Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126124
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 126.124 "M. L. Y OTRO S/ INCIDENTE DEL ART 250 DEL CPCC"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, declaró la situación de adoptabilidad de L. R. M., A. R. M. y A. P. F. (v. sents. del 26-IV-2022 y 7-IX-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora, señora A. M. F., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 18-IX-2022) y, asimismo, el progenitor, señor A. L. M., también a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 18-X-2022). Siendo concedidos ambos recursos extraordinarios en la instancia ordinaria (v. resols. del 28-IX-2022 y 21-X-2022, respectivamente), son traídos a consideración de este Superior Tribunal, los que serán abordados en forma conjunta dada la similitud de los planteos esgrimidos.
III.1. Ingresando al estudio de las piezas impugnativas articuladas, mediante las cuales se denuncia, por un lado, errónea aplicación y violación de los arts. 3, 7, 8, 9, 18, 20, 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 11.2, 17.1, 19 y 24, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de su par local; 607, 621, 1775 y concs., del Código Civil y Comercial; 37 de la ley 26.061; 9, 18 de la ley 13.298; y leyes 24.632 y 26.485 (v. recurso presentado el 18-IX-2022); y, por el otro, errónea aplicación y violación de los arts. 7, 8 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de su homónima provincial; 608, 609, 621, 706 y concs. del Código Civil y Comercial; 3, 33, 34, 37 y concs. de la ley 26.061 y ley 13.298, como así también de doctrina legal (v. recurso presentado el 18-X-2022); se anticipa que éstas no pueden prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que portan (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de las medidas de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas consideró:
a) "... encuentro que la solución propuesta (estado de adoptabilidad y sus subsecuentes disposiciones) es la que responde al mejor interés de los niños L. R., A. R. y A. P., puesto que constituye una medida respetuosa de dos principios fundamentales que dan contenido a la protección especial de la niñez: la prohibición de toda forma de violencia contra los niños y la excepcionalidad de la medida de separación del niño de su familia de origen, máxime si tenemos en cuenta que los progenitores de los menores han sido condenados el 11/07/2022 a la pena de 25 años de prisión (conf. Causa N° LM -1049/2021 (Causa N° 6286) - en el marco de la I.P.P N° 05-00-008838- 20/00-, que se encuentra digitalizada en formato PDF al trámite de fecha 12/07/2022) y que no hay familia extensa o referentes afectivos que puedan brindarles una familia..." (v. sent. cit., págs. 13/14);
b) "... se tomo contacto presencial con los niños, quienes volvieron a expresar que desean ser adoptados los tres juntos por una familia, pedido que es coincidente con lo expresado en la audiencia del 20/12/2021 llevada a cabo en la Instancia de Grado y lo informado en los informes de las Licenciadas Griselda Buera, (informe del 31/03/2022) y Sandra Fabiana Nieva (informe del 01/04/2022) y por la Dra. Natalia Elisa Sueiro - Abogada del Niño - en la P.E del 09/08/2022..." (v. sent. cit., pág. 14);
c) "... Las constancias de autos (...) dejan en claro y sin margen de dudas que no cuento con elementos que me permitan revertir la medida adoptada por el Magistrado de Grado..." (v. sent. cit., pág. 14);
d) "... las decisiones apresuradas o sin trabajo previo tampoco corresponden. Pero ese trabajo, ese acompañamiento tiene un límite, no puede ser eterno y porque es ahí donde se vulneran los derechos de los niños, se pasa su infancia -una etapa tan crucial para la formación- sin tener una familia digna que les de protección, alimentos, educación [...] no se puede esperar más, L., A. y A. deben tener una familia que les brinde todo lo necesario para que puedan desarrollarse en un ambiente sano..." (v. sent. cit., págs. 14/15).
e) "... teniendo en cuenta que no hay referentes afectivos que puedan hacerse cargo de los niños -conf. informó en su dictamen el SLPPDNA-, sumado a ello, el hecho de que tanto padre y madre de los menores se encuentran privados de su libertad, considero que los niños deben ser insertados en un grupo familiar que les permita desarrollarse en forma estable y con el compromiso afectivo necesario para que puedan, con amor y contención, superar la difícil situación que vivieron..." (v. sent. cit., pág. 15).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las págs. 2/12 del embate efectuado por la progenitora (v. presentación del 18-IX-2022) como así tampoco por los alegados en las págs. 2/6 del embate del progenitor (v. presentación del 18-X-2022), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar la labor efectuada tanto por el organismos administrativo como los jurisdiccionales intervinientes) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de su hijo A. R. M. y sus hijas L. R. M. y A. P. F. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar las impugnaciones formuladas y permite, además, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo de los recursos que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de L. R. M., A. R. M. y A. P. F., en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la adopción de las medidas de abrigo, cuya intervención viene de larga data y no admite más dilación (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza del 21-II-2020 -fojas 2/4- y 27-X-2020 de los autos "M. L. R.. Abrigo"; del 21-II-2020 -fojas 2/5-, 25-VI-2020 y 26-X-2020 de los autos "M. A. R. Abrigo"; del 21-II-2020 -fojas 2/6- y 26-X-2020 de los autos "M. A. P. Abrigo").
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en los recursos articulados por los progenitores (v. págs. 2/12 del escrito del 18-IX-2022 y págs. 2/6 del escrito del 18-X-2022) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por el equipo técnico del Juzgado; entre las que se destaca por un lado las de la licenciada Sandra Fabiana Nieva -perito Trabajadora Social- quien mantuvo entrevista con la Directora de la institución donde se encuentran alojados los niños: "... El apellido correcto de la niña, A. P., es F.; L. y R. se apellidan M. (...) Desconoce datos de otros familiares de los niños: 'desde que están acá nadie se acercó de la familia'; 'no tienen vínculo ni contacto alguno con los padres' (sic), (...) plantea que, los niños 'quieren ser adoptados los tres juntos, por una familia compuesta por una mamá y un papá'..." (v. informe del 1-IV-2022 que en copia se adjunta a los presentes). Y, por otro, las de la licenciada Griselda E. Bruera -perito psicóloga- quien concluyó: "... En base a las evaluaciones efectuadas sugiero dar curso a lo solicitado por los niños respecto a ser adoptados por la familia que ellos desean y que le expresaron claramente a la suscripta..." (v. informe del 31-III-2022 que en copia se adjunta a los presentes).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre él pueda tomarse y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/ protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, ley 26.061, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de L. R., A. R. y A. P. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción va siempre en detrimento de los derechos fundamentales de los niños (conf. doct. art. 594, CCCN). Máxime cuando los niños han sido escuchados, habiendo expresado su deseo de ser adoptados (v. acta del 20-XII-2021 que en copia se adjunta a los presentes), y cuando en autos no existe la posibilidad de que puedan revertirse las circunstancias fácticas dadas en un futuro inmediato. Esto es así en atención a la gravedad de los hechos que han sido expuestos y denunciados en autos, que han conducido a que en la actualidad ambos recurrentes se encuentren condenados a veinticinco años de prisión por resultar autores penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo por tratarse de los progenitores de los niños, corrupción de menores agravada también por ser los progenitores de los niños y lesiones leves (v. documental adjunta el 12-VII-2022).
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
IV. Finalmente, pese al embate infructuoso intentado por la recurrente, no puede soslayarse el reclamo formulado en torno a la inaplicabilidad de la ley 26.485 y la mención que realiza en torno a la falta de perspectiva de género.
En primer lugar cabe ponderar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Bajo este paradigma y a la luz de la gravedad de los hechos acontecidos en autos, no se advierte a simple vista vulneración de tal normativa a su respecto como tampoco que la recurrente haya logrado comprobar infringidas las normativas contenidas en los documentos normativos señalados.
Sin embargo, podría destacarse en autos la trascendencia de la idea de la interseccionalidad que tiene nacimiento en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente en el principio de igualdad y no discriminación, y persigue la defensa de los derechos humanos colocando a las personas en igualdad real de oportunidades pero reconociendo que, en muchas ocasiones, una persona puede verse atravesada por diferentes categorías protegidas o, desde otra óptica, enfrentar múltiples formas de discriminación que no requieren un tratamiento aislado sino la comprensión de la intersección y de que su combinación da lugar a nuevas formas de discriminación mucho más gravosas y específicas (Corte IDH, caso "González Lluy y otrs. v. Ecuador", sent. de 1-IX-2015, párr. 290).
En autos, tanto L. R. como A. P., son mujeres y niñas, y la mirada con perspectiva de género que impone la 26.485 analizada desde un punto de vista transversal e interseccional en razón de las mayores vulnerabilidades que detentan por su corta edad, sumado a los graves padecimientos ya sufridos, exigen una respuesta inmediata por parte de la jurisdicción dirigida a lograr una inmediata reparación, procurando con ello cubrir el mayor apoyo que estas niñas necesitan para impulsar sus proyectos de vida de cara al futuro (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y concs. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará"; 594, 595 y concs. Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 5, 7, 16 y concs. ley 26.485).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2022 14:29:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 09:17:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 15:47:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:07:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 13:57:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2022 14:50:20 hs. bajo el número RR-671-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia