Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20487
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto el día 29 de octubre del corriente por el señor Defensor Oficial que asiste técnicamente al imputado de autos, doctor Andrés Santanatoglia (Rigen los arts. 174, 421, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. Confirmar , en cuanto ha sido materia de agravio, la apelada resolución dictada el 28 de octubre del corriente por cuyo conducto se rechazó la excarcelación del encausado (Rigen los artículos 171 en función del 148 y 169 inciso segundo del C.P.P.).
Causa nro. 20487 "S., M. E.
s/ incidente de apelación de excarcelación"
IPP: 05-01-014425-26/00
Los del presente legajo, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial de M. E. S., Dr. Andrés Santanatoglia, contra el resolutorio dictado por el Juzgado de Garantías nro. 1 departamental con fecha 28 de octubre de 2026; y
I. Que llegan los presentes obrados a conocimiento de esta Alzada en función de la vía recursiva impetrada en tanto se cuestiona la denegatoria bajo cualquier tipo de caución de la excarcelación pretendida en favor del mencionado justiciable.
Merece puntualizarse "ab initio" que el recurrente se encuentra legitimado para impugnar la resolución en crisis y ha observado las condiciones de tiempo y forma previstas por la normativa correspondiente, por lo que, resultando el decisorio susceptible de ser atacado mediante la vía elegida, el recurso intentado deviene formalmente admisible. (cfr. arts. 174, 421, 439, 441 y 442 del Ceremonial)
II. Quien comanda la Defensa Técnica del encausado, postula, en primer lugar, tras citar los argumentos vertidos por la Jueza de grado para denegar la excarcelación que, al considerar las circunstancias fácticas del hecho, la Magistrada interviniente realizó un juicio de certeza, vulnerando así el principio de inocencia. Asimismo, destaca que los hechos se encuentran en investigación.
En relación a los peligros procesales, entiende que no hay indicadores que den la certeza de que su ahijado procesal pueda entorpecer el proceso o darse a la fuga y que ".. .Resulta imposible predecir el futuro, sin perjuicio de las situaciones descriptas en el resolutorio ...".
Postula también que, teniendo en consideración las circunstancias personales de su defendido, la ausencia de antecedentes penales y la escala penal de los delitos imputados, en caso de recaer condena, la pena sería de ejecución condicional.
Por último, trae a colación el art. 26 del Código Penal y considera que el instituto de condenación condicional "... cumple la finalidad de servir como advertencia y de operar disuasivamente en el futuro inmediato y con una función de prevención especial positiva, pues, conlleva un llamado para que el condenado oriente su comportamiento hacia el respeto del sistema normativo. ..".
Finalmente, expresa que la medida impuesta a su apadrinado es desproporcional con el resultado que se espera del proceso ya que el mismo puede ser condenado a una pena de ejecución condicional, por lo que entiende que la detención puede evitarse con una medida menos gravosa.
Por lo que, en definitiva, tras citar doctrina y jurisprudencia a los fines de robustecer su embestida recursiva, solicita se revoque el auto atacado y se le conceda la excarcelación a su asistido.
III. Ahora bien, delineada que ha sido la plataforma involucrada, se desprende de las constancias adunadas que quien nos ocupa se encuentra detenido en orden a la presunta comisión de los injustos constitutivos de amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones leves agravadas por el vínculo por ser cometidas contra un descendiente, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real entre sí.
De ello se desgaja que la excarcelación intentada debe ser analizada a la luz del supuesto contemplado por el art. 169 inciso segundo del C.P.P.
Así las cosas y en línea con lo expuesto por el recurrente, no resulta ocioso rememorar que el ordenamiento adjetivo de nuestra Provincia recoge el principio de libertad durante el proceso, derivación lógica de la presunción de inocencia consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional. Mas no menos cierto es que el propio legislador ha contemplado ciertos supuestos en que cabe exceptuarlo ante el interés del Estado dirigido a asegurar los fines del proceso penal.
En esa inteligencia, es imprescindible destacar el vínculo familiar y sentimental que une tanto a las víctimas con el victimario como a este último con quienes pueden declarar en autos, en tanto sus deposiciones pueden resultar cruciales para arribar a la verdad material de los sucesos, lo cual nos permite inferir que existe en autos una posibilidad cierta de entorpecimiento en términos de la averiguación de la verdad, puesto que el encausado podría intentar influenciarlos para que aquellos se comporten de manera desleal o reticente para con el proceso en trámite (art. 148 tercer párrafo inciso segundo del Protocolar).
Las circunstancias puestas de resalto nos llevan a concluir que el riesgo procesal de entorpecimiento probatorio contemplado en el art. 148 del Protocolar se verifica en las presentes actuaciones.
Consecuentemente, cabe traer a colación la manda del art. 171 del Digesto ritual en tanto consagra que "...en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación..." añadiendo que "...la eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el art. 148...".
Por ende, encontramos que el cuadro de situación aparenta requerir su análisis desde una perspectiva de género y en tal sentido, no puede perderse de vista, en relación a la agresividad que contra la víctima habría desplegado el encartado, las obligaciones asumidas por el Estado argentino a través del art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que se encuentra incorporada a nuestra normativa constitucional a través de su art. 75 inc. 22 .
Así, dicha Convención establece en su art. 1 que debe entenderse como violencia " cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado ", disponiendo en los incisos b) y f) del artículo 7 que los estados deben actuar con la debida diligencia a la hora de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer los procedimientos legales justos y eficaces para quien haya sido sometida a tal flagelo.
En línea con lo expuesto, tampoco puede dejar de mencionarse que el art. 4 de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la que considera " violencia contra las mujeres " a " toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes ".
Por los fundamentos expuestos y más allá de los cuestionamientos introducidos por la defensa técnica, entendemos que no puede proceder la excarcelación del imputado, atento lo dispuesto por el citado art. 171 del Ceremonial.
Culminando el análisis del caso, y teniendo en cuenta las mismas pautas con entidad valorativas que han sido ponderadas previamente, tampoco se avizora de momento que de prosperar una medida menos gravosa en favor del justiciable se disipe el riesgo de entorpecimiento probatorio para asegurar la efectiva aplicación de la ley penal para el caso de corresponder a aquellos a la luz de lo estipulado por la ley de forma y dado el estado en el que se encuentra el proceso.
Consecuentemente, resulta ser nuestra razonada y sincera convicción que la resolución impugnada se encuentra, en lo sustancial que decide acorde a derecho imponiéndose, como lógico corolario, su confirmación en cuanto ha sido materia de recurso (arts. 171 en función del 148 y 169 inciso 1° del C.P.P.).
POR ELLO , en orden a los fundamentos volcados y citas legales, esta Sala II de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE:
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto el día 29 de octubre del corriente por el señor Defensor Oficial que asiste técnicamente al imputado de autos, doctor Andrés Santanatoglia (Rigen los arts. 174, 421, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. CONFIRMAR , en cuanto ha sido materia de agravio, la apelada resolución dictada el 28 de octubre del corriente por cuyo conducto se rechazó la excarcelación del encausado (Rigen los artículos 171 en función del 148 y 169 inciso segundo del C.P.P.).
Regístrese, líbrese comunicación a las partes técnicas y remítase en carácter de devolución al Juzgado de origen, delegando en éste la notificación del imputado, sirviendo el presente de atenta nota de remisión.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: LAVECCHIA Mariano - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1495-2026
Fin de la sentencia