Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala II · Causa 20445
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la resolución de fecha 20 de octubre de 2026 del Juzgado Correccional n.º 2 departamental, por medio de la cual se dispuso revocar las resoluciones sancionatorias de fecha 29 de septiembre de 2026 dictadas por el Juzgado de Faltas n.º 1 de la Municipalidad de La Matanza y absolver libremente a Adrián Abdon Machuca respecto de las infracciones imputadas en las actas n.º 02-150-01676561-8-00, 02-150-01717847-0-00 y 02-150-01726403-4-00, por los fundamentos brindados en la única cuestión sometida a tratamiento (Rigen los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional; 60 del decreto ley 8751/77; 69, 70, 85 y ccdtes. de la Ley de tránsito nacional n° 24.449; 1°, 28, 35 y ccdtes. de la Ley de tránsito provincial n° 13.927, 201, 203, 530, 531 y ccdtes. del CPP).
II. Tener presente la reserva del caso federal planteada por el doctor José Manuel Sampedro (Rige el art. 14 de la ley 48).
- A C U E R D O-
Se reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, doctores Jorge Fabián Van Staden, Félix Adolfo Lamas y Sebastián Hernán Carreira Ochoa, a fin de dictar sentencia en la causa nro. 20. 445 del registro de este Órgano, caratulada: "MACHUCA, ADRIAN ABDON S/ INCIDENTE DE APELACIÓN DE SENTENCIA CONTRAVENCIONAL" , vinculado a los números de causa LM - 2824/2026 y sus acumuladas 2825/2026 y 2826/2026 del registro del Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental, y practicado en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: doctores VAN STADEN - LAMAS - CARREIRA OCHOA.
-A N T E C E D E N T E S-
I. Con fecha 29 de septiembre de 2026, la señora jueza titular del Juzgado de Faltas n.º 1 de la Municipalidad de La Matanza, doctora Silvana S. Guerguis Picón, dictó tres resoluciones sancionatorias mediante las cuales condenó a Adrián Abdon Machuca al pago de 150 unidades fijas (UF) por infracción al artículo 22, inciso A, del Anexo V del Decreto Reglamentario 532/09 de la Ley 13.927, constatada mediante el acta n.º 02-150-01676561-8-00, de fecha 18 de diciembre de 2024; al pago de 25 UF por infracción al artículo 22, inciso B, del mismo cuerpo normativo, constatada mediante el acta n.º 02-150-01717847-0-00, de fecha 9 de febrero de 2025; y al pago de 150 UF por infracción al artículo 22, inciso A, constatada mediante el acta n.º 02-150-01726403-4-00, de fecha 22 de febrero de 2025.
Contra aquellas decisiones, Adrián Abdon Machuca interpuso, con fecha 8 de octubre de 2026, recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra las tres resoluciones sancionatorias. Posteriormente, el 14 de octubre de ese año, la jueza titular del Juzgado de Faltas n.º 1 rechazó los planteos de revocatoria y concedió los recursos de apelación interpuestos en subsidio, lo que dio lugar a la intervención del titular del Juzgado en lo Correccional n.º 2 departamental, doctor Horacio Héctor Giusso, quien, con fecha 20 de octubre de 2026, hizo lugar a las impugnaciones, revocó las resoluciones sancionatorias y absolvió libremente al nombrado respecto de las infracciones imputadas.
Finalmente, con fecha 23 de octubre de 2026, el doctor José Manuel Sampedro, en representación de la Municipalidad de La Matanza, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional n.º 2 departamental, solicitando su revocación y la confirmación de las resoluciones sancionatorias dictadas por el Juzgado de Faltas nº 1 respecto de las tres actas de infracción involucradas.
II. En lo sustancial, el recurrente cuestiona la interpretación del magistrado respecto del plazo previsto en los artículos 28 y 35, inciso g), de la Ley 13.927, al considerar que aquel reviste carácter meramente ordenatorio y no perentorio, toda vez que su incumplimiento no contempla expresamente la sanción de nulidad.
Asimismo, señala que el infractor tomó conocimiento de las imputaciones, presentó los correspondientes descargos y renunció al beneficio del pago voluntario, circunstancias que, a su entender, demuestran que pudo ejercer su derecho de defensa sin que se verificara un perjuicio concreto.
Por otra parte, sostiene que el pronunciamiento recurrido incurrió en un excesivo rigor formal al atribuir efectos invalidantes al vencimiento del plazo de notificación, sin que la normativa establezca expresamente esa consecuencia ni se haya acreditado una afectación efectiva de las garantías procesales.
Finalmente, formula la reserva del caso federal, por considerar que una decisión adversa afectaría las garantías constitucionales relativas al régimen municipal y a la defensa del patrimonio público.
En definitiva, solicita que se revoque la sentencia recurrida y se confirmen las resoluciones sancionatorias dictadas por el Juzgado de Faltas n.º 1 de la Municipalidad de La Matanza.
Por lo que, habiendo quedado la presente en estado de resolver y luego de practicadas las comunicaciones del caso, el tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
-C U E S T I O N -
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA ÚNICA CUESTION , e l señor Juez doctor Jorge Fabián Van Staden dijo:
I. Sentadas que fueron las premisas sobre las que reposa el agravio del representante técnico de la Municipalidad, anticipo que coincido con la solución adoptada por el magistrado en lo correccional, conforme los fundamentos que expresaré a renglón seguido.
En primer término, y como ya hemos sostenido en el tribunal que integro, el plazo al que hace referencia el apelante que la ley impone para la notificación del presunto infractor no es meramente ordenatorio, ya que se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio de todas las personas (art. 18 de nuestra ley fundamental).
Ese derecho, cabe precisar, no se circunscribe únicamente a contar con un abogado de confianza que represente a un ciudadano, a la posibilidad de formular descargos y, menos aún, a poder acogerse al "beneficio de pago voluntario" tal cual asegura el apoderado municipal, sino que debe ser oportuno y efectivo, como condición ineludible para que una sentencia sea justa.
En otras palabras, para que la autoridad de aplicación (en este caso, el Estado municipal) pueda proceder a aplicar una pena a un ciudadano, debe garantizarle su derecho de defensa en juicio en un lapso razonable, para que ese derecho no sea ilusorio sino efectivo y la persona pueda oponer las defensas que estime necesarias al efecto.
En razón de ello, insisto, la notificación de la infracción es un deber insoslayable para lograr ese cometido y su omisión en el plazo que fija la norma, como otra cara de la moneda, impide el ejercicio de ese derecho fundamental que le asiste a toda persona.
Tal razonamiento amerita, al menos a mi modo de ver, ciertas aclaraciones adicionales: en primer lugar, la diferencia entre las faltas y contravenciones, por un lado, y los delitos, por el otro, es meramente cuantitativa, lo que implica -entre otras cosas- que los principios constitucionales que amparan a todo ciudadano al que se le impute la posible comisión de un delito, son también aplicables a los presuntos infractores (arts. 1 del CPP y 60 del decreto ley 8751/77).
En segundo lugar, cabe recordar que, en la materia, la carga indelegable de notificar corresponde al Estado. Por ello, el hecho de que Machuca haya tomado conocimiento de las infracciones al presentar sus descargos, tal como señala el recurrente, no exime a la administración de acreditar que aquellas fueron notificadas fehacientemente dentro del plazo legal.
En tercer lugar, la afirmación del recurrente en cuanto a que las comunicaciones fueron despachadas en término conforme se expuso en las respectivas actas de infracción no encuentra suficiente respaldo en las constancias de la causa, pues no se incorporaron avisos de retorno, constancias de recepción ni registros de notificación electrónica que permitan acreditar su efectivo diligenciamiento conforme a las exigencias legales.
Por último y en relación a la invocación de diversos precedentes de algunos de los juzgados en materia correccional de este departamento judicial que, a juicio de la parte, son fruto de una " línea jurisprudencial clara y coherente ", no puede lograr el efecto que deja entrever el apoderado municipal; esto es, que el magistrado de grado deba mutar su criterio y resolver sobre el tópico como el de esa supuesta mayoría.
Por cierto que la existencia de criterios dispares entre distintos magistrados sobre un mismo asunto es un efecto natural dadas las características de nuestro sistema judicial y es fruto, en última instancia, de las particularidades de cada caso y de la independencia de los jueces.
En suma, entiendo que la resolución adoptada por el juez en lo correccional debe ser confirmada, lo que así propongo al acuerdo, con costas a la parte vencida (arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional; 60 del decreto ley 8751/77; 69, 70, 85 y ccdtes. de la Ley de tránsito nacional n° 24.449; 1°, 28, 35 y ccdtes. de la Ley de tránsito provincial n° 13.927 y 201, 203, 530, 531 y ccdtes. del CPP).
Así lo voto.
A LA ÚNICA CUESTIÓN , el señor Juez doctor Félix Adolfo Lamas dijo:
Coincido con la opinión del distinguido magistrado que me precede en el sufragio y, por ende, adhiero en un todo a los fundamentos vertidos por aquel y las conclusiones a las que arriba con motivo del tratamiento de la presente cuestión, por ser ello fruto de mi sincera y razonada convicción (arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional; 60 del decreto ley 8751/77; 69, 70, 85 y ccdtes. de la Ley de tránsito nacional n° 24.449; 1°, 28, 35 y ccdtes. de la Ley de tránsito provincial n° 13.927 y 201, 203, 530, 531 y ccdtes. del CPP).
Así lo voto.
A LA MISMA CUESTIÓN , el señor Juez doctor Sebastián Hernán Carreira Ochoa, dijo:
Analizado el caso puesto a consideración, comulgo con la opinión de mi estimado colega que lidera el presente Acuerdo, adhiriendo en un todo a los fundamentos vertidos por aquel como a la solución propiciada para el tratamiento de la cuestión, por ser ello mi razonada convicción sincera (arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional; 60 del decreto ley 8751/77; 69, 70, 85 y ccdtes. de la Ley de tránsito nacional n° 24.449; 1°, 28, 35 y ccdtes. de la Ley de tránsito provincial n° 13.927 y 201, 203, 530, 531 y ccdtes. del CPP).
Así lo voto.
Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el Acuerdo, dictando el tribunal la siguiente:
-S E N T E N C I A-
En mérito a como han quedado decididas las cuestiones sometidas a tratamiento, jurisprudencia y disposiciones legales citadas, esta Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
- R E S U E L V E :
I. CONFIRMAR la resolución de fecha 20 de octubre de 2026 del Juzgado Correccional n.º 2 departamental, por medio de la cual se dispuso revocar las resoluciones sancionatorias de fecha 29 de septiembre de 2026 dictadas por el Juzgado de Faltas n.º 1 de la Municipalidad de La Matanza y absolver libremente a Adrián Abdon Machuca respecto de las infracciones imputadas en las actas n.º 02-150-01676561-8-00, 02-150-01717847-0-00 y 02-150-01726403-4-00, por los fundamentos brindados en la única cuestión sometida a tratamiento (Rigen los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional; 60 del decreto ley 8751/77; 69, 70, 85 y ccdtes. de la Ley de tránsito nacional n° 24.449; 1°, 28, 35 y ccdtes. de la Ley de tránsito provincial n° 13.927, 201, 203, 530, 531 y ccdtes. del CPP).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal planteada por el doctor José Manuel Sampedro (Rige el art. 14 de la ley 48).
Regístrese, notifíquese al apelante y remítase la presente en carácter de devolución al juzgado en lo correccional interviniente, delegando en su Secretaría tanto la notificación del ciudadano como la comunicación al Juzgado de Faltas que intervino previamente. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: VAN STADEN Jorge Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: CARREIRA OCHOA Sebastian Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: LAMAS Felix Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: NUÑEZ LUDUEÑA Leandro Tomás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 29-2026
Fin de la sentencia