Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Respecto del planteo de fecha 12 de diciembre de 2018, remitir a lo resuelto a fs. 753 vta., punto II.2. y 2) denegar los recursos federales interpuestos a fs. 764/774 y 776/794 vta., con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 121751 "ALARCON GABRIELA SOLEDAD C/ ALARCON GRACIELA MABEL S/ INCIDENTE DE APELACIÓN II"
La Plata, 13 de Marzo de 2019.
I. Respecto del escrito electrónico de fecha 12 de diciembre de 2018, corresponde señalar –liminarmente- que encontrándose abierta la competencia de este Tribunal al sólo efecto de resolver sobre la admisibilidad de las vías federales incoadas a fs. 764/774 y 776/794 vta. y no resultando suficiente la documental agregada para demostrar -en principio- la existencia de circunstancias sobrevinientes que tornen abstracto el tratamiento de dichos remedios, habrá de estarse a lo resuelto a fs. 753 vta., punto II.2. (arg. arts. 37 y 384, CPCCBA y 257, CPCCN).
II. La actora y la apoderada de la Municipalidad de Lomas de Zamora deducen recursos extraordinarios federales contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- hizo lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley presentado por la primera, revocando el fallo impugnado y manteniendo la sentencia del juez de grado que resolvió imponer las astreintes al citado municipio como medio idóneo para compeler a la obligada a dar cumplimiento con la manda de asegurar las condiciones de habitabilidad de la vivienda en la que habita el grupo familiar a cargo de la accionante. Además, estableció que dicha multa deberá computarse a partir del momento en que la providencia que la aplica adquiera firmeza y desestimó su aplicación en forma personal respecto al Intendente de esa jurisdicción (v. fs. 150 y vta., 173/179, 607/613, 750/755, 764/774 y 776/794).
III. En la primera de las vías articuladas, la interesada funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 14, 18, 32 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2.3 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XVIII y XXVI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 8, 13.1, 13.2 y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 764 vta., 766 y 770/vta.).
III.1. Aduce que la sentencia impugnada contradice el principio de congruencia al modificar -según su entender- el texto expreso del fallo de primera instancia que pretende confirmar. Y explica que surge de las constancias de autos que las notificaciones e intimaciones fueron dirigidas en forma personal al Intendente municipal, por lo que no corresponde -desde su punto de vista- reemplazar el obligado al pago por el Municipio (v. fs. 768/769).
A ello agrega que dicho ente resulta de muy difícil ejecución por lo que la multa fijada pierde su poder conminatorio, quedando en estado de vulneración sus derechos constitucionales a la vida, la salud, el trabajo y la vivienda (v. fs. 769/771).
III.2. Concluye que la decisión objetada hace incurrir al estado Argentino en un incumplimiento de los compromisos asumidos al suscribir los tratados sobre derecho humanos, en tanto tergiversa el fallo de primera instancia, tornándolo meramente declarativo (v. fs. 771/773 vta.).
IV. En el segundo recurso deducido, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad y de la gravedad institucional, así como en la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la de la Constitución nacional (v. fs. 776 vta./777 y 782 vta.).
IV.1. Alega que el fallo en crisis implica -a su entender- un exceso en la jurisdicción y desoye antecedentes de la Corte Suprema nacional al convalidar -sin fundamentación- una sentencia confiscatoria de los recursos municipales y sustituir el criterio del órgano administrativo en lo que respecta a la actividad que le es propia (v. fs. 782 vta./784).
Y agrega que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas excede el interés de los particulares, configurando -a su modo de ver- un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria por violación del derecho de propiedad de su mandante (v. fs. 786/vta.).
IV.2. Denuncia, además, que este Tribunal soslaya valorar el planteo efectuado en torno a que el municipio no fue parte procesal en las presentes actuaciones. De allí que no puede sostenerse -asevera- que exista una obligación de hacer, firme y consentida a su cargo por lo que tacha de arbitraria e ilegal la multa impuesta (v. fs. 788/789).
IV.3. Cuestiona, finalmente, que la respuesta y asistencia brindada por su parte a la actora resulta razonable y cumple con los estándares mínimos reglados por la Corte nacional para la atención de una situación de vulnerabilidad que, por otro lado, entiende que no ha sido debidamente acreditada en autos (v. fs. 789/792 vta.).
V. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 795), el mismo fue contestado por el señor Martín Insaurralde -Intendente- y por la apoderada de la entidad municipal referida (v. fs. 799/811 y 812/824).
VI.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la aplicación e interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el alcance de las sanciones conminatorias impuestas y el cumplimiento de la obligación que fuera fijada judicialmente), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (v. fs. 1469/1473; doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 313:164; 324:2719; 325:1658; 329:4682; entre otros).
En estos casos deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos de ambos recurrentes no constituyen más que una diferencia de opinión con el criterio fijado por este Tribunal, insuficiente -como tal- para habilitar la presente vía (arts. 14 y 15, ley 48; v. fs. 768/769 vta. 783/792 vta.).
VI.2. En lo atinente a la denuncia de arbitrariedad, basada en las causales de apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 786/789 y 782 vta./784), irrazonable interpretación de la normativa aplicable y de la prueba rendida, falta de fundamentación y omisión de cuestiones (v. fs. 785/vta. y 788/789), tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean bastantes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en los remedios intentados.
VI.3. Por otro lado, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 18, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2.3 y 19, PIDCP; XVIII y XXVI, DADDH y 8, 13.1, 13.2 y 13.3, CADH; v. fs. 764 vta., 766 y 770/vta. y arts. 14 bis, 17 y 18, Conts. nac.; v. fs. 776 vta./777 y 782 vta.), no abastecen los recursos articulados, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros).
VI.4. Asimismo, tampoco se advierte un arbitrario apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por el recurrente de fs. 776/794 vta., toda vez que las circunstancias allí juzgadas difieren de las planteadas en el presente proceso.
VI.5. Resta agregar, que no se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional invocada por el Municipio impugnante, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 786/vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Respecto del planteo de fecha 12 de diciembre de 2018, remitir a lo resuelto a fs. 753 vta., punto II.2. y 2) denegar los recursos federales interpuestos a fs. 764/774 y 776/794 vta., con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia