Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala III · Causa 27206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar la medida cautelar dictada por la Dra. Karina Andrea De Luca, en cuanto establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto y cese de hostigamiento del joven KGA respecto del menor víctima FDG, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp-
II. Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental a fin de que proceda a celebrar la audiencia prevista en el artículo 42 de la ley n° 13.634 y, una vez sustanciado dicho acto, reevalúe la procedencia de la medida cautelar solicitada y la necesidad de fijar un plazo explícitamente determinado de duración para la misma.
L.D Causa n° 27.206
Se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces integrantes de esta Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón, Dres. Sandra Claudia Mingolo, Adolfo Eduardo Naldini y Elisabet Miriam Fernández, a fin de resolver en la causa n° 27.206 caratulada " KGA s/ incidente de apelación -medida cautelar- " (IPP n° 10-01-007952-26/00 proveniente del Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental) y, practicado que fue el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Fernández - Mingolo - Naldini .
I. Con fecha 8 de octubre de 2026, la señora jueza titular del Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental, Dra. Karina Andrea De Luca, resolvió ordenar en carácter de medida cautelar la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto y cese de hostigamiento del joven KGA respecto del menor víctima FDG, hasta tanto desaparezcan las condiciones que motivaron la presente medida, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp- en relación al nombrado, ello por el término de duración del presente proceso (arts. 83 inc. 6 y ccdtes. del C.P.P; arts. 1, 7 y ccdtes. de la ley 15.232 y artículo 7 de la ley 27.801).
II. Contra dicho resolutorio, el defensor oficial de A, el Dr. Jorge Villalba, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. Sostuvo que la ausencia de un plazo cierto y determinado para dicha cautela causa al imputado un gravamen irreparable, y que una medida indeterminada en el tiempo desnaturaliza su función cautelar y se transforma en sanción o restricción de los derechos de carácter indeterminado, afectando el principio de legalidad.
Además, manifestó que se dictó la medida en ausencia de audiencia con el joven imputado, a contrario de lo normado en el art. 42 de la ley 13.634, privándolo de su derecho de ser oído.
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al recurso de reposición interpuesto, revocándose por contrario imperio la resolución cuestionada, fijándose la audiencia prevista por la ley, y para el caso de rechazarlo, se eleve el recurso de apelación deducido en subsidio.
III. Ahora bien, el 21 de octubre de 2026, la magistrada de origen no hizo lugar al recurso de reposición. Para así resolver, sostuvo que al tiempo de resolver dicidió imponer la medida de prohibición de contacto mientras dure el presente proceso penal, razón por la cual no se extenderá más allá del plazo previsto en el ordenamiento legal en el art. 282 del C.P.P, por lo que esta interpretación permite que el encausado conozca acabadamente la prohibición y el período durante el cual deberá cumplirla.
Respecto de no haberse cumplido con lo previsto en el art. 42 de la ley 13.634, indicó que la defensa equivoca el camino ya que la decisión recurrida no se ha fundado en la normativa referida, y que al tiempo de requerir el dictado de la medida coercitiva el Sr. Agente Fiscal no ha ofrecido cita legal alguna, pero que, teniendo en cuenta la premura con la que debe resolverse este tipo de cuestiones, dio tratamiento a la petición y para ello se basó en el art. 7 inc. A -IV- de la ley 15.232, por lo que consideró que la medida atacada no requiere la celebración de una audiencia para analizar su procedencia.
En conclusión, en contraposición con las medidas cautelares o de coerción que podrá imponerse sobre el menor imputado, previstas en el artículo 42 y ccdtes. de la ley 13.634, cuya naturaleza fundamental radica en asegurar los fines del proceso penal -como evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación-, las medidas previstas en el artículo 83 inciso 6° del C.P.P. tienen como fin proteger a los sujetos vulnerables del proceso penal. Por lo tanto, las medidas de protección dictadas a favor de la víctima encuentran sustento legal en el artículo 83 inciso 6° del C.P.P., en concordancia con los arts. 1, 7 y ccdtes. de la ley 15.232 y art. 7 de la ley 27.801, esto es, el compendio normativo existente en materia de protección a las víctimas.
Por otro lado, concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la defensa, y elevó las actuaciones a esta Sala.
Así las cosas, el tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
1ra. ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?
2da. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la señora jueza, Dra. Elisabet Miriam Fernández, dijo:
I. Analizadas las constancias incorporadas al legajo, considero que la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho.
Cabe señalar que la presente investigación se inició a partir de que el día 24 de septiembre del corriente año, personal policial intervino luego de observar a FDG (13 años) tendido en la vía pública con una contusión facial tras haber sido agredido físicamente por KGA (17 años), quien fue interceptado a pocos metros junto a su hermana menor (13 años); esta última manifestó que la confrontación se desencadenó porque el agredido la acosaba y hostigaba desde hacía meses en la escuela y por redes sociales, motivo por el cual su hermano intervino al cruzárselo en la calle. Asimismo, se requirió asistencia médica en el lugar para la víctima -quien no precisó traslado hospitalario-.
Además, surge que, al día siguiente, la madre del joven víctima de autos -FDG- se presentó en sede fiscal y solicitó una medida cautelar en favor de su hijo, indicando que temía por la integridad física de su él ya que ambos concurren al mismo establecimiento educativo y el imputado practica boxeo.
En virtud de ello, el Sr. Agente Fiscal, solicitó que se dicte una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento del joven KGA, respecto del menor víctima FDG, hasta tanto desaparezcan las condiciones que motivaron la presente medida, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp- y debiéndose fijar el perímetro y el término de duración, sin afectar la escolaridad de los mismos.
Cabe destacar que dicha investigación se encuentra actualmente en curso.
II. En primer lugar, corresponde señalar que la naturaleza de la medida dispuesta y las circunstancias que rodearon su dictado permiten comprender la premura con la que debió intervenir la magistrada de grado. Ello en tanto que, de las constancias reseñadas, se advierte que la medida fue adoptada a partir de un episodio de violencia física. A lo señalado se agrega la preocupación manifestada por la progenitora de la víctima respecto de la posibilidad de que tales situaciones se reiteren, teniendo en consideración que ambos jóvenes concurren al mismo establecimiento educativo.
En ese contexto, entiendo que la decisión de la a quo de ordenar una medida de protección con carácter urgente encuentra justificación en la necesidad de evitar nuevos episodios de violencia y resguardar la integridad física y psíquica de la víctima.
Por ello, entiendo que corresponde confirmar la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantías del Joven n° 3, en cuanto establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto y cese de hostigamiento del joven KGA respecto del menor víctima FDG, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp-.
III. Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que, si bien el artículo 7°, inciso A -IV- de la ley 15.232 consagra la facultad de la víctima de solicitar medidas de protección destinadas a garantizar su integridad física, la de su grupo familiar y la de los testigos, lo cierto es que la cautela aquí solicitada se encuentra específicamente reglamentada en el artículo 42 de la ley 13.634.
Ahora bien, dicha disposición, al tiempo que habilita al órgano jurisdiccional a imponer determinadas medidas cautelares respecto del joven imputado, supedita expresamente su dictado a la sustanciación de una audiencia previa ante el Juez de Garantías del Joven.
En consecuencia, y atento a que en autos no se ha dado cumplimiento a dicho recaudo procesal previo, entiendo que corresponde devolver los presentes actuados a la instancia de origen a fin de que se efectivice la audiencia prevista en el art. 42 de la ley 13.634 y, una vez celebrada, se reevalúe la procedencia y la necesidad de fijar un plazo explícitamente determinado para la medida requerida.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión, la señora jueza, Dra. Sandra Claudia Mingolo, dijo que:
Por los fundamentos expuestos por la Dra. Fernández, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
A la misma primera cuestión, el señor juez, Dr. Adolfo Eduardo Naldini, dijo que:
Por los fundamentos expuestos por la Dra. Fernández, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
A la segunda cuestión, la señora juez, Dra. Elisabet Miriam Fernández, dijo:
Conforme al resultado que arrojó la votación de la cuestión precedente, corresponde: I. Confirmar la medida cautelar dictada por la Dra. Karina Andre de Luca, en cuanto establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto y cese de hostigamiento del joven KGA respecto del menor víctima FDG, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp-; II. Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental a fin de que proceda a celebrar la audiencia prevista en el artículo 42 de la ley n° 13.634 y, una vez sustanciado dicho acto, reevalúe la procedencia de la medida cautelar solicitada y la necesidad de fijar un plazo explícitamente determinado de duración para la misma.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión, la señora jueza, Dra. Sandra Claudia Mingolo, dijo que:
Por los fundamentos expuestos por la Dra. Fernández, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
A la misma segunda cuestión, el señor juez, Dr. Adolfo Eduardo Naldini, dijo que:
Por los fundamentos expuestos por la Dra. Fernández, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
Acto seguido, en mérito al resultado de la votación de las cuestiones precedentes, el tribunal decide dictar la siguiente:
I. Confirmar la medida cautelar dictada por la Dra. Karina Andrea De Luca, en cuanto establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto y cese de hostigamiento del joven KGA respecto del menor víctima FDG, debiendo cesar con todo acto de perturbación, de intimidación, de comunicación por cualquier medio -teléfono, redes sociales y/o whatsapp-
II. Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental a fin de que proceda a celebrar la audiencia prevista en el artículo 42 de la ley n° 13.634 y, una vez sustanciado dicho acto, reevalúe la procedencia de la medida cautelar solicitada y la necesidad de fijar un plazo explícitamente determinado de duración para la misma.
Regístrese, notifíquese y hágase saber al Juzgado de Garantías del Joven n° 3 Departamental.
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ Elisabet Miriam - JUEZ
Funcionario firmante: MINGOLO Sandra Claudia - JUEZ
Funcionario firmante: NALDINI Adolfo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: PICERNO Ana Laura - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1199-2026
Fin de la sentencia