Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se ha dicho: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646). - Ninguno de tales supuestos se verifica en autos, luego de haber efectuado este Tribunal Superior un análisis meduloso de la causa.".
Dicho ello, y analizados los planteos, debemos confirmar el temperamento adoptado por la Jueza, en cuanto a que, si partimos de la declaración de la víctima, el material genético encontrado en el hisopo del menor resultan, indicios positivos en cuanto a su testimonio, como así, la valoración de las lesiones que presenta en el cuerpo, que permiten valor esos elementos probatorios como lo …
TOMO: XX REGISTRO: 014 FOLIO: 183/230
Caleta Olivia, 31 de julio de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8396/26, los autos “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8464/26 y los autos “INCIDENTE DE APELACION ACLARATORIA PERICIA MÉDICA/ADN EN AUTOS F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8481/26, todos procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, venidos a despacho para resolver.
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I.-a) Que en autos “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T) ” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8396/26, mediante interlocutorio de fs. 131/147, la Sra. Jueza de Instrucción subrogante, ordenó: “…1) DISPONER el PROCESAMIENTO de M. P. M., cuyos demás datos filiatorios obran en autos, por considerarlo autor responsable por el delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL por vía oral reiterado, ACCESO CARNAL POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANÁLOGOS por introducción de parte del cuerpo por vía anal, y ACCESO CARNAL vía anal en grado de tentativa, todo ello agravado por la CONDICIÓN DE GUARDA Y VINCULO con la víctima, en concurso real, previsto y penado por el art. 119 4º párrafo inc. b) en función del 3º párrafo, 42, 45 y 55 del C. Penal, en perjuicio de I.T.G., por el que fuera indagado, cuyos demás datos obran en autos, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil pesos).- A falta de bienes anótese la Inhibición General de Bienes en el Registro de la Propiedad Inmueble, a cuyo fin líbrese oficio.-2) Convertir en PRISIÓN PREVENTIVA la detención que viene sufriendo M. P. M..- Hágase saber al Sr. Jefe de División Comisaria de Puerto Deseado. Asimismo se solicita que el nombrado, hasta tanto la presente causa sea elevada a juicio permanezca en esa dependencia, toda vez que restan medidas de pruebas a realizar.”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular doctor Marcelo Urbano Quintero, interpone recurso de apelación a fs.156/159, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 160. En esta instancia es mantenido a fs. 167 por el Dr. Quintero, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
I.-b)Que en autos “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8464/26, mediante interlocutorio de fs. 64/73, la Sra. Jueza de Instrucción subrogante, ordenó: “…1) RECHAZAR la Impugnación formulada por la Lic. Lucila Caro a través del Abogado Defensor de M. P. M..” Contra dicha resolución la Defensa Particular a cargo del doctor Marcelo Urbano Quintero interpone recurso de apelación a fs. 75/77, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 78. En esta instancia es mantenido a fs. 90 por el Dr. Quintero, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. I.-c)Que en autos “INCIDENTE DE APELACIÓN ACLARATORIA PERICIA MÉDICA/ADN EN AUTOS F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T) ” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado Recursos 8481/26, mediante interlocutorio de fs. 78/84, la Sra. Jueza de Instrucción subrogante, ordenó: “…1) RECHAZAR lo solicitado por el Dr. Juarez del Abogado Defensor de M. P. M., en cuanto solicita AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN PERICIAL”. Contra dicha resolución la Defensa Particular a cargo del doctor Marcelo Urbano Quintero, interpone recurso de apelación a fs. 85/87, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 93. En esta instancia es mantenido a fs. 97 por el Dr. Quintero, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-a) Al motivar el recurso la Defensa, en autos “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8396/26, se agravia sosteniendo la errónea valoración de la prueba.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Refiere la falsedad de las siguientes afirmaciones:“...En consecuencia, el relato del adolescente se considera válido desde el punto de vista pericial, presentando correspondencia con los hallazgos psicológicos y con el resto de la prueba reunida en autos....”.“...Por otra parte, el testimonio del adolescente I.T.G. se integra de manera coherente y completa con el resto de la prueba de cargo. Su relato resulta verosímil, consistente y acompañado de una manifiesta concomitancia emocional con lo que la víctima previamente había manifestado tanto a S. -hija de su abuelacomo a su madre L....”“...En situaciones abusivas como la descripta, las personas agresoras no necesariamente recurren a la fuerza física para someter a la víctima. El desbalance de poder, las amenazas implícitas o otras formas de coerción suelen ser suficientes para doblegar la voluntad de quien se encuentra en situación de vulnerabilidad...”
Expresa que las afirmaciones del Juez son completamente desacertadas, incurriendo en una causal de arbitrariedad al falsear el sentido y el significado de los elementos probatorios incorporados.
Sostiene la inexistencia de los recaudos del art. 289 del CPP - Calificación legal, afirmando que no se encuentran reunidos en autos respecto de su defendido la calificación legal escogida por la Juez esto es: “...En lo que respecta al tipo penal analizado, esto es ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL por vía oral reiterado, ACCESO CARNAL POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANÁLOGOS por introducción de parte del cuerpo por vía anal, y ACCESO CARNAL vía anal EN GRADO DE TENTATIVA, encuadran en el art. 42 y 119 del Código Penal...”.
Indica la arbitrariedad del embargo dispuesto, no existiendo responsabilidad penal, por parte de su defendido, y ante la ausencia de toda justificación del monto de $ 3.500.000, impugna asimismo esa cifra, por no guardar relación alguna con el caso de autos. La falta de motivación sobre el punto constituye otro caso de arbitrariedad.
Refiere la defectuosa fundamentación para el dictado de la prisión preventiva, indicando que en este estado del proceso se encuentran acreditadas las condiciones personales del imputado, en cuanto a su identidad, medios de vida, domicilio, y condiciones de vida regulares; circunstancias que permiten descartar un posible peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación.
Argumenta que Martelli tiene su domicilio y residencia habitual y lugar de trabajo en la ciudad de Puerto Deseado, donde reside hace varios años, es un trabajador que prestaba servicios en la empresa ELECTROLOGIC SRL., hasta el momento de su detención.
Así, esa defensa indica que el encausado cuenta con arraigo, debido a que su grupo familiar reside en la Ciudad de Puerto Deseado, tienen trabajo y domicilio fijo donde se encuentra establecido, a la vez que no existe en este estado de la causa pruebas pendientes de producción que puedan verse obstaculizadas con la libertad ambulatoria de su defendido, corresponde entonces estarse a la posibilidad de aplicar otras medidas menos gravosas que la privación de la libertad, como podría ser la concesión de la excarcelación bajo caución real, estableciendo la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad de policía y/o con informes del Cuerpo de Delegados de Control, haciendo lugar a lo solicitado, siempre dentro del marco de lo preceptuado por el artículo 303 in fine del Código Procesal. Sostiene la inexistencia de peligro procesal, no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, que impidan la concesión del beneficio de revocar la prisión preventiva de su defendido, sumados a que se han producido las medidas de prueba indicadas por la Magistrado de Instrucción, permiten concluir que no existe riesgo de que la actividad del imputado en libertad, pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación o la realización del juicio. Cita doctrina y jurisprudencia.
Hace reserva a caso federal.
En esta instancia al ampliar fundamentos sostiene la errónea valoración de la prueba.
Indica que se debería analizar conforme a la sana critica racional y la lógica el relato del GIT, y luego corroborar si lo expresado por éste, coincide con el colecto probatorio obrante en autos. Es importante señalar que en autos se produjeron los siguientes medios de pruebas para esta Defensa relevantes: escucha a GIT (Gesell), pericias psicológicas, informe médico forense, pericia de ADN, los cuales no prueban el hecho imputado a su defendido.
Así respecto a la escucha de GIT la perito de parte pudo sacar las siguientes conclusiones: Críticas Metodológicas (fallas del informe oficial), Falta de evaluación de credibilidad: La perito señala que no se usaron métodos científicos (como CBCA o SVA) para analizar si el relato del menor es creíble o válido; la psicóloga oficial simplemente tomó el relato como base para sus conclusiones ,contaminación de la prueba: Se realizó la Cámara Gesell y las técnicas psicodiagnósticas (test) el mismo día. Según la Lic. Caro, esto compromete la independencia de los resultados y puede generar fijación narrativa o contaminación del material, insuficiencia de las técnicas: Se utilizaron tests proyectivos generales (HTP, Persona bajo la lluvia, Bender) que no son específicos para determinar si hubo abuso o para medir trauma. Se agravia esa defensa, además, porque se afirma que hay una perturbación emocional causada por el abuso sin explicar técnicamente cómo se llegó a esa conclusión causal, ignorando otras posibles causas (como la dinámica familiar con el padre)
Sostiene que en su informe la perito de parte ha solicitado que la psicóloga (oficial) interviniente responda 6 puntos clave, destacando: Qué criterios técnicos usó para validar el relato. Por qué hizo todo el proceso en una sola jornada. En qué elementos objetivos se basa para afirmar que el daño emocional deriva específicamente del abuso. Debido a estas falencias metodológicas, la Lic. Caro consideró que el dictamen carece de rigor científico y sugiere su impugnación.
Continua manifestando que habiéndose ampliado su pericia la perito oficial, la perito de parte informó: Fallas Metodológicas Graves, evaluación en un solo día: La perito oficial realizó la Cámara Gesell y los tests psicológicos en la misma jornada. La Lic. Caro afirma que esto genera fijación narrativa (el niño repite lo que acaba de decir en la cámara) y quita espontaneidad a las pruebas, falta de tiempos: No se informó cuánto duró la evaluación. Según el documento, un psicodiagnóstico serio requiere múltiples encuentros para generar confI.T.G.za y observar si los indicadores son estables o pasajeros. Debilidad de las Pruebas (Tests) Las técnicas usadas son proyectivas generales (dibujos, etc.) que sirven para ver el estado emocional general, pero no son específicas para probar un abuso sexual ni para establecer una relación directa con el hecho denunciado.
Así, sostiene la defensa, que contestada que fuera esta impugnación, la perito de parte detectó que el niño no cumplió con la consigna en este test (uno de los más importantes para ver defensas). La perito oficial justificó esto diciendo que el niño estaba en un estado de disociación, pero la Lic. Caro critica que esta afirmación es una etiqueta al aire, sin fundamentos técnicos que la expliquen realmente. Crítica al uso de la Revictimización como excusa.
La defensa critica que la perito oficial cita bibliografía general pero no explica cómo llegó a sus conclusiones a partir de lo que el niño dibujó o dijo. Sin esa trazabilidad (el camino lógico entre el dato y la conclusión), el informe pierde rigor científico y se vuelve una opinión subjetiva.
En sus conclusiones la defensa, en cuanto a los informes periciales, indica que el núcleo de la impugnación se centra en las fallas metodológicas el argumento central que atraviesa los tres documentos presentados en autos es la concentración de actividades en una sola jornada (Cámara Gesell y Psicodiagnóstico), refiriendo que la psicóloga de parte sostiene que se contamina la prueba: Genera fijación narrativa, haciendo que el niño repita en los tests lo que acaba de decir en la cámara, perdiendo espontaneidad. Impide el vínculo: No permite la construcción progresiva necesaria para un diagnóstico profundo. Uso erróneo de conceptos: Desmiente que realizar más entrevistas sea revictimizar, ya que el diagnóstico explora la psiquis y no requiere que el niño repita el relato del abuso. Por otra parte la defensa se agravia en cuanto al informe médico y la pericia de ADN, expresa que el perito médico de parte ha informado lo siguiente: 1. Del protocolo médico examinado no surgen lesiones genitales masculinas en pene, meato, escroto o testículos. 2. En región anal/perianal se describe eritema perianal, pero no se documentan fisuras, desgarros, sangrado, dilatación anal traumática ni lesiones anales específicas. 3. El eritema perianal constituye un hallazgo inespecífico, que puede responder a múltiples causas y que, por sí solo, no permite diagnosticar abuso sexual ni penetración anal. 4. La ausencia de lesiones corporales defensivas, genitales y anales específicas limita la posibilidad de sostener, con base exclusivamente médico-clínica, una hipótesis de violencia física. 5. La pericia genética informa compatibilidad o presencia de material biológico, pero no determina por sí sola violencia, coerción, temporalidad exacta ni mecánica precisa del hecho. 6. Los resultados PSA negativos y la sábana sin evidencia procesable para ADN constituyen aspectos técnicos que deben ser ponderados frente al relato de eyaculación sobre sábanas. 7. La trazabilidad de los hisopos resulta observada, dado que determinadas muestras contenían varios hisopos sin numeración individual, impidiendo conocer el orden de recolección. 8. Desde el punto de vista médico-legal, los elementos clínicos disponibles no permiten afirmar con certeza científica que las lesiones observadas hayan sido producidas en el modo, tiempo y circunstancias denunciadas.
Por último indica la defensa que existen relatos en el hecho imputado que no se encuentran probados.
Así refiere que la frase "...accedió carnalmente a I.T.G. introduciendo Ud. su pene en la boca del adolescente...”, es una afirmación falsa, ya que en la boca de GIT no se encontraron rastros de ADN ni PSA de su defendido.
Por otra parte a la frase:“...posteriormente... cuatro patas... pegándole palmadas (chirlos) en la cola, colocando el dedo de su mano en el ano del adolescente...” indica que es falso, ya que según el informe médico no se constataron lesiones en los muslos ni ADN en el ano de GIT. “...encontrándose I.T.G. recostado boca abajo en la cama, mientras Ud. Se ubicaba por detrás, intentó accederlo carnalmente con su pene vía anal, percibiendo el adolescente, que tenía su pene entre los glúteos, sin que ello implicara penetración, eyaculando Ud. en las sábanas...”, sostiene esa defensa que es totalmente falso, como dijo no hay ADN, PSA ni SEMEN en las sábanas ni mucho menos ADN ni PSA en el ano del adolescente (ver pericia). Concluye esa defensa que no existen lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal vía anal, tal como lo describe su informe médico, por lo que el auto impugnado debe ser revocado en la etapa procesal oportuna.
Señala la defensa que la calificación legal escogida por la Juez Instructora no se encuentra probada, impugnando la defectuosa calificación en la modalidad de concurso real, cuando el hecho es uno solo, no estamos ante hechos independientes entre sí, sino ante una sola acción que indica esa defensa no se encuentra probada. Como segunda cuestión expresa la defensa que entiende que la calificación legal por la cual fuera procesado tampoco se encuentra configurada, esto es: “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL por vía oral reiterado, ACCESO CARNAL POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANÁLOGOS por introducción de parte del cuerpo por vía anal, y ACCESO CARNAL vía anal en grado de tentativa”; ello, dice, no se encuentra probado, ya que las pericias medicas y de ADN han determinado otra cosa distinta a la imputada, por lo que solicita revoque la calificación legal.
Finalmente la defensa se agravia por la prisión preventiva, sosteniendo que se ha realizado un defectuosa fundamentación para el dictado de la prisión preventiva en contra de su defendido, expresando que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento en la investigación, ya que su defendido cuenta con arraigo y todas la pruebas importantes ya fueron agregadas en autos, existiendo un informe ambiental realizado por el Juzgado donde se encuentran consignadas todas las condiciones personales de su defendido, que acreditan el arraigo.
En otro apartado de su libelo la defensa propone medidas alternativas menos gravosas que permitirían asegurar los fines del proceso., expresando que su defendido cuenta con un sólido arraigo en la ciudad. Es un trabajador que labora en la localidad de Puerto Deseado, y es el sustento propio y de su hija.
Indica que su defendido se compromete a acatar una medida de prohibición de contacto y acercamiento hacia GIT, y está dispuesto a la colocación de un dispositivo electrónico (tobillera) que controle el cumplimiento de la medida cautelar que se ordene. También se compromete a presentarse ante el Juzgado de Instrucción o Comisaría que se establezca, en los días y horario que lo considere necesario.
II.-b)Al motivar el recurso, la Defensa, en autos “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8464/26, se agravia sosteniendo que al encontrarse el Juzgado ante dos posturas de expertos que discrepan fundamentalmente sobre el método de examen y la pureza de los resultados, el magistrado no puede resolver la controversia eligiendo arbitrariamente el informe oficial por criterios de mera comodidad o corporativismo institucional.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Indica la indefensión absoluta por retención oculta e infundada de los protocolos y registros originales (Quiebre del control de la prueba y de la igualdad de armas). La resolución en crisis convalida tácitamente la conducta arbitraria de la Lic. Robles, quien se negó de manera sistemática a aportar al expediente judicial y a exhibir a su perito de parte, los protocolos originales en papel crudo (producciones gráficas completas de los test HTP, Bender y Persona bajo la lluvia), así como los registros y notas de campo de las entrevistas.
Expresa que en la ciencia forense, el dictamen pericial es un producto secundario; el verdadero objeto de control técnico son los protocolos originales (los dibujos físicos y la literalidad de las respuestas).
Ocultar el material de base impide que la perito de la defensa examine la calidad del trazo, las presiones, las borraduras o si existió inducción verbal por parte de la perito oficial. La retención de las pruebas bajo el pretexto de un secreto profesional inexistente en el marco de una designación judicial destruye la bilateralidad de la prueba.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Argumenta la arbitrariedad manifiesta por convalidación de un grosero vicio metodológico (Contaminación de datos por unificación cronológica de dispositivos diferenciados). La Jueza Subrogante valida la postura de la perito oficial, aduciendo que realizar la declaración en Cámara Gesell y la batería de test psicodiagnósticos en un mismo bloque horario e inmediato evita la revictimización.
Sostiene que la resolución confunde los deberes de asistencia con las reglas que gobiernan la validez de la prueba forense. La declaración testimonial en Cámara Gesell altera la reactividad situacional del sujeto.
Indica que administrar técnicas proyectivas gráficas apenas una hora después destruye la independencia de las variables.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Expresa como cuatro agravio la Convalidación de sesgo confirmatorio lineal, omisión de hipótesis alternativas y quiebre de la garantía de la defensa en juicio. El fallo sostiene que el quiebre del evaluado ante las pautas del test de la Persona bajo la lluvia no constituye una falla metodológica sino un dato diagnóstico de disociación. Refiere a que se omite contextualizar metodológicamente otras variables severas que surgen de la propia historia del menor (tales como la ausencia y falta de comunicación desde hace tres años con su padre biológico con quien planea mudarse).
Cita doctrina y jurisprudencia.
Hace reserva a caso Federal.
II.-c)Al motivar el recurso, la Defensa, en autos “INCIDENTE DE APELACION ACLARATORIA PERICIA MÉDICA/ADN EN AUTOS F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8481/26, se agravia sosteniendo la arbitrariedad manifiesta por denegación del derecho de defensa en juicio y autocontradicción judicial (Violación de los Arts. 1, 3 y 116 del C.P.P.).
Expresa que la resolución en crisis deviene nula por poseer una fundamentación palmariamente contradictoria, indicando que por un lado, el Juzgado decreta que la presentación del Dr. Juárez resulta manifiestamente extemporánea desde el punto de vista procedimental por no ajustarse a los plazos estrictos de propuesta de peritos del Art. 243 del C.P.P.
Sin embargo, acto seguido, la propia Magistrada se contradice al afirmar que corresponde emitir un pronunciamiento sobre el pedido, en virtud del examen crítico que el profesional realiza sobre elementos ya destacados..., procediendo a valorar e intentar refutar sustancialmente los puntos científicos del informe médico-legal. Sostiene que V.S. incurre en un excesivo rigor formal: formalmente expulsa el dictamen tachándolo de extemporáneo, pero materialmente lo utiliza para fundamentar el rechazo de la aclaratoria pericial. Al obrar de este modo, violó la directiva del artículo 3º del C.P.P., que impone una interpretación restrictiva para todas aquellas normas que limiten el ejercicio de un derecho atribuido al imputado. El informe técnico de parte constituye un ejercicio legítimo de la facultad otorgada por el artículo 66 del C.P.P. (derecho del imputado a presentarse aclarando hechos o indicando pruebas útiles), por lo que privar a la defensa del derecho a interrogar, ampliar o aclarar los puntos oscuros de las pericias oficiales destruye la igualdad de armas.
Cita doctrina.
Continua esa defensa indicando como segundo agravio la errónea valoración e inaplicabilidad de la sana crítica ante las discordancias científicas y fácticas expuestas, expresando que el tribunal de grado rechaza la aclaración y ampliación afirmando dogmáticamente que la prueba recopilada posee mérito suficiente y que el planteo defensivo pretende neutralizar la prueba genética. Agrega que esto demuestra una confusión conceptual que causa agravio.
Dice que el informe del Dr. Juárez -debidamente ratificado y defendido por el profesional- no niega la existencia del ADN positivo, sino que delimita científicamente su verdadero alcance en la medicina forense.
Argumenta esa defensa que V.S. sostiene que el ADN positivo en el hisopo peneano del menor (PEP 6) es un indicador unívoco de un acceso carnal anal violento, descartando la necesidad de aclaraciones. No obstante, el Juzgado omitió considerar las graves discordancias científicas planteadas por la experticia médica que ameritan una aclaración pericial obligatoria: 1. Ausencia absoluta de correlación lesional clínica: El protocolo médico oficial y la declaración del Dr. Carlos Schenone acreditaron que el menor no presentaba lesiones genitales, ni extragenitales, ni desgarros, ni fisuras, ni sangrado, ni dilatación anal traumática, ni espasmo. 2. Inespecificidad del único hallazgo físico: El franco eritema perI.T.G.al detectado de ningún modo es patognomónico de abuso o penetración, pudiendo responder a múltiples etiologías clínicas ajenas al hecho denunciado (irritación local, rascado, dermatitis, fricción, etc.). 3. Incongruencia técnica con la mecánica del relato (PSA Negativo): La imputación fiscal sostiene explícitamente que el procesado habría eyaculado en las sábanas. Sin embargo, la pericia biológica molecular arrojó resultado NEGATIVO para PSA (antígeno prostático específico) en la sábana ajustable (BM26-110-97-E), e igualmente negativo para PSA en la totalidad de los hisopos bucales, anales y perianales tomados al menor.
Sostiene la defensa que la genética responde al quién, pero la medicina legal clínica determina el cómo y el cuándo. Al existir una brecha insalvable entre un relato que describe violencia y eyaculación, y un marco biológico que documenta ausencia de lesiones específicas y ausencia de fluido seminal (PSA negativo), resulta indispensable hacer lugar a la ampliación pericial para dilucidar los mecanismos de transferencia biológica. Negar esta medida bajo el pretexto de que la mayoría de los abusos no dejan lesiones implica aplicar un sesgo confirmatorio que reemplaza la certeza científica por meras presunciones en perjuicio del encausado, vulnerando el principio In dubio pro reo (Art. 4, C.P.P.). La doctrina científica penal es unánime al advertir que los marcadores biológicos aislados no constituyen una verdad jurídica absoluta por fuera del contexto médico general.
Cita doctrina.
Agrega como un tercer agravio la vulneración al debido proceso y control de la prueba por deficiencias de trazabilidad.
Sostiene el fallo recurrido que la falta de numeración individualizada de los hisopos recolectados (muestras BM26-110-91-E, 92-E y 93-E) no afecta la validez de la pericia genética, minimizando la observación técnica de la defensa.
Este argumento causa gravamen, por cuanto la correcta cadena de custodia y los instructivos oficiales del Laboratorio de Investigación Forense del Poder Judicial de Santa Cruz exigen la individualización secuencial de las muestras. Al encontrarse múltiples hisopos sin numerar dentro de un mismo contenedor, la defensa se ve privada de auditar científicamente cuál fue el primer hisopo recolectado (que concentra la mayor carga biológica pura) y bajo qué criterios metodológicos el laboratorio seleccionó o descartó muestras para su procesamiento. Semejante anomalía formal no puede subsanarse mediante meras afirmaciones lógicas del tribunal; requiere necesariamente una explicación técnico-pericial del laboratorio biológico que aclare si existió un desvío del protocolo oficial y si este afectó la pureza del perfil genético recuperado. Al denegar la aclaración, el Juzgado convalida un déficit técnico y cercena el control de la prueba.
III.-Reseñado como han sido los presentes incidentes de apelación, corresponde señalar que, en esta instancia, llegan a despacho para resolver, sendos incidentes de "impugnación" rechazados por el a quo, tanto de la pericia médica como del informe psicológico.
A ello se le suma la impugnación del auto de procesamiento que tiene como fundamento, el análisis y valoración de la información médica y psicológica que es impugnada, por la defensa, con posterioridad al mismo.
Para ser claros, las críticas a la información que aportan los medios periciales, realizadas por la Defensa, son modos de “incidentar” que hacen al ejercicio del derecho de defensa en juicio. La "impugnación" es el término genérico de derecho procesal que se utiliza para definir a los recursos en general, y que ponen en crisis a través de dicho mecanismo, una decisión judicial. Claramente son dos cuestiones diferentes.
La Sra. Jueza de Instrucción subrogante, de manera correcta resuelve los incidentes que critican las pericias médica y psicológica, pues ella ya había valorado la información al momento de resolver la situación procesal del imputado.
Si la resolución en cualquier de los dos incidentes sobre los medios periciales hubiera sido acogida, necesariamente el acto jurisdiccional habría influido en la decisión de la resolución de la situación procesal; en el caso, como se rechaza, el auto de procesamiento no se conmueve.
Para poder resolver sendas incidencias, es necesario tener en cuenta un primer tópico y que es que las mismas no hacen foco en la posible irregularidad de los actos procesales, lo que, eventualmente daría lugar a una sanción de nulidad absoluta o relativa, sino que se basan en la crítica a la información que aportan, la que es confrontada con los informes de parte y por ese conducto, causa agravio el auto de procesamiento ya decidido con anterioridad.
Reitero, solo se puede impugnar o recurrir decisiones jurisdiccionales basadas en el análisis y valoración de la información aportada por medios probatorios, y no resolver cada incidente de información probatoria cuando la misma aún no ha sido valorada ni fue utilizada como fundamento de una decisión jurisdiccional. La información agregada a una causa adquiere relevancia y utilidad, cuando la misma fundamenta una decisión jurisdiccional, no antes de ello, pues el análisis fragmentario de la misma, sin que ella hubiera sido un fundamento de una decisión jurisdiccional es improcedente por prematura. Ello allende el derecho de la parte a incidentarla en el momento que quiera.
Cabe aclarar que la información que aporta la prueba pericial, al igual que el resto de la información que se produce por los distintos medios de prueba regulados y no regulados, conforme al principio de libertad probatoria, puede ser motivo de impugnación o recurso cuando el órgano jurisdiccional ha adoptado una decisión que la utiliza como base, por lo que siempre, lo que se impugna o recurre es el contenido de la información y su valoración, como fundamento de una decisión jurisdiccional, no ella misma y de manera independiente y fragmentaria, sin saber si el Juez la ha utilizado o no, y en su caso con que alcance.
Por ello, cuando no está en juego la regularidad de una medida probatoria, la incidencia sobre su contenido está sujeta a la decisión jurisdiccional que se adopte teniéndola como fundamento, pues sería un absurdo resolver una incidencia sobre la información agregada a una causa por un medio probatorio, si aún no se decidió nada y no fue valorada, allende las sospechas que la misma pueda arrojar. Ello no implica, como dije, que la parte pueda incidentar y controvertir la información cuando lo entienda oportuno, pero la resolución de dichos actos incidentales deberá realizarse cuando se decida jurisdiccionalmente utilizando la misma como fundamento, lo que, a todo evento, dará lugar a las impugnaciones y/o recursos pertinentes.
Es en este orden que, en esta etapa recursiva e impugnación de todas las decisiones jurisdiccionales basadas en el auto de procesamiento y en los rechazo de las incidencias sobre la información probatoria, deberá el suscripto resolver en un solo acto, valorando todos y cada uno de los agravios planteados por la Defensa. A mayor abundamiento, sobre el alcance y forma de la pericia como medio probatorio, en los autos caratulados “DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y NARCOCRIMINALIDAD P.M. S/ Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A.” Expte. Nº 34243/22-D, N° de Recursos 6971/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve que: "Ahora bien, lo siguiente que podemos encontrar en el expediente relativo a las pericias encomendadas, es la recepción a fs. 357/380 del informe de la práctica ordenada a fs. 349.
Se advierte, tal como lo ha invocado la defensa, que jamás se estableció la fecha y lugar en que las diligencias ordenadas se practicarían, por lo que nunca se le hizo saber esa circunstancia a las partes con anterioridad al comienzo de realización de las operaciones (art. 242 del C.P.P.) La sola notificación de que fue ordenada la pericia no basta para cumplir la exigencia legal, pues el fin de la misma es brindarle a las partes la oportunidad de asistir en las operaciones y controlar la prueba, por sí o por intermedio de la designación de peritos de parte, de conformidad con lo establecido en los arts. 191 y 243 del C.P.P., garantizándose de ese modo el contradictorio, para lo cual necesariamente deben conocer la fecha en que se van a realizar las actividades ordenadas.
Es decir, en el caso no se observaron las formas propias establecidas por el código en el art. 191 y el art. 242 del CPP, por lo que entiendo que corresponde declarar la nulidad de la misma y proceder a ordenarla nuevamente con control de las partes del proceso. Para entender lo expresado, hay que centrar el análisis en el artículo 242 del CPP. segundo y tercer párrafo. El sistema de pericias en el ordenamiento procesal penal, tiene un principio general que está regulado en el primer y segundo párrafo del artículo citado. Para todos los actos periciales, bajo pena de nulidad, deberá hacerse saber a las partes, y expresamente la ley señala al Ministerio Público Fiscal, a la parte Querellante y a los Defensores, la orden de la pericia dispuesta, quienes serán los peritos intervinientes conforme lo señalado en el primer párrafo, con antelación al inicio de las operaciones.
Es decir que también deberá hacerse saber la fecha y por supuesto el lugar donde se llevarán a cabo las mismas, para poder ejercer, las partes obviamente, el derecho que le asigna el artículo 243 y el contradictorio. Este es el principio general, va de suyo que y una vez recepcionada la información, la misma quedará incorporada a la causa de manera legal. Hasta aquí el principio general. Las excepciones reguladas son dos y que implican que el Sr. Juez de Instrucción fundado en razones de urgencia verificables en cada causa o por la simpleza extrema de la misma, las ordene sin necesidad de notificar dicha orden. Pero para que ello sea válido, le impone la obligación, en el tercer párrafo del artículo 242 del CPP. en análisis, de notificar que se realizó la pericia, que pueden examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible su reproducción.
Estos dos mecanismos son los regulados en la ordenanza procesal para llevar adelante todos los actos periciales. Ambos mecanismos, bien leídos, siempre tienen control de las partes (léase Ministerio Público Fiscal, Querellante y Defensa), el del principio general lo tienen previo a su realización y en el momento de llevarse a cabo las operaciones periciales, y los de excepción (urgencia o extrema simpleza) un control posterior del mismo. En autos, y conforme lo reseñado, tal como lo plantea la defensa, estamos ante un supuesto de pericia regulada en el principio general explicado supra, pues para encuadrar este supuesto en las excepciones, en primer lugar debió el A quo así consignarlo (léase urgencia o extremada simpleza) y para el caso que hubiera omitido dicha fundamentación, debería poder explicarse la misma por las características del informe pericial ordenado (extrema simpleza) o la urgencia en su elaboración con control posterior de la parte, hecho que no se puede evidenciar en autos, ni en un sentido o el otro.
El acto al momento de ser ordenado, por cualquiera de estos mecanismos, debe justificarse en dicho momento, es decir cuando se ordena el acto pericial, allende exista una deficiencia en acreditar o fundar las causales de excepción, pues y aún fundándolas, si esos fundamentos no se verifican (urgencia y simpleza extrema) por más que se invoquen, los mismos devienen nulos. Asimismo, cabe destacar, en este caso y como se dijera supra, la posibilidad de la renovación de la pericia, lo que "importa la realización de una nueva pericia, con nuevos peritos, pero referida a los mismos puntos que la anterior, afectada de algunos de los vicios o falencias indicadas...La renovación puede ser total o relativa.
Será total cuando siendo posible los nuevos peritos realicen nuevamente todas las operaciones y prácticas sobre las cosas o personas objeto del peritaje. Será relativa cuando por haberse perdido, alterado, o consumido la cosa o fallecido la persona, o alterado el estado de lugares, sea imposible efectuar nuevamente los exámenes y estudios, en cuyo caso los nuevos peritos emitirán su opinión tomando como base el contenido del anterior dictamen. La renovación será dispuesta por decreto del juez o tribunal, el que se notificará a las partes para que puedan ejercer su derecho de acompañar a los nuevos peritos de parte." (Eduardo M. Jauchen, TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Ed. RUBINZAL - CULZONI, págs. 420-421).- En el caso que nos ocupa, no existe impedimento en reeditar la pericia ordenada sobre el video “20211205_173556” que se encuentra contenido en el DVD agregado a estos autos, obtenido de la pericia efectuada a los celulares secuestrados, la que fue llevada a cabo cumpliéndose con las exigencias legales establecidas por la ley de forma, como se dijera supra.
No puedo pasar por alto que en la resolución que resuelve rechazar el planteo de nulidad, el A quo sostuvo “este magistrado considera – y observando el párrafo segundo del art. 242 del C.P.P- el supuesto que se cuestiona puede verse abarcado por las excepciones dispuestas por el artículo de mención, ya que por la gravedad y circunstancias del caso (encontrándose una persona privada de su libertad) y los damnificados por el accionar delictivo, a la espera de la resolución, se debe dar “Tratamiento Urgente”. Cierto es que en la citada norma procesal establece, como señalé, supuestos de excepción a la notificación a las partes en forma previa a la realización de la pericia, siendo éstos cuando haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente sencilla.
Se ha dicho en doctrina que “Tanto la “suma urgencia” como que “la indagación sea extremadamente simple” – circunstancias que tornaría procedente omitir la notificación previa de la diligencia- son facultades del juzgador, componentes de su arbitrio técnico, que deben fundarse, para no incurrir en arbitrariedad, imposible de subsanar su se trata de una diligencia definitiva e irreproducible (art. 18, 28 y 33 C.N., a afectar el debido proceso y arts. 167 incs. 2º y 3º, y 168, párr. 2º). Para obviar la valla impuesta por el art. 200 es preciso, respaldar con razones atendibles lo imperioso del apremio o la sencillez del caso (art. 123 última oración); el defecto habilita la casación (art. 456 inc. 2º)” Código Procesal Penal de la Nación.
Anotado. Comentado. Concordado, Francisco J. D'Albora, Abeledo Perrot, 2011, página 470. En estos casos, la ausencia de notificación referida no ocasionará la nulidad del acto, pero debe cumplirse con lo dispuesto por el último párrafo de la norma, notificando a las partes, bajo la misma sanción, que se realizó la pericia, que pueden hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, su fuera posible, su reproducción. En este caso, se han combinado los dos supuestos, es decir una pericia que cae en la regla general, se ordena y notifica de manera incompleta, y para suplir el yerro, se utiliza el mecanismo de las pericias reguladas en forma de excepción, y a renglón seguido, y sin que transcurriera el plazo para que la parte puede impugnar la pericia, conforme lo normado en el artículo 242 “in fine” se utiliza la información que la misma aporta para rechazar el sobreseimiento peticionado.
Sintetizando, de la combinatoria irregular de los dos procedimientos, tenemos como resultado en la causa que la defensa no pudo válidamente confrontar con la información que aportó la pericia, la que fue utilizada para rechazar la solicitud de sobreseimiento que la misma había realizado. Ello implica un perjuicio concreto a la defensa técnica eficaz que da lugar a la sanción de nulidad del acto irregular. Ello, hace nulos los actos señalados, porque se evitó y se le cercenó a la defensa su posibilidad de oponerse a la información que arrojó la pericia y se la utilizó como fundamento para resolver en contra de lo que peticionó. Es esta situación la que vulneró la efectiva defensa en juicio del imputado, lo que amerita la sanción de nulidad de los actos, tanto la orden de la pericia, la notificación de la recepción de la misma y la resolución a renglón seguido, de la solicitud de la defensa, sin que esta pudiera manifestar nada sobre el informe.
La expresión de agravios en los recursos planteados contra el auto que rechaza el sobreseimiento, al igual que la misma manifestación frente al auto que rechaza la nulidad, que realizan la impugnación de los informes, nunca pueden suplir la confrontación material y eficaz, conforme la teoría del caso de la defensa, en el momento de producirse las operaciones, o al final de las mismas en caso de excepción. Si bien la combinatoria de ambos sistemas de realización de pericia no deben ser realizada porque obedecen a lógicas distintas, lo cierto es que en autos, allende esta combinatoria, la establecida en el segundo párrafo ni siquiera fue cumplida acabadamente, pues se notifica la agregación del informe pericial con fecha 1 de febrero de 2023 a la Defensa, y se resuelve el rechazo con fecha 3 de febrero de 2023, (conf.
Arts. 151 y 154 del CPP.), del sobreseimiento peticionado. Por otra parte, se aprecia una suerte de contradicción en la argumentación de urgencia del A quo en el rechazo de la nulidad, porque en las pericias anteriores ordenadas y practicadas sobre los celulares secuestrados, se realizaron con el imputado detenido, y no se invocaron razones de urgencia, determinándose día y hora en que se realizarían las operaciones (fs. 74 y 310), con notificación de ello a las partes (fs. 74 vta. y 310 vta.), conforme fue reseñado supra, por lo que las devenidas razones de urgencia en este estadio no podrían sostenerse válidamente, pues nos encontramos aún en la etapa de instrucción y con el imputado también detenido.
Esto permite concluir que no es posible utilizar como argumento de la urgencia, la circunstancia de que el imputado está detenido sin caer en una contradicción, ya que antes también lo estaba y no fue invocada la situación para realizar una pericia urgente. Y en segundo lugar, porque luego de afirmar en la resolución que rechaza el planteo de nulidad, la existencia de cuestiones de urgencia en los términos del art. 242 del C.P.P., el Sr. Juez no espera los tres días desde la notificación a las partes de que se recibió el informe pericial a fin de que puedan “hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción” (art. 242 último párrafo C.P.P.); dictando la resolución que rechaza el pedido de sobreseimiento antes del vencimiento de dicho plazo, utilizando y valorando para fundar su decisión, el informe pericial en cuestión.
En virtud todo lo expuesto, corresponderá declarar la nulidad de la pericia obrante a fs. 357/370 debiendo el A quo ordenar la realización un nuevo peritaje a iguales fines, estableciendo fecha, hora y lugar en el que se realizarán las operaciones (art. 242 C.P.P.), notificando a las partes en forma previa con la antelación suficiente a los fines del art. 243 del C.P.P." ; en la causa los autos caratulados: “INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” EXPTE. Nº 66984/18, N° DE JUZGADO DE RECURSOS 7185/23, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Teniendo en cuenta estas pautas hermeneúticas, se observa que en autos la Lic. V.S. el 02 de mayo de 2018, a fs. 62 vta., fija fecha para entrevista con M.C., a los fines de realizar la pericia encomendada, para los días 22 y 23 de mayo a las 9.30 horas y para el día 24 de mayo a las 11.30 horas, en la sede del Juzgado del Menor.
A fs. 63 en fecha 18 de mayo de 2018 el Sr. Juez de Instrucción ordena notificar a las partes, conforme lo previsto por el art. 242 del C.P.P., la fecha de la pericia psicológica fijada por la Lic. V.S., notificación que se cumple mediante cédula librada al Defensor Particular, Dr. H.J.N., en fecha 18 de mayo de 2018, recibida en la Oficina de Notificaciones el 21 de mayo de 2018, y diligenciada el mismo 21 de mayo de 2018, a las 10:30 pareciera decir el instrumento (pues no es claro el número consignado para la hora), conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 72 y vta..- Es decir, que la notificación se practica a menos de 24 horas de dar comienzo con las operaciones periciales, ya que las entrevistas comenzaban el 22 de mayo a las 9:30 horas (fs. 62 vta. y 63), esto es sin la antelación suficiente para que la parte pueda ejercer los derechos que le acuerda el art. 243 C.P.P. de proponer perito de parte dentro de los tres días a contar de las notificaciones establecidas en el art. 242 de dicho cuerpo legal.
A ello se suma que si bien la Lic. V.S. estableció a fs. 62 vta. que las entrevistas se realizarían en la sede del Juzgado del Menor, en la providencia de fs. 63 el Sr. Juez consigna que se realizarán en la Sede del Gabinete Médico, Social y Profesional sito en calle Irigoyen entre Senador Almendra y 9 de julio, sede del Juzgado de Primera Instancia de la Familia, y así se le notifica al defensor (conf. Fs. 73 y vta.). Luego, al presentar el informe pericial, se observa que, la psicóloga interviniente, utiliza también entre la metodología para cumplir su cometido, una entrevista diagnóstica con el Sr. C.C., de fecha 18 de enero de 2018, y entrevistas diagnósticas a M.C. los días 18, 19 y 23 de enero de 2018, que jamás le fueron notificadas a las partes en forma previo a su realización.
En lo restante, es decir, la entrevista previa según el art. 234 ter del C.P.P. con M. el día 17/08/18, y la audiencia en Cámara Gesell de M.C., nada puede objetarse pues ambos actos contaron con la notificación previa a la defensa conforme surge de fs. 15 y 16. En este orden, es necesario destacar que la irregularidad del acto señalada, se centra, básicamente, en el derecho constitucional-convencional de la defensa en juicio, razón por la cual, la sanción y la oportunidad de plantearla, es la establecida en el artículo 160 segundo párrafo del CPP, es decir nulidad absoluta, la que debe ser tratada y declarada en cualquier momento del proceso. Distinto sería el supuesto de una irregularidad que dé lugar a la sanción de nulidad relativa, la que podría ser saneada de manera posterior sin necesidad de fulminar el acto.
Como puede observarse de la reseña efectuada, la realización de la pericia no permitió a la defensa ejercer en forma efectiva los derechos que la ley le acuerda, no contó con el plazo establecido por el art. 243 C.P.P., para proponer un perito de parte y controlar la prueba, por lo que corresponde declarar su nulidad"; y en la causa autos caratulados: "OROZCO, ALEJANDRO RAMON S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR ACCESO CARNAL" Expte. Nº 71275/19, N° de Juzgado de Recursos 7454/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Cabe señalar que la pericia fue ordenada a fs. 6 y notificada debidamente a las partes. Ahora bien, en la misma no se consigna la fecha de realización, momento en el cual, las partes tendrán derecho a ofrecer sus peritos, si es que esa fuera su decisión.
Este decreto obra recién agregado a fs. 49 fechado el 30 de septiembre de 2019, donde se hace saber a las partes que la pericia psicológica se realizará el día 8 de octubre de 2019 a las 10:30 hs. A fs. 50 vta. se notifica al Ministerio Público Fiscal dicho proveído de fs. 49, con fecha 1 de octubre de 2019, siendo ésta notificación correcta y dentro del plazo de tres días hábiles de antelación. A fs. 51 vta. obra notificación a la Defensa Oficial del Decreto de fs. 49, con fecha 3 de octubre de 2019, lo que implica que, del cómputo de días hábiles, la fecha de realización de la pericia ordenada por el Sr. Juez de Instrucción el día 8 de octubre de 2019, esta parte contó sólo con dos días hábiles previos para que se ejerza, en su caso, el derecho de designar perito, siendo el día de realización del acto pericial, recién el tercero hábil.
Ello torna el acto en irregular, pues afecta directamente la garantía de defensa en juicio, conforme lo normado en el propio art. 242, por el 243, y los arts. 159 inciso 3) y 160 segundo párrafo del CPP. por lo que corresponde declarar su nulidad absoluta y la realización de una nueva pericia."
Finalmente, en este orden, en los autos caratulados: “DIVISIÓN COMISARÍA SEGUNDA S/Investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº 79.710/22, N° de Juzgado de Recursos 7256/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.-Analizadas las presentes actuaciones, cabe señalar que la parte querellante solicita la nulidad de la pericia accidentológica por entender que la misma viola el principio de “juez natural” y el “debido proceso adjetivo”. Asimismo, se agravia de la resolución de fs. 108/112 con relación a que la considera arbitraria; a la ausencia de la perito en el lugar del hecho y la omisión por parte del Juez de Instrucción en cuanto a la participación de la parte querellante.
La parte querellante entiende que se ha vulnerado el principio del Juez natural, toda vez que la experta encargada de realizar la pericia accidentológica fue la Lic. María Celesta Cortes, la cual, se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Deseado y por consiguiente el expediente tuvo que ser remitido. Más allá de ello, en autos a fs. 62 se ordena dar intervención a la Lic. María F. Calgaro a fin que realice pericia accidentológica en base en los elementos y comprobaciones materiales que surgen de la causa. A fs. 63 obra informe del actuario donde pone en conocimiento que la Lic. Calgaro se encontraba de licencia desconociendo la fecha de reincorporación. Posteriormente a fs. 74 luce nuevo informe del cual surge que la perito se encontraba enferma y se hace constar que el Gabinete Criminalístico del Poder Judicial de ésta ciudad se encuentra sin profesional.
En decreto de fs. 74 se da intervención a la Lic. Celeste Cortez Perito Criminalística del Poder Judicial, con fecha 29 de marzo de 2023, notificado a la querella a fs. 75 vta. con fecha 31 de marzo de 2023.- A fs. 76 y con fecha 31 de marzo, la querella presenta escrito proponiendo puntos de pericia, no habiendo manifestación alguna por la designación de otra perito oficial en la causa, lo que claramente está más que motivado en autos. A fs. 78 y con fecha 5 de abril de 2023, el Sr. Juez de Instrucción hace saber la fecha establecida para la realización del acto pericial. Frente a este decreto, la querella interpone un recurso de reposición, sin articular el de apelación en subsidio, a fs.79 con fecha 11 de abril de 2023, en el cual se agravia del lugar de realización de la pericia y señala que eso afecta el principio de Juez Natural.
El mismo fue rechazado a fs. 80 en la misma fecha de interposición del mismo, por decreto fundado. A fs. 94 y una vez notificada la recepción del informe pericial, la querella impugna la pericia sin señalar ningún agravio sobre la designación de la perito ni del lugar de realización del acto. Frente a dicha impugnación, el Sr. Juez de Instrucción decide correr vista a la perito y las partes intervinientes. Las impugnaciones fueron evacuadas y el A quo emite un auto de rechazo, el que es motivo de apelación. Varias consideraciones surgen en el presente para centrar la cuestión, pues la querella en su argumentación en la apelación, trata diversos temas y entiendo que le asigna al auto en crisis un alcance mayor al que el mismo tiene.
Para ello y teniendo como objetivo asegurarle al recurrente la garantía de defensa en juicio, que es multidemensional y lo abarca y comprende; débese señalar que una cuestión es: a) la designación del perito (particular u oficial con sus distintas características, conf. Art. 241 del CPP.), otra es b) su idoneidad y calificación que lo acredita como experimentado en la materia (conf. art. 238 del CPP.); otra es c) el procedimiento que llevó a cabo para elaborar un informe (conf. Art. 247 incisos 1) 2) y 4) del CPP.) otra es d) la información que ingresa al expediente como resultado de su actuación, (conf. Art. 247 inc. 3) del CPP) y finalmente otra es e) su valoración (Conf. Art. 247 “in fine” y 199 del CPP.).- Sentado ello, cabe señalar que todas y cada una de las cuestiones citadas pueden ser objeto de impugnación de las partes, pero débese tener en cuenta que los momentos para resolverlos son diferentes.
La designación del perito y su idoneidad son objetos de impugnación en el momento en que los mismos son designados por el Juez. En este caso, el Sr. Juez de Instrucción designa a la Perito Oficial Licenciada Calgaro, como la misma no puede desempeñar el cargo pues se encuentra cursando una licencia, decide esperar a su reincorporación. Al sostenerse la situación personal de la Licenciada Calgaro, el Sr. Juez con buen tino, designa otra Perito Oficial Cortés, con asiento en la ciudad de Puerto Deseado, quien pertenece al Poder Judicial de Santa Cruz, y se encuentra habilitada para ejercer su profesión en todo el territorio provincial. Claramente dicha intervención se motivó ante la necesidad de no dilatar el proceso, ante la ausencia de la Lic.
Calgaro, atendiendo a los principios de celeridad y de tutela judicial efectiva. La querella consiente implícitamente su designación pues propone puntos de pericia para que sean evacuados en la práctica pericial, la que queda firme por el transcurso del tiempo establecido para impugnar. Solo cuando se hace saber fecha, hora y lugar, la querella se agravia, fundado el mismo, en el principio de “Juez natural”; no de la designación en sí misma, sino en el lugar de realización de la pericia, aunque no alega ni motiva su escrito la imposibilidad de desplazarse, solo dice que debe hacerse en esta localidad, equiparando a la perito al Juez. El A quo rechaza el recurso de reposición, por lo que el supuesto agravio, improcedente en base a la fundamentación brindada, al ser rechazado dejó firme nuevamente la cuestión del lugar en donde la pericia se realizó.
En este orden, retomando entonces, tanto la Perito Oficial nombrada como el lugar de realización de la pericia no pueden ser cuestionados en esta etapa, siendo actos regulares que no meren sanción alguna (léase nulidad relativa o absoluta) y que, por otra parte, además, son de práctica claramente común en el fuero penal de todo el país, por lo que todos los agravios sobre este aspecto corresponde rechazarlos. Ahora bien, cuando se agrega el informe la querella lo impugna. Teniendo en cuenta la doctrina de los actos propios, lo que claramente impugna la parte querellante en el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, es el procedimiento realizado por la perito y las conclusiones (léase información) a las que concluye.
Son dos cuestiones diferentes que tienen un trámite similar pero que se resuelven en momentos, reitero, distintos. Correctamente el A quo corre vista de la impugnación de estas dos cuestiones a la Perito Oficial y a las partes. Todas se expiden sobre las impugnaciones, pero al momento de resolver, si se repasa la motivación del acto, el A quo, correctamente, se expide solo sobre la validez de las operaciones llevadas a cabo y no sobre la conclusión, esto es, la información que le aporta la pericia. Sobre ésta no emite juicio alguno. Y ello así, pues como dije, si bien el trámite de impugnación de los procedimientos y de la información es similar, se resuelven, reitero, en momentos procesales diferentes, como no puede ser de otra manera.
Hay que tener en cuenta que impugnar el procedimiento o la falta del mismo hace a la calidad de la información que se ingresa, allende el contenido de la misma. Si bien una resolución no es un acto académico, vale aquí explicar, vía hipótesis que, si imaginamos un informe pericial que solo cuenta con una conclusión, si haber realizado operación alguna o dado cuenta de ello, pues en ese supuesto caso, sea cual fuere su contenido, el mismo es irregular y deberá ser sancionado con la nulidad por no observar los parámetros establecidos por la ordenanza procesal. Cuando el A quo rechaza la impugnación de la pericia, lo hace en referencia a la “impugnación” que la querella realiza de las operaciones llevadas a cabo por la perito, no se expide sobre el contenido de la misma ni sobre las impugnaciones que el apelante realiza sobre el mérito o demérito de ella.
Y es que, en este aspecto, esa valoración, conforme lo expresado procedentemente en el punto e), deberá hacerla cuando resuelva la situación procesal de la imputada o cuando decida, en su caso, sobre la existencia o inexistencia de un delito. Reitero el concepto, cuando se impugna una pericia en lo que hace al aspecto de las operaciones y de la información que aporta, la primera debe resolverse en el momento del planteo previa vista de los peritos y de las partes. Pero la que se refiere a la información y su valoración, deben ser tenidas presentes, una vez sustanciadas, para ser resueltas en el momento procesal oportuno. El A quo no ha valorado la información que aportó la pericia, solo se ha expedido respecto de las operaciones y éstas, comparto por sus mismos argumentos, respetan las normas que impone la ordenanza procesal, teniendo en cuenta las características del informe pericial realizado.
Quedará para el momento procesal oportuno, conforme el principio de contradicción y como ha quedado trabada la litis en este punto del proceso, responder las impugnaciones realizadas por la querella. Sentado ello, además, debo expresar que la pretensa equiparación del perito que actúa como auxiliar de la Justicia, sea Oficial, Privado o de Parte (vid art. 238 del CPP.) no encuentra anclaje alguno en el derecho constitucional-convencional ni en la organización del proceso penal, mucho menos que eso se afecte fundado en que el informe se hubiera realizado en una localidad distinta al asiento del Tribunal, cuando no es un requisito esencial el traslado para realizar la operación en el lugar del hecho.
Respecto al planteo relacionado con la ausencia de la experta en el lugar del hecho, cabe mencionar que la perito en criminalística desarrolla su trabajo a partir de todos los datos de interés recolectados en la presente investigación, siendo estos los informes policiales, acta de inspección ocular, secuencias fotográficas, croquis, informe técnico mecánico, secuencias fílmicas, daños en los vehículos. Como bien lo señala la Lic. Cortés, la accidentología vial se desarrolla en dos etapas, siendo la primera de ellas el trabajo en el lugar del accidente en donde se recolecta todos los indicios para su posterior análisis; la segunda etapa, es aquella que corresponde al procesamiento de la información recogida en donde la experta aplica sus conocimientos específicos de su materia a fin de dar respuesta aquellos puntos de pericia.
Distinto el supuesto que, sabiendo día, hora y lugar, una parte exprese la imposibilidad de concurrir de manera fundada. Pero ello no sucedió en autos, por ello el A quo enfocó la cuestión de manera correcta. Asimismo, que el perito deba actuar de modo objetivo e imparcial, guiado por las normas de su ciencia, arte o técnica, y que pueda ser recusado o excusarse por las mismas causales que los jueces para garantizar la citada objetividad e imparcialidad (conf. Art. 240 del CPP.) no lo convierte en Juez ni lo equipara como órgano esencial del proceso, por lo que no puede aplicársele el principio de “Juez Natural”. Al expedirme sobre este principio, e n los autos caratulados “BOGACH SALAZAR CELMAN DAMI.T.G.
S/ Infracción art. 119 del CPA ” Expte. Nº 29180/20-S, N° de Recursos 6613/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Que la resolución de estos estrados sea confirmatoria, reformatoria, revocatoria o nulificante, no implica que el Sr. Juez de Instrucción pueda apartarse, pues si bien el mecanismo de la excusación articulado no vacía de contenido lo resuelto por esta alzada, ya que hay un subrogante que interviene, afecta una garantía esencial del debido proceso y que es la del "Juez Natural".- Es centro y fundamento del sistema constitucional argentino el principio de juez natural (Art. 1 del CPP de la Provincia de Santa Cruz), que asegura la existencia de un órgano de judicial imparcial para el conocimiento de una determinada controversia o caso.
Sobre el particular se ha sostenido que "...Del contenido de la norma prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional surge que "ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". En consecuencia, es ilegítimo establecer como tribunales de justicia a comisiones especiales (tribunales ad hoc, de excepción o para la ocasión), creados especialmente para el caso o según la persona a Juzgar. Dicho de otro modo, la Constitución pretende garantizar a las partes la imposibilidad de que los órganos y los hombres del gobierno puedan seleccionar el tribunal competente para el proceso sometido a juzgamiento, propicia evitar toda manipulación para la determinación de un tribunal de excepción y la posibilidad de que por ley posterior al hecho se decida la avocación de tribunales a causas en trámite.
Entonces, esta garantía constitucional importa asegurar a los justiciables (acusador e imputado) la existencia de un órgano judicial, con jurisdicción y competencia, para intervenir en el caso. En definitiva se trata del derecho a un juez verdaderamente competente, que garantiza objetivamente el derecho al juzgamiento imparcial y equitativo por parte de un funcionario predeterminado por la ley previa y ese atributo de imparcialidad será la principal característica y garantía del proceso jurisdiccional judicial o debido proceso legal. Ha señalado la Corte Suprema de Justicia desde antaño que la garantía enunciada precedentemente encuentra adecuado cumplimiento en el juzgamiento del proceso por parte de tribunales permanentes, integrantes del Poder Judicial organizado según las cláusulas de la Constitución Nacional...Así las cosas, el juez o el tribunal debe haber sido creado por ley, que le otorgue jurisdicción y competencia para conocer en el delito que se trate y encontrarse en funciones (constituido) al momento de cometerse el hecho, ...Entonces, a nuestro criterio, brevemente, el juez o el tribunal natural es el creado y estructurado legítimamente (por una ley general fundada en la constitución), permanente, con jurisdicción y competencia normativamente adjudicadas para intervenir en una serie indeterminada de procesos, cuyo conocimiento le corresponde por ley.
Obviamente, es creado y estructurado antes de la comisión del hecho que origina el proceso punible y goza de absoluta independencia e imparcialidad. Precisamente, el fundamento de la garantía constitucional, que le asiste a todo justiciable (acusador o imputado) reposa en la intervención en el proceso de ese juez o tribunal seguro, confiable, equitativo e incuestionable. Como Afirma Julio B.J. Maier, asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal es evitar que él sea creado o elegido, por alguna autoridad, una vez que el caso sucede en la realidad, esto es, que se coloque frente al imputado tribunales ad hoc, creados especialmente para el caso o para la persona a juzgar. "(conforme, MarI.T.G.o Cúneo Libarona, en CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO I, LA LEY ED. 2007, PÁG. 47, SS.
Y CC.) El sistema de división y equilibrio entre los poderes-funciones estatales, ha reservado a la función jurisdiccional, como competencia constitucional propia y específica, la de solucionar las controversias entre los particulares e inclusive, entre estos y el propio Estado, en ejercicio de función administrativa, sea este nacional, provincial y/o municipal (conf. art. 33 del C.C.), como bien lo señala el juego armónico de los arts. 116 y 109 de la Constitución Nacional, y el art. 131, ss. y cc. de la Constitución Provincial. En ejercicio de potestad reglamentaria propia de los Estados Provinciales, (vid art. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional) le corresponde a los poderes locales establecer las formas y modos de resolver las controversias, hecho que se materializa a través del dictado de los códigos de procedimientos y/o "procesales", que garantizan por un lado, el equilibrio entre las partes en pugna y por el otro, la legítima defensa de los derechos que invocan y los argumentos para manifestarlos, estableciendo como dato cierto, la solución y conclusión de las mismas, a través de las sentencias de los jueces y tribunales "lato sensu", acto que define esencialmente la competencia jurisdiccional, por sobre la función legislativa y la administrativa.
Es una de las garantías plasmada en el art. 18 de nuestra Carta Magna y es precisamente lo que tiende a proteger el art. 159 inc. 2 CPP SC y su concordante Art. 167 CPPNac. al prever como causal de nulidad la violación de disposiciones concernientes a la intervención del Juez.- El Dr. Claria Olmedo explica en su obra de referencia que :"Se llama Juez natural al juez de la constitución, es el designado conforme a las normas y a las garantías constitucionales. No actúa como "juez natural" el que lo hace sin reunir las condiciones impuestas por estas normas aseguradoras de la función judicial del Estado y de las leyes que en su consecuencia se dicten para el efectivo y correcto ejercicio de la jurisdicción por el órgano predeterminado..." (Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I Nociones Fundamentales Jorge A.
Clariá Olmedo, ed. Rubinzal Culzoni editores. Pag 247 edición 2008).- … Hay diferentes maneras de regular legislativamente el control constitucional-convencional. Dicho control de pacífica acogida y aplicación por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue evolucionando, hasta llegar a establecer que el mismo debe realizarse de oficio. Ello es doctrina a partir de los fallos "Mill de Pereyra, Rita y otros c/ Provincia de Corrientes" Fallos 324:3219 y "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y Otra c/ Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios" Fallos 335:2333. En el proceso penal y a manera de ejemplo, el artículo 350 del nuevo código Procesal Penal Federal, establece como función de los jueces de control, la competencia en relación a los puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad, que en la práctica debe leerse como control de constitucionalidad-convencionalidad.
En nuestro proceso penal provincial está regulado, pero se hace a partir de la sanción que implica la vulneración constitucional convencional de un acto, es decir a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta. Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en su obra "La nulidad en el proceso penal" de la editorial Rubinzal- Culzoni, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso.
El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionales-convencionales). A través de este mecanismo, y advertido que el Decreto señalado de fs. 475, por los motivos expresados, vulnera el principio de "juez natural" y que encuentra sustento normativo en el artículo 159 segundo párrafo pues refiere directamente a la intervención del Juez, corresponde declarar la nulidad absoluta del mismo y todo lo actuado en su consecuencia, debiendo asumir dicho magistrado la instrucción de la presente causa y continuar con la misma, conforme lo resuelto por el Sr.
Juez de Recursos subrogante...".- De lo expresado surge que el principio invocado no puede extenderse a los peritos intervinientes. Y como bien lo señaló el Sr. Juez de Instrucción fs. 80 “...que en las presentes actuaciones no se está delegando una facultad jurisdiccional, sino sólo se realizará una diligencia procesal ordenada por el suscripto, con lo cual no se vería afectado dicha garantía, que compromete sólo a los magistrados, ya que los peritos en el marco de un proceso penal revisten el carácter de auxiliares del Juez, en un área específica…”. Respecto al debido proceso, el recurrente entiende que se ha violado la garantía de defensa en juicio, bilateralidad, contradicción impidiendo ejercer su derecho de defensa, ser oído y cuestionar los cálculos y argumentos en los que se basó la experta.
A ello cabe decir que “Como derivación de la garantía constitucional de inviolabilidad de defensa en juicio y del principio de contracción del proceso en general, tiene particular importancia el de contradicción específicamente referido a la prueba. Concretamente se enuncia explicitando que la parte contra la que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y discutirla. Para conocer de la prueba es preciso que se notifique no sólo el ofrecimiento y el proveído por el cual el órgano jurisdiccional la admite como tal, sino también el día, hora y forma de su producción, como también todos los actos procesales que refieran a la misma, como su postergación. Variación, o suspensión de cualquier naturaleza.
Todo ello permite a la o las partes, según corresponda, conocer la naturaleza e identidad del medio probatorio, el órgano que la practicará, la oportunidad de su producción y las condiciones en que se haga, posibilitando la oposición mediante las instancias pertinentes a todas las cuestiones que considere improcedente. Y luego la posibilidad de discutir la prueba ya producida, lo que refiere a las alegaciones sobre el mérito probatorio, para lo cual las leyes procesales establecen un periodo específico…” (Conf. “La Prueba en Materia Penal”, Eduardo M. Jauchen, Rubinzal Culzoni, 1996, pág. 31/32.) Del análisis de autos, surge que desde que la parte querellante se constituyó como tal, se la ha notificado de cada decreto y acto procesal a sustanciarse en el proceso, teniendo un rol activo en el mismo, toda vez que y adentrándonos específicamente en la pericia en cuestión, se reitera el racconto expuesto procedentemente.
A fs. 75 vta. se notificó a la parte querellante de la intervención de la Lic. Celeste Cortés, para luego éste proponer puntos de pericia a fs. 76, posteriormente a fs. 78 vta. fue anoticiado de fecha, lugar y hora de la audiencia. Ya a fs. 81/92 obra pericia accidentológica donde se aprecia que la misma evacua cada uno de los puntos periciales tanto los ordenados por el Juzgado de Instrucción como los propuestos por la querella. A fs. 94/96 el querellante impugna la pericia, por lo que el órgano jurisdiccional corre traslado a la perito y las partes. Por su parte la Lic. Cortés a fs. 98/99 contesta todos y cada uno de los puntos de impugnación. El derecho constitucional-convencional a la garantía de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo y sustantivo, son derechos humanos esenciales que deben ser claramente operativos cuando los particulares se enfrentan al poder punitivo o disciplinario, especie del anterior, del Estado, más allá que las normas infraconstitucionales que los gobiernan pueden pertenecer al derecho procesal penal o penal, o al derecho procesal o procedimental administrativo o administrativo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido una doctrina inveterada, allende las distintas integraciones del cimero tribunal federal, respecto a que a lo que debe entenderse por debido proceso. Así se ha sostenido que: "En el fallo "Tarifeño" (CSJN. Fallos 325:2019 del 29/12/89) procedente al que se remitió en los que le siguieron en igual línea aunque de forma escueta, la Corte afirmó: Que esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía constitucional consagrada por el art. 18 de la CN. exige la observación de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales -CSJN- Fallos: 125:10, 127:36, 189:34; 308:157, entre otros muchos.
Conforme considerando 3°" (Conforme DERECHO PROCESAL PENAL. ANALISIS PRACTICO DE LOS INSTITUTOS PROCESALES CONTENIDOS EN EL CPPN Y LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR EL CPPF, DE ANGEL GABRIEL NARDIELLO Y ERNESTO M. NAHIJIAN., EDITORIAL HAMMURABI JOSE LUS DEPALMA EDITORES, ED. 2021, pág. 47). Considero que el Debido Proceso Penal ha sido garantizado, dado que hasta este estadio procesal se encuentra cumplidos con el conjunto de etapas formales concatenadas e imprescindibles y especialmente la parte querellante tiene un rol activo en el mismo, donde se le notificaron los actos procesales, controló la pericia en cuestión e incluso solicitó su impugnación. Finalmente, sobre la tacha de arbitrariedad de sentencia, en los autos "RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte.
Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479). La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus iniciosestableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").
Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad." (La negrita es de mi autoría).- Surge claro de la explicación brindada supra, que el Sr. Juez de Instrucción se expidió sobre lo único que debía hacerlo en este estadio procesal, por lo que no corresponde hacer lugar al agravio planteado por el recurrente respecto a la arbitrariedad del auto en crisis."
Conforme lo expresado, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios expresados por la Defensa y resolver todos los recursos articulados por la misma. III.-a)Como cuestión central, daremos tratamiento en primer término a las impugnaciones de las pericia Psicológica y Médica que la defensa cuestiona y que originaran los autos, " INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS "F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T) EXPTE N° 22.253/26, NÚMERO DE RECURSOS 8464/26 , y los autos:" INCIDENTE DE APELACIÓN ACLARATORIA PERICIA MEDICA ADN EN AUTOS CARATULADOS "F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T) EXPTE N° 22.253/26, NÚMERO DE RECURSOS 8481/26, que se encuentran actualmente en trámite ante este Juzgado a mi cargo.
Que en resolución obrante a fs. 16/17, se ordena en punto 2) la realización de Cámara Gesell al menor ITG, audiencia que se encuentra debidamente notificada a la defensa conforme surge de fs. 17 vta. Podemos observar que el informe psicológico obrante a fs. 78/80, referencia las técnicas implementadas por la perito interviniente Licencia Marcela Robles, indicando concretamente el procedimiento llevado a cabo para realizar la pericia, lo observado por la perito en el ámbito de audiencia en cámara Gesell, características del relato, psicodiagnóstico, y contestación de los puntos de pericia efectuados por la Jueza.
Luego de materializado dicho informe, a fs. 97 se propone como perito de parte a la licenciada Lucila Caro, quien es tenida como perito a fs.99.
Que se dicta auto de merito en fecha 31 de marzo de 2026 el que obra a fs. 131/147, siendo notificada la defensa en fecha 31 de marzo de 2026 a las 8:55 hs. La defensa presenta en fecha 31 de marzo de 2026 a las 9:28 hs informe pericial de parte fs. 149/151, suscripto por la Licenciada Lucila Caro, quien solicita ampliación de informe pericial, haciéndose lugar parcialmente ha dicho pedido a fs. 153, donde se ordena " II.HACER LUGAR a la remisión del material pericial, debiendo la perito interviniente poner a disposición -o remitir por Secretaría- copia del material psicodiagnóstico producido, incluyendo protocolos, registros, consignas, observaciones y condiciones de administración, con resguardo de la confiencialidad y de los derechos de la persona evaluada...".
Vale decir que la jueza subrogante dispuso la entrega a la perito de parte de los protocolos administrados por la Licenciada Marcela Robles al momento de efectuar el informe Psicológico Pericial del Adolescentes G.I.T., encontrándose la defensa notificada de dicha decisión, observándose que en el informe elaborado por la Licenciada Caro, obrante a fs. 186/187, que la profesional hace referencia al material de manera analítica, lo que nos permite inferir que lo tuvo a su disposición para realizar dichas observaciones, por lo que corresponde rechazar los agravios expresados en cuanto a la retención y ocultación de los protocolos y registros originales de los protocolos.
Resulta claro el informe pericial de fs.78/80, donde la perito oficial describe las técnicas utilizadas como así las conclusiones a las que arriba a través de su conocimiento técnico en el área de la psicología.
En relación al agravio sobre la elección del informe psicológico realizada por la Defensa, cabe señalar que el Juez forma su convencimiento en la información que se produce en una causa, allende quien propone la realización de dicha medida probatoria que la produce y allende, además de quien la realiza, sean peritos oficiales o de parte, como en este caso, pues rige en la teoría general del proceso, el principio de adquisición de la prueba, que no se limita solo a las partes, sino que comprende, esencialmente, al Juez.
Sobre dicho principio, y sobre la modalidad de la audiencia en cámara gesell, en los autos caratulados: “JUZGADO S/ Investiga” Expte. Nº 75753/21, N° de Recursos 7011/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "En base a la reseña efectuada, cabe poner atención y hacer centro en la información que surge de la audiencia en cámara gesell, y para ello corresponde sentar las bases de su naturaleza y modalidad. En los autos caratulados “DURANZO GARCIA LAURA ANDREA S/ Denuncia infracción art. 119 C.P.” Expte. Nº D- 48297/19, N° de Recursos 6395/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "La audiencia en Cámara Gesell es una declaración testimonial con una modalidad que parte, en su concepción procesal, de la víctima, a la cual, por su edad y por los delitos en que la misma procede (vid 234 bis primer párrafo del CPP.), busca proteger y brindar un lugar en donde la misma pueda expresarse, garantizando su integridad y la de su testimonio; y el libre control de las partes.
Luego de ello, en base a la recepción del testimonio, la psicóloga o psicólogo deberá elaborar un informe conforme lo exige el artículo 234 bis inc. c) del CPP. Teniendo en cuenta las características de la declaración en cámara gesell en donde la presencia de la psicóloga o psicólogo es obligatoria y tiene como finalidad la protección y tutela de la integridad psicológica de la persona menor de edad, y sin perjuicio que la misma es un acto probatorio que tiene características tanto de declaración testimonial como de informe pericial, entiendo que a los fines de garantizar el debido proceso adjetivo y la efectiva defensa en juicio, los psicólogos y psicólogas intervinientes en las audiencias normadas en el artículo 234 bis del CPP., por principio general, se encuentran alcanzados, en la elaboración de sus informes, por los arts. 237, ss. y cc. del CPP.
Ello así, pues se ha señalado respecto de dicho acto que: "El art. 250 bis (CPPN) del digesto ritual prevé un mecanismo especial para recibir la declaración del menor víctima en miras a garantizar su adecuada protección, por intermedio de entrevistas dirigidas por profesionales. Así, más allá de la ubicación que dicha norma posee en el digesto procesal, "...puede sostenerse que se trata de una prueba sui generis, autónoma, compleja, específica, que participa de algunos caracteres de la prueba testimonial y de otros de la prueba pericial, pero que no alcanzan para categorizarla como uno solo de ellas..." (Conf. NAVARRO, GUILLERMO R. DARAY, ROBERTO, CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. ANALISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, 4TA.
EDICIÓN, EDITORIAL HAMMURABI, BUENOS AIRES, 2010, T. 2, P. 336, citado en DERECHO PROCESAL PENAL, ANGEL GABRIEL NARDIELO, ERNESTO M. NAHIJHIAN, EDITORIAL HAMMURABI, pág. 416) En base a ello, el informe normado en el Art. 234 bis inc. c) del CPP. debe cumplir con los requisitos normados en el artículo 247 del mismo ordenamiento procesal, hecho que a todas luces, el primer dictamen no cumple.".- A mayor abundamiento, se ha sostenido sobre la audiencia en cámara gesell que: “Cuando se evalúa una sospecha de abuso sexual infantil desde el punto de vista forense, el entrevistador intenta, desde una posición neutral, investigar y valorar la posibilidad de que haya ocurrido ciertos hechos, planteándose desde el principio explicaciones alternativa e intentando obtener detalles que corroboren los testimonios de los niños, la evaluación forense valora la habilidad que tiene la víctima para proporcionar información u estudia en detalle de qué manera ha realizado las descripciones y los relatos de lo supuestamente sucedido.
Lo importante, cuando se lleva a cabo entrevistas forenses, es que el profesional: sea neutral, explore otras explicaciones posibles, recoja la mayor cantidad de detalles, y ofrezca apoyo a la supuesta víctima con una actitud contenedores sin coercionar ni inducir las respuestas. (Conf. “PROTEGER, REPARAR, PENALIZAR, de Irene V. Intebi, Editorial Granica, 2013, pág. 97, el resaltado en negrita me pertenece). Y amplI.T.G.do lo expresado, se ha sostenido, asimismo, que: “… previo a la realización de la actividad, debe existir un análisis y opción profesional (de un psicólogo o psiquiatra especializado en temas de la niñez), que establezca la viabilidad del hecho de interrogar a la víctima, estableciendo el estado psíquico de la criatura en esa instancia y si existieron riesgos de que su participación en ese momento histórico pudiera comprometerlo aún más emocionalmente… De allí que sea esencial que el profesional a cargo de esa primaria evaluación en cuanto a la conveniencia y potencialidad dañosa de la entrevista explique claramente al niño y a sus acompañantes no sólo los objetivos y características que rodearán al acto (sin desmerecer con ello la importancia que tiene esa información), sino que ante todo le indique qué es lo que se espera de su intervención, para qué y por qué ella es necesaria, poniendo de resalto el interés de todos los intervinientes en establecer como fue lo ocurrido y poder brindar la ayuda pertinente que resulte mejor en su puntual situación...
Estas finalidades de evolución, información y asesoramientoreiteramos, deberían ser previas a la entrevista y no parte de ella, como en ocasiones se observa. Si bien son actividades ya de orden judicial y la autoridad de su gobierno será el fiscal o juez, según los diversos ordenamientos, y a los mismos corresponderá la resolución definitiva sobre el destino y realización del acto, la palabra del profesional psicólogo es fundamental. La video filmación, con sus posibilidades técnicas de reproducción reiterada de la prueba, es sin duda la mejor arma, con notable carga de eficacia para minimizar esas situaciones, pudiendo allí si ser claramente detectadas, probadas, y servir de fundamental pieza para el juzgador; sus revisores e inclusive partes del proceso para atacar o defender el resultado probatorio.
(Conf. EL MENOR VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL, Gutiérrez, La Rocca, 2012, pág. 59 y 61, 63 y81). Ahora bien, analizado los agravios, cabe señalar que los mismos se centran en la discusión de los argumentos brindados por el Sr. Juez de Instrucción para ordenar el archivo de la presente causa, los que señalan la falta de sospechas suficientes para convocar al acusado a prestar declaración indagatoria y actuar el procedimiento establecido en los arts. 181, ss. y cc. del CPP.- Los agravios parten de hacer una lectura diferente de los dichos de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. en la audiencia en cámara gesell y de la información agregada en autos. Existe en la audiencia realizada un hito que débese señalar porque el mismo viola el derecho a la verdad de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.
En la audiencia bajo la modalidad de Cámara Gesell, la cual tiene una extensión de 01:31 hs, cabe hacer mención respecto al dialogo que se materializa desde el minuto 09:56 entre el Licenciado G. y F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: "diálogo: -L.G “¿cómo te podemos ayudar?”, F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: “- silencio - Pero esto él lo va a saber y él va a volver a casa, y se va a enojar conmigo”. L.G. “¿Él quien?” F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: “Él – silencio -”, L.G. “¿A quién estas haciendo referencia Fran?”, F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: “- silencio- ”, L.C. “¿Me ayudas a entender a que haces referencia? Y yo te voy a poder ayudar más” F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. “- silencio-, E.”, L.G. “Vos tenes 13 años, nosotros tenemos la posibilidad de que absolutamente todo lo que vos nos digas quede en secreto, ¿Sabías esos?, mira esto es lo bueno, y estos son los grandes derechos que se han adquirido para los niños, para niñas, para los adolescentes, para todos cada vez pueden hablar, tienen mas voz, y pueden solicitar, y pueden pedir que todo lo que acontezcan, todo lo aparezca, todo lo que digan en el espacio judicial quede guardado en secreto, gracias por confiar eso, porque yo te puedo ayudar diciéndote que va ir pasando, bueno, ¿está?, ¿te hace respirar mejor? saber eso, que va quedar resguardado, con mucho cuidado y en secreto.” F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.
“-Silencio-”, L.G. “Porque es cierto lo que vos me decís, porque me estas expresando que es lo que te pasa y yo voy a saber como darte seguridad y como ayudarte para que vos sepas que es lo que va a ir pasando, ¿Sí? Bien, vos me decís algo respecto a E., a tu papa”. F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., “Afirma”. L.G: “temes que él se entere, decís” F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: “Asiente con la cabeza y afirma”, L.G: “Yo desde ahora te digo que todo lo que vos digas en este espacio queda en secreto, en un secreto de un expediente judicial por supuesto en que poquitas personas van a poder acceder a él y trabajar para saber cómo ayudarte. ¿Sí?, bien, contame que te paso, F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.: “-Silencio- no quiero contarse eso”.
Finaliza diálogo, en lo relevante, al minuto 12:49 continuando F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. con sus respuestas ante el extenso, insistente, reiterativo y agotador interrogatorio al que fue expuesta. Según surge de lo transcripto, el Licenciado G., al momento de señalarle F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. y afirmar categóricamente el secreto sobre todo lo que diga y en especial que su progenitor, tal como denominaba en ese momento a su padre denunciado, no tendría conocimientos de sus dichos, la induce, directamente, en base a esta falsedad, a que la misma declare creyendo que solo conocerían sus dichos el propio licenciado y la autoridad judicial. Claro, la respuesta del psicólogo fue falsa, y afectó el derecho a la verdad de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. y condicionó seriamente su relato, pues es claro que sus "demandas" al momento de llegar a la audiencia eran dos, la de retomar el contacto con su grupo de amigxs y la interrupción de la convivencia con su padre/progenitor.
Ello es una grave irregularidad que deja, por lo señalado, huérfana de la información necesaria para sostener las sospechas fundadas de la existencia de la comisión de un delito, lo que no varía y no se ha superado, habiéndose agotado los medios probatorios, conforme la teoría del máximo rendimiento expuesta anteriormente. La respuesta correcta frente a ello del Psicólogo actuante tendría que haber sido una afirmación verdadera; debió haber sido que el padre/progenitor de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. podía tomar acceso al expediente y conocer sus dichos, que se encontraba presente la defensa, y ello es así pues en un proceso penal existen diferentes partes, siendo una de ellas el imputado y su defensor, pero que en este marco de actuación judicial, quien tiene el deber y la facultad de velar por la víctima o presunta víctima es el Juez a cargo de la dirección del proceso, pues es el que fija las reglas y puede dictar medidas cautelares, como de hecho sucedió allende la suerte corrida, más allá de quien fuera la persona denunciada.
Es decir que la seguridad y garantías que se pretendió brindar a través de la emisión de una afirmación falsa por parte del Perito interviniente, hubiera sido zanjada diciendo la verdad y despejando cualquier duda respecto de la potestad que el Juez de Instrucción tiene en la instrucción de una causa penal, y la posibilidad de dictar medidas cautelares que impactan sobre la libertad de los acusados. Ello y existiendo aún el secreto de las actuaciones reglado en el art. 195 del CPP., supuesto que no es el caso de marras, la defensa y el padre/progenitor de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. iba a tomar y de hecho fue así, conocimiento de las afirmaciones en la audiencia, sea en forma directa o indirecta a través de sus abogados.
Ahora bien, la falsedad afirmada por el Licenciado G. de forma tan categórica, tuvo la finalidad de brindarle a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., como dije, las garantías necesarias para que declarara, allende la influencia que ello tuvo en sus declaraciones, consistiendo una clara irregularidad de base ética y jurídica (adjetiva y sustancial), pues afecta el derecho a la verdad como garantía legal y constitucional-convencional, conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero débese señalar que el Licenciado G. de larga trayectoria como perito realizando audiencias de este tipo, tal como el mismo lo señala en su declaración testimonial, es experto en psicología, y si bien conoce el marco de actuación judicial, el error grave cometido, que es una seria irregularidad procesal y sustancial, surge claro, que no tuvo otra intención que brindarle a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., reitero, la seguridad necesaria para su declaración.
La búsqueda de la verdad que es un fin de la instrucción (art. 185 inc. 1° del CPP.) no puede realizarse en el ámbito de un proceso penal respetuoso del orden constitucionalconvencional, afirmando una falsedad para obtener un testimonio incriminante. En este sentido, se ha expresado que: "De todo lo dicho se deduce que el objeto del proceso penal es la obtención de la verdad sólo y en la medida en que se empleen para ello medios legalmente reconocidos" (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, CAPITULO XI EL DERECHO A LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL, MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 419).- Ahora bien, esta circunstancia que podría ser una atenuante por vía de error respecto del perito, no puede trasladarse al Juez presente en el acto, al Ministerio Público Fiscal y especialmente al Ministerio Pupilar, pues no puede consentirse, bajo ningún aspecto, que la audiencia continuara desde el momento de la afirmación falsa hasta su finalización sin haberle advertido al psicólogo y fundamentalmente, y en lo que aquí interesa, a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. de dicha falsedad, pues su declaración se cimentó, reitero, en una afirmación falsa que la indujo claramente a un escenario y contexto inexistente.
Era una simple aclaración que debió ser formulada por el director del procreso, o por las partes que tienen el deber de resguardar la legalidad del mismo y de proteger los intereses de las personas menores de edad, al momento de producirse lo señalado, y hubiese sido solo un detalle en la propia dinámica de una audiencia. Pero ello, sin dudas y analizando el cuadro general de las circunstancias personales, familiares y sociales de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., impactó en su declaración. A partir de este momento en la audiencia, F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. fue ambivalente en su declaración. Para ser claro, las demandas que señalé supra estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la declaración como una constante siendo una finalidad que fue expresada francamente en el ámbito de la audiencia.
Cuando F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. refería a las conductas que su padre/progenitor habría realizado, las describía dándole un aparente contenido sexual pero no lo afirmaba, era el perito quien agregaba la connotación a través de calificativos (verbigracia cuando reafirma en dos ocasiones que lo que F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. había relatado para ella no había sido un "Chiste"), pero cuando fue preguntada finalmente respecto a cómo las experimentó, las define como agresión y descarta cualquier contenido sexual, pudiendo, a todo evento, y conforme su vivencia, inscribirse las mismas en el dintorno del Art. 647 del CCCN., hecho que excede el análisis de competencia del sistema penal. F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. quería dejar en claro que no quería continuar su convivencia con su padre/progenitor, que los hechos que fundaban su demanda eran atendibles para que la justicia interviniera y materializara a su favor lo que pedía, es decir todo el tiempo trato de darle seriedad a su demanda, pero sin afectar directamente a su padre con actos de contenido sexual.
Para no errar en el análisis de la información que aporta un testigo, allende sus características, se debe tener en cuenta las pautas que establece el art. 111 del CPP. respecto de las preguntas prohibidas, y en lo fundamental tener siempre en claro que la única información que vale es la que aporta el testigo, no la que agrega el perito, o como en autos, las interpretaciones que el mismo realiza al momento de recepcionar el testimonio, que corren por su cuenta. El órgano de prueba es el/la testigx que depone y que aporta su información, no quien la interroga; las valoraciones e interpretaciones implican el momento de evaluación de la información ya incorporada legalmente a la causa, y en el caso de la audiencia en cámara gesell, el perito lo realiza al momento de confeccionar el informe del art. 234 bis inc. c) del CPP., pero no en el momento de la audiencia lo que debe obviarse en el análisis.
No es la audiencia en cámara gesell una pericia psicológica videograbada, es una declaración testimonial prestada en un ámbito específico, con la presencia de un perito, con control de las partes y dirección del Juez. Por ello, lo único que cuenta, son los dichos de quien depone. La credibilidad de los testigos es un juicio que no puede ser subrogado por el Juez ni por las partes intervinientes en el perito, allende de tener en cuenta la opinión que el mismo vierte sobre el particular en su informe, en este caso "probablemente creíble".- El licenciado G. aporta su experticia al tomar la audiencia y al realizar el informe, a partir de lo cual la valoración corresponde a las partes en base a sus teorías del caso y al Juez.
Comparto la decisión que se adoptó en autos, ello conforme lo señalado respecto del máximo agotamiento de la investigación, pues se verifican los supuestos del artículo 187 del CPP.. En autos, al recibirse la denuncia, tal y como fuera radicada, con la apoyatura de las capturas de pantalla aportadas, se disparan las sospechas de la posible comisión de un delito, que y tratándose de una persona menor de edad, transforma el ejercicio de la acción penal de dependiente de instancia privada a de oficio o pública. Pero estas sospechas no se pueden confirmar con lo que surge en la audiencia de la cámara gesell para continuar con el proceso en virtud de lo normado en los artículos que regulan los obstáculos fundados en privilegio constitucional, disponiendo el llamado a prestar declaración indagatoria.
A mayor abundamiento, y para centrar la gravedad de la irregularidad en la que se incurrió por parte de todos los operadores judiciales, uno por acción (Perito) y el resto por omisión (operadores del sistema penal), la ley 27. 372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, en el artículo 3° inc. a) establece, expresamente, el derecho a la verdad. Por su parte, el mismo se entronca con el artículo 73 inc. b) del CPP. es decir el derecho a ser informado, derecho que lleva implícito, en virtud del principio de supremacía ética del Estado, que la información sea verdadera y no falsa. Francisco Ignacio Aras, en su trabajo, "El derecho a la verdad y su fundamento en la dignidad humana" expuesto en las XII Jornadas Internacionales de Derecho Natural, 2016 Facultad de Derecho – UCA, (Araa, F.
I. (2016, octubre) Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, disponible en: http://bibliotecadigital.uca. edu.ar/repositorio /ponencias/ derecho-verdad- fundamento-dignidad -aras.pdf), sostuvo que: "El presente trabajo tiene como objetivo abordar el contenido del derecho a la verdad como derecho humano reconocido en los instrumentos internacionales, en tanto se refieren a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, familiares o la sociedad, sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. El derecho a la verdad admite ser entendido en dos dimensiones: la primera, referida a la esfera de lo individual, busca garantizar que las víctimas conozcan las condiciones en que ocurrieron los hechos -en el caso de desaparición o fallecimiento, conocer la suerte que corrió la víctima directa y su paradero-.
Este derecho también incluye la posibilidad de acceder a la información referente a los procesos contra de los responsables de los mismos. La segunda dimensión –colectiva- se refiere al derecho de la sociedad de saber los acontecimientos, escenarios y motivos, que llevaron a los perpetradores a cometer la violación sistemática de los derechos humanos a traves de crímenes aberrantes. La preservación de este derecho procura la construcción de una historia común que promueva el reconocimiento de la dignidad de las personas y garantice la no repetición de tales delitos... El primer caso contencioso respecto al derecho a la verdad, en 1988, versó sobre la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez en Honduras.
Allí se estableció que el deber jurídico del Estado no puede ser trasladado hacia los particulares, lo que en buena cuenta significa que no son las víctimas o sus familiares los encargados de acreditar la existencia de alguna vulneración a sus derechos fundamentales, sino más bien, es una obligación del Estado investigar si existió o no dicha vulneración, sin embargo, esta obligación no se agota con realizar una investigación formalmente correcta pero sustancialmente infructuosa, sino más bien, debe realizarse todo lo posible para llegar a la llamada “verdad objetiva” (Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988, fundamentos 176 y 177).9 Desde entonces el Tribunal Interamericano ha reconocido de manera progresiva su existencia, así como su contenido y sus dos dimensiones (individual y colectiva).
En 1997, en el caso Castillo Páez vs. Perú, la Comisión Interamericana por primera vez alegó ante la Corte la presunta violación del derecho a la verdad. La Corte señaló que esto se refería a la formulación de un derecho no existente en la Convención Americana aunque podría corresponder a un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en este caso se encontró ya resuelto por la decisión de la Corte al establecer el deber que tiene Perú de investigar los hechos que produjeron las violaciones a la Convención Americana. Posteriormente en el 2000, en el caso Bámaca Vélasquez vs. Guatemala, la Corte reconoció que las acciones del Estado impidieron que los familiares de la víctima conocieran la verdad acerca de la suerte corrida por la víctima.
Sin embargo, aclaró que el derecho a la verdad se encontraba subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. 10 En el caso Barrios Altos vs. Perú, el Estado reconoció la violación del derecho a la verdad. Por su parte, la Comisión vinculó el derecho a la verdad no solamente a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sino también al artículo 13, en lo relativo al derecho a buscar y recibir información. La Corte consideró que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron, conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en Barrios Altos, pero recordó que este derecho está subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.11 Más adelante, la Corte consideró que el conocer la verdad es un acto de justicia y reparación en sí mismo.
Es un acto de justicia porque permite conocer el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura (cfr. Trujillo Oroza vs. Bolivia, 2002).12 Posteriormente, en 2005 y 2006 en el marco de los casos Blanco Romero y otros vs. Venezuela, Servellón García y otros vs. Honduras, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia y Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, la Corte consideró que el derecho a la verdad no era un derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención Americana, sino que el mismo se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento.
En el 2007, en el caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, la Corte reconoció el principio de complementariedad entre la verdad extrajudicial, que surge como resultado de una comisión de la verdad, y la verdad judicial producto de una decisión o sentencia judicial. En dicha decisión, la Corte estableció que una comisión de la verdad puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados periodos históricos de una sociedad, pero estas “verdades históricas” no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes ni con la determinación de responsabilidad internacional que corresponda a ese Tribunal.
En seguimiento a lo anterior, en el 2010 en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) vs. Brasil, este Tribunal Interamericano estableció que “toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad”. No obstante, a diferencia de su jurisprudencia hasta ese momento, la Corte declaró una violación al derecho a la verdad de manera autónoma. La verdad es fundamental para la dignidad inherente del ser humano." Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que: "La existencia de obligaciones estatales dirigidas a asegurar memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad, abarcan el deber del Estado de asegurar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
En particular, el derecho a conocer lo ocurrido, la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que éstos acontecieron; y producir información, permitir acceder a ella y difundirla activamente como garantía para evitar su repetición. En este sentido, se destaca la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por Ley 26298, instrumento internacional del derecho internacional de los derechos humanos que reconoce el derecho a la verdad como un derecho autónomo. Ello así, se condena al imputado a la pena de prisión perpetua en orden a delitos calificados como lesa humanidad, pues en su carácter de Jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense, formó parte de un aparato organizado de poder que privó ilegalmente de la libertad, aplicó tormentos y finalmente asesinó a dos detenidos que ilegalmente permanecieron en el centro clandestino de detención que funcionó en el "Pozo de Arana" durante el período de revista del encartado.
Por otra parte, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza, debido a una intolerable irracionalidad en caso contrario" (Conf. Garachico, Julio César y otro s. Arts. 80 y 144, Código Penal (Privación ilegal de libertad), imposición de tortura (Inc. 1, art. 144 ter, Código Penal) y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas /// Trib. Oral Crim. Fed. Nº 1, La Plata; 13/07/2022; Rubinzal Online; RC J 4174/22).- Sobre este piso de marcha, señalase que en la teoría general probatoria existe un principio que es el de "adquisición de la prueba".
Así se señala que: "El principio de adquisición es una consecuencia de esta comunidad, "esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere", por ello algunos lo denominan principio de comunidad de la prueba". (Conforme TRATADO DE LA PRUEBA DE ENRIQUE M. FALCÓN Tomo I pág. 353, EDITORIAL RUBINZAL CULZONI) Por ello, confrontado el informe del licenciado G. a fs. 39 con el aportado por la defensa a cargo de la licenciada A. a fs. 205/208, surge que en éste último se realiza un informe detallado de la audiencia recepcionada a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. y una valoración que permite arribar a conclusiones que establecen las causales que invoca en su auto el A quo, pues las sospechas que existieron ab initio, son derribadas de modo científico y debidamente circunstanciado en el mismo, sumado a que se inscribe en la problemática personal, familiar y contextual en la cual se encuentra inserta F.Q. y/o M.Q. y/o M.L.
A ello debe sumarse el diagnóstico de fs. 406/407, que y si bien el mismo no descarta "per se", que una persona diagnosticada con una psicosis esquizo-paranoide pueda además ser víctima de abuso sexual, como cualquier persona con cualquier psicodiagnóstico, lo cierto es que el mismo debe ser valorado pues hace a las condiciones personales de la presunta víctima, en este caso. Ello no fue tenido en cuenta ni informado por el perito oficial, por el contrario en su informe de fs. 39 vta. párrafo cuarto, señala un estado psicológico de su entrevistadx que lleva a cualquier interprete a sostener que el profesional descarta cualquier psicopatología en curso. Por ello se concluye que para el licenciado no se evidenció ningún tipo de síntoma verificable en la audiencia, pues de lo contrario lo tendría que haberlo informado.
Tampoco hay en el informe, allende describir la carga de angustia de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., ninguna referencia a algo que surge de la propia denuncia, pues esta se basa no solo en la notitia críminis, sino en la afirmación que habría realizado a sus amigxs del grupo, respecto a atentar contra su vida. Hecho que, y aún por su sola enunciación, no puede ser ignorado a la hora del análisis del experto. El informe no señala si hubo sucesivos encuentros para la administración de algún tipo de test, o entrevistas con la finalidad, ya no de obtener información sobre los hechos, sino respecto de las condiciones psicológicas y personales de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. para cumplimentar con el informe normado en el artículo 234 bis inc. c) del CPP..
Por ello y tomando el acta de manera textual, como se impone por mandato legal, se entiende que el informe agregado responde solo a la audiencia en cámara gesell y a las impresiones que el perito obtuvo de la misma. Quizá la pandemia de aquel momento y las reglas que gobernaron la misma, impuso la necesidad que el perito realizara solo un informe con las impresiones de la audiencia, sin poder evaluar a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., y ello le haya quitado, tal vez, la posibilidad de ahondar sobre otros aspectos y advertir síntomas que en el decurso de la audiencia pueden haber pasado inadvertidos a los ojos del experto. Nada de ello hay en el informe del licenciado G. y si existe información en el informe realizado por la licenciada A., que permiten sostener la ausencia de los elementos necesarios como para llamar a indagatoria al denunciado, tal como concluye el A quo.
Es decir que el informe de la licenciada A. no solo abarca las cuestiones suscitadas en la audiencia, sino que las relaciona con los síntomas en la personalidad de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. que estaban en desarrollo, con su contexto familiar y social, y con su historia vital a partir del fallecimiento repentino de su madre. Las apreciaciones que diera el Licenciado G. en su declaración testimonial son de carácter genéricas, pues las mismas, va de suyo, lo son a nivel teórico, ya que no se le corrió vista del informe de la licenciada A. ni se ordenó su intervención respecto de la información sobre F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. agregada en autos luego de su intervención. Sus dichos se basan en el recuerdo de la audiencia y del informe que realizó, por ello su declaración aporta solo conceptos generales y no referidos a la presente causa.
Esta causa está gobernada por el estado de salud psicofísica de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., y toda la información se dirige en ese sentido, por ello, al valorar sus dichos, no podemos dejar de tener en cuenta, tal y como lo hizo el A quo, su situación personal y el contexto y la historia vital signada, fundamentalmente, por la pérdida de su madre a temprana edad. Si señalo que el Licenciado G. reitera en su declaración testimonial algo que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes y que es estructural, relacionado con los vínculos de amor-odio respecto de los adultos inmediatos de referencia, es decir de aquellas personas que cumplen la función de maternar y paternar y en esto es coincidente con el informe de la Licenciada A..
Esta es la clave en que debe ser leía toda la causa, partiendo de la irregularidad grave evidenciada en la recepción del testimonio, pero centrándonos en la demanda de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. y del cierre de la misma, cuando le asigna el contenido de las situaciones que denunció, de agresión y no sexual. Aquí el esfuerzo de análisis deben realizarlo las partes y fundamentalmente el Sr. Juez de Instrucción, y en este sentido, los hechos que podrían determinar una eventual subsunción penal, eran escasos y la densidad de la audiencia se debió al tiempo que demandó su declaración, poniendo esta actuación en crisis los tan declamados en autos y por las partes, derechos de las niñas, niños y adolescentes y su interés superior.
Independientemente del tiempo en arribar al psicodiagnóstico, lo cierto es que F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., a partir de la afectación que le causó la muerte de su madre, desarrolló síntomas que concluyen en el diagnóstico citado, y que las conductas autolesivas contra su propia integridad, no pueden ser tenidas como motivadas en los actos denunciados, pues los mismos, allende las lecturas sobre tipicidad objetiva sistemática realizada por la recurrente, resultan desproporcionados para ser considerados como indicadores de la existencia de un caso de abuso sexual infantil, siempre, claro está, dicho esto en el marco de esta investigación y de la multiplicidad de abordajes que se realizó sobre todos los integrantes de la familia y en especial de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L..
La ausencia de abordaje estatal sobre las cuestiones ventiladas en autos en donde cabalgan a la par situación de un hipotético A.S.I., sumado a las cuestiones de salud mental, es tan grave como el exceso y multiplicidad de los mismos, pues todos los intervinientes, actuando bajo la imposición de un derecho constitucionalconvencional como lo es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, han intervenido incontables veces, funcionarixs y magistradxs, así como distintos psicólogxs y psiquiatras, de distintas jurisdicciones y competencias, disponiendo abordajes muchas veces contradictorios, dictando medidas que luego fueran revocadas, a la distancia y sin cumplir con el derecho a ser oído (Art. 12 de la Convención de los derechos del Niño) que tiene todo niño, niña y adolescente y que surge de la misma convención en la que se establece el interés superior de aquellos, lo que evidentemente afectó a F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. y por supuesto a su grupo familiar.
Si se hubiera tenido presente, desde el inicio, la situación personal de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., sus intentos concretizados o anunciados de quitarse la vida, el principio de razonabilidad hubiera impuesto, desde el abordaje judicial, al menos, una coordinación de actuaciones con el fin de evitar que el exceso de actuación y su superposición afecte igual que el defecto que implica no actuar, allende las competencias en razón de la materia y las distintas jurisdicciones territoriales que intervinieron, como así los organismos administrativos con competencia en las distintas materias. Finalmente, lo planteado por la representante del Ministerio Pupilar en cuanto F.Q. y/o M.Q. y/o M.L. no fue anoticiada de forma clara y sencilla la decisión adoptada a la joven y que hubo de ser patrocinada por una mal llamada abogada del niño contratada por el propio padre, y cuya representación de sus intereses ha arrojado más dudas que certezas, no puede ser sostenido, siendo que en primer lugar no surge constancia alguna en que el denunciado haya contratado a alguna abogada en defensa de los intereses personales de F.Q. y/o M.Q. y/o M.L., es más, del propio expediente surge que fue designado como Abogado del niño al Dr.
Diocares Sedán. Además, en innumerables constancias de autos surge que el Abogado del niñx ha mantenido contacto con su asistida, teniendo una comunicación efectiva y explicando los alcances de las diferentes decisiones judiciales que se fueron tomando a lo largo de los procesos judiciales y administrativos, si bien la misma no fue presencial, ello se debió a las normas respecto de la pandemia. El artículo 278 del CPP. señala que el Juez podrá llamar a indagatoria cuando concurra motivo bastante para sospechar que resulta autora y participe de un delito. La sospecha debe estar fundada en los elementos de prueba reunidos, y fundamentalmente, en la información que los mismos aportan, razón por la cual, y de la información colectada como de la forma de incorporación al proceso, no se pueden sostener las sospechas para establecer si los hechos subsumen en una figura delictiva, allende los alcances dogmáticos que se brindan por la recurrente, los que, en términos generales y sin un análisis exhaustivo, en general, se comparten.
Por todo lo expresado, entiendo que el juicio emitido por el A quo ha cumplido con las pautas que he señalado respecto de la forma en que corresponde proceder a un archivo fundado en el art. 187 del CPP., por lo que el mismo debe ser confirmado."
Como surge claro, la modalidad de la audiencia en cámara gesell y la realización del informe a través de la administración de los test y de entrevistas semidirigidas, tiene fundamento la inmediatez e intervención interpersonal entre el profesional y la persona declarante.
En los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCION (C.J.R)” Expte. Nº 80.042/23, N° de Juzgado de Recursos 7330/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "En primer lugar, corresponde tratar los señalamientos realizados por el Sr. Defensor particular a fs. 112 y ss., respecto del informe realizado por la psicóloga interviniente en autos. Si bien comparto en la argumentación realizada por la Defensa, pero por los argumentos que realizaré a continuación, en el presente caso, las deficiencias señaladas por el Dr. N. fueron subsanadas en la segunda intervención de la Licenciada S.. En esta línea, deberá tenerse en cuenta para futuros casos, por parte del a quo, que el informe que realicen los psicólogos forenses, sea por conducto del art. 237 y ss. como del 234 bis del CPP., deben fundarse debidamente, informando todos y cada uno de los procedimientos realizados e indicando el contenido de los test suministrados y los resultados a los que se arribó en los mismos.
En especial, cuando la metodología asumida en la realización de los mismos, comprende, además de la entrevista semidirigida, la administración de distintos test. Va de suyo que esta metodología, entrevista, implica un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador, razón por la cual, el o la perito, realizan un informe, como el primero de ellos, en base a las manifestaciones y expresiones del entrevistado, dándole un enfoque conforme su específica área de conocimiento. Por ello, el primer informe no es nulo porque se basa, como informa la perito interviniente en una entrevista semidirigida, pero si es incompleto, pues no da cuenta de la administración de los test, hecho que funda a partir de las fs. 120 y motivado en el planteo realizado por la defensa… En el mismo orden de ideas, en autos “B.M.R.
S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "Respecto a la crítica realizada por la Defensa en relación al valor probatorio de las Cámaras Gesell, la cual, según las palabras del casacionista se trata de 'una diligencia realizada por los psicólogos, con una posición subjetiva, que utilizaron métodos conductivistas o inductivos y sin imparcialidad' (conf. audiencia de debate, ante esta instancia, en fs. 474 vta.), cabe aclarar que esta técnica tiene como fin la incorporación del testimonio de los menores víctimas de un delito contra la integridad sexual, respetando el “interés superior del niño”, evitando su revictimización a lo largo del proceso penal.
Es decir que el procedimiento establecido en el art. 234 bis del C.P.P. para obtener el testimonio de una víctima menor de 16 años, conocido comúnmente como Cámara Gesell, fue el medio elegido por el legislador, a fin de garantizar estándares internacionales, para introducir en el proceso sus dichos. En este sentido, la doctrina sostiene que “…sólo se garantiza la tutela judicial efectiva del niño víctima en el proceso, o bien su real acceso a la justicia, cuando se admite que pueda expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afectan, extremo que tan sólo se verifica cuando se le da la oportunidad de ser escuchado. Y sólo se lo escucha en los términos prescriptos por el Bloque de Constitucionalidad Federal, cuando su versión se recibe en forma adecuada…” (González Da Silva, Gabriel; “Derecho del niño víctima a ser oído en el proceso criminal.
Su reglamentación en el Código Procesal Penal de la Nación”, DJ 2005-1-254). Mientras que respecto a la naturaleza jurídica de la entrevista contemplada en el art. 234 bis del Código de forma, se ha sostenido de manera categórica que “…estos informes no revisten calidad de peritaje y, en consecuencia, no resulta aplicable la normativa que regula estrictamente para la prueba de peritos…” (C.N.C.C., Sala IV; causa 27.777, “Ruiz Díaz, Santos Isabelino s/ abuso sexual”, rta. el 25/10/05) y que “…no puede perderse de vista que los artículos 250 bis y 250 ter, fueron incorporados al Código Procesal Penal, en el capítulo atinente a los testigos y no al vinculado a los peritos, con la finalidad de resguardar la salud física y mental de la víctima, evitando la interrogación directa del tribunal o las partes, en los casos de menores, que pudieran haber sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados…” (C.N.C.C., Sala V, c. 35.455, “Corsi Jorge s/ procesamiento”, rta. el 7/8/2008, voto del Dr.
Rodolfo Pociello Argerich). Por ende, ese testimonio no es en sí mismo una pericia; ahora bien, respecto a la propia normativa legal (Art. 234 inc. cº del C.P.P.) que compele al facultativo a brindar un informe con las conclusiones pertinentes del acto, este Tribunal Superior de Justicia ya ha sostenido en los autos "OTALORA NICOLÁS S/ CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA (POR SER LA VÍCTIMA MENOR DE 13 AÑOS) Y MAMANI MÁXIMA S/ AMENAZAS COACTIVAS” Expte. Nº 5868/18 (O-1132/19/T.S.J.) que pese a carecer de las características de una experticia, posee fuerza convictiva como cualquier medio probatorio producido válidamente, máxime si se tiene en cuenta que ha sido realizado por alguien especializado en la materia.
Suficientemente ilustrativa al respecto, resulta ser la jurisprudencia (que ya ha compartido este Alto Cuerpo, in re 'Grande Federico Carlos Marcelo s/ abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente' Expte. Nº G-1060/18/T.S.J. protocolizado en el Tº VII -Sentencias- Rº 007 Fº 077/093) que dice “…la entrevista en Cámara Gesell de la menor víctima de abuso sexual… importa una declaración testimonial en la cual se busca evitar la interrogación directa del tribunal o de las partes en los casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones o delitos contra la integridad sexual, para hacerla a través de facultativos especializados, y tanto el tribunal como las partes pueden seguir las alternativas desde la sala de observación e inclusive, previo a la iniciación, el tribunal debe hacer saber al profesional a cargo de la entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que tienen que ser canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.
La entrevista del niño en las condiciones que establece el art. 250 bis, CPPN, como reglamentación del régimen protector que surte la Convención sobre los Derechos del Niño, supone la creación de un ámbito en el que aquél se pueda expresar libremente y sin condicionamientos…” (M. R., Y. s. Medida de prueba - Abuso sexual /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala VII; 15- jul-2016; Rubinzal Online; RC J 4431/16) (El destacado es nuestro)…”. En definitiva, la fuerza convictiva de los testimonios de las menores víctimas, brindados en el marco de las entrevistas realizadas por profesionales mediante la técnica de la Cámara Gesell, no ha podido ser desvirtuada por la defensa.
Por ello, su planteo en este sentido no resulta ser más que un vago intento de desvirtuar el análisis de la prueba que en modo alguno llega a modificar lo analizado respecto a la autoría y participación de su asistido B.M.R. en los hechos investigados. En igual sentido la doctrina ha merituado que “…Los tribunales superiores de justicia de las provincias han rechazado de manera invariable el cuestionamiento dirigido por la defensa del acusado contra la verosimilitud del testimonio brindado por la menor víctima mediante el sistema de cámara Gesell. Por lo general, con apoyo de los informes psicológicos forenses que dan cuenta de la credibilidad del relato del menor y la ausencia de sesgos o manipulación por parte de terceros, se ha valorado como prueba dirimente, junto al resto del plexo probatorio de cargo, para la comprobación de la materialidad del hecho, la culpabilidad del autor y la imposición de pena.
En ese contexto general de violencia contra la mujer, y de modo singular cuando se trata de un menor de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó en varias ocasiones el deber positivo del Estado en la adopción de medidas especiales de protección para los menores de edad que deberán ser definidas atendiendo a las circunstancias concretas del caso, con arreglo al art. 19 de la Convención…" (Aboso Gustavo. (2022). 'Derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal'. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 157). Por lo expuesto, se rechaza el agravio referido a la falta de acreditación de los hechos investigados." Sobre este piso de análisis, la o el perito, luego de realizar la evaluación y el informe correspondiente conforme las reglas de la lex artis, debe contestar cada punto de manera precisa y si entiende que fue contestado, deberá indicar específicamente foja y párrafo del informe en que el mismo fue evacuado, si entiende que la pregunta realizada por el Juez de Instrucción no es pertinente o relevante, sea por razón fáctica o de conocimiento científico o técnico-profesional, debe explicar porqué entiende ello, dando debido fundamento razonado en base a su conocimiento profesional.
Asimismo, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una intervención profesional en una causa judicial, que se limita a establecer la verdad histórica de un hecho que es considerado, prima facie, delito, deberá, teniendo en cuenta la especialización forense, explayarse sobre la existencia de los indicadores que pudiera relevar en el contacto con la persona entrevistada, máxime teniendo en cuenta que se trata de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, y en lo que hace a la investigación de un delito contra la integridad sexual, he sostenido, en los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCIÓN C.D.C.” Expte. Nº 74.920/20, N° de Juzgado de Recursos 7052/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que: "Las motivaciones deben ser objeto de investigación.
Asimismo los indicadores pueden tener, como indicios que aportan información, un carácter anfibiológico o unívoco. Estos pueden o no concurrir, pero en todo caso, además de los que están vinculados al orden de lo psicológico, existen otros que exceden dicho marco y que deben ser abordados en la investigación penal de un caso de ASI. Los indicadores, son comportamientos tanto personales como familiares y sociales, que pueden surgir como consecuencia de la vivencia de un hecho de agresión sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Los mismos no se presuponen por existir una denuncia ni los dichos en cámara gesell. Estos indicadores deben ser motivo de investigación, no solo de la intervención de los expertos en psicología, quienes a través del informe normado en el artículo 234 bis inciso c) del CPP. o de la realización de una pericia, conforme los parámetros establecidos en los artículos 237, ss. y cc. del CPP., dan cuenta del estado de psicológico de la presunta víctima, sino y además, de las propias medidas que se ordenan en la Instrucción tendientes a aportar información y verificar la existencia de los mismos y que, claramente, exceden la tarea de los profesionales de la psicología, (informes socioambientales, prueba informativa, testimonial, pericial, etc.).
Entre los indicadores más comunes de un abuso sexual infantil, podrían relevarse depresión, miedo, culpa, autestima disminuida, vergüenza, pesadillas, presencia de fobias, trastornos de ansiedad, dificultades en la vida de relación y aprendizaje, ideas autodestructivas, vulnerabilidad ante posibles hechos donde sea víctima de abusos, reducción de la capacidad para defenderse y defender a familiares, en su caso; marcada dependencia o independencia, presencia de riesgo de adicciones o consumo de sustancias psioactivas; estrés post traumático; manifestaciones conductuales novedosas experimentadas y que tengan como causal hechos abusivos y traumáticos, trastornos psicosomáticos, disociativos, actitudes de abierto sometimiento, y/o conductas agresivas con tendencia a externalizar el conflicto; actos y comportamientos seudomaduros o sobreadaptados, emocionalidad aplanada, indicios de actividades sexuales, juegos de carácter sexual persistente e inadecuado con niños de la misma edad, con juguetes o con su propio cuerpo; conductas sexualmente agresivas hacia los demás; si existe bajo rendimiento escolar o permanencia prolongada en ámbitos educativos; mala o conflictiva relación con sus pares; dificultades para relacionarse socialmente; desconfI.T.G.za respecto de figuras significativas y de autoridad y límite, intra o extrafamiliar; falta de concentración en la Escuela y tareas sociales, cambio profundo en su media escolar; temor o pánico hacia las figuras de adultos de uno u otro género; conductas seductoras relacionadas con adultos; fugas del hogar, trastornos en el sueño, conductas regresivas, retraimiento, depresión clínica y/o ideación suicida, entro otros supuestos.
(Varios de ellos pueden ser relevados en la obra "ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LAS MEJORES FAMILIAS", de la Psiquiatra Infanto Juvenil y psicóloga IRENE INTEBI, de editorial GRANICA, donde ilustra a partir de la pág. 185 y ss. los indicadores de carácter psicológico y familiares, y en la pág. 221/222, los indicadores físicos. Así también, de la misma autora, la obra PROTEGER, REPARAR, PENALIZAR. EVALUACIÓN DE LAS SOSPECHAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, págs.42 Y SS.) Por ello, entiendo que la presente investigación debe continuar a los fines de establecer o descartar la existencia de los mismos." Además, cuando se administren test, del tipo o naturaleza que fueren, conforme el criterio diagnóstico, deberá consignarse en el informe el detalle de los resultados obtenidos y la forma de administración del test respectivo, previo al establecimiento de conclusiones, pues de lo contrario, y al no precisarse el proceso de investigación, obtención de datos y resultados y razonamiento conclusivo, no se puede establecer si las definiciones a las cuales se arriban, son correctas conforme la lex artis.
De manera similar a la fundamentación que exige la sana crítica racional en las decisiones judiciales, los informes periciales, como así los que surgen del art. 234 bis del CPP.. deben detallar los procesos diagnósticos, explicar en que consistieron en cada caso, los resultados que arrojan y la conclusión o “lectura” que realiza el perito, dando debida fundamentación científica o técnico-profesional."
Es decir que debemos, en primer lugar, tener en cuenta que las críticas realizadas por la perito de parte, lo son en primer lugar respecto de la metodología, la que va de suyo, cumple acabadamente con el estándar probatorio de práctica habitual en nuestro país.
La segunda cuestión para valorar, es que la perito de parte no participó de ninguno de los actos realizados por la perito oficial, razón por la cual, sus apreciaciones metodológicas no dejan de estar centradas en cuestiones teóricas, pues la misma no tuvo el contacto que implica la relación entre el profesional de la psicología y la persona a analizar.
Reitero, la impugnación da por presupuesto una falta de apego a cierta metodología, lo que, a su vez, importaría dudas sobre el informe elaborado, no señalando en el caso específico, concretamente, cual es la imposibilidad de arribar a las conclusiones que arribo la licenciada interviniente.
No puede perderse de vista que no se trata de una ciencia “dura”, en la cual la inobservancia de un paso, o la inversión de los mismos, puede alterar el resultado de una práctica o experimento.
Además de ello, las críticas ignoran, por el claro carácter incriminante, la declaración de la víctima, la que es recepcionada en primer lugar.
No podemos soslayar que debemos partir del análisis de los dichos de la víctima porque es testigo directo del suceso y de las consecuencias del mismo. Por ello, se entiende que la Jueza, con buen tino, rechaza los agravios en este sentido, pues la audiencia testimonial en Cámara Gesell de fs. 40 se practicó bajo las formalidades de ley, es decir conforme las prescripciones del art. 234 bis del C.P.P. Ahora bien, a lo expresado por la defensa en relación al vicio metodológico de la contaminación de datos por unificación cronológica de dispositivos diferenciados, considero que este extremo tampoco debe tener acogida favorable.
Ello así, pues el dispositivo en cámara gesell está diseñado para la obtención del testimonio, para evitar cualquier tipo de alteración, incluso de los propios profesionales intervinientes, pues queda videograbado, tal como lo expresé en los párrafos procedentes, es decir que la toma de testimonio, en autos, no sufrió alteración alguna.
Las conclusiones que se realizan en base a la administración de tests y entrevistas semidirigidas, tienen la impronta de una profesional que realiza esta tarea a diario, razón por la cual, su continuidad luego de la recepción del testimonio, no altera el mismo ni las conclusiones.
Los tests y la entrevista semidirigida no están enfocadas en el hecho punible, lo exceden y se encuentran destinadas a la búsqueda de indicadores y/o evidencia de padecimientos psicológicos y su origen.
La perito interviniente indica claramente las circunstancias que rodearon la realización de la entrevista en cámara gesell y la administración de los test psicodiagnósticos en la misma jornada, entendiendo la profesional que conforme el caso particular resultaban apropiadas, en función de la entrevista en cámara gesell, por lo que no se puede afirmar, como dice la defensa, que existe un vicio metodológico, no se observa un impedimento ni legal ni de técnica forense en el desarrollo de la actividad pericial del presente caso en relación a este último agravio referido por la defensa.
Por último y en relación al cuarto agravio, debemos afirmar que la tarea que realiza la perito interviniente resulta de un conjunto de actos, donde la entrevista psicológica resulta el instrumento principal, acompañado de las pruebas proyectivas, y que en su convergencia permiten al perito arribar a las conclusiones de su informe, analizar aisladamente cada uno de los test suministrados, sin el contexto de la entrevista carece de rigor científico, entendiendo que el dictamen pericial debe contar con ciertos requisitos para asegurar su validez.
Puesto en análisis los informes y aclaratorias efectuadas por la perito oficial en los presentes, podemos afirmar que dichos informes cuentan con la fundamentación exigible para su validez, por lo corresponde rechazar los agravios en relación a este extremo.
III.-b) En este apartado daremos tratamiento a la impugnación de la pericia médica que la defensa cuestiona y que originaran los autos, "INCIDENTE DE APELACIÓN ACLARATORIA PERICIA MEDICA ADN EN AUTOS CARATULADOS "F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T) EXPTE N° 22.253/26, NÚMERO DE RECURSOS 8481/26.
Al respecto debemos contextualizar el origen de la presente investigación que tiene como eje central el relato del menor víctima.
Es, a partir de esa declaración, cuando se inicia la investigación judicial ordenándose las pruebas relevantes, resultando en este caso particular, una de ella la pericia médica, la cual se desarrolla conforme los protocolos de víctimas de delitos contra la integridad sexual.
En atención a los agravios expresados por la defensa, rechazamos lo expresado en cuanto a la que la resolución en crisis es arbitraria y contradictoria, entendiendo así por haber recibido incorporado a las presentes actuaciones la pericia médica de parte adjuntada por la defensa, como así su correspondiente tratamiento. No puede alegarse un exceso ritual manifiesto, en autos es todo lo contrario. La Jueza señala porque entiende que es extemporáneo la presentación de la incidencia sobre la pericia, sin perjuicio de lo cual, en base a la garantía de la defensa en juicio, y al principio general que implica que el estado debe dar respuesta a lo que se le peticiona, ingresa en el tratamiento de las críticas del perito de la defensa y explica por qué no las acoge favorablemente.
Exceso ritual hubiese sido el rechazo por extemporáneo. La Jueza con buen tino, resuelve el planteo defensista, allende no sea dicha decisión, conteste con la teoría del caso de la defensa. Al igual que el suscripto, que realiza el análisis de los agravios que plantea la defensa ante la decisión adversa a sus intereses, por lo corresponde rechazar el planteo de arbitrariedad.
En consecuencia, en autos resulta de aplicación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo: "...Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos suscitan el análisis de cuestiones de hecho y prueba respecto de las cuales el recurso exhibe una mera discrepancia de criterio..." (Fallos 318:73), pues "...La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, susceptibles de descalificar a las sentencias como actos".-
En el mismo orden, hace suyos los fundamentos de la teoría de la arbitrariedad de sentencia, nuestro cimero Tribunal Provincial, en los autos caratulados “R., E. E. S/INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.”, Expte. Nº 3089 (R-693/11/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, al sostener que: "Al respecto, con relación a la supuesta arbitrariedad de la sentencia, éste Tribunal Superior de Justicia, considera que los fundamentos vertidos en el fallo en crisis, demostraron con meridiana claridad las sólidas razones que condujeron a adjudicar la responsabilidad de E.E.R. como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal (art. 119 1º y 3º párrafo del CP), constituyendo el pronunciamiento una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa.-Se formula tal concluyente aserto, toda vez que el vicio de absurdo y la arbitrariedad en la interpretación y valoración de la prueba -en principio- sólo se configuran cuando la apreciación de los elementos probatorios no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí, o bien si en autos se evidencia la existencia de un manejo irrazonable y contrario a las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, extremos que no se advierten en la presente causa.-Por el contrario, en la sentencia de fs. 489/501 se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.- En tal sentido, la Excma.
C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus iniciosestableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").- En definitiva, la doctrina de la arbitrariedad exige, como fundamento de su instituto, que la decisión que se ataque padezca de alguna de las causales de arbitrariedad, con la virtualidad suficiente para afectar al pronunciamiento en una medida tal que impida que se lo considere como acto judicial válido.
Por ello se ha dicho: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646). - Ninguno de tales supuestos se verifica en autos, luego de haber efectuado este Tribunal Superior un análisis meduloso de la causa.".
Dicho ello, y analizados los planteos, debemos confirmar el temperamento adoptado por la Jueza, en cuanto a que, si partimos de la declaración de la víctima, el material genético encontrado en el hisopo del menor resultan, indicios positivos en cuanto a su testimonio, como así, la valoración de las lesiones que presenta en el cuerpo, que permiten valor esos elementos probatorios como lo realizo el a quo.
Si analizamos cada información que da lugar a un indicio, de manera aislada, fragmentaria y descontextualizada, todos los indicios serían anfibiológicos. Pero si lo hacemos partiendo del testimonio del menor, que allende todos los planteos defensistas, no puede ser ni desvirtuado, ni conmovido en su credibilidad, toda la información médica y genética da cuentas de un acto sexual sobre el cuerpo de la víctima.
Respecto de la prueba indiciaria, en los autos “INC. DE COPIAS EN AUTOS: QUIROGA CARLOS ALBERTO S/ Denuncia Robo” Expte. Nº I-52222/21, N° de Recursos 6927/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve: "Se observa en los interlocutorios apelados que el A quo realiza una minuciosa tarea de concatenación de la prueba, surgiendo de la misma importantes indicios que llevan a la convicción, fundada en las reglas de la lógica, la naturaleza y la experiencia común, de la existencia de la organización criminal a la que refiere la imputación que pesa sobre los encartados. En este sentido, la dogmática procesal penal ha señalado que: "La presunción, en sentido propio, es una norma legal que suple en forma absoluta la prueba del hecho, pues lo da por probado si se acredita la existencia de las circunstancias que basan la presunción y sin admitir demostración en contrario...
No obstante, comunmente, la ley y la jurisprudencia utilizan el término "presunción" en sentido impropio, como expresión equivalente a "indicio", o bien intentando captar con aquella palabra la conclusión a que se puede llegar partiendo del indicio. En este sentido, el indicio es considerado como la causa de la presunción, y ésta viene a ser el efecto de aquél... El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una lógica, inferir la existencia del otro... Su fuerza probatoria residen en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar.
Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho "indiciario" no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea "el indicado"; es lo que se llama "univocidad" del indicio. Si el hecho indicario admite una explicación compatible con otro hecho distinto al indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se llama "indicio Anfibiológico"... La naturaleza probatoria del indicio no está in re ipsa, sino que surge como fruto lógico de su relación con determinada norma de experiencia, en virtud de un mecanismo silogístico, en el cual el hecho indiciario es tomado como premisa menor, y una enunciación basada en la regla de experiencia común funciona como premisa mayor.
La conclusión que surge de la relación entre ambas premisas es la que otorga fuerza probatoria al indicio." (Conforme "LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL" de José I. Cafferata Nores y MaximilI.T.G.o HairabedI.T.G., Ed. Abeledo Perrot págs. 247 ss. y cc.) Cabe señalar sobre el particular, que el Sr. Juez de Instrucción ha ido gradualmente avanzando en la investigación que realizó. No hubo medidas precipitadas, pues cuando se le requirió por parte de la autoridad policial allanamientos para distintos sospechosos, los rechazó, pues entendió que no había elementos suficientes en ese momento. Todo lo realizó con notificación a las partes del proceso, conforme lo normado en el código de rito. Con el devenir de la investigación y de la prueba que fue ordenando, y fundamentalmente de su resultado, se ha logrado establecer materialmente la existencia de los medios necesarios para la comisión de la modalidad de los delitos que la Asociación Ilícita tenía como destino cometer.
Los medios materiales son los que establecen la posibilidad de que se alcancen los fines propuestos en cualquier hecho. Es claro que tener los medios brinda la posibilidad de que el hecho se cometa, y es claro también que sin los mismos, es improbable que el mismo sea cometido. De los allanamientos y de las pruebas colectadas, surge la existencia de las herramientas, vehículos y motovehículos, que se utilizaban para realizar los delitos en forma particular. Claro que ello solo no alcanza, como se dijera, pero es el punto de partida para poder, junto a otros indicios, establecer la existencia de la asociación ilícita y sus integrantes... Pero la prueba recolectada no solo se basa en elementos materiales, sino en prueba testimonial y en los mensajes que existían entre los organizadores y los integrantes, que contando con los medios necesarios, habían establecido la modalidad delictiva, la cual fue sostenida en el tiempo, y de lo cual surge la participación de cada uno en los hechos que les fueran imputados.
Hubo entre ellos comunicación relacionada con los hechos. Es claro que los mensajes no son literales, pues no dicen que van a ir a robar cables para luego venderlos. Cambian las palabras utilizando otros significantes para referirse a su actividad y que en caso de ser interceptada, de lugar a dudas o pueda sostenerse, desde la literalidad empleada, un sentido distinto. Pero el lenguajo que utilizaron, no logró tergiversar el sentido verdadero de la conversación, como bien fue interpretado y analizado por personal policial en los informes obrantes en autos. A ello se le suma también, que varios de los coimputados fueron sorprendidos en los lugares donde se habían producido los robos, y si bien en sus descargos parcializados justificaban su presencia con motivos como la cacería, y otras actividades, lo cierto es que analizado en el contexto de la causa y fundamentalmente en las pruebas colectadas, la finalidad de su presencia no era otra que la modalidad delictiva asumida por la Asociación Ilícita que ha sido desbaratada por la investigación del A quo.
Las defensas intentan desvirtuar el razonamiento del A quo efectuando una valoración fragmentada y aislada de cada elemento de prueba, siendo esta una metodología inadecuada pues probablemente cada elemento tomado en forma aislada no aporte demasiado o pueda ser tomado como un indicio anfibiológico, es decir que pueda indicar una cosa y otras muchas a la vez, pero una valoración concatenada y global de todos ellos, es hábil para establecer la univocidad de todos y cada uno de ellos, los que concurren para alcanzar el grado de convicción necesario para tener por acreditada la existencia material del hecho y la participación en el mismo de los coimputados. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M.
Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "Para abordar correctamente los embates de las defensas, corresponde traer a colación, lo sostenido en doctrina, respecto de la convicción que puede generar en el proceso penal, la prueba indiciaria. Así, Roxin dice: “... Por lo demás, la convicción del tribunal puede estar fundada en prueba indiciaria, esto es, en virtud de hechos que permiten llegar a una conclusión sobre la base de circunstancias directamente graves. Una prueba indiciaria, en particular una prueba con medios probatorios materiales, en ciertas circunstancias puede, incluso, proporcionar una prueba más segura que las declaraciones de los testigos del hecho.
El fracaso de la prueba de una coartada o la refutación de una afirmación de descargo todavía no pueden ser valoradas por sí solas como indicio de la autoría del acusado. En cambio, es posible que numerosos indicios, de los cuales cada uno individualmente no alcanza para probar la autoría, en su conjunto le pueden proporcionar al juez la convicción de la culpabilidad del acusado...” (Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires 2000, pág. 106). Por su parte, Mittermaier sostiene: “... si después de las investigaciones más concienzudas se ven surgir tantas razones afirmativas, razones tan poderosas y emanadas de la experiencia diaria de los acontecimientos y de los actos humanos; si además se han puesto todos los medios para poder creer hasta en la posibilidad de lo contrario, no puede menos de decirse que la impresión producida en nosotros por todas estas razones es la de la certeza.
Esta impresión nos es comunicada por los indicios, lo mismo que por cualquier otra prueba; y a menos que no se quiera, en último término, explicarlos por hipótesis extraordinarias, y rechazar la experiencia diaria, es imposible ahogar la convicción de la culpabilidad de un acusado, cuando ésta resulta en la causa del concurso perfecto de los indicios...” (KartlMittermaier, Tratado de la Prueba en Materia Criminal, Ed. Hammurabi, pág. 140/141). En tanto la Jurisprudencia ha sostenido: “... La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no sólo en pruebas directas, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios...” (TribSup.
Jus. Córdoba, “Manavella”, JA 1976-III-650), “... La sentencia condenatoria puede válidamente fundarse en elementos de convicción indirectos, como son los indicios, con la condición de que éstos, deben ser unívocos y no anfibológicos, vale decir, que la relación entre los hechos conocidos (indiciarios), debidamente acreditados, no puedan relacionarse con otro hecho que no sea el hecho desconocido, cuya existencia se pretende demostrar (indicado). En tales casos, para poder cuestionar la fundamentación es necesario el análisis en conjunto de todos los indicios y no en forma separada...” (Trib. Sup. Just. Córdoba, 23/02/2005, “Espinola Juan y otro p.ss.aa robo calificado por el uso de arma”, sent. nro. 10.
En igual sentido Balabán, Eduardo Héctor, p.s.a. secuestro agravado reiterado, sent. nº 78"). Así, Julio Maier señala: “... El indicio no es más que una conjetura, una inferencia: de un hecho que se conoce, pero que no constituye el objeto de prueba, se infiere otro mediante una operación mental silogística o próxima a ello que permite afirmarlo al menos de modo probable. Los indicios no son medios de pruebas, sino, tan solo, una aplicación del razonamiento humano inductivo-deductivo que, a partir de un hecho considerado como cierto, arriba a una segunda afirmación a través de una regla de cualquier tipo (científica, técnica, artística o de la experiencia)” (Maier, Derecho procesal penal, 2011, t. 111, págs. 179 a 182).
En línea similar se enrola Cafferata Nores quien expone: “... El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Según su nombre mismo lo expresa (index), el indicio es, por decirlo así, el dedo que señala un objeto. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro hecho desconocido (el indicado) cuya presencia se pretende demostrar. La naturaleza probatoria del indicio no está in re ipsa, sino que surge como el fruto lógico de su relación con una determinada norma de experiencia, en virtud de un mecanismo silogístico, en el cual el hecho indiciario se toma como premisa menor, y una enunciación basada en la experiencia común funciona como premisa mayor.
La conclusión que surge de la relación entre ambas premisas es la que otorga fuerza probatoria al indicio...” (Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal, 1988, págs. 202 a 208). Manzini sostiene que: “... el indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar por inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia o inexistencia de un hecho a probar...” (Manzini, Tratado de derecho procesal penal, 1952, t. 111, p. 482). Oderigo define al indicio como: “... la circunstancia o antecedente que autoriza a fundar una opinión sobre la existencia del hecho. En tanto la presunción, es el efecto que esa circunstancia o antecedente produce en el ánimo del juez sobre la existencia del hecho, medI.T.G.do, por lo tanto, entre ellos, una relación de causa a efecto...” (Oderigo, Derecho procesal penal, 1973, t.1, p. 103).
Como se puede apreciar la doctrina como la jurisprudencia, admiten que se puede arribar con certeza tanto en la acreditación de los hechos como así también en la determinación de la autoría, teniéndose como base la prueba indiciaria...".
Es decir que en autos, partiendo de la declaración de la víctima, toda la información médica da cuentas del hecho punible investigado, imputado y debidamente resuelto por la A quo.
A mayor abundamiento, en el inicio de la pericia médica, el profesional interroga sobre lo ocurrido a la víctima evitando la revictimización y con el fin de obtener datos que puedan orientar su pericia, determinando su estado de ánimo, como así practica un examen físico detallado y recoge y resguarda elementos encontrados, siempre orientado a la acreditación de un presunto hecho punible.
Analizar un rastro físico en una persona, desconociendo el contexto, puede llevar a conclusiones dispares ante profesionales de la salud que analizan una lesión, como lo que se observa en el segundo agravio expresado por la defensa en cuanto a las lesiones que presentaba la víctima en su cuerpo, lo que nos lleva nuevamente a coincidir con lo resuelto por la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, en cuanto al valoración efectuada de esas lesiones.
En relación a los agravios expresados por la defensa en cuanto a la incongruencia técnica del relato, la ausencia de material genético en la sábana ajustable, no resultan determinante siendo que el allanamiento en el domicilio se realizó veinticuatro (24) hs. después de realizarse la denuncia, lo que permite abrir una franja horaria en la que se pudo haber alterado esa evidencia, (cambiarla, lavarla, etc.) resultando, por ello, que la plataforma fáctica atribuida, se corresponde con el relato de la víctima.
Por último, en cuanto a la falta de numeración de las muestras a las que hace referencia la defensa, debemos rechazarlas, compartiendo lo resuelto por la A quo en cuanto a que las recomendaciones de la toma de muestra en casos de abuso, indican que deben numerarse el orden de toma de muestra para aumentar la probabilidad de recuperar material biológico de interés, optimizando tiempo e insumos.
El hecho de que no estén numerados no interfiere en la recuperación de perfiles genéticos, sobre todo porque son muestras que hacen referencia a la zona del cuerpo del cual se extraen, realizando más de una, a los fines de resguardar otras ante eventuales peritaciones.
III.-c) Corresponde ahora analizar los agravios expresados por el recurrente en cuanto al auto de procesamiento con prisión preventiva dispuesta en los autos: “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8396/26.
Atento el tratamiento realizado en los acápites que preceden, de los agravios expresados por la defensa en relación a las pericias médica y psicológica, limitaremos en este inciso al tratamiento de los agravios expresados dirigidos a la medida cautelar de Prisión Preventiva dispuesta para el imputado de autos. Ello así, pues los embates al auto de procesamiento, tuvieron como surge claro, al informe psicológico y a la pericia médica, dirigidos a debilitar y poner en crisis los fundamentos en los cuales se baso el auto de mérito.
Sin perjuicio de ello, se entiende que el testimonio prestado por la víctima, resulta creíble, a la luz del repaso de la audiencia en cámara gesell, y apto para tener acreditado, con el grado de probabilidad positiva, el hecho punible investigado, su modalidad y la subsunción típica realizada por la A quo.
En este sentido, a los efectos de la valoración probatoria, dentro de los lineamientos de la sana crítica racional, ha sido erradicado el vetusto "testis unus, testis nullus". Señala Jauchen, con relación a la cantidad de testigos cabe recordar los términos de Bentham: "...los testimonios se pesan, no se cuentan...". En verdad las cualidades y capacidades del testigo deben predominar sobre la cantidad de ellos a los efectos de su valoración.
Por todo ello, corresponde confirmar el auto de procesamiento.
Ahora bien, respecto de la detención cautelar, entiendo que deberá mantenerse, pues existe en autos información que permite presumir, fundadamente, la existencia de riesgos procesales concretos a neutralizar.
En los autos caratulados "REYNOSO, GUILLERMINA S/ Denuncia Robo" Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: "DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN" Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración.
Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa.
En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo. Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr.
Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial Abeledo Perrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria. El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390. Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: "…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme." (Acosta, Jorge Eduardo y otro s.
Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." Y en los autos caratulados: "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "ALMENDRA, SERGIO EMILIO S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO" Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que: "Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal." Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confI.T.G.za a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencia firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y, además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socio ambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la testigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socio ambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aun cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso. En los autos caratulados: "INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACION DE OMAR NICOLÁS GOMEZ EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada", Expte.
Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." En los autos caratulados: "ESCOBAR G., JHENNY S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL" Expte.
Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: " Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. Escobar: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su ex-pareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos. (fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra.
Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la "notitia criminis" y su mínima acreditación, se pueden inferir, "prima facie" las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declaración indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la "identidad" de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro, además, que, en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas medI.T.G.te el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente…. Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno. Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso.
Debe quedar claro que, en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias. En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado.
Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr. Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que, si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática.
Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión. (Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372). - Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionales- convencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona.
Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.). -.... En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver, en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y, además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra "ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL" de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: "Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad".- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación." Complementando el criterio expresado en dicha causa, en autos autos caratulados: "MOLINA, EVA S/ DCIA. LES. LEV., DAÑOS, AMEN., VIOL. DCILIO. Y DESOB. JUDICI." Expte. Nº 33285/23, N° de Juzgado de Recursos 7239/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.2.- Finalmente, cabe señalar que lo que atañe a las medidas cautelares que se dictan en el proceso penal, las mismas pueden serlo a pedido de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional.
A manera de ejemplo y cuando se trata de pedidos de Exención de Prisión o de Excarcelación, el código de rito dispone la vista previa a la decisión jurisdiccional, del Ministerio Público Fiscal a los fines que emita opinión sobre el particular. Como señalé, las medidas cautelares respecto del imputado, son actos y decisiones jurisdiccionales que se basan en el análisis de la probabilidad del acaecimiento de conductas que pueden implicar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En casos como el de autos, en los cuales la persona se encuentra detenida desde la indagatoria o antes de ella y hasta que se resuelva la situación procesal en donde el Sr. Juez de Instrucción deberá resolver sobre su situación procesal y sobre la forma de cautelar en caso de procesamiento, no existe impedimento para que el Sr.
Agente Fiscal peticione en autos no solo la medida cautelar que entienda adecuada al caso, sino y además, si, conforme a su teoría del caso, el imputado debe o no ser procesado, ello con antelación al dictado de la resolución judicial. Que no exista la obligación de expedirse previamente por parte de la Fiscalía interviniente, no implica que no pueda hacer saber al órgano jurisdiccional, a la defensa y a las restantes partes del proceso si la hubiere, cual es la posición del Ministerio Público Fiscal en un caso determinado. Dicha competencia se encuentra de manera implícita del artículo 6 del CPP. que pone en cabeza del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En este sentido, en los autos caratulados: "INC.
DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión" Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema". Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales.
No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes.
Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona." Además, en los autos caratulados: "INC.
DR. ALBERTO LUCIANI S/SOLICITA EXCARCELACIÓN EN AUTOS: ROLON FERNANDO S/ INFRACCIÓN ART. 119 del C.P" Expte. N° I-53.729/21, N° de Recursos 7146/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N °1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso, es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. A pesar de lo expresado y aun cuando el imputado fue procesado por hechos de suma gravedad, con una elevada pena en expectativa, recuerdo que el Estado le brindó al imputado la posibilidad de transitar el proceso en libertad, imponiéndole una cautela menos gravosa, reglas respecto de las cuales hizo caso omiso, en dicha oportunidad vislumbrando un desapego a las normas y a las disposiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.
No cambI.T.G.do su postura a lo largo del presente proceso. Esto es así teniendo en cuenta que ya analicé la media cautelar de prisión preventiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos principales, sobre los que recayera resolución en fecha 29 de septiembre de 2022, la cual se encuentra registrada bajo Tomo: LXXX Registro: 070 Folio 193/196, en la cual exprese en parte pertinente" En este caso al imputado se le brindó la oportunidad de permanecer, luego del primer dictado de la prisión preventiva, en libertad el resto del proceso. esa posibilidad, por libre voluntad del mismo, fue desechada cuando contacto a la víctima sabiendo previamente que le está prohibido.
Si bien ello puede tener una explicación en su motivación...lo cierto es que, allende el mismo, objetivamente incumplió su obligación y que subjetivamente, el fin, surge claro de la denuncia de la víctima, fue ofrecerle dinero en primer término para amenazarla cuando obtuvo una negativa de ella. Hay argumentos más que suficientes para sostener la continuidad de la prisión preventiva, por lo que entiendo que la misma debe ser confirmada." Es por ello que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es cierto y objetivo y debe ser neutralizado, no pudiendo ser efectivizado de otra manera que no sea inevitablemente restringiendo la libertad del imputado. No pudiendo a esta altura del proceso asegurarse que el imputado mantendrá su conducta a derecho. ...
Es necesario destacar que el Estado a través de la función jurisdiccional le otorgó la posibilidad de transitar el proceso en libertad, luego de haber sido detenido cautelarmente. Ello también puede operar desde el inicio de las actuaciones. Esta situación implica para la persona que se encuentra imputada en un proceso penal, por parte del Estado, la garantía de cumplir el proceso en libertad cuando se estima que los peligros procesales pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria. Es decir que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, si cumple con las reglas y pautas de conductas que se le asignan, podrá mantener esta situación hasta la sentencia definitiva, para dotar de plena vigencia al derecho de transcurrir el "juicio" con medidas restrictivas menos graves que su detención cautelar, evitando que el mismo sea restringido por incumplimiento de la persona a quien beneficia.
Pero cuando la persona a quien se le reconoce el derecho de transitar el proceso penal en libertad, voluntaria e injustificadamente decide incumplir las pautas de conductas, no puede ese cumplimiento trasladarse al Estado, pues es claramente, responsabilidad exclusiva y excluyente de quien no se motiva en la norma pudiendo hacerlo. El principio de gradualidad en la aplicación de las medidas cautelares, impone al estado un uso razonable de la fuerza que detenta monopólicamente, pero no lo exime de ejercerlo cuando la persona que se encuentra sujeta a proceso penal incumple las normas, por el contrario, se encuentra obligado a asegurar los fines del proceso. Existe la responsabilidad de cada persona de cumplir con las normas, máxime cuando estas la benefician y están pensadas en su favor, pero es la libre decisión del sujeto que puede hacer caso omiso de las mismas, sabiendo además que deberá responder por sus actos.
Esta libre decisión no puede trasladarse al estado, es de cada ser humano. No puede perderse de vista que los riesgos procesales se integran con dos materias diferentes entre sí, una que hace al peligro de fuga, pues no puede haber juicio en ausencia. Y la otra está relacionada con el peligro de entorpecimiento de la investigación, en donde la autoridad jurisdiccional deberá valorar la situación no solo de los testigos y de la evidencia material (pericias, informes, etc.) sino y especialmente de la víctima y de su grupo familiar, para que las medidas cautelares que se adopten protejan efectivamente los derechos de todas las personas afectadas directa o indirectamente por la conducta objeto de investigación.
Por todo ello, la posibilidad y oportunidad que el Estado le brindara al imputado, fue aprovechada por éste para incumplir las normas que se le impusieran e intentar entorpecer la investigación, razón por la cual, el auto debe ser confirmado." Y finalmente, en los autos caratulados: "INC. DE COPIAS EN AUTOS: TORRES RODOLFO ABDON Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A. ( RECARATULADO) " Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho.
En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener. Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho. A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle "esto muere acá"; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo.
En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por sí mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realización, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho. En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la misma se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación.
De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima. Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir.
No puede pasarse por alto lo manifestado por la testigo S.A. (fs.335), hermana de D.T.P. en relación a que la familia de T. intentó contactarse con su familia, lo que resulta un indicio de que T. en libertad pueda intentar contactar a la víctima a fin de hablar sobre lo sucedido, con las consecuencias que ello puede implicar para la víctima, dado su estado de salud referenciado supra. No es óbice a ello, que antes de ser detenido viviera en la ciudad de Bahía Blanca, pues hoy en día existen diversas formas y tecnología para mantener un contacto a la distancia. Por último, debe tenerse presente que la ciudad en que sucedieron los hechos es una comunidad relativamente pequeña, por lo que estando los imputados en libertad, es probable que aun cuando cumplan con medidas cautelares de protección a la víctima, de todos modos, se produzcan cruces casuales, con las consecuencias que ello acarrea en el caso concreto dado lo que un gesto o una mirada de cualquiera de los imputados puede implicar para D.T.P.
Es así que entiendo que la prisión preventiva amerita ser confirmada. Sin perjuicio, comparto con lo expresado por el A quo, que, si el avance de la investigación permite variar lo sostenido en autos, podrá reevaluarse la medida cautelar. En este sentido, entiendo pertinente realizar la atención y abordaje de la víctima por el Centro de Asistencia a la Víctima, y requerir conclusiones respecto al estado de la misma, y la posibilidad, a todo evento, de analizar, conforme al mismo, una valoración de medidas cautelares menos grave que la dispuesta, sin que implique, como se dijo, situación de entorpecimiento de la investigación, fuga, ni de revictimización. Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario "Díaz Bessone" invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial.
En los autos caratulados "PONCE, EMILIO ALEJANDRO S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria. No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...".
Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127). En tanto Soler sostiene "...desde el juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos.
Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal. Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...". - (La negrita es de mi autoría)".
Asimismo, en casos como el de autos, cuando se trata de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS CARATULADOS: CORREA LUCAS ALBERTO S/ INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P.A.” EXPTE. Nº E-38550/23, Nº de Juzgado de Recursos 7737/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Bajo estas pautas de hermenéutica, analizados los presupuestos de la prisión preventiva, y los que tornan procedente o improcedente la excarcelación a tenor de lo dispuesto en los arts. 299, 300, 302 y ccs. del C.P.P., cabe señalar que surge de autos una imputación sumamente grave que pesa en cabeza del imputado, con una elevada pena en expectativa, que la investigación aún se encuentra en pleno desarrollo, existiendo prueba pendiente de producción conforme lo informa la Actuaria a fs. 4 vta..
Si bien coincido con la Defensa en cuanto a que el imputado posee arraigo suficiente en la ciudad de Perito Moreno, por lo que el riesgo de fuga podría descartarse, considero que si existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ello así pues tengo en cuenta las distintas conductas imputadas, como así la edad de la víctima y del autor, el vínculo que se habría establecido entre ambos y las argumentaciones defensistas tendientes a desacreditar el testimonio de la víctima. Ello lleva a colegir, sin mayor esfuerzo, tal como ha sido planteada la estrategia del caso, que el imputado liberado que fuera podrá presionar a la víctima para que admita su teoría del caso, es decir que lo denunció por miedo a afrontar la relación con su familia.
Ello es un claro indicio de entorpecimiento de la investigación centrado en la protección de la víctima por su condición de mujer y de menor de edad, quien ha padecido el más grave de los actos de violencia de género, el abuso sexual infantil. Todo ello lleva a presumir, fundadamente, y en consonancia con una valoración objetiva de las características de los hechos investigados, que la libertad del imputado podría entorpecer los fines del proceso. … Pero además el Estado Argentino ha asumido obligaciones ante la comunidad internacional, no solo respecto de la mujer, sino y especialmente con el cuidado y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando resultan víctimas de delitos.
Claro está que la situación de las víctimas siempre debe ser analizada en el contexto de cualquier medida cautelar que se imponga a un acusado de delito, pero en este caso, reitero, el hecho de estar alcanzada no solo por los Tratados y Legislación citada referida a la violencia contra la mujer sino y además por la Convención de los Derechos del Niño, obliga a resguardar su integridad conforme la pauta establecida en la convención "el interés superior del niño".- Siempre debe partirse, reitérase, para establecer la procedencia de una medida cautelar, de la situación particular de la víctima, y en caso que se trate de "niñas y/o niños" conforme los alcances de la Convención de los Derechos del Niño, debe realizarse una hermenéutica especial del sistema procesal penal que contemple los parámetros de protección integral y diferenciados que surgen del derecho convencional constitucional de los que goza, en relación a los adultos.
Esto sucede cuando un niño, niña o adolescente resulta imputado de delito y, como en el presente caso, cuando es víctima, con mucha más razón. Lo afirmado en el párrafo anterior, ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Maldonado” Fallos 328:4343, que establece la obligación de materializar un trato diferenciado entre un menor y un adulto. Como expresara, y sin que conlleve mayores esfuerzos, el trato diferenciado que corresponde brindar al niño imputado respecto del adulto en igual circunstancia, debe trasladarse y realizarse cuando analizamos el aspecto victimizante, es decir que la víctima menor de edad debe tener un trato especial respecto de la víctima adulta, por imperio de lo normado en la Convención de los Derechos del Niño.
En este aspecto, y como pauta de hermenéutica que impacta sobre todo el bloque de legalidad, en el artículo 3 apartado 1º de la Convención de los Derechos del Niño, se establece que el Estado debe velar por el "interés superior del niño", que implica que el mismo no debe cargar con las condiciones de su propia seguridad e integridad, sino que éstas le corresponden al Estado y a los adultos en su caso. En materia procesal penal y cuando se trata de un niño víctima de delitos, el trato que se impone con el mismo como medio y órgano de prueba y en su condición de víctima a los fines de resguardar su integridad, es diferente al de un adulto en la misma circunstancia. La misma ley ritual establece en el Art. 234 bis y 234 ter, mecanismos de toma de testimonios diferentes a los restantes.
Por su parte, el art. 72 establece como deber del Estado garantizar la seguridad e integridad de los testigos y víctimas y en este aspecto, la norma se complementa con el artículo citado de la Convención de los Derechos del Niño, por lo que ello implica que la situación de la víctima menor de dieciocho años, debe ser analizada a la luz de los parámetros constitucionales convencionales. En el "Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, T. III, dirigido por Silvia Eugenia Fernandez, de la Editorial Abeledo-Perrot en el Título I, "El Niño Víctima ante el proceso penal", capítulo 1, "La Aplicación de los Estándares Internacionales de Protección especial del Niño Víctima" realizado por Mary Beloff, Diego Freedman y Martiniano Terragni, en la pág. 3381, ss. y cc. se señala que: "De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante la CDN) los niños son titulares no solo de los derechos que les corresponden a todas las personas, sino también de derechos específicos por ser sujetos en desarrollo.
Estos derechos específicos surgen del corpus iuris del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones).... La protección del niño a fin de evitar la reiteración de hechos de violencia exige repensar el proceso penal, el rol de sus actores y las medidas a implementar, al poner en foco en la protección de la víctima. Ello se traduce en analizar, en el caso concreto, si existe una situación de riesgo de reiteración del hecho delictivo y adoptar inmediatamente las medidas procesales a fin de proteger al niño víctima...La protección de la víctima menor de edad no debe limitarse a evitar la reiteración del hecho de violencia sino también para disuadir cualquier tipo de presión, coerción o amenaza al niño dirigida a impedir que declare o a provocar la retractación de su testimonio...".- Por su parte, Mary Beloff, en su obra "DERECHOS DEL NIÑO -Su protección especial en el sistema Interamericano- Análisis sistemático de fallos fundamentales" editorial Hammurabi, segunda edición actualizada y ampliada, de Agosto de 2019, señala al Hablar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: "La Corte ...Reiteró que los niños tienen "derechos especiales" a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado.
Insistió en que el Estado debe asumir una posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en razón de la condición de vulnerabilidad del niño, promover medidas especiales de protección basadas en el interés superior y entender a esta protección especial como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la convención reconoce a toda persona (conf. CIDH caso "Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia)." Lo que surge claro es que no se puede invertir la carga de neutralizar el riesgo procesal en cabeza de las víctimas, máxime cuando es mujer y adolescente, pues ello sería revictimizarla. Las distintas medidas cautelares de menor lesividad para el imputado, importan un riesgo claro y concreto para la adolescente y no puede imponérsele semejante carga, siendo la prisión preventiva la única medida posible para neutralizar los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación.
Siempre es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la liberad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Finalmente, con fundamento en lo supra expresado, comparto con el Sr. Juez de Instrucción, que la libertad del imputado podría perjudicar el avance del proceso y las etapas futuras del mismo."
Bajo estas pautas de hermenéutica, considero que, en el caso, estamos ante un hecho punible sumamente grave, con una víctima menor de edad, con una pena en expectativa elevada en cabeza del imputado, con una investigación aún en desarrollo, en la que restan medidas de prueba a producir, tal como lo expresa la a quo en la resolución impugnada, las que podrían verse frustradas con la libertad del procesado, ante la posibilidad de que los testigos que deban deponer, sean presionados o manipulados al brindar su declaración.
Por las razones esgrimidas, considero que la prisión preventiva impuesta al imputado debe ser confirmada, al menos por el momento, sin perjuicio que, a futuro, se evalúe nuevamente la situación restrictiva de éste.
Respecto al agravio sobre el monto de embargo, en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “VILLALBA LUCAS ALEXIS S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
En base a lo expresado, teniendo en cuenta las graves conductas imputadas, surge más que razonable el monto dispuesto por la A quo.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 131/147, y de los incidentes “INCIDENTE DE APELACION F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8464/26 y los autos “INCIDENTE DE APELACION ACLARATORIA PERICIA MÉDICA/ADN EN AUTOS F. L. V. S/DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8481/26 obrantes a fs. 64/73 y a fs. 78/84, respectivamente, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Agréguese por cuerda a los autos principales todos los incidentes, previo a su devolución a la instancia de instrucción.
III.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia