo masculino identificada a la postre como B., D., transitó por el frente del domicilio de la arteria XXX nro. XXXX de la localidad de Villa Dorrego, Partido de La Matanza desobedeciendo de esta forma al titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nro. 4 de este Departamento Judicial en el ejercicio legítimo de sus funciones, por cuanto en el marco de la IPP 05-00-26890-26, en fecha 19 de junio de 2026 se dispuso y se notificó al nombrado de la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros del domicilio mencionado".
Hecho nro. 6: "En fecha 20 de mayo de 2026, siendo aproximadamente las 19.50 horas en la vereda municipal correspondiente a la arteria XXX nro. XXX de la localidad de Villa Dorrego de este partido de La Matanza, un sujeto del sexo masculino identificado a la postre como B., D., mediante la aplicación de golpes de puño en la humanidad de B. D. F., V. M. C. y de R. M. E. -este último enfermo de cáncer y conociendo tal circunstancia el imputado le provocó a los nombrados lesiones de carácter leves, las que requirieron para su cura un lapso menor a treinta días con igual tiempo de incapacidad laboral. Posteriormente en fecha 22 de mayo del mismo año en el horario aproximado de las 20.00 hs., en la vereda correspondiente al numeral XXXX de la arteria XXX de la localidad de Villa Dorrego del partido de La Matanza, el mismo sujeto nombrado precedentemente, mediante golpes de puño aplicados sobre la humanidad de R.
M. E., le provocó a este último lesiones de carácter leves las que requirieron para su cura un lapso menor a treinta días con igual tiempo de incapacidad laboral ...".
Dicho cuadro fáctico, que concitó provisionalmente su encaje legal en el delito de desobediencia para los imputados R. N. B., M. F., J. R. y C. Z. (art. 239 del Código Penal) y en la figura de lesiones leves -en dos hechos-, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género -en dos hechos- y desobediencia, todo ello en concurso real entre sí, para el imputado D. B. (arts. 55, 89, 92 en función del 80 inc. 11 y 239 del Código Penal); vino encontrando respaldo más allá del disenso articulado por los recurrentes, en los extremos que esencialmente documentan denuncia realizada por B. D. F., acta de inspección ocular, reconocimientos médicos legales de las víctimas, informe del Dr. Lizaur, médico de la Asesoría Pericial Deptal., historias clínicas de las víctimas, escritos presentados por la denunciante de autos, informes de Renaper de los imputados, declaraciones testimoniales de B. D. F., declaración testimonial de V. M. C., declaración testimonial de R. M. E., denuncia realizada por R. M. E. en IPP 05-01-7501-26, video grabaciones y declaración efectuada por B., D. en los términos del art. 308 del C.P.P.
Ahora bien, frente a la conjunta apreciación del material cargoso señalado a la luz de los principios que informan los arts. 209 y 210 del ceremonial, encontramos a diferencia de lo sostenido por los quejosos, elementos de convicción suficientes que epilogan por abastecer la posible ocurrencia material de los sucesos ventilados y alcanzan para disipar la alegada ajenidad de los justiciables en su producción conforme se alude.
En ese andarivel, y como puede seguirse de la denuncia efectuada por B. D. F. en fecha 20 de mayo de 2026, surge que la dicente se encontraba con su pareja R. M. E. guardando su vehículo frente al domicilio de su madrina, momento en el que se acerca C. G. (vecina) con su hijo D. B., su hija R. N. B., su nieta M. F., su nieto T. B., su nieta N. B., su nuera J., y otra vecina J. R.
Que R. N. B. y D. B. se dirigieron a su pareja diciendo "vos escupiste a los chicos", que luego R. N. B. le dijo a la dicente "vos no te metas" y que luego D. B. comenzó a empujar a R. M. E. diciéndole "sos un cagón".
Que posteriormente se hizo presente tanto la madre de la dicente como su abuela y R. N. B. comenzó a insultarlas. Que seguidamente, se hizo presente otro hijo de C. G. de nombre D. B. quien golpeó en el rostro a la denunciante, momento en el que intervinieron los integrantes de ambas familias y se generó un conflicto mayor del cual resultaron lesionados tanto la progenitora de la dicente, su pareja y su abuela.
Señaló también que después se resguardaron tanto ella como sus familiares en el domicilio de su madrina y que sus vecinos comenzaron a arrojar ladrillos hacia la vivienda, y lavandina y arena al rostro de B. D. F. Que también recibió amenazas por parte de J. y J. R. quienes mencionaron que la iban a esperar afuera de su lugar de trabajo. Que luego aclaró que el conflicto se generó ya que C. G. hostiga a su madre en todo momento y al intentar mediar los familiares de aquella se ponen hostiles, generando agresiones hacia ella y su grupo familiar.
Asimismo, mediante escrito presentado en fecha 21 de mayo del corriente año, B. D. F. solicitó custodia policial ya que teme por posibles lesiones de violencia física por parte de B., D.; D. B.; R. N. B.; S. (pareja de D. B.); C. G.; M. F.; T. B.; N. B.; J. R. y C. Z.
Por otro lado, surge de autos el escrito presentado por la denunciante el 26 de mayo de 2026, mediante el cual amplía la denuncia y expresa que el día 22/05/2026 ocurrieron nuevamente hechos de violencia física hacia ella y su grupo familiar. Que alrededor de las 20:00 hs. se acercó a su domicilio D. B. y le pegó a su pareja en el ojo (quien padece cáncer) y luego nuevamente los familiares de D. B. arrojaron ladrillos, taparon los lentes de las cámaras de seguridad exigiendo que salgan del domicilio así "los cagaban a palos". Que siguieron amenazando y les escribieron "putas" en la vereda. Por último, solicitó un perímetro de seguridad para D. B., S., R. N. B., C. Z., J. R., C. G. R.; M. F., T. B., N. B., C. G. y T. R. ya que no cesan los hechos de violencia física, emocional, verbal, hostigamiento y persecución para ella y su grupo familiar.
Se destaca también la denuncia realizada por R. M. E. en IPP N° 05-01-007501-26/00 en la que expresa que el día 22 de mayo de 2026 alrededor de las 20:00 hs., salió del domicilio de su abuela para abrirle la puerta a su pareja, momento en el que pasó D. B. y le dijo "dale cagón parate de mano gil de mierda" y le pega en el ojo izquierdo, que su esposa intentó separarlos ya que el imputado D. B. le seguía pegando y luego perdió el conocimiento. Que también su suegra V. M. C. salió para auxiliarlos, instante en el que se hicieron presentes S. (pareja de D. B.); T. B.; N. B.; R. N. B.; M. F.; C. G. y amigos de D. B. y de su hijo T. B., quienes arrojaron piedras, taparon las cámaras, escribieron "putas" en la vereda, les tiraron arena, ácido y lavandina, y la esposa de D. B. le gritaba "cancerígeno enfermo de mierda" al dicente, que salgan que los iban a "cagar a palos" y "salí hijas de putas las voy a matar". Aportó también placas fotográficas de sus heridas en la cara.
Se encuentran adjuntos en la presente causa los reconocimientos médicos legales confeccionados por la División Cuerpo Médico Legal de La Matanza de fecha 22 de mayo de 2026 en relación al hecho n° 6 (imputado a D. B.) realizados a B. D. F., en el que surge que "... Al momento del examen presenta agresión por terceros, policontusiones y hematomas múltiples ...", a R. M. E., en el que surge que "... Al momento del examen presenta agresión por terceros, policontusiones sin aparente lesión osea ..." y a V. M. C. en el cual se puede apreciar que "... Al momento del examen presenta lesión por terceros, policontusiones múltiples, sin aparente agresión osea ...". Asimismo, en todos los casos se concluyó que las lesiones son acordes al art. 89 del Código Penal de carácter leves ya que las mismas determinan una incapacidad laboral menor a treinta días.
Que, a raíz de ello, en fecha 18 de junio de 2026 el Juzgado de Garantías interviniente ordenó a los imputados tanto el cese de todo acto de perturbación, intimidación y violencia contra las víctimas de autos como la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros de los domicilios de aquellos.
Con respecto a ello, vemos necesario aclarar que lo resuelto por el Juzgado de Garantías traído a colación en el párrafo que precede, no se limitó solamente al cese de todo acto de perturbación, intimidación y violencia contra las víctimas sino que también se ordenó con claridad la prohibición de acercamiento a los domicilios en cuestión en un radio inferior a diez metros, y esto último, según surge de las pruebas colectadas en autos y con el grado de precariedad de la etapa que se transita, no fue cumplido por los encausados.
Posteriormente, en fecha 23 de junio de 2026 declaró V. M. C., víctima de autos, quien expresó que es la madre de la denunciante, que el 20/05/2026 a las 19:50 hs., en el momento en el que su hija se hallaba guardando su auto en el garaje, se aproximaron sus vecinos con los que ya tenía conflictos y uno de ellos de nombre B. D. le dio un golpe de puño en el pómulo de su hija, como así también le pegó a su yerno R. M. E., a quien lesionó en el ojo. Mencionó también que R. M. E. tiene cáncer y B. D. lo sabía ya que poco tiempo antes se acercó a su domicilio y le gritó "cancerígeno".
Que, en otra ocasión, en fecha 22 de mayo del corriente, su yerno se encontraba en la vereda cuando se acercó nuevamente D. B. y volvió a pegarle en el mismo ojo provocando que aquel caiga al suelo.
En misma fecha depuso R. M. E., quien mencionó que el 20 de mayo de 2026, aproximadamente a las 19:50 hs., mientras se hallaba guardando su auto en el garaje se acercaron sus vecinos con quienes tienen problemas por una medianera desde hace mucho tiempo y D. B. le pegó en el ojo. Que luego en fecha 22 de mayo de 2026, alrededor de las 20:00 hs., en momentos en el que tenían visitas, pasó T. B. y escupió el auto de una de las amigas de su pareja. Que cuando las visitas se retiraron pasó D. B. e inmediatamente volvió a pegarle en el ojo provocando que caiga al suelo, como así también lo agarró de la cabeza y lo golpeó contra el suelo lo cual provocó que el dicente se desmayara.
Dicho cuadro se complementa con lo expuesto por B. D. F. en fecha 30 de junio quien ratificó lo denunciado el 20/05/2026 y manifestó que el conflicto vecinal comenzó ya que C. Z. le tiraba basura a través de la medianera de su casa y que intentaron mediar en varias ocasiones, pero no lograron resolver el conflicto ya que aquella es una persona muy violenta. Que el día 20 de mayo de 2026 mientras estaba entrando el auto con su esposo, se acercaron D. B., B. D.; R. N. B.; C. G.; J.; C. Z. y J. R. y que sin mediar palabras R. N. B. la empujó contra la reja y D. B. les pegó tanto a ella como a su pareja. Que luego su madre salió a ayudarlos, pero entre los vecinos la tiraron al suelo y D. B. le pegó patadas a su madre.
Que el día 22 de mayo siendo las 20:00 hs., mientras recibía visitas, T. B. escupió el auto de una de sus amigas. Cuando la visita se fue, se acercó D. B. refiriendo "a ver si te paras de manos" e inmediatamente golpeó varias veces a R. M. E. provocando que aquel se caiga al suelo. Agregó también que su esposo se encuentra enfermo, tiene linfoma de Hodgkin, y B., D. conocía tal situación.
El mismo día declaró V. M. C., madre de la denunciante, quien ratificó lo declarado con anterioridad y agregó que el día 19 de mayo de 2026 fue golpeada por B., D. y que se hallaban presentes también R. N. B.; M. F.; J. R., J.; C. G. y C. Z.
Se destaca también que en tal fecha B. D. F. aportó 23 videos, copias de las historias clínicas y un video en el que D. B. golpea a R. M. E.
Se encuentra adjunto también en la causa el informe confeccionado por el Perito Médico Dr. Javier Edgardo Lizaur, en el cual se dejó plasmado que "... respecto de V. M. C., R. M. E. y B. D. F., los mismos presentaron lesiones cuyo mecanismo de producción es compatible con golpe/choque con/contra superficie dura/roma. Dichas lesiones curan en un lapso menor a los 30 días con igual tiempo de inutilidad laboral, salvo que medien complicaciones. Estas lesiones se corresponden con los supuestos comprendidos en el art. 89 del CP ...".
Que en fecha 30 de julio de 2026 la UFIyJ N° 13 recibió vía correo electrónico un escrito por parte de la denunciante B. D. F. en el cual adjuntó filmaciones y expresó que los imputados seguían circulando frente a su domicilio y cerca de ellos incumpliendo con la medida impuesta por el Juez interviniente, que seguían las amenazas, hostigamiento e intimidación por parte de aquellos. Que el día 25/07/2026 su abuela se encontraba limpiando la vereda cuando se acercó C. G. intentando iniciar una conversación con una conocida de su abuela que se hallaba junto a ella. Asimismo, manifestó también que el día 29/07/2026, momento en el que se estaba dirigiendo a su manicura, a la vuelta de su domicilio se cruzó a R. N. B. quien la empujó y la invitó a pelear diciéndole que es una "cagona" y una "cobarde", luego la dicente se fue corriendo.
Asimismo, según se aprecia tanto de las video grabaciones adjuntadas en autos como las capturas de pantalla y los informes de fecha 30 de julio de 2026 efectuados por la Fiscalía, que los imputados incumplieron con la prohibición de acercamiento a los domicilios de las víctimas decretada por el Juez de grado, R. N. B. en al menos nueve oportunidades, C. Z. en al menos dos oportunidades, M. F. en al menos una oportunidad, J. R. en al menos dos oportunidades y D. B. en al menos una oportunidad.
Así también en la filmación adjunta al S.I.M.P. en fecha 30 de junio se observa como el imputado D. B. le propina golpes de puño a R. M. E. mientras aquel se encuentra tirado en el suelo y la denunciante B. D. F. acude en defensa del mismo. En misma fecha se adjuntaron placas fotográficas de las lesiones causadas a las víctimas por D. B.
Que al momento de declarar en los términos del art. 308 del C.P.P. el imputado D. B. sostuvo que conoce a R. M. E., que son amigos y que aquel escupió a su hija que padece autismo. Que se encontraba en un momento muy sensible por lo que pasaba con su hija y se equivocó. Que sabe leer y escribir, pero no comprendió los textos que tuvo que firmar, que no tiene problemas en pedir disculpas, que si hubiera sabido antes que R. M. E. está enfermo no hubiera hecho lo que hizo y que fue entre las dos partes.
En este sentido , se advierte que las expresiones de D. B. no son más que meras declamaciones tendientes a mejorar su situación procesal y, por el contrario, los relatos de las víctimas resultaron contestes entre sí, detallados, contundentes y precisos, tanto respecto de los pormenores que lo rodearon como de la identidad de su agresor.
Por ende, encontramos que el cuadro de situación aparenta requerir su análisis desde una perspectiva de género y en tal sentido, no puede perderse de vista, en relación a la agresividad que contra las víctimas habría desplegado el encartado D. B., las obligaciones asumidas por el Estado argentino a través del art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que se encuentra incorporada a nuestra normativa constitucional a través de su art. 75 inc. 22 .
Así, dicha Convención establece en su art. 1 que debe entenderse como violencia "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado", disponiendo en los incisos b) y f) del artículo 7 que los estados deben actuar con la debida diligencia a la hora de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer los procedimientos legales justos y eficaces para quien haya sido sometida a tal flagelo.
En línea con lo expuesto, tampoco puede dejar de mencionarse que el art. 4 de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la que considera "violencia contra las mujeres" a "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes".
En suma, el panorama así trazado, lejos de precipitar en una orfandad probatoria que insinúe el andamiaje de la previsión inserta en el art. 320 del rito; se complementa y nutre en lo que informa cada una de las piezas que lo componen, lo que permite a este "ad quem" sostener, aún en este marco coyuntural y con el grado de exigencia requerido, que se encuentran abastecidos los presupuestos exigidos para el sostenimiento de la medida cautelar en crisis (art. 157, C.P.P.). Sin colegirse a contrario, viso o fractura en la razonabilidad que orientó el proceso intelectivo del garante por el cual merezca desvirtuarse la existencia de los sucesos ventilados, como también el cuadro indiciario que hasta el momento desemboca en la apariencia de responsabilidad de los nocentes en su producción y que reclama dicha coerción preventiva para su subsistencia.
De modo que los desplegados argumentos de las impugnaciones no logran conmover esa base que ha conformado el plexo valorado cual no permite descartar la ocurrencia de los hitos intimados, ni expone en esa labor de apreciación, un ejercicio contrario a las reglas de la lógica y de la sana crítica; todo lo cual epiloga sellando la suerte adversa de la pretensión incoada.
En ese orden de ideas creemos conveniente puntualizar, como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal de Casación Penal Bonaerense que: " Es diverso el grado de conocimiento requerido por el Código Procesal Penal para arribar a distintas resoluciones como son las relativas a una medida cautelar y a un veredicto condenatorio...pues...respecto de las primeras (como lo sería, por ej., la prisión preventiva) la decisión del órgano juzgador opera sobre bases mínimas de conocimiento ..." (TCPBA, sala II, ca. 12896, rta. 24/2/2004).
Debe repararse a la vez y como fuera dicho que ".. .los actos procesales cumplidos durante el transcurso de la investigación se abastecen con un fundamento de menor exigencia, vgr.: el auto de prisión preventiva. Para estas decisiones intermedias es suficiente la probabilidad positiva acerca de la imputación, en tanto la ley habla de indicios vehementes de la comisión de un delito y motivos fundados para determinar la persona que aparece prima facie como partícipe responsable del hecho (art. 157, CPP, t.o ley 11.922 y sus modificatorias) ". (SCJBA, P.85.260 "M., N. s/víctima de violación y homicidio", 10/12/2003, voto del Juez Soria).
Es dable destacar en síntesis que los encausados fueron debidamente notificados del mandato judicial en tanto ordenó a los imputados tanto el cese de todo acto de perturbación, intimidación y violencia contra las víctimas de autos como la prohibición de acercamiento en un radio inferior a los diez metros de los domicilios de aquellos, sin embargo, aquellos desoyeron tal medida.
V. Cerrado dicho tramo y en lo referente al tópico relativo a los peligros procesales en ciernes que se estimaron subyacer, colegimos a contrario de lo argüido por los impugnantes que también encontramos abastecido el presupuesto exigido por el art. 157 inc. 4 del ritual para mantener la medida de coerción cautelar decretada a los nocentes; cual se avista razonable y proporcional a los fines que se pretenden tutelar.
Sentado lo expuesto, consideramos que el encierro preventivo dispuesto por el señor Juez de grado aparece atinado en los términos estipulados por el inc. 4to. del art. 157 del C.P.P., al observarse la concurrencia, en el caso, de supuestos previstos por la normativa adjetiva que permiten inferir cuanto menos la presencia latente del riesgo de entorpecimiento al accionar judicial para el caso de disponerse la soltura de los encausados que nos ocupan, pues no pasa en silencio sin mengua del estadio transitado, que a cuenta de una objetiva y provisional valoración las características y circunstancias en las que se inscribe el hecho intimado, a lo que debe adunarse que los imputados son vecinos de las víctimas y los testigos y conocen los domicilios aquellos; todo lo cual hace factible estimar que el temido riesgo procesal al que aludimos lejos se encuentra de divisarse disipado.
Por lo cual, la consabida posibilidad de que los justiciables influyan de modo desleal en las víctimas o testigos de causa, habida cuenta la relación existente entre ellos, circunstancias que va de suyo ponen en evidencia las piezas colectadas, hacen susceptible de colegir incólume el riesgo procesal referido.
En dicha senda, y frente a la argumentación desplegada por las defensas, no resulta ocioso recordar para el caso que si bien el Código Ritual recoge en su art. 144, como principio, el de la permanencia en libertad durante el proceso -derivación lógica de la presunción de inocencia consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional,- no menos cierto es que el propio legislador ha contemplado ciertos supuestos en que tal regla general debe ceder ante el interés del Estado dirigido a asegurar la consecución y el normal desarrollo del procedimiento, la aplicación de la ley penal de fondo y el resguardo de que ésta pueda ser efectivamente aplicada, de corresponder, al justiciable.
Así las cosas, el legislador ha contemplado supuestos de excepción en los que corresponde afectar aquella libertad ambulatoria, a través del arresto preventivo de las personas.
Y dentro de esta directriz trazada, la procedencia de la soltura de un justiciable ha quedado supeditada, por imperativo del art. 171 de ese mismo ordenamiento de forma a que no medien, para el caso, indicios vehementes de la posibilidad de peligros procesales, los cuales podrán inferirse de aquellas circunstancias establecidas por el art. 148 del C.P.P.
De tal manera, se faculta al Juzgador a inferir tales riesgos a partir de la armónica conjunción de los parámetros anclados en el art. 148 del ceremonial, cuya verificación desde la vertiente antes señalada, justamente se imbrica en el particular brindando un sólido andamiaje a la cuestionada proporcionalidad de la medida de coerción cautelar dispuesta.
Bajo esa perspectiva de análisis, cuadra seguir a tenor de las constancias anejadas, que ninguna de las circunstancias alegadas por los defensores, suponen anteponer una disímil solución a la conflictiva planteada, ello merced a los datos que surgen a partir de una provisional y objetiva valoración de las características que rodearon a los sucesos pesquisados y que vienen particularizadas a partir de lo que ilustra el material integrado a la valoración del "a quo" y que fuera puesto en evidencia al tratar el tópico que antecede, dando cuenta de la notoria y seria existencia de una conflictiva mantenida por los imputados con las víctimas, más aún cuando a la vera del presunto accionar desplegado, aquellos vienen insinuando en su proceder ciertas dificultades para respetar los límites impuestos por la autoridad, lo que también pone en vilo la concreta voluntad de someterse a la jurisdicción.
Por lo tanto, si de las demás circunstancias aludidas por los Defensores particulares, y al entender que los peligros procesales ya recreados no podrían ser disipados de un modo menos gravoso para los imputados, dable es concluir que la cautela dictada resulta proporcional al objeto tutelado y, de tal modo, ajustada a derecho (arts. 146 y 157 del Código de Procederes).
En definitiva, y por las razones antedichas, corresponderá confirmar el auto de fecha 21 de septiembre de 2026, en cuanto se rechazó la libertad por falta de mérito y se convirtió en prisión preventiva las detenciones de R. N. B.; D. B. y M. F., por entender que, en relación a R. N. B. y M. F. existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquellas resulten probables autoras penalmente responsables del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal) y, en cuanto a D. B., existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquel resulte probable autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves -en dos hechos-, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género -en dos hechos- y desobediencia, todo ello en concurso real entre sí (arts. 55, 89, 92 en función del 80 inc. 11 y 239 del Código Penal) en orden a los hechos por los que fueran legitimados. (Rigen los arts. 146, 148, 157, 158, 171, 209, 210, 320 "a contrario", del C.P.P. y sus modificatorias).
(Cn° 20416: de la excarcelación)
VI. En lo que toca a la restante incidencia, y respecto de los imputados R. N. B.; D. B.; M. F.; J. R. y C. Z., no cabe en la especie soslayar -en tanto resulta plenamente aplicable- lo estipulado por el art. 171 del C.P.P. en cuanto establece que en "ningún caso" se concederá la excarcelación ".cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.", para luego facultar al juzgador a inferir tales riesgos a partir de la conjunción de los parámetros contemplados en el art. 148.
Por ende, cabe aquí remitirnos a lo abordado en el punto V. de los presentes considerandos, lo que nos llevará a confirmar el auto atacado en cuanto se dispuso rechazar la excarcelación de los mencionados ( Rigen los arts. 146, 148, 157, 158, 171, 209, 210, 320 "a contrario" del C.P.P. y sus modificatorias ).
VII. Por último, corresponde rechazar -por improcedentes- las reservas de recurrir por ante el máximo tribunal provincial impetradas por la Dra. Veliz; por anticipadas, las reservas de recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense incoadas tanto por la Dra. Veliz como por la Dra. Taccari, ( Rigen los arts. 451 y 483 del C.P.P. ) y tener presentes las reservas del caso federal intentadas por los defensores (art. 14 de la ley 48).
POR ELLO , fundamentos vertidos y citas legales efectuadas, esta Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal,
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos en fecha 15 de septiembre de 2026 por el señor Defensor particular que asiste a C. Z. y J. R., doctor Ronaldo Rosendo González; en fechas 16 y 27 de septiembre por la otrora Defensora de confianza de R. N. B. y M. F., Dra. María Laura Taccari; y en fechas 16 y 24 de septiembre por la señora Defensora particular que asiste a D. B., Dra. Claudia Verónica Veliz (Rigen los arts. 164, 174, 421, 434, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. CONFIRMAR , en cuanto ha sido materia de agravio, la recurrida resolución dictada el día 21 de septiembre del año en curso en la CN° 20407, por medio de la cual se dispuso rechazar la libertad por falta de mérito y convertir en prisión preventiva las detenciones de R. N. B.; D. B. y M. F., por entender que, en relación a R. N. B. y M. F. existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquellas resulten probables autoras penalmente responsables del delito de desobediencia y, en cuanto a D. B., existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de que aquel resulte probable autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves -en dos hechos-, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género -en dos hechos- y desobediencia, todo ello en concurso real entre sí en orden a los hechos por los que fueran legitimados ( Rigen los arts. 146, 148, 157, 158, 171, 209, 210, 320 "a contrario", del C.P.P. y sus modificatorias; arts. 55, 89, 92 en función del 80 inc. 11 y 239 del Código Penal ).
III. CONFIRMAR , en cuanto ha sido materia de recurso, la resolución dictada en la CN° 20416 con fecha 14 de septiembre de 2026 por cuyo conducto se dispuso no hacer lugar a la excarcelación de los imputados de autos ( Rigen los arts. 146, 148, 157, 158, 171, 209, 210, 320 "a contrario" del C.P.P. y sus modificatorias ).
IV. TENER PRESENTE las reservas del caso federal incoadas por los recurrentes (Rige el art. 14 de la ley 48).
V. RECHAZAR , por improcedente, las reservas de recurrir por ante el máximo tribunal provincial impetradas por la Dra. Veliz y, por anticipadas, las reservas de recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense incoadas tanto por la Dra. Veliz como por la Dra. Taccari ( Rigen los arts. 451 y 483 del C.P.P. ).
Regístrese, notifíquese a las partes técnicas y remítanse las incidencias al juzgado de origen, en el cual quedan delegadas las notificaciones de los imputados. Sirva el presente de atenta nota de remisión.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: LAVECCHIA Mariano - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1492-2026
Fin de la sentencia