Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20410
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto el día 7 de octubre de 2026 por la señora defensora de confianza del imputado, doctora Andrea Yanet Vanina Cabanillas (Rigen los arts. 337, 421, 439 primer párrafo, 441 y 442 del CPP).
II. Confirmar , en cuanto ha sido materia de agravio, el pronunciamiento por medio del cual el señor juez titular del Juzgado de Garantías n° 2 de este circuito resolvió, el día 5 de octubre de 2026 y en lo que interesa a la presente, no hacer lugar ni al pedido de nulidad ni al de exclusión probatoria de las declaraciones testimoniales de los oficiales Santiago Inchauspe y Emiliano Montenegro, ni al sobreseimiento de Juan Pablo Bruno solicitados por la defensa y, como consecuencia, dispuso la elevación a juicio de la actuaciones seguidas al nombrado tras considerarlo probable autor del delito de falsa denuncia (Rigen los arts. 18 de la Constitución Nacional; 45 y 245 del Código Penal; 209, 210, 211, 323 inciso cuarto, 434 y ccdtes. del CPP).
III. Rechazar , por anticipada, la reserva de ocurrir por ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense intentada por la defensa técnica (Rige el art. 451 " a contrario sensu " del CPP).
IV. Tener presente la reserva del caso federal impetrada por la defensa técnica (Rige el art. 14 de la ley 48).
(Ref. I.P.P. N° 05-00-043390-25/00)
-A C U E R D O-
Se reúnen en acuerdo los señores jueces integrantes de la Sala II de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, doctores Jorge Fabián Van Staden, Sebastián Hernán Carreira Ochoa y Félix Adolfo Lamas, a fin de dictar resolución en ésta Causa N° 20410 caratulada "BRUNO, Juan Pablo S/ INCIDENTE DE APELACIÓN DE NULIDAD, EXCLUSIÓN PROBATORIA, SOBRESEIMIENTO Y ELEVACIÓN A JUICIO" y practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: doctores LAMAS - VAN STADEN - CARREIRA OCHOA.
-A N T E C E D E N T E S-
I. El señor juez titular del Juzgado de Garantías n° 2 de este circuito resolvió, el día 5 de octubre de 2026 y en lo que interesa a la presente, no hacer lugar ni al pedido de nulidad ni al de exclusión probatoria de las declaraciones testimoniales de los oficiales Santiago Inchauspe y Emiliano Montenegro, ni al sobreseimiento de Juan Pablo Bruno solicitados por la defensa y, como consecuencia, dispuso la elevación a juicio de la actuaciones seguidas al nombrado tras considerarlo probable autor del delito de falsa denuncia (arts. 45 y 245 del Código Penal).
II. Contra tal pronunciamiento, se alza la defensa técnica del imputado, encabezada por la doctora Andrea Yanet Vanina Cabanillas, mediante el recurso de apelación interpuesto con fecha 7 de octubre del corriente.
A fin de justificar su disenso, la recurrente expone -en lo sustancial- que la manifestación que se pretende utilizar en contra de su pupilo (" el auto lo hice desaparecer para cobrar el seguro porque se fundió ") no aparece desvinculada de una investigación penal, sino inserta en una pesquisa que ya se encontraba encaminada a determinar si el propio denunciante había simulado el delito que había denunciado.
En relación a ello, expone que l a " garantía constitucional de no autoincriminación " no puede ser neutralizada mediante una simple modificación nominal del rol procesal de la persona investigada y que se trata de " una manifestación que los funcionarios policiales dicen haber obtenido durante una diligencia investigativa, sin intervención de abogado defensor y sin que exista un registro audiovisual o documental independiente que permita verificar objetivamente su contenido y las condiciones en que habría sido pronunciada ".
Refiere que no existe un elemento externo e independiente que permita verificar con certeza el contenido exacto de la supuesta manifestación y discrepa con que ello pueda ocurrir mediante la valoración de los testimonios cuya fulminación pretende.
Además, estima que ninguno de los elementos que fueron considerados por el magistrado como "independientes" permite reemplazar la prueba concreta de que Bruno fue quien deliberadamente realizó una denuncia falsa con conocimiento de la falsedad de los hechos denunciados.
Agrega a ello que la falta de hallazgo de determinados elementos o la ausencia de corroboración de los hechos de la denuncia no constituye automáticamente prueba afirmativa de que el ciudadano "haya inventado" el hecho.
Por otro lado, argumenta que la hipótesis de la acusación necesita ser demostrada y que, por el contrario, no puede ser construida exclusivamente a partir de la ausencia de confirmación de la hipótesis defensiva. Considera relevante determinar, al efecto y en la medida en que ello resulte posible, qué ocurrió con el vehículo, cuál fue su destino y cuál era efectivamente su estado mecánico.
También acompaña la denuncia que formuló su pupilo contra los aludidos agentes del orden y asevera que su existencia " constituye una circunstancia procesal objetivamente relevante porque la credibilidad de los funcionarios involucrados incide directamente sobre la principal fuente de conocimiento de la supuesta autoincriminación atribuida a Bruno ".
Expresa que la abstención de declarar es un derecho y no puede transformarse en una fuente subsidiaria de prueba de cargo y que, si los elementos objetivos incorporados a la causa no permiten demostrar que Bruno realizó una denuncia deliberadamente falsa, esa insuficiencia no puede ser subsanada mediante la consideración de que el propio imputado no explicó los hechos de una determinada manera.
Por ello, entiende que debe declararse la ineficacia de la prueba obtenida y los elementos que tengan como fuente directa esa manifestación. Y tras ello, corresponde -a su juicio- hacer lugar al pedido de sobreseimiento de su representado con fundamento en el art. 323 inc. 4 del CPP a la luz de la insuficiencia del resto del caudal probatorio.
Por último, formula protesta de recurrir en casación y del caso federal.
III. De tal suerte, y dado que la incidencia se encuentra en estado de ser resuelta, el tribunal decidió plantear y tratar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª) ¿Es formalmente admisible el recurso intentado?
2ª) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A la primera cuestión , el señor Juez doctor Félix Adolfo Lamas dijo:
Quien comanda la defensa técnica del justiciable se encuentra legitimada para impugnar el auto cuestionado y ha observado las condiciones de tiempo y forma previstas por la normativa correspondiente para la articulación del remedio procurado. Por ende y toda vez que la resolución atacada resulta impugnable mediante la vía escogida, el recurso impetrado deviene formalmente admisible.
Consecuentemente, doy mi sufragio a la cuestión por la afirmativa (arts. 337, 421, 439 primer párrafo, 441 y 442 del CPP).
Así lo voto.
A la misma primera cuestión , el señor Juez doctor Jorge Fabián Van Staden dijo:
Coincido con lo expuesto por el distinguido Colega preopinante, en función de los mismos fundamentos, motivo por el que doy mi voto a esta cuestión por la afirmativa (arts. 337, 421, 439 primer párrafo, 441 y 442 del CPP).
Así lo voto.
A la misma primera cuestión , el señor Juez doctor Sebastián Hernán Carreira Ochoa dijo:
Coincido con lo expuesto por el distinguido Colega preopinante, en función de los mismos fundamentos, motivo por el que doy mi voto a esta cuestión por la afirmativa (arts. 337, 421, 439 primer párrafo, 441 y 442 del CPP).
Así lo voto.
A la segunda cuestión , el señor Juez doctor Félix Adolfo Lamas dijo:
I. Como primera medida, cabe destacar que le viene siendo endilgada al imputado la presunta comisión del siguiente hecho: " el día 25 de agosto del 2025, siendo aproximadamente las 23:30 horas, el señor JUAN PABLO BRUNO se hizo presente ante las autoridades de la Seccional interventora de Villa Celina, Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires y radicó una denuncia penal falsa, por la sustracción de un automotor de su propiedad marca TOYOTA, modelo ETIOS, de color blanco, dominio colocado OWL319, del año 2015, MOTOR NRO. 2NRV285948, CHASIS NRO. 9BRB29BT9F2078703, que habría ocurrido ese mismo día y en el horario comprendido entre las 18:00 y 19:00 horas aproximadamente, dentro del playón de estacionamiento del centro comercial La Gran Dulce, sito en General Paz y Rivera de la localidad de Villa Celina; hecho que en realidad no existió ". T al accionar fue calificado, en esta etapa preliminar, como constitutivo del delito de falsa denuncia (art. 245 del Código Penal).
