Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 17515
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre del año en curso por el señor Defensor Oficial que asiste técnicamente a Guillermo José González, doctor Sergio Gabriel García (Rigen los arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del C.P.P.).
II. Confirmar la apelada resolución de fecha 22 de octubre del año en curso por cuyo conducto se dispuso -en lo que aquí interesa- denegar la libertad condicional a Guillermo José González (Rige el art. 13 del Código Penal y los arts. 4 y 101 de la ley 12.256 y sus modificatorias).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por el apelante (art. 14 de la ley 48).
Causa Nº 17.515 "GONZALEZ, Guillermo José
S/ INCIDENTE DE APELACION DE LIBERTAD CONDICIONAL "
-Ref: I.P.P Nº 05-00-019955-17/00-
Los del presente legajo para resolver el recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre del año en curso por el señor Defensor Oficial que asiste técnicamente a Guillermo José González, doctor Sergio Gabriel García contra lo resuelto por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental, con fecha 22 del mismo mes y año, y;
I. Que llegan los presentes obrados a conocimiento de esta alzada en virtud de la vía recursiva impetrada por la defensa técnica, quien embate el decisorio en orden al cual el juez titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental resolvió, en esencia, denegar la libertad condicional a Guillermo José González.
Desde ese terreno, se advierte que el recurrente cuenta con legitimación para impugnar el auto cuestionado y ha observado las condiciones de tiempo y forma contempladas en la normativa aplicable. Y dado que el decisorio criticado resulta susceptible de cuestionamiento por conducto de la vía escogida, el recurso intentado deviene formalmente admisible (cfr. arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del CPP).
II. Quien comanda la defensa técnica considera -en resumidas cuentas- que su asistido se encuentra en condiciones de acceder al instituto de la libertad condicional, por cuanto reúne los requisitos legales exigidos y cuenta con indicadores favorables en su evolución durante el cumplimiento de la pena.
En ese orden de ideas, cuestiona que se haya considerado prematura la concesión del beneficio por su reciente incorporación al régimen abierto dado que, a su juicio, ello importa la creación de un requisito extralegal, en tanto la Ley 12.256 establece que los distintos regímenes son de utilización alternativa y no necesariamente secuencial. Al efecto, destaca que su defendido se encuentra incorporado al régimen abierto desde mayo de 2026, registra conducta ejemplar, concepto bueno, carece de sanciones, desarrolla actividades laborales, educativas y de capacitación.
Asimismo, se agravia de la valoración efectuada respecto del abordaje psicológico, por cuanto sostiene que se le estaría imponiendo como condición para acceder al beneficio la obtención de un resultado positivo en aquel espacio, sin precisar los objetivos que deberían alcanzarse ni explicar por qué tal abordaje no podría continuar en el medio libre. En tal sentido, destaca que el propio informe psicológico recomendó el ingreso de su asistido a etapas de prueba en libertad.
Por otra parte, cuestiona el apartamiento de la conclusión favorable del departamento técnico criminológico que, mediante acta N.º 143/26, consideró viable la incorporación de González al régimen de libertad condicional.
Sostiene, además, que el dictamen fue elaborado a partir de una evaluación integral y multidisciplinaria que contempló su desempeño institucional, su conducta y su evolución, sin que la resolución impugnada haya aportado circunstancias concretas que permitan desvirtuar sus conclusiones.
Finalmente, afirma que la decisión recurrida resulta arbitraria por cuanto sustituye el criterio técnico favorable por una valoración subjetiva y exige condiciones no previstas legalmente, pese a que su asistido ha demostrado un adecuado desempeño institucional y el propio equipo profesional recomendó su avance hacia la libertad.
En suma, solicita que se revoque el decisorio impugnado y se conceda a su pupilo el beneficio de la libertad condicional solicitado. Formula expresa reserva del caso federal.
III. Sentadas así las premisas que anteceden y resultando, por cierto, que el pronunciamiento en crisis se ha cimentado básicamente en las cuestiones controvertidas puestas de relieve, nos adentraremos en el análisis de la cuestión planteada, a la luz de las constancias obrantes en autos.
En primer lugar, surge que quien nos ocupa fue condenado a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Surge asimismo que la condena impuesta alcanzará su vencimiento el día 8 de marzo de 2028.
Tal plataforma lo ha posicionado en condiciones temporales de acceder al beneficio reclamado, cuestión que, cabe remarcar, no viene siendo debatida en la presente.
Al momento de su evaluación, se precisó que el condenado se hallaba alojado en la Unidad Carcelaria nro. 14 de General Alvear del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de un régimen abierto (desde el día 15 de mayo de 2026), donde registraba una conducta calificada alfanuméricamente como "ejemplar -10-" y concepto "bueno" y sin sanciones disciplinarias.
Asimismo, se precisó que el interno se encontraba realizando tares laborales, educativas y de formación y oficios.
Por último, cuadra poner de resalto que el DTC de la Unidad que lo aloja estimó la viabilidad de incluir al mentado en el régimen de libertad condicional (acta n° 143/2026).
IV. E n primer lugar, es necesario destacar, tal como lo viene sosteniendo esta sala en numerosos precedentes, que si bien los informes técnicos emitidos por el organismo criminológico coadyuvan a ilustrar al magistrado sobre aspectos de interés relativos al devenir vital intramuros del condenado, no resultan vinculantes para la jurisdicción, por lo que debe entonces el juzgador apreciarlos bajo la óptica de un análisis integral de todo lo que dimanen en torno al penado, sin verse limitado por las conclusiones que aquellos arrojen.
De no ser así, la decisión de conceder o no un beneficio como el reclamado en autos, se hallaría indirectamente en cabeza de la autoridad penitenciaria, con intervención de la jurisdicción como un mero órgano que homologa de forma acrítica una opinión administrativa, lo cual resultaría una inaceptable violación a la división de poderes, consagrada por el principio republicano de gobierno (art. 1° de la Constitución Nacional).
Sentado ello, deviene pertinente recordar que la libertad condicional no se limita exclusivamente al cumplimiento de un plano objetivo o temporal, lo cual por cierto no ha venido controvertido y el judicante de grado encontró satisfecho sino que, al mismo tiempo, convergen otras variables de interés a considerar las cuales, armónicamente apreciadas, no permiten a este cuerpo, de momento, asumir que el condenado haya alcanzado un proceso de reinserción social con el grado de exigencia que el beneficio reclama.
Pues, como se ha dicho en más de una oportunidad, el acceso a la libertad reclamada encuentra su razón en la medida que concurran todas las condiciones que permitan vislumbrar que el individuo, merced a las aptitudes y herramientas que haya adquirido -tratamiento mediante-, pueda desenvolverse en el medio libre conforme a las más elementales pautas comúnmente aceptadas, de modo tal de atenuar al máximo nuevos compromisos con la ley sustantiva.
En esa inteligencia, entendemos que los logros alcanzados en su proceso de resocialización en curso no se revelan, de momento, suficientemente consolidados para acordar su egreso anticipado al medio libre, sin antes poder evaluarlo de modo multidisciplinario en ese estadio abierto que le fuera concedido hace poco más de tres meses, que aquél es capaz de incorporar, desarrollar y sostener integralmente mecanismos de autocontrol aún dentro de ciertos límites que impone la autoridad, así como su noción de responsabilidad.
Así las cosas, expuso el Tribunal de Casación Penal bonaerense que "... Previo a concederse al interno la posibilidad de cumplir la pena en libertad resulta conveniente que transite por las distintas etapas que ofrece el Servicio Penitenciario dentro del régimen de la ejecución de la pena, conforme al principio de progresividad, para tener una evaluación mas precisa de su comportamiento a medida que accede a espacios de mayor autogestión donde se le otorguen las herramientas que le servirán para desenvolverse en sociedad facilitándosele la reinserción ..." (TCPBA Sala V; Cn° LP 77827 492; Carátula: C. ,J. A. s/ Habeas Corpus; Sentencia de fecha 05/07/2016).
Pues vale recordar que los regímenes concebidos por la ley 12.256 resultan de utilización alternativa y no necesariamente secuencial (es decir que la secuencialidad no se encuentra excluida por la norma, sino todo lo contrario), debe orientarse cardinalmente hacia la más adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia, tratamiento y control, resultando imperativo tener presente el fin último de la normativa precitada.
En ese orden de ideas, sostenemos que aún no se encuentran dadas las condiciones para proceder a la soltura anticipada del justiciable, estimando conducente que quien nos convoca pueda profundizar, dentro del estamento autogestivo otorgado recientemente, aquellos dispositivos de tratamiento necesarios en miras a capitalizar y apuntalar esas herramientas que hasta el momento ha adquirido a lo largo de su vida intramuros de cara a su más óptimo posicionamiento.
En función de las consideraciones apuntadas, los aspectos positivos reseñados por la defensa para viabilizar su reclamo, de momento, no logran posicionarse por encima de los referidos señalamientos, razón que nos lleva a coincidir con el temperamento adoptado en el particular.
Ergo, como fuese anticipado, corresponde confirmar la decisión jurisdiccional puesta en crisis, en cuanto se denegó la libertad condicional del penado, por los fundamentos que han sido desarrollados (Rigen los arts. 13 del Código Penal, 4, 6 y ccdtes. de la ley 12.256 y sus modificatorias).
Por último, corresponde tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
POR ELLO , fundamentos vertidos y citas legales invocadas esta Sala II de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, RESUELVE:
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre del año en curso por el señor Defensor Oficial que asiste técnicamente a Guillermo José González, doctor Sergio Gabriel García (Rigen los arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del C.P.P.).
II. CONFIRMAR la apelada resolución de fecha 22 de octubre del año en curso por cuyo conducto se dispuso -en lo que aquí interesa- denegar la libertad condicional a Guillermo José González (Rige el art. 13 del Código Penal y los arts. 4 y 101 de la ley 12.256 y sus modificatorias).
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el apelante (art. 14 de la ley 48).
Regístrese, notifíquese a las partes técnicas y remítase en carácter de devolución al juzgado de origen, en el cual queda delegada la notificación del penado. Sirva el presente de muy atenta nota de remisión.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: NUÑEZ LUDUEÑA Leandro Tomás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1482-2026
Fin de la sentencia