Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa IAP1 15518 21
CN °: IAP1-15518-21.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. IAP1-15518-21 seguida a Omar Rodolfo Randone Fontana , por INCIDENTE DE APELACION ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas. Little.
Omar Rodolfo Randone Fontana fue condenado por la señora Juez a cargo del Juzgando en lo Correccional n°2 del departamento judicial Avellaneda- Lanús a la pena de once meses de prisión, más la declaración de reincidencia, y el pago de las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de desobediencia (arts. 45 y 239 del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por la señora defensora oficial del encartado, doctora Mariana Pagani, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Omar Rodolfo Randone Fontana, apela la sentencia que determina su responsabilidad en orden al delito de "desobediencia" y se lo condena a la pena de once meses de prisión, más su declaración de reincidencia y las costas del proceso.
Como primer motivo de agravio refiere que la intimación realizada a su defendido adolece de indeterminación, precisamente en la fecha de la supuesta desobediencia, al extenderse desde el mes de junio de 2021 hasta el 21 de mayo de 2022, siendo éste el período que coincide con la fecha en que se fijara el lapso de restricción de acercamiento y cese de hostigamiento, con la que la víctima realizara la última denuncia, pero sin especificar más allá de la acción típica "desobedecer", cual fue la conducta que su defendido habría llevado a cabo.
Entiende que ante tal imprecisión debió haber prevalecido el principio "in dubio pro reo" y desvincularse a su asistido del proceso.
En apoyo de su predica, trae a colación prestigiosa doctrina que promueve como ha de desarrollarse la imputación de un delito, denunciando que la realizada en autos carece de especificidad, lo que influye -dice- en poder realizar un adecuado derecho de defensa.
Ahora bien, el planteo que la defensa reedita en esta instancia, ha sido debidamente atendido por la sra. Juez que tuviera intervención en el debate, sin que los argumentos que la magistrada diera en aquel momento obtengan a esta altura una crítica puntal por la apelante, puesto que su disconformidad se limita a describir lo que considera ausente -descripción de una conducta- y aquello que debería contener una correcta imputación delictiva según los causes que al respecto nos ilustra con doctrina relativa al tema que nos ocupa.
He de señalar, que del material acopiado y la intimación formal realizada al incuso -congruente a lo largo del proceso-, no puede concebirse acabadamente aquello que la defensa dice haber obstaculizado un correcto ejercicio de su defensa, pues no obstante haber hecho uso de su derecho a declarar, nada indicaría que Randone arribó a la conclusión del contradictorio desconociendo lo que finalmente le fuera reprochado y sin poder ejercer lo que considerara apropiado para resistir o evitar la reacción penal ejercida en su contra; máxime aun, sustanciado el juicio con las posibilidades de discusión e inmediación que el mismo representa.
Es en tal inteligencia la apelante no satisface la carga técnica que condiciona la atención del agravio, pues la garantía de defensa en juicio que reclama como afectada no viene apoyada de una explicación objetiva que permita tomar en consideración cuál ha sido la defensa o las pruebas concretas de las cuales se vio privado el imputado de ofrecer, aportar o controlar, ni la relación que media entre ello y el resultado del caso.
Nuestra Casación local tiene dicho que "es inatendible la eliminación postulada con retroacción de las actuaciones, ya que en el proceso se resguardó el derecho de defensa, en cuanto se pudo alegar y probar para conformar la resolución judicial, y que el imputado, como su Defensor, conocieron y estuvieron en condiciones de rebatir todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la misma (artículos 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial). En otras palabras, no hay espacio para sostener que la imputación fue secreta para su parte o conocida tardíamente, como para hablar de indefensión en perjuicio de quien optó por permanecer en silencio, después de informársele acerca de las garantías mínimas con las que contaba, luego de una entrevista previa con su defensa, llegando al juicio en el que se repite la información, por lo que mal puede hablarse de un bloqueo de la garantía establecida desde el artículo 18 de la Constitución Nacional, que pueda conducir al puerto pretendido" (T.C.P., "Reyes, Hugo Miguel s/ recurso de casación", del 28/10/2004).
Con igual fundamento ha de rechazarse el planteo de la defensa relativo a la falta de lectura previa del acta -art. 369 del ceremonial- que acarrea según su parecer la nulidad de dicha pieza procesal y la sentencia dictada, pues nuevamente la impugnante centra su disconformidad en la ausencia de "tramos esenciales de las declaraciones de los testigos propuestos" sin explicitar lo que sustancialmente habría sido omitido consignar y su relación con el modo en que fuera resuelto el pleito, incurriendo nuevamente en el defecto técnico señalado en el párrafo anterior.
Esta sala adhiere al criterio que "ve en los requisitos de los actos procesales, un modo de salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa. Si el acto irregular, pese a la irregularidad, no afecta dicho derecho, no hay interés en la nulidad" (cfr. Ábalos Raul Washington "Código Procesal Penal de la Nación", 2da. Ed., EJC., Chile, 1994, pag. 375).
Por otro lado, la defensa del condenado denuncia la errónea valoración de la prueba con perspectiva de género, sosteniendo que tal contexto no ha sido verificado en autos sobre la base que desde que finalizó la relación entre su defendido y la denunciante, durante los cuatro años siguientes en los que el mismo permaneció detenido, no existió ningún inconveniente, siendo que el problema se dio al salir en libertad e intentar restablecer el vínculo con su hijo, oportunidad en que Diaz realizó la primer denuncia por la que el Juzgado de Familia nro.3 dispuso un perímetro de exclusión y la prohibición de hostigamiento. Expone en esa tónica que resulta fundamental a la hora de acreditar el contexto de violencia de género el historial de violencia, lo cual refiere no haberse verificado.
Aduce que su defendido fue condenado por el delito de desobediencia, cuyo bien jurídico protegido es la administración de justicia, por lo que a su entender, no resulta correcto que todo el razonamiento probatorio haya sido realizado en un contexto de violencia contra la mujer, dado que no existía la necesidad de llevar adelante medidas positivas tendientes a restablecer la desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres, y en el caso, Randone se encontraba en una situación desventajosa respecto de Diaz.
La juzgadora atendió con sobradas explicaciones el planteo que la defensa reedita, infructuosamente, ante esta instancia.
En tal sentido, relevó el comienzo de la relación en que tuvo lugar el nacimiento del hijo de ambos, como así también su finalización con motivo de notar la denunciante su vínculo con otra persona. Tomó en consideración lo dicho por Diaz en cuanto a que el imputado con su hijo se relacionaban por video llamada hasta que empezaba con insultos y amenazas, diciéndole que la iba a matar como a un perro, padeciendo desde años atrás una migraña vestibular de lo que exhibió constancia médica, acreditando también tratamiento psiquiátrico y psicológico, junto a ataques de pánico debido a la secuelas dejadas por su relación con el imputado, contando que debió irse a vivir con su madre pues las patologías que presenta le afectan el oído y su equilibrio. Seguidamente, en lo atinente al punto, incluyó en su explicación lo manifestado por Diaz en cuanto a que a partir de que Randone tomó conocimiento que tenía una nueva pareja, comenzaron de nuevo los insultos, descalificándola y diciéndole que era una puta, consintiendo igualmente que continuara el vínculo con el hijo que tenían en común.
Por su parte, valoró la deposición de Iara Brito, hija de Diaz, quien ratificó las circunstancias que su madre relatara, haciendo mención de cuanto afirmara en relación a la persistencia de las amenazas por parte del aquí imputado.
Seguidamente la sentenciante hizo alusión a un "escrache" mediante pegatinas de pancartas y panfletos en la escuela donde Diaz prestaba funciones como portera, en los que se exhibía su rostro con la frase "Procesada por delito ... Portera Silvana.. vergüenza en la escuela 31", lo que motivó que los Directivos del colegio le dieran una licencia para avanzar con los trámites y que a su hijo le encomendaran tareas para realizar en su domicilio para no quedar expuesto a sus compañeros, contexto en el que se señaló que Randone se encargó de ir al consejo escolar y al gremio para hablar mal de su persona.
Tal situación la vio ratificada con el testimonio de Arnoldo Diaz y el Sr. Aravena, este último también víctima de amenazas por parte del aquí imputado.
Otra pieza a destacar en cuanto al punto, es lo que puede extraerse de la deposición en juicio realizada por la Lic. Latigana, especialmente lo anotado respecto a la angustia que presentaba Diaz, el hostigamiento que sufría mediante llamados por la madrugada y por redes sociales, la degradación a la que había sido víctima, los síntomas físicos, los temores vinculados a perder su trabajo y el tener que trasladarse llevando consigo un botón antipánico o gas pimienta. La misma profesional, clasificó los riesgos como "altos", señalando que "había una cuestión insidiosa de meterse, de dominio y control que la persona tenga vida, que viva solo para él", apreciando al relato de Diaz como "veraz, que no hubo fabulación o exageración".
Con lo expuesto queda claro como las acciones del nocente afectaron lesivamente la integridad moral, física y psíquica de Diaz, con directa incidencia en su entorno laboral y familiar, quedando inmersa en una situación de violencia y acoso permanente por parte de su agresor, quien se servía de su vulnerabilidad amparándose en el vínculo filial y mediante el cual llegara en instancias del contradictorio a pretender justificar un comportamiento desajustado, ilegítimo y denigrante de los derechos de la mujer víctima, propio de la relación desigual de poder de la que se valió a lo largo de un tiempo más que considerable, y que llamativamente la defensa desconoce pese al desarrollo descriptivo efectuado por la sentenciante.
En función de ello, es que sin mayor esfuerzo la crítica de la defensa evidencia una insuficiencia impugnativa al no procurar siquiera refutar cada uno de los argumentos del fallo, no obstante resultar por demás claro el proceder del incuso dentro del contexto de violencia de género que acertadamente fuera ponderado en el auto atacado.
En ese sentido considero que la plataforma probatoria ventilada ha permitido tomar razón de una serie actos que sin dificultad alguna pueden contextualizarse dentro del marco de género receptado por la juzgadora, y ello así, dado que no es materia de debate que la violencia de genero implica "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (Convención de Belém do Pará, 1994), así como "las amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad", constituyendo no solamente una violación de los derechos humanos, sino también "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupoétnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases" (Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, y Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010) -T.C.P. causas nros. 69.965 y 69.966, caratuladas "L, S. B. s/ Recurso de casación interpuesto por Particular Damnificado" y "L., S. B. s/ Recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal, del 05/07/2016"-.
En tal sintonía, he de considerar que el delito de desobediencia aquí en estudio, y que tiene por base el incumplimiento de una medida cautelar dispuesta en el fuero de familia, si bien es un delito autónomo previsto en el art. 239 del C.P., tiene por base la protección de la mujer víctima en el contorno casuístico al que hiciéramos referencia, y de esa manera, es que cabe contemplarlo dentro de un supuesto de violencia de género reivindicable a los efectos de la ley 26.485, cuyo art. 4to. establece que "Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal".
Como otro motivo de agravio, la defensa dice que se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva al considerarse válida la notificación de la resolución del día 22 de junio de 2021 por el Juzgado de Familia nro. 3 Departamental, por cuanto tal como lo planteara al alegar, la misma carecía de su fecha correspondiente. Transcribe lo previsto por el art. 128 del ceremonial y advierte que la " a quo " no fundó debidamente su decisión contrariando al mismo tiempo el principio "in dubio pro reo".
La critica resulta parcial, y no obstante ello, tampoco sería conducente para atender lo que se reclama por cuanto si quiera se ha argumentado la realización de una acción emprendida por desconocimiento del mandato de prohibición, concentrándose el agravio en señalar enfáticamente la ausencia de una solemnidad que no logra superar el estándar de trascendencia necesario como para evitar que el acto logre los efectos jurídicos propuestos en miras a la infracción legal finalmente reprochada.
No obstante ello, la juzgadora fue clara al exponer tanto el argumento de la defensa como el del acuse, haciendo hincapié en que las actuaciones fueron iniciadas por el juzgado de familia de intervención, órgano que acompañara la copia del oficio debidamente diligenciado, señalando por ese motivo que si bien carecía de fecha, no albergaba dudas "que al menos, a partir del día 11 de agosto de 2021, el aquí imputado se encontraba en conocimiento de la medida dispuesta".
En otro orden, la recurrente también se agravia del modo en que se ha valorado la prueba al tener por acreditada la autoría de su defendido en el hecho de fecha 15 de abril de 2022, en circunstancias que Randone habría concurrido a la casa de los padres de Silvia Diaz con un bolso que contenía barritas de cereal, cajas de monedas, dinero en efectivo, un short, dos plomitos y una bufanda, para que le entreguen a su hijo, Gian Luca. Expone que sobre dicho domicilio no pesaba orden de restricción y que se trató de un cruce accidental, habiendo sido justificado por la sentenciante de modo parcial y arbitrario por cuanto su defendido careció de dolo de incumplir la orden.
Respecto a este suceso, la magistrada sentenciante explicó sobre la base de los dichos del padre de la denunciante, que el mismo se encontró a Randone a unos 100 metros de la casa de Diaz, es decir dentro del perímetro de exclusión, y sin desconocer que todos vivían muy cerca, estimó que era el actuar del nocente lo que lo colocaba como autor de la infracción, puesto que, la inmediación del debate celebrado la conducía a poder afirmar que aquel, sabiendo la vía legal, pretendía resolver el modo de contactar a su hijo de froma personal desoyendo las distintas medidas dictadas por el juzgado de familia, conclusión que entiendo suficiente para dar por satisfecho el planteo que la defensa pretende hacer valer nuevamente ante esta instancia y que no excede de aquello que puede interpretarse como una mera discrepancia respecto al modo de ver la prueba recreada en juicio.
Seguidamente la defensa trae a revisión la acreditación del tipo subjetivo (dolo) sobre el que se asentó el incumplimiento de fecha 21 de mayo de 2022. Sobre este tramo de la imputación, exclama que su defendido más allá de conocer la prohibición de acercamiento no quiso incumplir la orden, puesto que, según argumenta la "desesperación de Randone por ver a su hijo, le cobró una mala pasada". En tal sentido expone que frente al cumpleaños de su hijo, la "emocionalidad" le impidió "motivarse en la norma aun con conocimiento de la existencia de la misma". En apoyo a su predica hace referencia a la declaración María Sol Puey, auxiliar letrada de la defensoría civil, quien habría expuesto que: "Randone inició un régimen de comunicación en el juzgado de familia nro. 3 de avellaneda Lanús para poder obtener un régimen de visitas, pero los tiempos de la justicia, sumado al contexto de pandemia, las denuncias en el fuero de familia que Silvana Diaz realizara y su condición de liberado luego de haber permanecido 20 años en prisión, no colaboraron a que pudiera obtener una respuesta estatal".
Entiendo que dar lugar a la excusa ensayada por la defensa como impedimento de la realización del tipo penal en tratamiento, soslayaría de modo liminar los presupuestos comunes para la comisión de todo ilícito sin mayor reparo que en el aspecto emocional de su autor, pues justificar el incumplimiento de la ley del modo que se lo pretende convertiría al contenido de su mandato en letra muerta trastocando su fin esencial como herramienta de mantención de la paz social.
Ligado a tal razonamiento, la defensa trae a discusión que se haya rechazado como circunstancia atenuante en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P., la mayor vulnerabilidad de su asistido en su imposibilidad de motivarse por la norma después de veinte años de encierro, la falla del Estado en el acompañamiento de Randone en su egreso anticipado y la estricta relación del hecho con el intento de ejercer su derecho paterno filial.
Pues bien, cabe recordar que nuestra casación tiene dicho que "Lo que la ley sustantiva exige al juzgador, al momento de mensurar la pena aplicable al caso concreto, es un límite del cual no puede excederse. Si se respeta ese tope legal establecido por el legislador penal -tal lo acontecido en autos- la pena dictada resulta legal. Sumado a ello, tampoco puede sostenerse que la pena no resultara motivada puesto que la exigencia de motivar las sentencias (art. 106 del C.P.P.), en lo que concierne a la determinación judicial de la pena, requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta alguno de los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal que, verificado en el caso en concreto, trasciende al juicio sobre la culpabilidad, incidiendo de ese modo en la magnitud de la pena y ello en el caso también fue abastecido suficientemente por el juzgador, que explicó las razones que fundaban la valoración de la atenuante y de la agravante merituadas con arreglo a lo normado por los arts. 40 y 41 del C.P., a la vez que rechazó con fundados argumentos la consideración de otra
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