Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38619 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento de los Jueces Pablo Javier Viñas y Paula Mariela Soulé, integrantes del Tribunal en lo Criminal N°1 Departamental, en cuanto resolvieron revocar el arresto domiciliario que venía cumpliendo Milton Julián Carmaran y, en consecuencia, ordenaron el traslado y alojamiento del referido encausado a la Unidad Penal N°15 de Batán. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por las Defensoras Particulares María Paula Erviti y LuisinaÉboli. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-38619-1. "CARMARAN MILTON JULIAN S/INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, registrados bajo el n° INC-38619-1, y de cuyas constancias,
1. Que los Jueces Pablo Javier Viñas y Paula Mariela Soulé, integrantes del Tribunal en lo Criminal N°1 Departamental, resolvieron revocar el arresto domiciliario que venía cumpliendo Milton Julián Carmaran y, en consecuencia, ordenaron el traslado y alojamiento del referido encausado a la Unidad Penal N°15 de Batán.
Para decidir así los Magistrados tuvieron en cuenta el nuevo pedido de revocación de la morigeración efectuado por el Ministerio Público, fundado en que la condena a doce (12) años de prisión impuesta a Carmarán por resultar autor penalmente responsable de los delitos de daño (CP,183 -hecho 1-) y homicidio agravado por la relación de pareja y por ser perpetrado contra una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa (CP, 42, 80 inc. 1 y 11 - hecho 2-), en concurso real, fue confirmada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal con fecha 3 de junio del corriente año, significando ello, a criterio del Agente Fiscal, un severo aumento del riesgo procesal en los presentes actuados.
Cabe señalar que al momento de dictar sentencia, ante la misma solicitud del Agente Fiscal, el Tribunal en lo Criminal N°1 decidió por mayoría de opiniones no hacer lugar a ella con fundamento en el precedente "Diaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal.
2. Que contra la resolución que revocó el arresto domiciliario de Carmarán interpusieron recurso de apelación las defensoras particulares María Paula Erviti y LuisinaÉboli, argumentando que el doble conforme invocado por el a quo solo puede predicarse respecto de la condena impuesta, la cual remarcan que no se encuentra firme, pero no existe tal doble conforme sobre la modalidad de cumplimiento de la medida de coerción.
Adujeron además que, conforme lo recepta el artículo 431 del CPP, el efecto asignado a los recursos, por regla, resulta ser el suspensivo, motivo por el cual, en su opinión, la morigeración oportunamente otorgada debe mantenerse, a menos que se demuestre un incumplimiento y/o modificación en las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento, lo cual, manifiesta que no ocurrió en autos.
Luego, sostienen que no existen, en el caso, indicadores de riesgo procesal que justifiquen la revocatoria del arresto domiciliario que venía gozando su asistido.
En atención a la aplicación de la perspectiva de género en el fallo impugnado, hacen hincapié que ella fue tenida en cuenta a la hora de condenar al causante a la pena de 12 años de prisión, aplicando un agravante por ser cometido el delito contra una mujer y aún así, el Tribunal decidió mantener el arresto domiciliario.
Por todo lo expuesto, solicitan que se revoque la resolución de los Magistrados integrantes del Tribunal en lo Criminal N°1 Departamental y, en consecuencia, se disponga el restablecimiento de la morigeración preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
3. Que resta señalar que todos estos argumentos fueron informados oralmente por las referidas letradas en el marco de la audiencia desarrollada en esta instancia.
I. Que la resolución del Tribunal en lo Criminal que revocara la morigeración de la coerción (arresto domiciliario) que venía observando el imputado Milton Carmarán y ordenara su encarcelamiento estricto encuentra fundamento en el dictado del veredicto condenatorio y de la pena -no firme- de doce (12) años de prisión, que solo admiten la modalidad de efectivo cumplimiento, y de los cuales el nombrado sólo lleva cumplidos en detención preventiva dos años y cinco meses, lo que incrementa sensiblemente el peligro de fuga existente con anterioridad al dictado del fallo, resultando enteramente razonable presumir, a partir de ello, que el nombrado pueda intentar profugarse (CPP: 148), en razón de haberse arribado a un veredicto condenatorio que lo coloca frente a la probabilidad cierta de tener que afrontar una muy prolongada privación de su libertad ambulatoria.
En efecto, el veredicto condenatorio -aún cuando el mismo no se halle firme- goza de una presunción de certeza, a la vez que implica una sensible frustración de las legítimas expectativas del encausado de obtener a través del debate oral un fallo que lo desincriminara definitivamente de la grave imputación dirigida en su contra en este proceso. En este sentido, la reciente confirmación por el Tribunal de Casación provincial de la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de juicio, reafirma tanto la aludida presunción de certeza del fallo como también acrecienta la frustración de las expectativas del imputado de ser desincriminado.
Precisamente el encarcelamiento preventivo derivado de la condena de primera instancia no firme es una de las pocas situaciones en las que la doctrina considera justificada dicha cautela procesal, abogando por la realización de un proceso sin prisión provisional "al menos hasta la conclusión del juicio en primera instancia"(ver: Ferrajoli, L., "Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal", Ed. Trotta, Madrid, 1998, pág 559).
Por supuesto que sería ilegítimo -y contrario a la naturaleza estrictamente cautelar y excepcional del encarcelamiento preventivo- pretender que el solo dictado de un veredicto condenatorio a cualquier pena de prisión de efectivo cumplimiento determinara la cancelación automática de la libertad o de las morigeraciones a la coerción otorgadas al imputado durante el proceso.
Pues bien, las particularidades del caso bajo juzgamiento, a partir de la magnitud de la pena que se ha desinsaculado en sentencia no firme (doce años de prisión) valorada en relación al tiempo que lleva el imputado cumplido en encarcelamiento preventivo, permiten presumir razonablemente que se ha verificado un sensible aumento del peligro cierto que Milton Carmarán intente profugarse y así sustraerse al eventual cumplimiento en prisión de la aludida condena, tomando además en consideración que -en los delitos donde existe violencia contra la mujer- el Estado se ha comprometido, al suscribir la ya citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que impone la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar ese compromiso estatal que tiene directa relación con la medida de coerción que reclamó el representante del Ministerio Público Fiscal.
II. Que con relación a la pretensión de la Defensa de que se le asigne efecto suspensivo al recurso contra la decisión atacada, que resuelve imponer coerción personal sobre el imputado, aplicando así la regla general prevista por el art. 431 del CPP, cabe consignar que ello no resulta procedente.
En este sentido, el efecto no suspensivo que correctamente fuera asignado al presente recurso por parte del Tribunal en lo Criminal, y la consecuente ejecución de la medida mientras se sustancia el mismo, es consecuencia directa de la propia razón de ser de la coerción personal, de su naturaleza cautelar y, en particular, de una de sus condiciones esenciales: la idoneidad de la medida para neutralizar el riesgo procesal (CN: 18; CADH: 8.2; PIDCYP: 14.2; CPPBA: 144, 146 y ccdtes.).
Es por ello que en doctrina se sostiene que la necesidad de que las medidas de coerción sean idóneas supone que se ejecuten de inmediato, pues la demora en su aplicación expondría el caso a la frustración de los fines del proceso. Así, dispuesta una medida de coerción, aun cuando sea recurrida, deberá ejecutarse inmediatamente, concediéndose el recurso con efecto no suspensivo (ver: Solimine, M.: "Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión preventiva", Ad Hoc, Buenos Aires, 2003, pag. 147/8 y Apéndice, pág. 658).
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento de los Jueces Pablo Javier Viñas y Paula Mariela Soulé, integrantes del Tribunal en lo Criminal N°1 Departamental, en cuanto resolvieron revocar el arresto domiciliario que venía cumpliendo Milton Julián Carmaran y, en consecuencia, ordenaron el traslado y alojamiento del referido encausado a la Unidad Penal N°15 de Batán. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por las Defensoras Particulares María Paula Erviti y LuisinaÉboli. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:00:47 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 12:59:25 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 13:11:15 - GUTIERREZ Maria Aynara - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 14/07/2025 13:11:30 hs. bajo el número RR-343-2025 por GUTIERREZ MARÍA AYNARA.
Fin de la sentencia