Clarificado ello, anticipo que coincido con el temperamento adoptado por el juez de grado, ello toda vez que, en el caso, no se ha demostrado violación a norma constitucional alguna, pues más allá de las aseveraciones defensistas en cuanto alega que se habría conculcado la garantía de la prohibición de la autoincriminación compulsiva (art. 18 de nuestra ley fundamental), aquella se erige en una simple manifestación sin correlato en las circunstancias comprobadas del proceso.
En efecto, creo menester precisar que no deben confundirse las libres y espontáneas manifestaciones de una persona (por cierto, mayor de edad), con la prohibición constitucional impuesta a las autoridades de ejercer presión sobre un ciudadano para que se autoincrimine.
Es decir, lo que repugna a nuestra Constitución Nacional son aquellos supuestos en los que un sujeto realiza manifestaciones autoinculpatorias en virtud de algún tipo de coacción.
En línea con ello, se ha dicho que "... la mentada regla de exclusión probatoria -art. 211 C.P.P.- no debe ser entendida como de aplicación automática e irracional, sino que corresponde a los Juzgadores valorar las particularidades del caso en concreto y de acuerdo a los principios de la lógica y de la experiencia, determinar en el caso puntual si el elemento probatorio en cuestión ha sido obtenido con vulneración de alguna garantía constitucional ..." (TCPBA, Sala II, cn° 3036, CARATULA: "T.,T. s/ Recurso de casación", RSD-352-5, resuelta el 8-9-2005).
En el caso que nos convoca, no se advierte que los dichos del aludido hayan sido fruto del accionar de los agentes del orden sino todo lo contrario: el mismo concurrió a la comisaría el 25 de agosto de 2025 y denunció que su automóvil le había sido sustraído y, ante la falta de avance de la investigación, fue convocado nuevamente a fin de ratificar y/o aclarar algunos puntos. Y en ese contexto se produjo la manifestación que la defensa pretende excluir de valor probatorio.
A mayor claridad expositiva, entiendo que la información que proviene de la libre y espontánea deposición de una persona frente a las autoridades policiales no debe ser descartada en los casos en los cuales -como aquí acontece- de las piezas que lo documentan no surja -siquiera mínimamente- el despliegue de conductas tendientes a lograr la confesión del mencionado.
Al respecto, insisto, es imprescindible recordar que lo prohibido por nuestra carta magna es compeler a la persona física o espiritualmente a comunicar datos o elementos que la puedan incriminar, pero, por cierto, no se vulnera la garantía en cuestión, cuando aquella parte los aporta voluntariamente al proceso y sin que haya existido alguna maniobra de ese tenor.
En sintonía con tal concepto, se ha expresado que "... La garantía (del artículo 18 de la Constitución Nacional) no prohíbe la autoincriminación -de ser ello así, la confesión propiamente dicha estaría vedada por nuestro ordenamiento jurídico- sino únicamente la autoincriminación obligada ..." (TCPBA, Sala I, cn° LP 116691; Carátula: MIÑARRO ZARZA, ISIDRO JAVIER S/ RECURSO DE CASACION, 16/08/2022).
Por otro lado, considero que la falta de un "elemento independiente" a aquellos en los que fue volcada la manifestación en cuestión (acta de procedimiento junto con los testimonios de los dos policías que lo oyeron) no posee el efecto que pretende asignarle la apelante ya que es una consecuencia natural y esperable del contexto en el que el suceso tuvo lugar.
Por cierto que el solo hecho de denunciar a los policías que declararon, bajo juramento, haber escuchado la frase autoincriminatoria y, sobre todo, el hacerlo con posterioridad a que brinden su testimonio, no agrega ni quita absolutamente nada a la credibilidad de los agentes del orden en cuestión.
Por todo ello, entiendo que la exclusión probatoria solicitada por la defensa técnica no puede llegar a buen puerto, al no avizorarse comprometida ninguna garantía contenida en nuestro bloque de constitucionalidad en el marco de la actividad documentada en las piezas en cuestión (arts. 18 de la Constitución Nacional, 209, 210, 211 y ccdtes. del CPP).
Además, no puedo dejar de observar que el pedido de sobreseimiento formulado por la apelante tenía como condición ineludible el éxito de las fulminaciones ya analizadas ya que su único fundamento reposaba en el valor de convicción de los "restantes elementos". Por ello y dado el modo en que propongo resolver las exclusiones probatorias en cuestión, considero que aquella petición debe ser rechazada de plano (art. 323 inciso cuarto del CPP).
Por último, propongo rechazar, por anticipada, la reserva de casación a la luz de lo mandado por el art. 451 del CPP y tener presente la del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión , el señor Juez doctor Jorge Fabián Van Staden, dijo:
Comparto plenamente los fundamentos expresados en el sufragio emitido por el colega que lleva la voz cantante y a la solución propuesta por aquel para el caso concreto, por ser ello fruto de mi sincera y razonada convicción (arts. 18 de la Constitución Nacional; 45 y 245 del Código Penal; 209, 210, 211, 323 inciso cuarto, 434, 451 y ccdtes. del CPP y 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión , el señor Juez doctor Sebastián Hernán Carreira Ochoa, dijo:
Adhiero a los fundamentos expresados en el sufragio emitido por el colega que lleva la voz cantante y a la solución propuesta por aquel para el caso concreto, por ser ello mi sincera y razonada convicción (arts. 18 de la Constitución Nacional; 45 y 245 del Código Penal; 209, 210, 211, 323 inciso cuarto, 434, 451 y ccdtes. del CPP y 14 de la ley 48).
Así lo voto.
Con lo que se dio por concluido el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-R E S O L U C I O N-
En mérito a como han quedado decididas las cuestiones sometidas a tratamiento, fundamentos y disposiciones legales citadas, esta Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, RESUELVE :
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto el día 7 de octubre de 2026 por la señora defensora de confianza del imputado, doctora Andrea Yanet Vanina Cabanillas (Rigen los arts. 337, 421, 439 primer párrafo, 441 y 442 del CPP).
II. CONFIRMAR , en cuanto ha sido materia de agravio, el pronunciamiento por medio del cual el señor juez titular del Juzgado de Garantías n° 2 de este circuito resolvió, el día 5 de octubre de 2026 y en lo que interesa a la presente, no hacer lugar ni al pedido de nulidad ni al de exclusión probatoria de las declaraciones testimoniales de los oficiales Santiago Inchauspe y Emiliano Montenegro, ni al sobreseimiento de Juan Pablo Bruno solicitados por la defensa y, como consecuencia, dispuso la elevación a juicio de la actuaciones seguidas al nombrado tras considerarlo probable autor del delito de falsa denuncia (Rigen los arts. 18 de la Constitución Nacional; 45 y 245 del Código Penal; 209, 210, 211, 323 inciso cuarto, 434 y ccdtes. del CPP).
III. RECHAZAR , por anticipada, la reserva de ocurrir por ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense intentada por la defensa técnica (Rige el art. 451 " a contrario sensu " del CPP).
IV. TENER PRESENTE la reserva del caso federal impetrada por la defensa técnica (Rige el art. 14 de la ley 48).
Regístrese, notifíquese a las partes técnicas y devuélvase al juzgado de origen, donde queda delegada la notificación del justiciable. Sirva el presente de atenta nota de remisión.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: NUÑEZ LUDUEÑA Leandro Tomás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1485-2026
Fin de la sentencia