Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCon fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia que dispone: I) Tener por recibidos los autos "Sadaic c/ Findemdq SRL s/ Cobro Sumario" y reanudar los plazos procesales oportunamente suspendidos; II) Hacer lugar al recurso interpuesto y revocar, en consecuencia, la resolución apelada; III) Ordenar que se disponga la tramitación del incidente promovido ante el Juzgado de origen, remitiéndolo oportunamente al Juez que resulte sorteado por Receptoría general de Expedientes, para el dictado de la resolución definitiva (arts. 18 C.N., 8 C.A.D.H., 11 y 15 C.P.B.A., 34 inc. 4, 36, 163 y 185 del C.P.C.); IV ) Imponer las costas en el orden causado, dada la ausencia de controversia (art 68 a contrario del CPC; esta Sala causa nro. 166.734 RSI 50 del 06/03/2019); V) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRADA BAJO EL Nº 53-S Fº 273/6
Expediente nº 166507 – Juzgado nº 11.
// En la ciudad de Mar del Plata a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “S.A.D.A.I.C. c. HIGUEY S.R.L. s/INCIDENTE”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I: La Sra. Jueza de Primera Instancia dictó sentencia a fs.23/25 rechazando in limine el incidente promovido por SADAIC, por medio del cual pretende hacer extensiva la condena dictada en los autos principales ( “SADAIC c. Findemdq S.R.L. s. cobro sumario”) , en virtud de serle inoponible la transferencia del fondo de comercio que habría operado con posterioridad al dictado de la sentencia que reconoció el crédito.
Para decidir de ese modo, consideró que los argumentos esgrimidos por la actora no pueden ser atendidos en el marco de este proceso incidental y que no existen elementos que determinen la existencia de una transferencia de fondo de comercio que torne aplicable el art 11 de la ley 11.867 invocado.
Asimismo, sostuvo que la presente no es la vía idónea a los fines de acreditar una situación que requiere de un juicio de conocimiento acorde con el debido proceso y resguardo del derecho de defensa, circunstancia que a la luz de lo normado por los arts. 175, 760 y cdtes del CPC no puede prosperar. Señaló que esto sucede cuando la trascendencia de las impugnaciones o la proyección del eventual pronunciamiento convergen sobre la validez de instrumentos o actos que vinculan a terceros.
Destacó, además, que quienes resultan demandados en este incidente no son parte del proceso principal, lo cual constituye un argumento adicional para su denegación.
Asimismo, indicó que toda otra actividad que pretenda desplegarse, en particular sobre la posible nulidad, falsedad o inexistencia del acto jurídico, debe tramitan por otra vía de conocimiento.
II: Apeló la letrada de la actora en escrito electrónico del 15/08/2018, presentando los agravios en esa misma oportunidad.
Se queja, obviamente, de tal rechazo y sostiene que resulta competente el juzgado interviniente en el principal para entender en este incidente, conforme la aplicación analógica de la doctrina de la SCBA (establecida en el Ac. 86868 I del 05/02/2003 “Mercenaro, José c. Fernández, Rubén s. extensión de responsabilidad”) y la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que cita.
Pide la tramitación de la presente causa a través de un incidente de extensión de responsabilidad contra Higuey SRL por considerar que es continuadora de la demandada en el proceso principal, Findemdq SRL.
III. El recurso debe prosperar, debiendo la Sra. Jueza dar curso al incidente.
Los fundamentos de mi decisión son los que seguidamente se detallan:
1. En primer lugar entiendo que lo pretendido en autos está íntimamente ligado a los autos principales que tengo a la vista. Se trata de un pedido que busca hacer efectivo lo allí resuelto, que consistió en una condena al pago de los aranceles adeudados por el uso de repertorio musical, contra el explotador de un local comercial ubicado en la Av. Independencia nº 2664.
No considero que la presente se trate de una acción autónoma o independiente, sino que se presenta la conexidad que expone el apelante, que pretende hacer efectiva la solidaridad surgente del incumplimiento de los recaudos legales con relación a una transferencia del fondo de comercio que denuncia (ley 11.867; arts. 175, 499, 509, 511, 513 y cdtes del CPC)
Es que si existe una continuación de la explotación comercial que invoca, se justificaría extender la responsabilidad en los términos del art. 11 de la ley 11.867 tal como hemos resuelto en esta Sala en diferentes oportunidades (causas 137.648 “Sadaci c. Amarilla”; 136963 "Aadi Capif c. Motevecchia"; 138.480 "Sadaic c. Playa Kids"; 144.229 "Sadaic c. Teopizza”; 146.730 " Aadi c. Jems", entre otras).
El art. 2 de la norma mencionada, en cuanto a los actos que abarca, dispone un solución amplia pues queda bajo su órbita todo contrato, sin importar su naturaleza, su onerosidad o gratuidad, que sea voluntaria o forzada la enajenación o el nombre que le hayan puesto los otorgantes. Representa, en definitiva, la esencia conceptual del sistema que abarca con vocación omnicomprensiva e imperativa (conf. lo explica Gustavo Esparza, “Transferencia de Fondo de comercio”, p.34, Ed. La Ley)
2. En este contexto, y sin perjuicio de lo que corresponda resolver al dictarse la resolución definitiva, considero que existen elementos que podrían indicar – prima facie - que habría existido la transferencia denunciada que habilitaría dar curso al procedimiento incidental para así demostrarlo.
Si bien la representante de Higuey SRL negó que tal continuación exista, adujo que la explotación comercial que desarrolla en el inmueble de la Av. Independencia nº2664 de esta ciudad es de confitería bailable, salón de eventos, restaurant, café, bar y comidas para llevar con funcionamiento tanto diurno como nocturno (fs. 165 expte principal), el cual es similar al que llevaba adelante Findemdq SRL, con el nombre de plaza Kemmer Disco.
Esta afirmación está abonada con la documental adjuntada por Higuey SRL a los autos principales (contrato de locación de fs.155/6; certificación del cuartel de bomberos fs. 157/160; habilitación municipal fs.161) y con la aportada por la actora en estas actuaciones la cual, a mi entender, es suficiente para permitirle transitar este incidente para intentar acreditar el presupuesto legal y hacer efectiva la responsabilidad solidaria señalada.
Si bien es cierto que una vez dictada la sentencia del proceso principal cesa en principio la competencia del juez, no lo es menos que los arts. 166 inc. 5º y 7º, 175 y 499 inc.1 y 3 del CPC le atribuyen el entendimiento relativo a su cumplimiento y para dilucidar toda cuestión que tenga relación con el objeto principal del pleito, en tanto es teóricamente el más idóneo para entender sobre ella, dado que es él quien mejor conoce la particularidad de la causa que ya ha resuelto, como para tomar incluso las medidas que más efectivamente conduzcan a cumplirla, por lo que le resultará más fácil pronunciarse sobre lo concerniente a esclarecer el alcance de la condena dictada y sus implicancias.
Tal solución se apoya en motivos de economía procesal, por lo que, a mi modo de ver, no resulta acertado tener que recurrir a un nuevo proceso para dar curso a la pretensión planteada por la entidad actora.
Es que una lectura detenida del escrito inicial y las normas en que las que se funda, evidencia que la pretensión no consiste en la declaración de la ineficacia de un acto jurídico en razón de contener un vicio, sino que lo que la actora persigue es hacer efectiva la solidaridad prevista por el art 11 de la ley 11867, resultante de la inoponibilidad del acto de transmisión del fondo que denuncia por falta de publicidad. Y la prueba ofrecida está destinada a demostrar tal continuación en la explotación comercial.
La circunstancia de que SADAIC sostenga que el cambio de titularidad sea una fachada o una falsedad porque se trataría de las mismas personas, no varía el efecto perseguido que claramente ha definido en su demanda: la extensión de responsabilidad.
3. A su vez, considero que el derecho de defensa de Higuey SRL se encuentra a suficiente resguardo con el trámite incidental. Al correrse traslado le asiste la facultad de controvertir la demanda y de ofrecer la prueba que estime pertinente (art. 180 del CPC)
4. En síntesis, no estimo que sea necesario recurrir a un proceso autónomo para resolver el planteo de la actora que, sin problemas, puede tramitar por la vía de los incidentes, en tanto consiste únicamente en obtener la aplicación de la solidaridad legal, tras considerar que se ha producido la transferencia del fondo de comercio que explotaba Fidenmdq SRL a favor de Higuey SRL y que, por no reunir los recaudos de la ley 11.867, le sería inoponible.
En lo que atañe al vínculo entre estas sociedades, de existir y siempre que pueda ser aquí demostrado, se regirá por las normas comunes que gobiernan el contrato que hayan celebrado (compraventa, permuta, cesión de derechos, donación, etcétera), pero la transferencia así resultante será oponible a los acreedores y terceros siempre que sean satisfechos los recaudos de publicidad, oposición e inscripción que establece la ley 11.867.
El efecto propio de la inoponibilidad se produce frente a los terceros, por falta de publicidad, quienes “pueden comportarse como si el acto no existiese”, o “…ignorar la existencia del negocio jurídico realizado, y a las partes del mismo, les impide ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas a ese tercero protegido por el legislador fundadas en el acto jurídico celebrado” (Leiva Fernández, Luis “Derecho Civil: parte General: Temas. Bajo la dirección de Julio César Rivera” edit. Abeledo Perrot Bs.As. 1987 cap.”El acto inoponible” p.252).
5. Por lo demás, comparto la opinión de quienes sostienen que la facultad conferida a los jueces por el art. 179 del CPC de rechazar in limine un incidente debe ser ejercida con mensura, pues queda reservada para los casos en que la improcedencia del planteo es manifiesta, al confrontar el planteo con el derecho de fondo o procesal. En todo caso, haciendo uso de las facultades ordenatorias, los magistrados pueden requerir que la pretensión incidental sea completada o aclarada en debida forma, cuando las deficiencias que advierten son de fácil subsanación. (conf. “Código Procesal Civil y comercial de la Nación. Actos Procesales” Dir. Marcelo López Mesa tºII, p.676, Ed. La Ley)
6. En atención a lo expuesto, considero que debe revocarse la sentencia apelada, disponiendo que se tenga por formado el incidente y se ordene el traslado pertinente, debiendo tramitar en el Juzgado de origen hasta que se encuentre en estado para dictar la resolución definitiva del art. 185 del CPC, la cual debe quedar a cargo de un nuevo juez hábil, a sortearse en la Receptoría General de Expedientes oportunamente.
Ello, en tanto considero que la Sra. Jueza ha adelantado opinión desfavorable a la pretensión, al exponer que no existen elementos que determinen la existencia de una transferencia de fondo de comercio que torne aplicable la normativa que invoca la actora (punto II de la resolución apelada).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
En atención al modo en que quedó resuelta la cuestión anterior, corresponde revocar la sentencia apelada, con costas en el orden causado, dada la ausencia de controversia (art 68 a contrario del CPC; esta Sala causa nro. 166.734 RSI 50 del 06/03/2019).
Deberá disponerse la tramitación del incidente promovido ante el Juzgado de origen, aunque remitiéndolo oportunamente al Juez que resulte sorteado por Receptoría general de Expedientes, para el dictado de la resolución definitiva (arts. 18 C.N., 8 C.A.D.H., 11 y 15 C.P.B.A., 34 inc. 4, 36, 163 y 185 del C.P.C.)
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Ricardo Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia que dispone: I) Tener por recibidos los autos "Sadaic c/ Findemdq SRL s/ Cobro Sumario" y reanudar los plazos procesales oportunamente suspendidos; II) Hacer lugar al recurso interpuesto y revocar, en consecuencia, la resolución apelada; III) Ordenar que se disponga la tramitación del incidente promovido ante el Juzgado de origen, remitiéndolo oportunamente al Juez que resulte sorteado por Receptoría general de Expedientes, para el dictado de la resolución definitiva (arts. 18 C.N., 8 C.A.D.H., 11 y 15 C.P.B.A., 34 inc. 4, 36, 163 y 185 del C.P.C.); IV ) Imponer las costas en el orden causado, dada la ausencia de controversia (art 68 a contrario del CPC; esta Sala causa nro. 166.734 RSI 50 del 06/03/2019); V) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 CPC). Devuélvase.
Roberto J. Loustaunau Ricardo Monterisi
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia