Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20449
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto a con fecha 23 de octubre del año en curso por la señora defensora oficial que asiste técnicamente a Marcelo Alejandro Challhoub, doctora Sandra Marcos González (Rigen los arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del CPP).
II. Confirmar la apelada resolución de fecha 21 de octubre del año en curso por cuyo conducto se dispuso -en lo que aquí interesa- denegar la libertad condicional a Marcelo Alejandro Challhoub (Rige el art. 13 del Código Penal y los arts. 4 y 101 de la ley 12.256 y sus modificatorias).
Causa Nº 20.449 "CHALLHOUB , Marcelo Alejandro
S/ INCIDENTE DE APELACION DE LIBERTAD CONDICIONAL "
-Ref: I.P.P Nº 05-01-011247-23/00-
Los del presente legajo para resolver el recurso de apelación interpuesto a con fecha 23 de octubre del año en curso por la señora defensora oficial que asiste técnicamente a Marcelo Alejandro Challhoub, doctora Sandra Marcos González contra lo resuelto por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental, con fecha 21 del mismo mes y año, y;
I. Que llegan los presentes obrados a conocimiento de esta alzada en virtud de la vía recursiva impetrada por la defensa técnica, quien embate el decisorio en orden al cual el juez titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental resolvió, en esencia, denegar la libertad condicional a Marcelo Alejandro Challhoub.
Desde ese terreno, se advierte que la recurrente cuenta con legitimación para impugnar el auto cuestionado y ha observado las condiciones de tiempo y forma contempladas en la normativa aplicable. Y dado que el decisorio criticado resulta susceptible de cuestionamiento por conducto de la vía escogida, el recurso intentado deviene formalmente admisible (cfr. arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del CPP).
II. En lo sustancial, quien comanda la defensa técnica considera que su asistido se encuentra en condiciones de acceder al instituto de la libertad condicional, por cuanto reúne el requisito temporal exigido y cuenta con indicadores favorables en su evolución durante el cumplimiento de la pena.
En ese orden de ideas, cuestiona que se haya valorado negativamente la falta de inclusión de su defendido en actividades laborales y educativas, al sostener que tal circunstancia no obedece a una falta de voluntad del nombrado, sino a la ausencia de cupos y vacantes disponibles en el establecimiento penitenciario y que ello implicaría trasladarle las consecuencias de las limitaciones del sistema penitenciario.
En tal sentido, hace hincapié en sus antecedentes laborales, su interés en participar de cursos de capacitación y su trayectoria educativa, así como en la imposibilidad actual de acceder a tales espacios por encontrarse en lista de espera.
Por otra parte, se agravia de la valoración efectuada respecto de la evaluación psicológica, particularmente en cuanto se consideró que su asistido presentaría una limitada capacidad de análisis y elaboración crítica de su conducta y de su implicancia subjetiva respecto del orden normativo.
Al respecto, sostiene que tal plataforma no permite concluir, por sí sola, que el nombrado carezca de las herramientas necesarias para desenvolverse en el medio libre ni constituye un impedimento automático para la concesión del beneficio, máxime cuando aquel cuenta con un dictamen favorable del departamento técnico criminológico.
En cuanto a la progresividad del régimen penitenciario, resalta que el mismo se halla incorporado al régimen semiabierto de modalidad amplia desde hace más de dos años y que, con anterioridad, el propio magistrado había denegado su incorporación al régimen abierto pese a contar también con informes técnicos favorables.
En ese sentido, sostiene que el art. 6 de la Ley 12.256 no impone un tránsito obligatorio y secuencial por los distintos regímenes, por lo que la progresividad debe ser valorada atendiendo a las circunstancias concretas del caso y a la trayectoria penitenciaria del condenado
En suma, solicita que se revoque el decisorio impugnado y se conceda a su pupilo el beneficio de la libertad condicional solicitado.
