Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20457
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto el 25 de octubre de 2026 por la señora defensora particular de A. G. R., doctora Leticia Acosta Saucedo (Rigen los arts. 164, 421, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Confirmar , en cuanto ha sido materia de agravio, la recurrida resolución dictada el día 19 de octubre del corriente mediante la cual la señor magistrada de la Instancia anterior dispuso convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo A. G. R., tras considerarlo probable autor de los injustos constitutivos de lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género en concurso real con abuso sexual (rigen los artículos 45, 55, 89, 92 en función del 80 incisos 1 y 11 y 119 primer párrafo del CP; 146, 148, 157 y cc. del CPP).
Causa Nº 20457 "R., A. G.
s/ Incidente de apelación a la prisión preventiva"
(Ref. I.P.P. N° 05-00-048397-26/00)
Los de la presente incidencia, para resolver el recurso de apelación interpuesto el 25 de octubre de 2026 por la señora defensora particular de A. G. R., doctora Leticia Acosta Saucedo, contra la resolución dictada el día 19 del mismo mes y año, y;
I. Que arriban los presentes obrados a conocimiento de esta alzada en virtud de la vía recursiva impetrada por la defensa particular del encausado, contra el auto mediante el cual la señora magistrada de la instancia anterior dispuso -en esencia- convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el mencionado tras considerarlo probable autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (hecho I) y abuso sexual simple (hecho II), ambos enlazados en concurso real.
En primer término, es menester destacar que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir el resolutorio cuestionado y ha observado las condiciones de tiempo y forma previstas por la normativa correspondiente. Y toda vez que el interlocutorio controvertido resulta cuestionable por conducto de la vía procesal escogida, el remedio articulado deviene formalmente admisible (cfr. arts. 164, 421, 439, 441 y 442 del CPP).
II. En aras de fundar su disconformidad con la resolución recurrida, la defensa expone -en síntesis- que su asistido niega haber cometido los hechos que se le atribuyen, tanto en lo relativo a las lesiones como al abuso sexual.
En relación con el primer hecho, refiere que, si bien su pupilo mantenía una relación de concubinato con la denunciante, al momento de los acontecimientos se encontraban separados como pareja, aunque continuaban conviviendo por razones económicas. Sostiene que, pese a haber existido una discusión, su defendido no ejerció ningún tipo de agresión, por lo que solicita la realización de peritajes psicológicos a las partes y a los menores.
Respecto del segundo hecho, afirma que la imputación resulta falsa y señala que cuenta con diversos testigos que compartieron detención con el denunciante y que podrían respaldar la versión de su asistido.
Por otro lado, cuestiona la existencia de riesgos procesales y destaca que su defendido carece de antecedentes penales, posee domicilio fijo, arraigo familiar y hábitos laborales comprobables.
Añade que su pupilo nunca intentó sustraerse del accionar de la justicia, toda vez que permaneció en el domicilio donde posteriormente fue detenido, y que tampoco existe riesgo de entorpecimiento probatorio atento al estado avanzado de la investigación.
Asimismo, sostiene que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y de última ratio, que no puede operar como una pena anticipada, por lo que considera que los fines del proceso pueden garantizarse mediante medidas menos gravosas.
Por ello, solicita la revocación del auto en crisis y la inmediata libertad de su asistido o bien la aplicación de una alternativa al encierro.
III. Así las cosas, adelantaremos que la decisión adoptada por la señora jueza de la instancia previa aparece como atinada, lo cual sellará la suerte adversa del remedio que nos ocupa.
Bajo tal premisa y en primer lugar, es menester rememorar que la magistrada de grado, al disponer la medida cuya revisión nos ocupa, tuvo por acreditado -con la precariedad arquetípica de la etapa procesal transitada- "... hecho I: que el día 18 de septiembre del 2026 siendo alrededor de las 22.00 hs. en la vivienda ubicada en P. N° 2319 de la localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Bs. As.; un sujeto masculino lesionó a su ex pareja, a quien le propinó un cabezazo en el rostro provocándole traumatismo nasal consistente en una fractura de tabique de nariz. Hecho II: El día 26 de septiembre de 2026, entre las 02:00 y las 03:00 horas aproximadamente, en la celda Nº 4 del calabozo perteneciente a la dependencia policial de Los Pinos, sita en Carabobo 4889, de la localidad de Villa Luzuriaga, Pdo. de la Matanza, Pcia. de Buenos Aires, un sujeto masculino tomó intempestivamente desde atrás a M. C. B. y, pese a la resistencia opuesta por éste, introdujo su mano por debajo del pantalón de M. C. B., efectuándole tocamientos en la zona de los glúteos. Seguidamente, tomó la mano derecha de M. C. B. y la condujo hacia su propio pene, obligándolo a efectuarle tocamientos en dicha zona, todo ello contra su voluntad, sin que pudiera consentir libremente la acción. ..".
IV. Así posicionados, nos adentraremos a dar respuesta a los cuestionamientos introducidos por la defensa particular del encausado.
En primer lugar, cuadra precisar que la recurrente expresó -en lo sustancial- que no existen pruebas que permitan sostener la existencia de ninguno de los sucesos ni la autoría de su pupilo en aquellos.
Sin dejar de destacar que aquellas aseveraciones no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos expresados por la jueza de grado para arribar a la acreditación de aquel tópico, cabe anticipar que no compartimos la postura defensista.
En esa inteligencia y en relación con el primero de los sucesos que se le achacan, es ineludible precisar que, de la denuncia formulada el día 19 de septiembre de 2026, surge que la damnificada relató los episodios de hostigamiento que habría padecido durante la relación y, particularmente, que el día anterior, luego de una discusión originada por la negativa a mantener intimidad con el aquí imputado, este le habría propinado un cabezazo en la zona de la nariz, provocándole un importante sangrado.
En el mismo sentido, corresponde ponderar la declaración testimonial prestada en sede fiscal el día 22 de septiembre de 2026, oportunidad en la que la víctima ratificó sus dichos y brindó mayores precisiones sobre la secuencia del episodio. Así, refirió que el imputado intentó expulsarla de la vivienda mediante empujones y que, luego de reingresar al inmueble, decidió resguardarse en la planta alta junto a sus hijos menores, aunque aquel continuó hostigándola. Agregó que, al intentar detenerlo mediante un empujón, recibió un cabezazo a la altura de la nariz que le provocó un sangrado profuso. Asimismo, señaló que requirió asistencia al sistema de emergencias 911 y que, posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde le informaron que presentaba una fractura de tabique nasal.
Sumamos a ello el contenido de los audios y las comunicaciones efectuadas al sistema de emergencias 911, tanto por la propia damnificada como por vecinos del lugar, que permiten reconstruir las circunstancias del episodio, el contexto de violencia desplegado y el estado de conmoción de aquella, así como la necesidad de requerir asistencia policial inmediata. Es decir, existen constancias que permiten sostener que terceros ajenos al conflicto dieron avisos a las autoridades por haber escuchado gritos que parecerían, según explicaron, provenir de una pelea.
A su vez, se cuenta con el informe elaborado por el cuerpo médico departamental, del que surge que la damnificada presentaba diversas equimosis en distintas regiones del cuerpo, cuyas características resultaban compatibles con lesiones de carácter leve, con una evolución inferior a treinta días. Cabe precisar que el profesional aclaró que, ante la ausencia de documentación respaldatoria, no resultaba posible constatar la existencia de una fractura de los huesos propios de la nariz.
En esa inteligencia, consideramos que los relatos de la víctima respecto del hecho que habría padecido resultaron contestes entre sí, detallados, contundentes y precisos tanto respecto de los pormenores que lo rodearon como de la identidad de su agresor.
Sumamos a ello que las restantes pruebas colectadas no hacen más que robustecer la versión de la damnificada ya que, más allá de que el suceso habría ocurrido en un ámbito de intimidad (no había otras personas en el escenario), las restantes probanzas corroboraron la existencia de gritos que serían compatibles con lo relatado.
En definitiva, consideramos que los agravios arrimados por la apelante que se vinculan con la existencia del suceso que se le achaca a su ahijado procesal, no pueden llegar a buen puerto (arts. 157 inciso primero, 209, 210 y ccdtes. del CPP).
Por otra parte, en relación con el segundo suceso, corresponde señalar que, de la denuncia formulada el día 26 de septiembre de 2026, surge que el damnificado manifestó que, mientras se encontraba alojado en la celda N.º 4 de la dependencia policial de Los Pinos, compartiendo el espacio con otros tres detenidos, se despertó al sentir que una mano le efectuaba tocamientos en la zona de los glúteos por debajo del pantalón. Refirió que, al darse vuelta, pudo advertir que se trataba de uno de sus compañeros de celda, quien le manifestó: "No tengas miedo, yo soy nuevo, me llamo A.". Seguidamente, relató que el imputado comenzó a masturbarse y le tomó fuertemente la mano derecha, dirigiéndola hacia su miembro y obligándolo a efectuarle tocamientos. Agregó que, al advertir lo sucedido, intentó alertar a los restantes ocupantes de la celda mediante movimientos, aunque ninguno logró advertir la situación. Finalmente, consiguió apartarse del imputado y dirigirse al baño, donde observó que tenía la mano mojada, por lo que procedió a lavársela.
Posteriormente, en sede fiscal, mediante declaración testimonial prestada el día 30 de septiembre de 2026, el damnificado ratificó sus dichos y brindó mayores precisiones acerca de los pormenores que habrían rodeado el episodio. En tal oportunidad, explicó que, debido a la diferencia de contextura física con el imputado, no pudo resistirse inicialmente, aunque intentó alertar a sus compañeros de celda mediante movimientos y empujones. Añadió que, al advertir que uno de los detenidos se levantaba, el imputado cesó su accionar, circunstancia que le permitió apartarse y dirigirse al baño. Asimismo, manifestó que inicialmente guardó silencio por vergüenza y temor a las consecuencias que pudiera tener denunciar lo sucedido dentro del ámbito de detención, aunque finalmente decidió comunicarlo a las autoridades, dado el malestar emocional que experimentaba y las dificultades para conciliar el sueño.
Sumamos a ello el informe victimológico elaborado por una profesional del Centro de Asistencia a la Víctima departamental, quien mantuvo una entrevista semiestructurada con el damnificado. Allí se dejó constancia de que este refirió haber sido víctima de violencia sexual por parte de un compañero de celda, manifestando sentir vergüenza al relatar lo sucedido y temor a que la situación se repitiera. Asimismo, la profesional consignó que, durante el encuentro, presentó notorios signos de angustia y que espontáneamente manifestó que lo ocurrido había reavivado recuerdos traumáticos de su infancia, expresando que no podía dormir. Finalmente, sugirió la realización de una evaluación integral y su incorporación a un espacio de asistencia psicológica.
En función de lo hasta aquí expresado, entendemos que los cuestionamientos introducidos por la recurrente vinculados -en rigor- con la existencia del hecho que se le imputa a su defendido, no pueden prosperar (arts. 157 inciso primero, 209, 210 y ccdtes. del CPP).
En segundo lugar, nos abocaremos a la procedencia de la medida de coerción, restante tópico que viene siendo controvertido por la apelante (art. 157 inciso cuarto del Código Procesal Penal bonaerense).
Así posicionados y en línea con lo ponderado por la jueza de grado, resulta imprescindible destacar el vínculo preexistente entre el imputado y la damnificada del "Hecho I", quienes, pese a encontrarse separados como pareja al momento de la presunta ocurrencia del suceso en vilo, continuaban conviviendo bajo el mismo techo. En efecto, de las constancias incorporadas surge que la relación se encontraba atravesada por situaciones de hostigamiento y conflictos vinculados con la negativa de aquella a retomar el vínculo afectivo y mantener intimidad con el encausado.
En ese contexto, no puede soslayarse la posibilidad de que el imputado ejerza influencia sobre la damnificada y sobre los eventuales testigos pertenecientes a su entorno familiar, a fin de que se comporten de manera desleal o reticente para con el proceso (art. 148 tercer párrafo incisos segundo y tercero del CPP).
A ello cabe añadir las comunicaciones efectuadas al sistema de emergencias 911 por vecinos del lugar -que ya hemos destacado-, quienes habrían requerido asistencia policial ante la situación de violencia suscitada en el domicilio. Tales circunstancias permiten advertir no solo la entidad del episodio denunciado, sino también el contexto en el que se habría desarrollado y la eventual incidencia que el encausado podría ejercer sobre quienes deban aportar información para el esclarecimiento de los hechos (art. 148, tercer párrafo, inciso segundo, del CPP).
En otro orden de ideas, no puede pasarse por alto que uno de los hechos investigados se habría desarrollado en un contexto de violencia contra la mujer, circunstancia que debe ser analizada en consonancia con las obligaciones asumidas por nuestro país al adherir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632).
En tal sentido, el art. 7 de dicho instrumento internacional establece el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como de establecer procedimientos legales justos y eficaces para quien haya sido sometida a tales circunstancias, que incluyan medidas de protección y el acceso efectivo a la justicia.
En línea con lo expuesto, tampoco puede dejar de mencionarse lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que considera violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad o integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Por consiguiente, el análisis de los riesgos procesales no puede prescindir del contexto de violencia en el que se habría desarrollado el primero de los sucesos investigados.
Por otra parte, en relación con el hecho II, corresponde ponderar las particulares circunstancias en las que habría tenido lugar, esto es, dentro de una celda de una dependencia policial, mientras el imputado y el damnificado compartían el espacio de alojamiento con otros detenidos. En ese marco, deberá considerarse la eventual incidencia que el encausado podría ejercer sobre quienes compartieron dicho ámbito y pudieran aportar información relevante para la investigación, sin perjuicio de las medidas probatorias ya producidas y del estado actual de la pesquisa.
Todas las circunstancias señaladas, valoradas en su conjunto, permiten tener por configurado el peligro de entorpecimiento probatorio contemplado en el art. 148 del CPP, conforme lo ponderado por la magistrada de grado.
En cuanto a las condiciones personales invocadas por la defensa, relativas a la ausencia de antecedentes penales, el domicilio fijo, el arraigo familiar y los hábitos laborales, cabe señalar que, si bien constituyen circunstancias que deben ser ponderadas al momento de evaluar la procedencia de la medida cautelar, no resultan suficientes, por sí solas, para neutralizar los riesgos procesales que surgen de la valoración integral de las constancias de la causa.
Tampoco puede soslayarse que el ofrecimiento de una caución real de un millón de pesos ($1.000.000), así como la propuesta de efectuar presentaciones periódicas ante el tribunal, no aparecen como mecanismos idóneos para neutralizar el riesgo de entorpecimiento probatorio advertido, toda vez que tales medidas no impedirían, por sí mismas, eventuales influencias sobre las personas que deban intervenir en el proceso.
Finalmente, no se advierte que el razonamiento efectuado por la jueza de grado resulte arbitrario o carente de fundamentación, sino que, por el contrario, se sustenta en una valoración de las características de los hechos investigados, el contexto en que se habrían desarrollado y las circunstancias particulares del vínculo entre las partes.
Y dando respuesta a los argumentos de la apelante, mal puede afirmarse que la medida de coerción impuesta a su asistido se encuentre fundada exclusivamente en la gravedad de la imputación o en la pena en expectativa, toda vez que la magistrada ha ponderado, además, circunstancias concretas vinculadas con el posible entorpecimiento de la investigación.
Consecuentemente, se advierte en las presentes actuaciones la existencia de riesgos procesales, particularmente en la vertiente de entorpecimiento probatorio, cuya entidad no permite asegurar los fines del proceso mediante las medidas alternativas propuestas por la defensa. Por ende, la cautela dispuesta resulta proporcional al objeto tutelado y ajustada a derecho (arts. 144, 146, 148, 157 y 171 del CPP).
Ergo, por los argumentos expuestos y no advirtiéndose que a través del resolutorio impugnado se vulneren derechos o garantías de raigambre constitucional que resguardan al justiciable, corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de agravio.
POR ELLO , fundamentos vertidos y citas legales efectuadas, esta Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal,
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto el 25 de octubre de 2026 por la señora defensora particular de A. G. R., doctora Leticia Acosta Saucedo (Rigen los arts. 164, 421, 439, 441 y 442 del CPP).
II. CONFIRMAR , en cuanto ha sido materia de agravio, la recurrida resolución dictada el día 19 de octubre del corriente mediante la cual la señor magistrada de la Instancia anterior dispuso convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo A. G. R., tras considerarlo probable autor de los injustos constitutivos de lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género en concurso real con abuso sexual (rigen los artículos 45, 55, 89, 92 en función del 80 incisos 1 y 11 y 119 primer párrafo del CP; 146, 148, 157 y cc. del CPP).
Regístrese, notifíquese a las partes técnicas y devuélvase al juzgado de origen, en el cual queda delegada la notificación del imputado. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: NUÑEZ LUDUEÑA Leandro Tomás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1484-2026
Fin de la sentencia