Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 52039-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado; y, consecuentemente confirmar la resolución dictada por el Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de Olavarría, Dr. Carlos Eduardo Villamarín, en tanto resolvió no hacer lugar al sobreseimiento de Stella Maris Macedo y rechazar el cambio de calificación en favor de Victoria Soledad Garro; y, en consecuencia, elevar la presente investigación penal preparatoria al Tribunal Oral en lo Criminal que corresponda para la tramitación del juicio que se le seguirá a las nombradas en orden al delito de Comercialización y Tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinados directamente al consumidor agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo en los términos del art. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737, en relación al art. 2 de la Ley 26.056 y Ley provincial de adhesión 13.392.
En la ciudad de Azul, se reúnen en Acuerdo los Jueces Doctores GUSTAVO AGUSTÍN ECHEVARRÍA, DAMIÁN PEDRO CINI y CARLOS PAULINO PAGLIERE , quienes integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental para resolver la Causa Nº 52.039 caratulada "GARRO VICTORIA SOLEDAD Y OTRO - S/ INCIDENTE DE APELACIÓN (IPP 01-02-004840-25/00)", y practicado el sorteo de ley resultó que los nombrados Magistrados deben votar en el siguiente orden: ECHEVARRÍA - CINI - PAGLIERE.
Vistas las presentes actuaciones surgen los siguientes
Por auto dictado con fecha 1/10/2026, el Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de Olavarría, Dr. Carlos Eduardo Villamarín, resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento incoado en favor de Stella Maris Macedo y rechazar el cambio de calificación en favor de la imputada Victoria Soledad Garro; y elevar a juicio la presente causa que se le sigue a las nombradas, en orden al delito de Comercialización y Tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinados directamente al consumidor agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo en los términos del art. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737, en relación al art. 2 de la Ley 26.056 y Ley provincial de adhesión 13.392.
Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación el Auxiliar Letrado de la UFD N°3 de Olavarría, Dr. Eduardo Alberto Cataldi en fecha 15/10/2026.
Dicho recurso fue concedido ante esta Cámara
Hallándose los autos en estado de resolver, el Tribunal dispuso plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto?
A LA ÚNICA CUESTIÓN planteada el Juez, Doctor ECHEVARRÍA , dijo:
1. En primer lugar, el apelante se agravia de que el a quo denegara el sobreseimiento a su defendida Stella Maris Macedo.
Reitera que una adecuada valoración de los elementos de prueba invocados por el Ministerio Público Fiscal no permite sostener la participación de su asistida en el hecho, ni a título de coautora ni de partícipe, y que advierte una orfandad probatoria a su respecto.
En esa línea, señala que la decisión de la Cámara que en su momento dispuso la prisión preventiva de Macedo se había sustentado de manera primordial en una conversación mantenida por la imputada con una tercera persona.
A criterio de aquella Alzada, ese intercambio la colocaba realizando una entrega de presuntas sustancias estupefacientes con participación autónoma respecto de su hija; pero, con posterioridad se presentó como testigo la interlocutora de dicho intercambio, Micaela Ayelén Boegershausen, y explicó que la conversación había sido tergiversada.
Según el apelante, la tergiversación provino del personal policial a cargo de la pesquisa, pues del contenido íntegro de las comunicaciones surge con claridad que se trataba de una deuda por juego online .
Finalmente, en esa oportunidad, consideró esta Alzada que la declaración de la testigo imprimía una duda razonable sobre el intercambio de mensajes, que impedía valorarlo en contra de la imputada, y que el indicio de cargo que resultaba trascendental se había vuelto ambiguo e impreciso, con merma en la convicción generada por los restantes elementos cargosos.
Sobre esa base, la recurrente afirma que la investigación lleva tiempo en trámite sin que el acusador haya colectado elementos de cargo que permitan motivar seriamente la acusación respecto de su asistida, y que tal déficit no se vislumbra superable en el debate.
Es por ello que, a su juicio, la cuestión debe resolverse en la etapa intermedia, ya que no existen elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener, que Macedo sea probablemente coautora penalmente responsable del hecho.
Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Por otro lado, sostiene la defensa, que la etapa intermedia no constituye un mero trámite formal de remisión automática a juicio, sino un verdadero ámbito de control jurisdiccional sobre la suficiencia y racionalidad de la acusación.
Agrega que, si bien no se exige la certeza propia de la sentencia condenatoria, el estándar tampoco se satisface con la mera verosimilitud ni con una hipótesis conjetural, afirmando que la apertura del juicio requiere un grado de probabilidad positiva sobre la existencia del hecho y la participación del imputado que permita prever razonablemente una condena.
Finalmente, y respecto del cambio de calificación respecto de Victoria Soledad Garro, se agravia del rechazo del cambio de calificación legal pedido para su asistida.
Arguye que el magistrado de grado lo había desestimado porque no se encontraban en juego la libertad de la imputada ni la competencia del órgano de juicio, únicos supuestos que, a su criterio, habilitan el tratamiento de la cuestión en esta etapa y que, agregó que no corresponde escindir un hecho único sobreseyendo por una de sus calificaciones.
Frente a ello, sostuvo la recurrente que, por los motivos expuestos en relación a Macedo, no concurre la intervención de tres o más personas que exige la figura agravada.
Afirma también que la agravante del art. 11 inc. "c" de la Ley 23.737 requiere una estructura, permanencia en el tiempo y división de tareas, y que la simple suma de personas no configura un acuerdo criminal previo, añadiendo que de la requisitoria de elevación a juicio no puede determinarse cuál es el rol de cada una de las personas sindicadas ni el modo en que se organizaban, entendiendo correcto que la causa sea elevada a juicio respecto de Garro bajo la calificación de comercialización y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, sin la agravante.
Por todo ello, solicita que se revoque la resolución atacada, que se haga lugar al sobreseimiento de Stella Maris Macedo y que se admita el cambio de calificación propuesto respecto de Victoria Soledad Garro.
2. Analizadas las constancias de la causa, el auto recurrido y la presentación recursiva que abre la competencia revisora de esta Cámara, he de adelantar que la impugnación intentada debe ser rechazada debido a su improcedencia.
2.1. A modo de introito, encuentro pertinente recordar la función que está llamada a cumplir la etapa por la que transita la causa y la evaluación que corresponde hacer en este estadio de los elementos de convicción reunidos en la IPP. Sobre el punto, en causa Nº 27.921 caratulada " Temudio, Gustavo y otros s/Comercialización de estupefacientes agravada " se dijo que:
".Básicamente puede sostenerse, sin discrepancia alguna, que la tarea a desarrollar por los Jueces durante la misma es de saneamiento pues se procura evitar que pasen a juicio procedimientos en los que desde ese mismo momento se advierte su inviabilidad.
Para ello se deberá controlar que se haya efectuado la correcta imputación de un hecho (de manera clara, precisa y circunstanciada), que exista una calificación legal que se adecue al caso y que el imputado se encuentre fehacientemente individualizado. Pero además también será motivo de observación y examen la validez y suficiencia de los elementos de cargo para determinar si justifican la existencia de un hecho que en principio pueda ser calificado como delictual, como así también que de dichos elementos pueda inferirse válidamente la participación de aquella persona a la cual se atribuye su comisión.
Sin embargo, este último proceder no exige el rigor, la exhaustividad y profundidad conque los temas deben ser tratados durante el debate, pues caso contrario los jueces de garantías -los de Alzada incluidos- estarían suplantando la actividad de los de juicio y, consecuentemente, desplazando el centro del proceso -cuyo núcleo es el juicio oral, público, contradictorio y con inmediación en la recepción de la prueba- hacia un procedimiento escrito que carece de todas estas características.
En la etapa intermedia la jurisdicción debe buscar un punto de equilibrio en donde -luego de analizar acabadamente que los elementos de juicio hayan sido formalmente incorporados al proceso siguiendo las pautas legalmente establecidas al efecto pues tan sólo eso permitirá que se haga mérito de ellos- determine si se alcanzó el grado de convicción requerido para remitir la causa al debate. Si concluye, en el mejor de los casos, que se encuentra ante la probabilidad de que el imputado sea el autor de un ilícito, el envío será inexorable, pero aún en ciertos casos de duda deberá proceder de esa manera. En tal sentido el Tribunal tiene resuelto que: .la inteligencia del art. 323 del CPP permite concluir que en el supuesto de certeza negativa o improbabilidad respecto a la existencia del cuerpo del delito o a la participación del imputado en él, corresponde el sobreseimiento; mientras que de concurrir, cuanto menos, probabilidad la causa deberá ser elevada a juicio. En cambio, la respuesta en caso de duda no puede ser tan categórica pues exige un análisis más detallado. Si al valorar la totalidad de los elementos de juicio reunidos durante la IPP se advierte que no existe la posibilidad razonable de superar ese estado de incertidumbre, el sobreseimiento se impone; por el contrario, si a pesar de tal estado de duda existe la probabilidad de vencer la misma mediante la incorporación de nueva prueba o a través de la aclaración de la ya existente, el paso a la siguiente etapa procesal es el camino a seguir. . La duda que emerge de los elementos de convicción recolectados no es definitiva pues cabe la posibilidad de disiparla, por medio de más y mejores interrogatorios, durante el debate oral. No debe perderse de vista que por sus características es la etapa de juicio -esencialmente porque allí se desarrolla de manera más acabada la contradicción y existe una plena inmediación del juzgador con la prueba- donde deben ser resueltas las cuestiones como las que aquí se presentan. De no procederse de esa forma lisa y llanamente se estaría retornando a la supremacía del proceso escrito en detrimento del oral juntamente al menoscabo de los demás principios que concurren a dar sustento al actual proceso (Causa nº 26.905).
Conforme a lo dicho, y en lo que aquí interesa, si existe prueba de cargo y otra que la pone en crisis -sin que llegue a anularla de manera incontrastable- la controversia no puede ser resuelta en la etapa de examen de la requisitoria.
Los principios previamente enunciados, y que hacen a la esencia del actual proceso de características formalmente acusatorias, deben ser respetados enviando la causa a debate para que allí pueda hacerse, en base a la inmediación previa, el mejor y más acabado estudio de la totalidad de la prueba producida.
Si se pretende que tal tarea se realice en la etapa intermedia, agotando allí el análisis "probatorio", ello llevaría a la lisa y llana desaparición del proceso oral o, en todo caso, a la implementación de dos procesos de conocimiento pleno -que implicaría la coexistencia de dos primeras instancias- una escrita que, de ser superada, sería reeditada con una oral.".
Asimismo, debe tenerse en cuenta que esta Alzada ha sostenido en Causas N° 20.647, 26.905, 27.280 y 28.522, entre otras, que:
"El grado de convicción para esa resolución no es el de plena certeza sino el de probabilidad razonadamente fundada, y ello es así porque esta es una etapa de tránsito y no definitiva, simplemente abre el espacio para el juicio propiamente dicho en el cual el in dubio pro reo recobra su imperio. Siendo así, claro resulta sostener que la contrapartida de la elevación, es decir el sobreseimiento y su efecto de truncar definitivamente el proceso, debe requerir un grado de convicción mayor (.) pues no es lógicamente posible pensar que con lo mismo tanto puede sobreseerse como elevar a juicio. Si basta la probabilidad para elevar, no puede bastar la probabilidad para sobreseer."
Bajo este prisma, entiendo que, como adelantara, las pretensiones defensistas no pueden prosperar y la causa debe transitar a la etapa subsiguiente, esto es a un juicio oral y público.
2.2. En efecto, considero que las constancias valoradas por el Magistrado de la instancia (en IPP 01-02-004840-25/00 (PRINCIPAL) E01000004957879 26/09/2025 Actuaciones Complementarias, E01000004979475 09/10/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005011745 30/10/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005012167 30/10/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005012504 30/10/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005012508 30/10/2025, Actuaciones Complementarias E01000005024045 07/11/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005024062 07/11/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005040633 18/11/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005041114 18/11/2025 Actuaciones Complementarias, E01000005124161 22/01/2026 Actuaciones Complementarias, E01000005124470 23/01/2026 Informe, E01000005287945 12/05/2026 Actuaciones Complementarias, E01000005456275 28/08/2026 Actuaciones Complementarias; y en IPP 01-02-000284-26/00 (ACUMULADA) E01000005124470 23/01/2026 Informe, E01000005124159 22/01/2026 Actuaciones Complementarias, E01000005124824 23/01/2026 Actuaciones Complementarias) permiten acreditar -con el grado de probabilidad requerido en la norma del art. 337 del CPP-, los extremos exigidos por los arts. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737, en relación al art. 2 de la Ley 26.056 y Ley provincial de adhesión 13.392.
Más allá del intento del impugnante por demostrar que, no existen elementos de convicción suficiente e indicios vehementes para sostener que su asistida procesal, la Sra. Macedo, resulta coautora penalmente responsable del hecho imputado, lo cierto es que, si bien subsisten dudas en torno a su participación en el mismo y existe cierta ambigüedad respecto del contenido del mensaje incorporado en autos que permitiría incriminarla -máxime cuando la posterior declaración de la interlocutora desmiente que la conversación versara sobre una eventual comercialización de estupefacientes, atribuyéndole, en cambio, una referencia al juego clandestino-, entiendo que tales extremos podrán ser debidamente esclarecidos durante el debate oral.
Comparto asimismo lo afirmado por el Dr. Villamarín, en cuanto a que, dicha duda razonable resulta suficiente para denegar una medida de coerción, pero carece de la contundencia necesaria para proceder al cierre del proceso en esta instancia por falta de certeza negativa.
De relevancia resulta, además, para continuar con la imputación de la encartada, que el material ilegal encontrado en la diligencia de allanamiento practicada en el domicilio de la Sra. Macedo y de su hija Victoria Soledad Garro, se hallaba en lugares comunes de la vivienda -cocina comedor-, lo que genera un indicio de la participación de la investigada en el hecho imputado.
Por otra parte, se observa que, en relación a las manifestaciones de la defensa -reseñadas en el punto 1 del presente resolutorio-, las mismas no logran desarticular los sólidos argumentos del Juez de Garantías, sino que, en el mejor de los casos, introducirían una situación de duda que podrá ser superada en el marco de un amplio debate donde las circunstancias relativas a la ocurrencia del hecho, la calificación legal y la eventual responsabilidad de Stella Maris Macedo y Victoria Soledad Garro puedan ser controvertidas sin mengua de los derechos constitucionales del encartado.
Es que si basta la probabilidad para elevar la causa a juicio, no puede bastar la probabilidad para sobreseer, pues el efecto de truncar definitivamente el proceso, debe requerir al menos una duda que se avizore como insuperable al momento del debate, lo que -tal como ya se dijera- no sucede en el sub examine , dado que mediante la profundización de los elementos de convicción existentes -v. gr. más y mejores interrogatorios- y, eventualmente, de la incorporación de nueva prueba, pueden disiparse las dudas que plantea la defensa.
En otras palabras, al resultar razonable la hipótesis fiscal, será en la oportunidad del juicio oral y no aquí, donde se deberán ventilar las cuestiones introducidas por la defensa, mediante la inmediación y el control de la prueba pertinente.
3. Por lo tanto, en orden a lo expuesto, propongo a mis colegas de Acuerdo rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Defensa y, en consecuencia, confirmar el auto dictado por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Olavarría en cuanto dispuso -en lo que aquí interesa- no hacer lugar al sobreseimiento de Stella Maris Macedo y rechazar el cambio de calificación en favor de Victoria Soledad Garro; y, en consecuencia, elevar la presente investigación penal preparatoria al Tribunal Oral en lo Criminal que corresponda para la tramitación del juicio que se le seguirá a las nombradas en orden a los delitos de Comercialización y Tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinados directamente al consumidor agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo en los términos del art. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737, en relación al art. 2 de la Ley 26.056 y Ley provincial de adhesión 13.392.
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (art. 210, CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN planteada, el Juez, Doctor CINI, adhirió al voto que antecede por compartir sus fundamentos.
A LA MISMA CUESTIÓN planteada, el Juez, Doctor PAGLIERE, adhirió al voto del Dr. Echevarría por compartir sus fundamentos.
Con lo que terminó el acto, dictando la Cámara la siguiente:
POR LO EXPUESTO , en base a la normativa citada, SE RESUELVE :
RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado; y, consecuentemente CONFIRMAR la resolución dictada por el Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de Olavarría, Dr. Carlos Eduardo Villamarín, en tanto resolvió no hacer lugar al sobreseimiento de Stella Maris Macedo y rechazar el cambio de calificación en favor de Victoria Soledad Garro; y, en consecuencia, ELEVAR la presente investigación penal preparatoria al Tribunal Oral en lo Criminal que corresponda para la tramitación del juicio que se le seguirá a las nombradas en orden al delito de Comercialización y Tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinados directamente al consumidor agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo en los términos del art. 5 inc. C y 11 inc. C de la Ley 23.737, en relación al art. 2 de la Ley 26.056 y Ley provincial de adhesión 13.392.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE lo resuelto al Fiscal General y a la Defensa, y LIBRESE OFICIO ELECTRÓNICO al Órgano de origen, a los fines de dar cumplimiento de lo aquí ordenado, que se practiquen las restantes comunicaciones -conf. art. 126 C.P.P. y Ley 15.232- y se agregue copia certificada de la presente resolución a la causa principal.
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Firmas
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1657-2026
Fin de la sentencia