III. Sentadas así las premisas que anteceden y resultando, por cierto, que el pronunciamiento en crisis se ha cimentado básicamente en las cuestiones controvertidas puestas de relieve, nos adentraremos en el análisis de la cuestión planteada, a la luz de las constancias obrantes en autos.
En primer lugar, surge que quien nos ocupa fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nro. 4 departamental a la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma , y a la pena única de tres (3) años y diez (10) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, comprensiva de la pena oportunamente impuestas en el marco de la presente y la firme condena que le fuera impuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 3 departamental. Surge asimismo que la condena impuesta alcanzará su vencimiento el día 28 de mayo de 2027.
Tal plataforma lo ha posicionado en condiciones temporales de acceder al beneficio reclamado, cuestión que, cabe remarcar, no viene siendo debatida en la presente.
Al momento de su evaluación, se precisó que el condenado se hallaba alojado en la Unidad Carcelaria nro. 24 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de un régimen semiabierto de modalidad amplia, donde registraba una conducta calificada alfanuméricamente como "ejemplar -10-", concepto "bueno", y no contaba con sanciones disciplinarias.
No obstante, vale aclarar que se le ha concedido el pase al régimen abierto por conducto de la resolución -pto. II del dispositivo- del día 21 de octubre de 2026.
Asimismo, se precisó que el interno no se encontraba realizando tares laborales ni educativas.
Por su parte, el Grupo de Admisión y Seguimiento -a modo de propuesta de tratamiento- sugirió "... puesto que se encuentra en lista de espera para el sector laboral, educativo-formativo. Por lo antes mencionado, este Grupo de Admisión y Seguimiento estima conveniente que a la hora de tener vacantes se lo tenga en cuenta y poder ser incorporado, a fin de adquirir herramientas y hábitos que pueda llegar a utilizar una vez obtenida su libertad...".
Por último, cuadra poner de resalto que el DTC de la unidad que lo aloja estimó la viabilidad de incluir al mentado en el régimen de libertad condicional (Acta 750/2026).
IV. E n primer lugar, es necesario destacar, tal como lo viene sosteniendo esta sala en numerosos precedentes, que si bien los informes técnicos emitidos por el organismo criminológico coadyuvan a ilustrar al magistrado sobre aspectos de interés relativos al devenir vital intramuros del condenado, no resultan vinculantes para la jurisdicción, por lo que debe entonces el juzgador apreciarlos bajo la óptica de un análisis integral de todo lo que dimanen en torno al penado, sin verse limitado por las conclusiones que aquellos arrojen.
De no ser así, la decisión de conceder o no un beneficio como el reclamado en autos, se hallaría indirectamente en cabeza de la autoridad penitenciaria, con intervención de la jurisdicción como un mero órgano que homologa de forma acrítica una opinión administrativa, lo cual resultaría una inaceptable violación a la división de poderes, consagrada por el principio republicano de gobierno (art. 1° de la Constitución Nacional).
Sentado ello, deviene pertinente recordar que la libertad condicional no se limita exclusivamente al cumplimiento de un plano objetivo o temporal, lo cual por cierto no ha venido controvertido y el judicante de grado encontró satisfecho sino que, al mismo tiempo, convergen otras variables de interés a considerar las cuales, armónicamente apreciadas, no permiten a este cuerpo, de momento, asumir que el condenado haya alcanzado un proceso de reinserción social con el grado de exigencia que el beneficio reclama.
Pues, como se ha dicho en más de una oportunidad, el acceso a la libertad reclamada encuentra su razón en la medida en que concurran todas las condiciones que permitan vislumbrar que el individuo, merced a las aptitudes y herramientas que haya adquirido -tratamiento mediante-, pueda desenvolverse en el medio libre conforme a las más elementales pautas comúnmente aceptadas, de modo tal de atenuar al máximo nuevos compromisos con la ley sustantiva.
En esa inteligencia, entendemos que los logros alcanzados en su proceso de resocialización en curso no se revelan, de momento, suficientemente consolidados para acordar su egreso anticipado al medio libre, sin antes poder evaluarlo de modo multidisciplinario en ese estadio abierto que le fuera concedido recientemente por conducto de la resolución atacada, que aquél es capaz de incorporar, desarrollar y sostener integralmente mecanismos de autocontrol aún dentro de ciertos límites que impone la autoridad, así como su noción de responsabilidad.
Así las cosas, expuso el Excmo. Tribunal de Casación Penal bonaerense que "... Previo a concederse al interno la posibilidad de cumplir la pena en libertad resulta conveniente que transite por las distintas etapas que ofrece el Servicio Penitenciario dentro del régimen de la ejecución de la pena, conforme al principio de progresividad, para tener una evaluación mas precisa de su comportamiento a medida que accede a espacios de mayor autogestión donde se le otorguen las herramientas que le servirán para desenvolverse en sociedad facilitándosele la reinserción ..." (TCPBA, Sala V; Cn° LP 77827 492; Carátula: C. ,J. A. s/ Habeas Corpus; Sentencia de fecha 05/07/2016).
Pues vale recordar que los regímenes concebidos por la ley 12.256 resultan de utilización alternativa y no necesariamente secuencial (es decir que la secuencialidad no se encuentra excluida por la norma, sino todo lo contrario), debe orientarse cardinalmente hacia la más adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia, tratamiento y control, donde resulta imperativo tener presente el fin último de la normativa precitada.
En ese orden de ideas, sostenemos que aún no se encuentran dadas las condiciones para proceder a la soltura anticipada del justiciable, y estimamos conducente, por el contrario, que quien nos convoca pueda profundizar, dentro del estamento autogestivo al que incipientemente accedió, aquellos dispositivos de tratamiento necesarios en miras a capitalizar y apuntalar esas herramientas que hasta el momento ha adquirido a lo largo de su vida intramuros de cara a su más óptimo posicionamiento.
Es que, en la especie, no pueden dejar de tomarse recaudos especiales teniendo en cuenta los conflictos pretéritos del interno con la justicia por los que ha sido sancionado en el pasado, sin que tal conminación haya producido un cambio positivo en la conducta del sujeto frente a la ley, quien ha vuelto a transitar la senda delictiva.
Esto denota, a nuestro entender, que el tratamiento penitenciario debe ser sumamente cauteloso, evitando así exponer al condenado a situaciones para las cuales aún no ha dado muestras de estar preparado, ello -reiteramos- con el norte de impedir que el fin de prevención especial positiva de la pena se convierta en letra muerta.
En función de las consideraciones apuntadas, los aspectos positivos reseñados por la defensa para viabilizar su reclamo, de momento, no logran posicionarse por encima de los referidos señalamientos, razón que nos lleva a coincidir con el temperamento adoptado en el particular.
Ergo, como fuese anticipado, corresponde confirmar la decisión jurisdiccional puesta en crisis, en cuanto se denegó la libertad condicional del penado, por los fundamentos que han sido desarrollados (Rigen los arts. 13 del Código Penal, 4, 6 y ccdtes. de la ley 12.256 y sus modificatorias).
POR ELLO , fundamentos vertidos y citas legales invocadas esta Sala II de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, RESUELVE:
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a con fecha 23 de octubre del año en curso por la señora defensora oficial que asiste técnicamente a Marcelo Alejandro Challhoub, doctora Sandra Marcos González (Rigen los arts. 421, 439, 441, 442 y 498 del CPP).
II. CONFIRMAR la apelada resolución de fecha 21 de octubre del año en curso por cuyo conducto se dispuso -en lo que aquí interesa- denegar la libertad condicional a Marcelo Alejandro Challhoub (Rige el art. 13 del Código Penal y los arts. 4 y 101 de la ley 12.256 y sus modificatorias).
Regístrese, notifíquese a las partes técnicas y remítase en carácter de devolución al Juzgado de origen, delegando en éste la notificación del penado. Sirva el presente de muy atenta nota de remisión.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: NUÑEZ LUDUEÑA Leandro Tomás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1483-2026
Fin de la sentencia