Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142679 1
En la ciudad de La Plata, a los 5 días del mes de Mayo de 2026 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados "F., J. A. c/S., J. R. s/INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA" (causa: 142679-1 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 04/02/2026, aclarada el 05/03/2026?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.1. Mediante sentencia del 04/02/2026 el Juez de la instancia previa hizo lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria promovido por F., J. A. c/S., J. R. en favor de su hija M. S. S. fijando en consecuencia la suma equivalente al sesenta por ciento (60 %) del Salario Mínimo Vital y Móvil. que deberá el demandado abonar mensualmente en favor de su hija M.S., que al mes de febrero implica la suma de $208.080.
1.2. Contra esta forma de decidir, se alzó la parte demandada mediante recurso de apelación que concedido llega fundado en la presentación del 16/03/2026, replicado por la actora el 20/3/2026.
Refiere en lo sustancial que el fallo se sustenta en hechos y circunstancias que no han sido debidamente probados; que es a la demandante a quien incumbía probar que los presupuestos para el aumento de la cuota alimentaria existieron y cuáles habían sido las "enormes y manifiestas diferencias..." con respecto a una cuota que ella misma había consensuado en audiencia del 30/09/21, homologada en los autos principales "F., J. A. c/ S., J. R. s/alimentos-Expte.8927/21) y que poco tiempo después peticiona su incremento de prácticamente el doble sin que al menos merezca calificar esa actitud de "abusiva".
Aduce que el vínculo filial demostrado no habilita la petición de aumento de cuota y menos aún de la entidad en que lo requiere la actora y le es concedido; que no se dio especial relevancia a las pruebas vinculadas a las posibilidades económicas del obligado al pago de los alimentos y variación de las necesidades de la niña; que el informe socio ambiental elaborado por la trabajadora social Maria Paula Duarte Dobaño, de fecha 6-12-2024 carece de objetividad -asi fue oportunamente impugnado- aunque aclara que de él se rescata que "los progenitores comparten las tareas de cuidado" y que los tres meses de vacaciones escolares de verano., la niña comparte una semana con cada uno de sus padres, datoséstos que no fueron tenidos en cuenta al momento de sentenciar.
Se agravia también que sin apoyatura fáctica se afirma en la sentencia que existe una variación de los presupuestos que se tuvieron en cuenta para establecer oportunamente la cuota alimentaria en las actuaciones principales; que no se acreditaron las "nuevas circunstancias" que mencionara la actora en su demanda como justificantes de su pedido de aumento; que no quedó acreditado que la niña asistiera a clases de baile (Cap.II-inc.H) ni que tuviera gastos por concurrir a múltiples fiestas de cumpleaños de sus amigos ( Cap.II-Inc.D) ni que necesitara de clases particulares (Cap.II-Inc.I) ni que se le abonara a una persona por su cuidado (Cap.-II- inc.K).
Argumenta que el alquiler que estaría abonando la actora no fue probado sino que sólo surge del informe pericial , sin acreditación del pago de esa renta; que el cuidado personal considerado en su valor económica en la determinación de a cuota anterior no puede ser tomado en cuenta como "nueva circunstancia" o variación de los presupuesto de hecho" que ameriten semejante aumento.
Indica por último que el índice de crianza referido en el fallo no fue invocado por la contraparte ; y que no pueden ni deben aplicarse al caso , normas o institutos de manera retroactiva.
1.3. Con fecha 16/04/2026 el Asesor de Incapaces Ad-Hoc dictaminó propiciando la confirmación de la resolución recurrida.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Fundamentación del recurso. Test de admisibilidad. Su suficiencia.
Cuestionada por la apelada la fundamentación traída por el quejoso, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y que en función del criterio amplio y flexible que se impone en la materia por estar en juego el derecho de defensa en juicio (art. 18, C.N.), cabe concluir que los agravios satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales, razón por la cual, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la apelada.
Ello, sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (arts. 260, 261 del C.P.C.C. y su doctrina; esta Sala, resoluciones en las causas 54255, del 26/08/2010; 55509, del 28/09/2011; 118081, del 26/02/2015, e.o.).
2.2. Obligación alimentaria.
2.2.1. He de comenzar señalando que la prestación alimentaria constituye uno de los principales deberes a cargo de los progenitores, que deriva de la responsabilidad parental (arts. 638, 658 y sstes. Cód. Civ. Com.) y que ella comprende los gastos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, enfermedad y todos los necesarios para adquirir una profesión u oficio (arts. 6 y 7 Convención de los Derechos del Niño; 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos; XI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 658, 659 y cctes. Cód. Civ. Com.).
En este sentido, ambos padres deben alimentos a sus hijos, conforme su condición y fortuna, y en proporción a sus posibilidades económicas y necesidades de los alimentados; por lo que no se puede establecer a priori el límite de la obligación alimentaria, sino que su fijación dependerá de los factores indicados.
2.2.2. Cuota alimentaria. Su alcance y variabilidad.
2.2.2.1. La cuota alimentaria fijada en un proceso judicial es por naturaleza esencialmente circunstancial y variable, predominando en ella como en todos los procesos de familia, principalmente los principios de tutela judicial efectiva, buena fe y lealtad procesal y el interés superior del niño (arts. 18, 31 y 75 inc. 22, CN; 1, 2, 705, 706, 709, 710 y ccctes. CCCN).
Así, resulta procedente la alteración (aumento o disminución) e incluso el cese de la ya determinada por sentencia o convenio, en el caso de que con posterioridad a aquél momento hubieran cambiado los presupuestos fácticos tenidos en cuenta para establecerla (conf. esta Sala, causas 134131 RS 340 S 24/09/2024, 137341-1 RS 343/2024 S 24/09/2024, 140281-1 RS 365/2025 S 06/11/2025) , circunstancia que no varía por haber sido ella acordada por las partes y homologada por el juez toda vez que ello no causa estado en el sentido que también puede modificarse en la medida que cambien los hechos tenidos en cuenta como base en aquel momento (esta Sala, causa 131941-1, del 31/05/2022).
Es decir, el reconocimiento y la cuantificación del derecho alimentario puede modificarse atendiendo a los cambios concernientes al tiempo transcurrido desde que se acordara la cuota en cuestión, la mayor edad de los alimentados y el incremento de sus necesidades, como también la mayor o menor capacidad económica de los progenitores (conf. esta Sala, causas 131941-1, RR 253/2022 S 03/06/2022, 140281-1 RS 365/2025 S 06/11/2025), sin que corresponda escudarse en los diferentes pliegues del proceso para limitar su cuantía, con argumentos meramente formales o de tinte ritual que se desentienden del contenido de la cuota alimentaria y su suficiencia.
De igual manera debe estimarse la prueba rendida y la situación actual del plan de parentalidad (arts. 638, 650, 658 ,659, 660, 670 y ccs. del CCCN; 163, 164, 384 y 647 CPCC).
2. 2. 2. 2. En la especie se persigue mediante este incidente, promovido el 04/11/2023, un aumento de la cuota alimentaria, acordada por las partes y homologada en septiembre de 2021 en la causa seguida entre las partes sobre alimentos cuando M.S. tenía 6 años (se acompañan copias con la demanda), extremo que no es controvertido al contestar la incidencia el 12/12/2023.
A partir de ello se tiene por probado la mayor edad de la beneficiaria M.S. hoy de 11 años (ver partida de nacimiento adjuntada a la demanda).
En cuanto a su cuidado personal, surge expuesto por el mismo apelante en el informe socioambiental ordenado como medida para mejor proveer y llevado a cabo por la licenciada en trabajo social Duarte Dobaño María Paula , presentado el 30/12/2024, cuando señala que : "... " su padre la retira a las 17 del establecimiento escolar, la lleva a Danzas (única actividad extraescolar de la niña) de 19 a 20 hs y la regresa al domicilio materno a las 23 hs. Los fines de semana por medio su padre la busca los sábados a las 12 hs y la regresa el Domingo por la noche. Aclara que a partir del 20 de Diciembre y durante el receso escolar de verano la niña comparte una semana con cada uno de sus padres. (de Lunes a Lunes)....". Ello guarda relación con la confesional rendida el 3/06/2024.
Ahora bien, en los procesos de familia la carga de la prueba se rige por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Esto significa que la carga recae en quien está en mejores condiciones de probar ("Los procesos de familia en el nuevo Cgo. Civil y Comercial" por Silvana R. Ballarín. El Dial DC 1 EF 9, publicado el 28/4/2015), y ha sido plasmado en el art. 710 CCCN al introducir la figura de la carga dinámica de la prueba.
Es por ello que el aumento de las necesidades de la menor expuestos en el capítulo II de la demanda derivadas del tiempo transcurrido desde que la cuota alimentaria se fijara, el pleno desarrollo en que se encuentra la niña, su mayores actividades sociales, de indumentaria, alimenticias, de servicios, de actividades como el baile y clases particulares, las tares de cuidado y/o niñera, cuestionadas por el quejoso, se presumen, y por tanto la falta de prueba de ellas se desvanece, sobremanera los reconocimientos que surgen de la confesional por éste rendida el 03/06/2024. Ese aumento, derivación natural del crecimiento de la menor, también emerge del informe socio-ambiental presentado el 30/12/2024 y ninguna prueba en contrario se acercó a estas actuaciones. Por el contrario la prueba testimonial que éste ofreciera fue tenida por desistida el 07/10/2025 (arts. 648 y 649 Cód. Civ. Com; 34 inc. 4, 354 inc. 1, 384, 484 y 838 CPCC).
Y como corolario he de decir que la sentencia no se fundó exclusivamente en el aumento en las actividades extracurriculares específicas ni en erogaciones individualizadas, sino en una valoración integral de las necesidades evolutivas de la niña y de la distribución efectiva de las cargas parentales. Por ello, aun prescindiendo de alguno de los rubros cuestionados por el apelante, subsisten elementos suficientes para justificar la modificación de la cuota desde esta perspectiva.
A su vez, ha de valorarse el incremento del costo de vida, también señalado en la demanda incidental (cap. II) ocurrido desde que fuera fijada la cuota alimentaria originaria en el expediente principal con fecha 30/09/2021, vinculado íntimamente al consecuente envilecimiento de la moneda de curso legal de público conocimiento. Ellos son elementos objetivos del notorio impacto negativo en la posición de la alimentada (art. 384 CPCC).
En cuanto al agravio vertido en torno al alquiler de la vivienda donde reside M.S. con su progenitora, que el apelante señala no estar probado, como tampoco el pago de la renta, sino que sólo encontraría acreditación en el informe socio ambiental, tampoco resulta atendible ante la falta de prueba en contrario de su parte, y cuando al mismo tiempo se advierte que en la oportunidad de alcanzar el acuerdo primigenio sobre los alimentos se hizo referencia a ello (ver copia del acuerdo en la demanda).
También resulta valioso destacar la significación económica que tiene la contribución en especie efectuada por la progenitora para con la niña con quien convive al tiempo que esta va creciendo , y la atención que presta en los múltiples requerimientos cotidianos, ciertamente diferentes al que atendía cuando la niña tenía 6 años -hoy de 11 años-, ocupándose por ello mismo de la mayor cantidad de gastos pues ello implica una inversión de tiempo al que debe atribuírsele valor económico (art. 660 Cód. Civ. Com.) y que son mayores a las que brinda el apelante, con la consecuente reducción de su tiempo laboral e ingresos, en oposición a los del progenitor.
Así entonces y tal como acertadamente puntualiza el sentenciante de origen en sus distintos considerandos, cabe presumir un significativo incremento de las necesidades de la menor edad de edad en cada uno de los rubros que componen la prestación alimentaria, dada la modificación de sus requerimientos e intereses (arts. 25, 659 Cód. Civ. Com; 163 inc. 5 y 384 CPCC).
Esta Sala ha sostenido que , la mayor edad del descendiente con motivo del lapso corrido desde que fuera pactada la referida cuota alimentaria (30/09/2021), autoriza por sí sola el aumento de ésta; pues el crecimiento de los menores trae aparejado el paralelo acrecentamiento de las erogaciones destinadas a la cobertura de sus necesidades, en función de la existencia de mayores gastos para atender a sus demandas en materia de alimentación propiamente dicha, vestimenta, y de nuevas inquietudes educativas y culturales, sumado a una mayor vida propia respecto de la de sus progenitores, todo lo cual hace más onerosa su manutención. (esta Sala, causa 141786-1, RS-429-2025).
Asimismo debe tenerse en cuenta que la apelada es quien afronta el pago de gastos médicos de M.S. dado que de la entrevista volcada en el informe socio ambiental surge al preguntarle al progenitor por la cobertura de obra social y los cuidados de salud "... menciona que no posee y que de los médicos se hace cargo F., aunque él alguna medicación le ha comprado (siempre que la niña está en su casa)...."
En cuanto a la capacidad económica del incidentado, y sus ingresos actuales para afrontar el aumento de la cuota alimentaria, cabe destacar que la impugnación que realizara del informe socio ambiental no se logra demostrar error técnico, arbitrariedad o contradicción concreta que permita descalificarlo desde que aparece fundado debidamente y guarda coherencia con el resto de las constancias de autos. Por el contrario se limita a cuestionar en forma genérica la objetividad de la trabajadora social. De tal manera es valorada la pericia de la que surge de la misma que "...El entrevistado refiere realizar trabajos rurales en condición de empleo monotributista por lo que trabajaría durante la mañana y la tarde. También trabaja en la carpintería de sus padres, quienes le brindan flexibilidad para cuidar a su hija los días Martes y Jueves por la tarde. Se insiste en que pueda exponer sus ingresos económicos aproximados, se niega. Menciona que no está en conocimiento de montos ya que varían mensualmente. Así mismo que también recibe ayuda de sus padres, quienes poseen una carpintería y son propietarios de varios inmuebles en la localidad. (Se consulta si las construcciones de dos pisos que están en su terreno son de su propiedad, afirmando que serían de sus padres)...." .
De tal manera, pese a que sus ingresos que no se logran comprobar, por Secretaría y conforme las facultades oficiosas que le caben (art, 36 CPCC y arts. 706 y 709 CCCN), a los efectos que aquí interesan se obtienen constancias del Registro del Automotor que dan cuenta de lo siguiente: Consulta DNRPA, Completar con Número de Documento CUIT/Documento: 35331739, Información Registral;
Dominio Dominio A RS Tipo persona Documento Tipo documento CUIT Apellido y Nombre
JNY457 01125 FISICA 35331739 D.N.I. 20353317394 S. J. R.
WXI121 B1273612 01125 FISICA 35331739 D.N.I. 20353317394 S. J. R.
XKR898 R0067586 01125 FISICA 35331739 D.N.I. 20353317394 SCASOLA JUAN RAMON
A065OHX 25101 FISICA 35331739 D.N.I. 20353317394 S. J. R.
A134SEH 25101 FISICA 35331739 D.N.I. 20353317394 S. J. R.
Cédulas
Tipo Número Fecha de emisión Dominio Clase Marca Modelo Tipo Año
TITULAR 040001957 2012-06-26 XKR898 AUTOMOTOR FORD F-7000 CHASIS C/CABINA 1982
TITULAR 044701711 2014-01-07 WXI121 AUTOMOTOR FORD F250 CHASIS C/CABINA 1977
TITULAR ABH71559 2015-08-27 JNY457 AUTOMOTOR RENAULT LOGAN PH2 PACK 1.6 8V SEDAN 4 PTAS 2011
TITULAR ATT02390 2023-07-20 A065OHX MOTOVEHICULO MOTOMEL B110 MOTOCICLETA 2013
TITULAR AXV60951 2025-12-12 A134SEH MOTOVEHICULO MOTOMEL S2 MOTOCICLETA 2021.
Por otra parte consultada la página de la AFIP surge que el aquí recurrente está registrado como Monotributista, en la actividad "Servicios de Contratistas de Mano de Obra Pecuaria" Categoría A Primaria, corroborando lo antes expuesto (arts. 384 y 474 CPCC). Por otra parte, está indiscutido que el alimentante reside en una vivienda de su propiedad. Así lo expresa en el informe pericial ".S. refiere haberse mudado hace aproximadamente dos semanas a una vivienda de su propiedad. La misma es un departamento a estrenar en un primer piso, cuenta con dos habitaciones, baño, cocina comedor, balcón, y patio...".
En consecuencia, y sobre la base de todo lo expuesto ninguna duda cabe en cuanto a que ambos progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia de sus hijos durante la vigencia de la obligación alimentaria, y para ello deben efectuar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando la falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (conf. BOSSERT, Gustavo A, "Régimen jurídico de los alimentos", 2º Edición actualizada y ampliada, p. 223).
Es un deber del alimentante procurar los medios tendientes a la manutención de su descendencia, por lo que en el supuesto de que sean insuficientes sus ingresos para cumplir con la obligación derivada de los deberes que impone la responsabilidad parental, deberá redoblar sus esfuerzos para obtener los recursos necesarios con los cuales atender a los alimentos de sus hijos y no trasladarlos al otro progenitor como lo pretendió hacer al contestar la demanda, quien tal como se refirió se halla al cuidado de la menor más tiempo que el papá -no obstante lo acordado para las vacaciones de verano- y sin que llegara cuestionado que también trabaja (ver informe socio ambiental).
2.2.2.3. En función de todo lo expuesto, suficiente para dirimir el alzamiento, la naturaleza asistencial , el interés superior de la beneficiara, el cuidado personal de la niña en mayor cantidad a cargo de la actora, las necesidades de la alimentada (art. 659 Cód. Civ. Com.) y aún pese a la falta de precisión por parte del alimentante de sus ingresos -lo cual no puede colocarlo en una posición más favorable frente a la naturaleza alimentaria del crédito del menor- frente a la presunción de solvencia que surge de sus posibilidades económicas, se concluye que el monto establecido como alimentos equivalente al 60 % del Salario Mínimo Vital y Móvil. que deberá el demandado abonar mensualmente en favor de su hija M.S. que al momento de la sentencia (febrero 2026) representaba la suma de $ 204.600, y al presente con un SMVM de $357.800 equivale a la suma de $214.680 no se revela abultado ni desmedido para solventar los gastos imprescindibles para la manutención de aquella (arts. 75 inc. 22 Const. Nac; 3 Convención sobre los Derechos del Niño; 3 ley 26.061; 641, 648, 649, 658, 659, 660, 706 inc. "c" y cctes. Cód. Civ. Com).
C
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.