Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 18324
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada : al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Causa Nº 18324-250 R.S.118/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Junio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "SILVA ANGEL FRANCISCO Y OTRO C/ GOMEZ JORGE DARIO Y OTRO S/ INCIDENTE ART 250 DEL CPCC", Causa N º 18324-250 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.5 Departamental a fs. 5 y vta. decretó la inhibición general de bienes del demandado Jorge Dario Gomez.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó el Sr. Jorge Dario Gomez interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial obrante a fs. 7/10 vta. el cual no fue replicado.-
3. A fs. 20, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
En lo medular se agravia el quejoso de la medida cautelar trabada en autos.-
Sostiene que la misma es improcedente, inoportuna y que debía haberse rechazado de plano por no existir regulación de honorarios firme.-
Asimismo, manifiesta el quejoso que la medida decretada es subsidiaria al embargo que solamente procede cuando no se conocen bienes al deudor o estos resultan insuficientes para cubrir el crédito reclamado.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Considero útil recordar, siquiera brevemente, algunos conceptos doctrinario-jurisprudenciales en torno a las medidas cautelares en general y a la inhibición de bienes en particular.-
Con la claridad expositiva que lo caracterizaba decía Piero Calamandrei que las medidas cautelares no constituyen un fin por si mismas sino que están ineludiblemente pre ordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva cuyo resultado práctico asegura preventivamente; nacen al servicio de una providencia definitiva.-
Enseñan Morello-Sosa Berizonce (Códigos Procesales T II- C p g. 493) que "las medidas cautelares se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende asegurar (fumus bonis iuris); se protege un derecho que todavía no es cierto, líquido y consolidado, sino tan solo probable y aún dudoso, es decir, un derecho incipiente.
Modernamente el criterio para el decreto de las medidas cautelares ha evolucionado hacia una tendencia liberal y amplia, por cuanto, tanto o m s que el interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no fracase por la inevitable lentitud de su actuación (Cfe. autores citados pág. 499).
Veromisimilitud del derecho no implica certeza; reiteradamente se ha pronunciado en tal sentido la Sala que hoy tengo el honor de integrar; en la causa 34.O32, R.S. 217/95 con la integración de los Dres Suares, Calosso y Conde cuando dijo que "la procedencia de las medidas precautorias, por su naturaleza cautelar, no requieren una prueba plena y concluyente del derecho que se invoca, ni un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, bastando que a través del examen prudente de los autos se pueda percibir el fomus bonis iuris" (en igual sentido causas 34.547 R.S 93/2001, 34.O32 R.S 217/95, 34.659 R.S 548/95 entre otras).-
Y agrego de mi pensamiento que si el órgano jurisdiccional fuera restrictivo en la apreciación del "peligro en la demora" seguramente tal "peligro" se convertirá en "realidad" aniquilando así el objetivo de las cautelares que antes he recordado.
Cuanto a la inhibición general de bienes es una cautelar específica que procede cuando aparte de los recaudos genéricos, que acabo de analizar, se ignoran bienes del deudor para cautelarlos suficientemente.
Se ha expedido la generalidad de la jurisprudencia y esta Sala en particular (causa 34.45O R.S N° 408/95 entre otras).
En dicha senda y siguiendo al Dr. Lino Enrique Palacio, recordamos que la inhibición general de bienes constituye una medida cautelar que se traduce en la interdicción de vender o gravar, genéricamente, cualquier cosa, inmueble o mueble registrable de que el deudor pueda ser propietario en el momento de anotarse la medida o que adquiera con posterioridad.-
Entre otros, constituye requisito de la medida la circunstancia de no conocerse bienes del presunto deudor, lo cual ha generado opiniones dispares, pues mientras algunos autores entienden que la inhibición no puede decretarse mientras no se acredite, mediante el respectivo informe registral, la inexistencia de bienes embargables, otro sector de la doctrina y diversos precedentes judiciales consideran que resulta suficiente para disponer la medida, la sola manifestación del peticionario en el sentido de desconocer la existencia de bienes del deudor.-
Palacio se inclina hacia esta última solución, ya que, por un lado, el previo requirimiento de informes no se concilia con la celeridad que debe presidir el diligenciamiento de las medidas cautelares y, por otro lado, corresponde tener en cuenta que el deudor cuenta con la posibilidad de obtener el inmediato levantamiento de la medida mediante el ofrecimiento de bienes a embargo o dando caución.-
A tales argumentos se suma el hecho de que, a raíz del carácter local de algunos registros, como el de la propiedad inmueble, obligaría al acreedor, con grave riesgo de sus derechos, a requerir informes de todos ellos, ya que sólo así puede lograrse la absoluta certeza acerca de la inexistencia de bienes registrables (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tomo III, págs. 163 y sgtes.).-
Igualmente, y en atención a que el acreedor es quien tiene mayor interés en que se autorice la mejor cautela posible, sería absurdo que mienta para conseguir la orden de inhibición. Así, se ha decidido que es dable entender que quien pide una inhibición general de bienes ya ha averiguado los extremos que la justifican, siendo innecesario precisarlos en el escrito en el que se requiere la medida (cfr. Kiper, "Medidas Cautelares", Tomo I, págs. 395 y sgtes.).-
Y en este mismo camino, esta Sala ha dicho que "la doctrina y la praxis jurisprudencial enseñan que no obstante que, como paso previo a la inhibición del deudor, es necesario acreditar la imposibilidad de practicar el embargo por desconocerse la existencia o individualización de bienes, tal diligencia queda suplida por la manifestación del actor en ese sentido (Pio Jofre, Cód. Procedimientos, p.188; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales 1ª edición T° III pág.256)" (causa nro. 46.062, R.S. 311/2001).-
Y también se ha dicho desde aquí que "es cierto que como paso previo a la inhibición es necesario acreditar la imposibilidad de practicar el embargo por desconocerse la existencia o individualización de bienes pero con criterio flexible la praxis jurisprudencial viene decidiendo que tal diligencia queda suplida por la manifestación del peticionante en tal sentido, a lo que se agrega que el afectado por la medida goza de la facultad otorgada por el art. 203 del C.P.C.C. de requerir la sustitución de la medida por otra que le resulte menos gravosa (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales...", Ed. Platense-Abeledo Perrot, Bs.As. 1986, p.p. 923 y 931)" (causa nro. 34.450, R.S. 408/95).-
Tales fundamentos son de aplicación al caso concreto de autos.-
Veamos.-
En primer lugar -como bien lo expone el incidentista- nos encontramos ante una ejecución cuya génesis ha sido un convenio de honorarios oportunamente homologado (ver fs. 393 y vta. y fs. 395 de los autos caratulados "GOMEZ JORGE DARIO Y OTRO C/ SAURAS EMILIO LUIS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" que en este acto tengo a la vista).-
De aquel convenio claramente surge que el Sr. Gomez reconoce en favor de los letrados en concepto de honorarios profesionales, el equivalente al 10% (cinco para cada letrado) del valor total real (conforme la tasación de 2 martilleros de la zona a la fecha de sentencia firme o conciliación) del inmueble del juicio de marras.-
También surge del mismo que los incidentistas hacen renuncia expresa a la percepción de los honorarios que se regulasen judicialmente y sólo cobrará lo pactado. Ello sin perjuicio de poder percibir los honorarios regulados de la parte demandada en aquellos actuados para el caso que sean condenado en costas.-
Claro es entonces que este convenio es el que se persigue en la ejecución y ello surge claro de las piezas con las cuales se la instauró.
Ningún argumento traído por el quejoso respecto de si los honorarios han sido o no regulados en autos principales escapa a la realidad del aludido convenio homologado.-
Vale decir, que tales argumentos no son capaces de revertir la decisión de la jueza de grado.
Seguimos estudiando los autos que corren por cuerda al presente y observamos que aún no se ha escriturado el inmueble objeto de autos a nombre del Sr. Gomez.
Mal puede entonces recaer embargo sobre un inmueble que aún no se ha escriturado a su nombre del Sr. Gomez.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el cautelado, en cualquier momento, puede obtener el levantamiento de la inhibición dando a embargo bienes suficientes (art. 228 CPCC).-
Con lo cual, es claro el camino que el cautelado ha de transitar en tal sentido.-
Diré, finalmente, que en cuanto al perjuicio del que nos habla el quejoso, tal circunstancia es ajena a la procedencia, o no, de la medida decretada; es que la medida se dicta bajo responsabilidad del peticionante, con lo cual si la misma hubiera ocasionado algún perjuicio, y convergieran los demás recaudos que hacen a la responsabilidad civil de quien la peticionó, ello deberá ventilarse por la vía y forma que corresponda, pero no es fundamento bastante como para (dentro del acotado marco del recurso interpuesto contra la medida cautelar decretada) modificar lo que se ha decidido en la instancia previa.-
Lo cierto es que, estando en juego cuestiones de naturaleza alimentaria (como los honorarios profesionales), existiendo un convenio homologado y habiendo formulado el peticionante la manifestación requerida (en el sentido de desconocer bienes para embargar) la inhibición general de bienes se tornaba, tal lo ya explicitado, procedente; y ello, se insiste, sin perjuicio de las eventuales responsabilidad del caso, para el supuesto de haber sido obtenido la misma sin derecho o de manera abusiva.-
Así las cosas y por todo lo expuesto por mi en los párrafos que anteceden soy de la idea que se deberán rechazar los agravios traídos y confirmarse la resolución en crisis. Ello con costas al apelante en su calidad de vencido en atención a lo normado por el art. 68 del ordenamiento procesal bonaerense.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Costas de Alzada : al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia