Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala I · Causa 81556
“ABDALA, MELINA BELÉN Y OTRO/A C/ ABDALA, HÉCTOR GABRIEL S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA”
En General San Martín, se reúnen en Acuerdo Ordinario, de conformidad con los Acuerdos Extraordinarios Nº666/2008, 843 y 873/22, los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Dres. Carlos Ramón Lami y María Silvina Pérez Cuervo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ABDALA, MELINA BELÉN Y OTRO/A C/ ABDALA, HÉCTOR GABRIEL S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Lami y Pérez Cuervo. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión el señor Juez Dr. Lami dijo:
I. Contra los alimentos provisorios establecidos el 28/12/2022 por un importe de $34.000 y por el plazo de seis meses, el demandado el día 17/02/2023 interpuso recurso reposición con apelación en subsidio, y en fecha 22/02/2023, se rechaza el primero se concede en relación y con efecto devolutivo el segundo.-
II. En su presentación el Sr. Abdala solicita se deje sin efecto la fijación de alimentos provisorios establecidos a favor de su hija.-
En sus fundamentos señala que no existe verosimilitud en el derecho para el dictado de alimentos, pues entiende que su deber parental cesó de pleno derecho por haber adquirido la Srta. Melina Belén Abdala la mayoría de edad y por sobre todo por contar ella con “ suficientes recursos propios necesarios para su propia manutención”( sic).-
Refiere que la propia actora reconoció –tras haber sido denunciado por él en la audiencia-, que, desde mayo de 2022 trabaja en relación de dependencia en “Farmacity”, conforme surge de los recibos de haberes por ella aportados (aprox. $40.000 mensuales).-
Señala que, sin perjuicio de tal reconocimiento, la accionante persiste en su reclamo ya que considera que los recursos que percibe no resultan suficientes por tratarse de un empleo “part-time”, lo cual el recurrente controvierte y cita que conforme C.C.T. de ADEF en noviembre se encontraba percibiendo la suma de $65.000 y en febrero de 2023 $80.000, los cuales supone que serán incrementados nuevamente en marzo.
Por ello considera que, como el salario de la Srta. Abdala –aún siendo “part-Time”), supera ampliamente el Salario Mínimo Vital y Móvil, el que resulta suficiente y basto para su manutención, quedando encuadrado claramente en la excepción prevista en el art. 658 CCyC.-
Manifiesta que la Srta. Abdala nunca ha justificado la falta de medios, tal como lo establece el art. 544 CCyC, y considera que, por el contrario, lo que sí se encuentra acreditado es que ellos son suficientes.-
En cuanto a los gastos de salud que alega (plantillas, anteojos, etc.), dado que como trabaja en relación de dependencia, tiene cobertura social y los mismos se encuentran cubiertos por ella.-
Afirma que no existe peligro en la demora que justifique el dictado de alimentos provisorios, toda vez que la actora cuenta con recursos propios suficientes.-
Hace alusión a que la resolución apelada fue dictada el 28/12/2022 y la apertura de cuenta judicial operó el 30/12/2022, pudiendo haber cursado ese último día hábil del año la cédula electrónica, la que procedió a librar recién el 14/02/2023, dejando transcurrir un mes y medio, sin utilizar la herramienta de habilitar la feria para cumplir con las diligencias necesarias al respecto, por lo que interpreta que no existe el estado de necesidad argumentado, ni el peligro en la demora que amerite el dictado de una medida cautelar, como tampoco se encuentra justificada la falta de medios que exige el art. 544 para la fijación de alimentos.-
Remarca que la actora no sólo cuenta con medios propios, sino que además, por ser suficientes los mismos, no se halla en modo alguno en la situación económica que describe.-
Estima que el presente proceso se encuentra plagado de irregularidades procesales que la actora ha desplegado desde el inicio con una clara intención revanchista deliberada, no de la propia reclamante de alimentos, pues sin perjuicio que la misma era ya mayor de edad al momento del inicio de la acción, de todos modos la misma fue iniciada única y exclusivamente por su madre en su representación denunciando una minoría de edad que ya no era tal, pues ya contaba la misma con 19 años de edad, habiendo comparecido la pretensa alimentada recién en el momento de celebrarse la audiencia.-
Sustenta que no sólo resulta improcedente la continuidad de la cuota alimentaria establecida a favor de la Sra. Abdala sino que además, en el marco de un proceso incidental por aumento de cuota alimentaria, no procede la fijación de una cuota alimentaria provisoria, instituto procesal que no cuadra en modo alguno con este tipo de procesos.-
Por último refiere que no se encuentran acreditadas todas las circunstancias que denuncia la actora respecto a su nivel de vida (cenas en restaurantes, viajes, etc.), y expone que su trabajo de electricista es casual, que no es más que el mismo que tenía hace unos años atrás, pues su situación física no se lo permite. Expone que lo que percibe le alcanza exclusivamente para sostener su nivel de vida que es básico.-
Remarca que, no se encuentra demostrado en autos el estado de necesidad de la accionante, como tampoco nada se ha aportado sobre la situación económica del demandado, es más, que ello surge de las propias afirmaciones sobre el hecho de que desconoce sus ingresos.-
Solicita se revoque lo resuelto en la instancia de grado y se deje sin efecto los alimentos provisorios fijados.-
III. Corrido el traslado de ley, las actoras responden los fundamentos recursivos el 07/3/2023.-
En dicha presentación exponen que el demandado no sólo que unilateralmente decidió reducir a la mitad la cuota alimentaria sino que luego, al ser intimado por carta documento, cesó su pago.-
Remarcan que Melina trabaja única y exclusivamente por necesidad, y debido a su edad y nula experiencia laboral, el empleo que consiguió le permite tener un ingreso que la ayuda a costear parte de sus necesidades. Que es de público conocimiento que, aunque asista a una universidad pública, el estudio le insume además de tiempo, dedicación y corazón, dinero, el cual al no contar con la asistencia de su progenitor, debe procurárselo en parte por sí misma.-
Aclaran que, por la licencia de una compañera y dado la época del año donde no debía cursar en la universidad, aprovechó la oportunidad ofrecida por el supervisor y realizó horas extras, las que le permitieron contar con un ingreso adicional en un momento determinado del año en el cual no se encontraba avocada a sus estudios universitarios.-
Exponen que el deseo de Melina es el de continuar con sus estudios universitarios y formarse como profesional, pero que la falta de asistencia por parte de su progenitor se lo obstaculiza.-
Refieren que se equivoca el demandado al considerar que con los ingresos que recibe por su trabajo part-time de cajera de la empresa “Farmacity” le alcanzan para cubrir sus necesidades alimentarias, las cuales tendrían que ser atendidas por su progenitor por su responsabilidad parental, contemplada en los arts. 658 y 670 CCyC.-
Advierten que la obligación de los progenitores respecto de sus hijos abarca gastos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos de enfermedad, y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio (art. 659, CCyCN) y se extiende hasta los 21 años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Por lo cual, se preguntan si: ¿considerará el progenitor que un sueldo part-time de cajera le permitirá subsistencia a una estudiante universitaria? ¿No se pregunta en ningún momento de por qué Melina se vio en la necesidad de buscar una forma de cubrir sus necesidades no cubiertas por él?
Recuerdan que el artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación establece como regla general, que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna. Existen bastas pruebas de que el Sr. Abdala no ha cumplido con esta obligación y ha carecido de todo gesto de contención en pos de su hija Melina tanto económica como sentimentalmente.
En cuanto a los ingresos del progenitor, responden que han realizado una estimación la cual se lleva a cabo considerando la demanda de su profesión en el mercado y que el señor Abdala no tiene impedimentos que haya demostrado, para ejercer su profesión.
Por lo expuesto consideran que no existen casuales válidas para que su accionar no sea moralmente y legalmente reprochable.
Interpretan que las aseveraciones del demandado resultan ruines y de la más baja calaña. Pues se encuentra demostrado en más de una ocasión la carrera que estudia Melina, su desempeño académico y el programa de estudios, el cual no permite que tenga un trabajo full time que le permita generar ingresos tales como cubrir con ellas todas sus necesidades alimentarias.-
Consideran que los hechos vertidos por el Sr. Abdala y sus representantes no son más que pruebas de la violencia económica que ha ejercido hacia su parte durante los últimos años.-
Adicionan que el deber alimentario particular de los padres en favor de los hijos cesa cuando la autoridad parental termina por muerte de los padres o de los hijos, por la mayoría de edad de éstos —salvo el caso de su prórroga hasta los 21 años regida por el art. 658, segundo párrafo, cuando se emancipan por matrimonio, y cuando son adoptados por un tercero (art. 699, inc. e), ninguna de estas son las causales que le permitirían al Sr. Abdala cesar la cuota como la ha hecho.
Solicitan se rechace el recurso de apelación presentado por la demandada, con costas.
IV Entrando al análisis del recurso interpuesto, adelanto mi opinión contraria a su procedencia.-
El presente incidente se inicia el 13/10/2022, en donde tanto la Sra. María del Pilar Villalba (progenitora conviviente de Melina Belén Abdala) solicita el aumento de la cuota alimentaria establecida a favor de su hija y a cargo de su progenitor Sr. Héctor Abdala, en una suma no inferior a los $40.000.-
Refiere que mediante acuerdo homologado el 20 de diciembre del año 2018 en autos “ Villaba, María del Pilar c/ Abdala, Héctor Gabriel s/ Divorcio (art. 214 inc. 2 C.C)-alimentos-régimen de visitas-tenencia de hijos ” (Expte. Nro interno 60.001 tramitado ante el Juzgado de Familia N°5 Departamental (conforme lo que surge de la consulta por la MEV), se había establecido una cuota alimentaria a favor de sus dos hijos, pero que, a partir de febrero de 2022, al arribar a los 25 años de edad uno de ellos, de manera unilateral el alimentante decidió reducir a la mitad la cuota que venía abonando, sin tener en consideración que la misma no era suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de Melina, quien se encontraba próxima a comenzar una carrera universitaria.-
Solicita se fijen alimentos provisorios en una suma no menor a los $25.000.-
El 20/10/2022 la Magistrada de grado, ordena el pase de las actuaciones al Consejero de Familia, quien establece fecha de audiencia de conciliación la que se lleva a cabo el día 22/11/2022 en donde las partes no arriban a ningún acuerdo.-
Posteriormente el 28/11/2022, se presenta la Sra. Villalba junto a su hija la Srta Melina Belén Abdala, quienes denuncian que no sólo el Sr. Abdala de manera unilateral decidió reducir a la mitad la cuota alimentaria a partir de febrero de 2022, sino que en septiembre interrumpió directamente el pago de la misma, refiriendo que, a la fecha de dicha presentación el alimentante adeuda la suma de $147.886,63.-
Exponen que Melina cuenta con 19 años de edad, cursa el ingreso a la “ Tecnicatura en Cosmetología facial y corporal ” en la Universidad de Buenos Aires, con un plan de estudios que exige cursar materias teóricas en un turno y prácticas en otro turno diferente.-
Asientan que producto del total abandono económico que sufre por parte del padre, Melina se vio obligada a buscar un empleo part-time, ya que su estudio no le permite otro tipo de trabajo, y que su sueldo ronda los $50.000 mensuales, suma que no alcanza para sustentar sus necesidades alimentarias.
Acompañan recibos de haberes, y dan cuanta que tiene necesidades médicas que cubrir de inmediato, pues le han recetado plantillas y anteojos físicos como de contacto, los cuales por su elevado costo no puede afrontar (aporta receta médica y presupuesto tanto de plantillas como de anteojos).-
Vuelven a manifestar que el Sr. Abdala efectúa trabajos como electricista de grandes empresas y adjunta capturas de pantalla de las redes sociales donde puede apreciarse que el demandado cuenta con una capacidad económica holgada que le permite salir a restaurantes, vacacionar; y es desde donde presume sus trabajos de electricidad.-
Reiteran el pedido de la fijación de alimentos provisorios en una suma no menor a los $25.000, ya que le resulta esencial para Melina contar con el aporte económico de su progenitor, destacando la difícil situación inflacionaria que atraviesa nuestro país.-
Señalan que la verosimilitud en el derecho surge del vínculo de parentesco y que el peligro en la demora en estos supuestos se presume .-
Intimadas las actoras a denunciar, siquiera aproximadamente el caudal económico del alimentante (16/12/2022), manifiestan el 26/12/2022, que, como el demandado no tiene vínculo, contacto o relación con Melina, desconocen sus ingresos, pero que ha llegado a oídos de ellas que se desempeña como electricista matriculado de COPIME con matrícula R002689 y que a su vez está a cargo del dictado de cursos en el Centro de formación de dicho Colegio Profesional, por lo que a los efectos de estimar sus ingresos adjuntan el listado de honorarios mínimos establecidos por dicha organización. Asimismo, mencionan que, más allá de los ingresos que el demandado perciba, no tienen lugar a dudas de que son mucho más que dos salarios mínimos vitales y móviles, que no tiene gastos de alquiler, y de acuerdo a lo anteriormente aportado al expediente cuenta con la posibilidad de ir a cenar a restaurantes y viajar por placer, dos aspectos que para Melina se encuentran negados.-
Realizado una reseña de los antecedentes que entiendo relevantes, comenzaré con el estudio del recurso interpuesto.-
Si bien el presente incidente de aumento de cuota alimentaria ha sido iniciado el 13/10/2022 por la Sra. Villalba en momentos donde su hija Melina ya había arribado a la mayoría de edad, pues cumplió sus 18 años el 09/09/2021, lo cierto es que el art. 662 del CCyC le otorga al progenitor que convive con el hijo mayor de edad legitimación para iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad, ello con el fin de obtener la contribución del otro progenitor hasta que el hijo cumpla los veintiún años. Por lo tanto la Sra. Villalba se encontraba legitimada para solicitar el aumento de cuota alimentaria.-
De conformidad con el principio constitucional de igualdad en las relaciones familiares, el art. 658 del CCyC dispone que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Si bien el hijo alcanza la plena capacidad a los dieciocho años (art. 25 CCyC), la obligación alimentaria se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con los recursos suficientes para proveérseles por sí mismo.-
Una de las principales obligaciones que tienen los padres hacia los hijos es la de alimentarlos, y ésta lo es conforme a las necesidades de los hijos, las cuales se presume que son mayores a medida que crecen en su desarrollo madurativo.-
Existe confusión en el recurrente cuando sostiene que por haber arribado Melina a la mayoría de edad (18 años) su obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental cesa. En ese orden, es claro tanto en el ordenamiento derogado como en el actual que el sólo hecho de alcanzar la mayoría de edad no importa el cese de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental dado que la misma se extiende hasta los veintiún años con algunas causales específicas de cese. Se trata de una idéntica obligación alimentaria tanto en su alcance y contenido como también en los requisitos de procedencia y queda en el alimentante demostrar que debe cesar su obligación porque el beneficiario puede proveerse alimentos y que dichos recursos sean suficientes para sustentarse por sí mismo, lo que entiendo no acontece en el caso de autos.-
Esto quiere decir, que el principio es que se " mantiene a cargo del alimentante la obligación alimentaria la cual cesa de pleno derecho recién a los 21 años y no con la mayoría de edad ” (CNCiv., Sala I, 15-7-200, “C.,G.F. c/ K., S.A. S/ A.” L.L., 2010-E-266, AR/JUR/41338/2010).-
Siendo la liberación de los progenitores una excepción cuando prueben debidamente y por la vía procesal indicada, que el hijo tiene capacidad material o cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de su vida cotidiana de manera autónoma, es decir que la carga de la prueba para que se aplique tal excepción recae sobre el padre.-
En cuanto los agravios planteados respecto a que Melina no ha acreditado su necesidad de alimentos, ni la falta de medios para sustentarse, es preciso recordar que, como nos encontramos dentro de los alimentos dispuestos en el art. 658 del CCyC derivados de la responsabilidad parental, como bien lo señala Bossert: “ La prestación alimentaria es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la patria potestad; no está sujeta entonces, como en el caso de los restantes parientes, incluido el hijo mayor de edad o emancipado, a la prueba de la necesidad por el reclamante. Basta el pedido para la procedencia del reclamo, sin perjuicio de que la cuota se establecerá en relación a las posibilidades del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor” (BELLUSCIO, Claudio, Prestación alimentaria, Universidad, Buenos Aires, 2006).-
En particular, y respecto a este tipo de alimentos (derivados de la responsabilidad parental), no se requiere prueba por parte del alimentado de la necesidad de los mismos o de la falta de medios para poder hacerse de ellos, ya que la necesidad se presume, por lo que el hijo no tiene la carga de probarlos, ello sin perjuicio de que la cuota se establezca en relación con las posibilidades del demandado y con la necesaria contribución del otro progenitor (Kemelmajer de Carlucci, Aída; Molina de Juan, Mariel: “Alimentos” Tomo I, pág. 101 y sgtes. Rubinzal-Culzoni Editores, año 2014).
Es decir, que en el caso Melina no tiene que probar su necesidad alimentaria, la que, como es sabido, no se circunscribe a lo estrictamente alimentario o con un concepto restringido como en el supuesto de la obligación alimentaria entre parientes.-
En este sentido, Grosman expresa que " El concepto de necesidad tiene, entonces, un aspecto objetivo gestado en el proceso histórico y un contenido subjetivo derivado de las particularidades características del niño. Sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud y esparcimiento responden a cada momento de la historia humana, lo cual se traduce en el contenido de derechos de la infancia (derecho a la vida, derecho a la integridad psicofísica, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al desarrollo), reconocidos en los di
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.