Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3944
Registro N° /2020
Fojas
En la ciudad de Pergamino, el 30 de julio de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3944-20 caratulada "TEDESCO MARIO OSCAR C/ PELOURSON MARISA SUSANA S/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)", Expte. N° 72.813 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia, Roberto Degleue y Bernardo Louise, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
1).- El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar parcialmente al Incidente de Reducción de Cuota alimentaria promovido por MARIO OSCAR TEDESCO contra MARISA SUSANA PELOURSON, ajustando a la cifra de PESOS VEINTE MIL ($20.000) la cuota mensual alimentaria que debe pagar el actor, en favor de sus hijos, M.T y G.T. Suma que deberá depositarse del 1 al 5 de cada mes en la Caja de Ahorro n° 3971090016 en el Bco. de la Nación Argentina, denunciada en los autos principales a tal fin.- Aplícó las costas en el orden causado (Art. 68 y cc C.P.C.C). Reguló los honorarios de la Dra. María Fernanda Grunale, en la suma equivalente a Siete Jus de Unidad Arancelaria y de la Dra. Nora Elvia Sacoski en la suma equivalente a Siete Jus de Unidad Arancelaria; a los que deberán adicionarse el 10% en concepto de contribución previsional y el porcentaje de ley previsto para el IVA en cuanto correspondiere; todo a cargo de cada una de las partes obligadas.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la progenitora de los menores, mediante el escrito de fecha 06/02/2020, concedido en relación el 12/02/2020. Con fecha 26/02/2020 se agregó el memorial y del mismo se dio traslado al incidentista con fecha 18/05/2020. Mediante el escrito de fecha 22/05/2020 es evacuado el traslado.- El 25/06/2020 se llama autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
2).- Llegan los autos a esta Alzada en virtud de la apelación deducida por la incidentada contra el decisorio de grado que admitió parcialmente la reducción pedida por el obligado al pago de los alimentos, doliéndose la impugnante de la modificación dispuesta y achacando que se ha cambiado la moneda de pago oportunamente convenida y que ha fijado arbitrariamente la suma de pesos veinte mil ($ 20.000).- Enrostra una violación al principio de congruencia por cuanto señala que la cuota pactada fue acordada en dólares estadounidenses atento que los ingresos del demandado como contratista rural y el monto respondía a las necesidades de los hijos a ese momento; señalando que la carga de la prueba de las modificaciones de esa situación debía recaer sobre el obligado, y esto no ha sido satisfecho según su criterio.- No obstante ello dice que el juez ha transformado la obligación acordada en una moneda y además le ha reducido el 50% sobre el monto, sin fundamento alguno, apartándose incluso de lo dictaminado por la Asesora de Incapaces.-
Señala que si se toma el valor del dólar estadounidense al momento del inicio de la demanda, la obligación acordada era de U$S 600, representando la suma de $ 16.800 como reconoce el propio actor, que no era excesiva para cubrir necesidades de tres hijos de 19, 18 y 13 años.- Explica que al dictar sentencia la misma ecuación arroja la suma de $ 37.800 ( dólar a valor $ 63), o sea el monto de $ 12.600 por hijo, teniendo en cuenta que la progenitora no tiene ingresos.-
Se agravia también de la exclusión del hijo mayor, por haber alcanzado la edad de 21 años al momento del dictado de la sentencia, cuando ello no fue pedido por el progenitor ni tampoco está probado que se sustente por sus propios medios y que no necesite la cuota para solventar su formacion personal y profesional, señalando que el aquo ha resuelto extra petita, privándole de ejercer el derecho de defensa con respecto a ese punto.-
Otro achaque lo asienta en que la suma fijada de $ 20.000 no establece ninguna forma de actualización, lo que la obligaría a iniciar un nuevo juicio para mantener el poder adquisitivo de la misma.-
En subsidio y respecto de la fijación en pesos se fije la forma de actualización del precedente que cita 7015-2016 del Juzgado de Familia de San Nicolás , actualización trimestral conforme el indice de aumento de costo de vida publicado por el INDEC.-
Se agravia de las costas impuestas en el orden causado, alegando que el actor nada probó para obtener su pretensión, y que la sentencia fue producto de la valoración subjetiva del juez.-
3).- A su turno el alimentante evacua el traslado pidiendo la confirmación de lo decidido por el aquo.- Señala que con la prueba rendida quedó demostrado que no se encuentra registrado en ninguna actividad laboral y/o autónoma, que no cuenta con vivienda ni bienes propios.-
Lo que sí y a su entender ha quedado acreditado es la variación de la situación económica actual del país, señalando que la misma no pudo preveerse al momento de firmar el convenio, aclarando que se basó en una época de convertibilidad y no tanto en sus ingresos como lo dice la contraria.- Señala que la readecuación de la cuota en pesos es justa, recuerda que la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores.-
Con relación a la exclusión del hijo mayor de 21 años decidido por el sentenciante, señala que el propio código fondal en el art. 658 C.C.C.N. determina la obligación hasta esa edad, salvo que se demuestre la imposibilidad de proveerse los medios, conforme lo normado por el art. 663 del CCCN, y resultado ajustado a derecho, lo mismo que la imposición de costas en el orden causado.-
4).- Entrando a resolver las cuestiones planteadas he de recordar que el quantum de la prestación alimentaria debe determinarse atendiendo el interés superior del niño y su derecho al sustento y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 75 inc. 22 CN, art. 1 y 2 CCy C, arts. 3 inc. 1, 6, 24, 27 inc. 1, 28, 31 Y ccs. de la Convención sobre los Derechos del Niño). En relación a esta temática es criterio de la SCBA que "En aras del interés superior del menor y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22) (SCBA LP C 116905 S 24/06/2015; LP C 120610 S 15/11/2016, C 118785 S 29/10/2014, entre otros, JUBA B33571). El art. 658 del CCCN establece pautas para determinar el monto de la prestación alimentaria, distinguiendo el cuidado personal de la obligación alimentaria y estableciendo la paridad de ambos progenitores respecto a la manutención de los hijos, pero condicionada a estrictos elementos objetivos, como lo son la condición y fortuna de cada uno de ellos. Es decir, si bien ambos progenitores se encuentran en el mismo lugar respecto a su condición de sujetos pasivos de esta obligación, las condiciones específicas de cada uno de ellos será la variable a considerar, junto con otras, para definir la extensión o intensidad de cumplimiento de tal obligación, es decir el nivel de vida de los progenitores incide en forma directa en el de sus hijos, y la proporcionalidad es criterio de determinación de la extensión alimentaria, no solo respecto a los obligados entre sí, sino también en relación a las necesidades del alimentado. Es decir, en la determinación de la cuantía, la proporcionalidad funciona en un doble sentido: entre los obligados, sujetos pasivos de la obligación ( conf. art. 658 y 666 CCyC ), y frente al hijo, en tanto evaluación de posibilidades económicas en relación a las necesidades del alimentado (art. 659 CCyC).
Sentadas estas premisas acerca de los principios que rigen la fijación de los alimentos y la obligación parental impuesta en la norma de fondo, se trata en la especie de un incidente de reducción, receptado favorablemente por el juez de grado; debiendo recordarse en este punto que cuando el obligado al pago invoca la concurrencia de circunstancias sobrevinientes que autorizarían una disminución de la cuota como acontece aquí, la meritación de su procedencia debe hacerse con criterio restrictivo, puesto que el padre se encuentra constreñido legalmente a satisfacer las necesidades de los menores, no desconociéndose tampoco la obligación en cabeza de la madre.-
Adelanto desde ya que no comparto la motivación o fundamentos dados por el juez de grado para alcanzar la solución, quien no sólo modificó el parámetro de pago pactado por las partes sino también redujo la cuota; propiciando el acogimiento parcial de la queja de la recurrente, en alguna de sus argumentaciones .-
Respecto del primer punto ciertamente la causa da cuenta que los alimentos fueron acordados libremente por los progenitores (ello surge del Expte nro 49.166 “Pelourson Marisa Susana y otro s/ Homologación de convenio", que tramitara por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1) allí se convino además de la cuota, el régimen de tenencia, visitas y alimentos de sus tres hijos, entonces todos menores de edad, N.T, GT. y MT.-
De dicho convenio surge que la suma que debía cubrir el progenitor , ascendía al importe de dólares estadounidenses Seiscientos (U$S 600), o su equivalente en Pesos Argentinos según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al día del vencimiento de la respectiva cuota, y que el mismo fue homologado judicialmente en fecha 08 de noviembre de 2006, conforme consta en los autos mencionados.- Y sobre ello se estructuró la obligación asumida por el progenitor.-
A mi criterio, no alcanza para sostener el pedido de modificación de la moneda pactada, la circunstancia a la que alude el incidentista, esto es que en aquel momento el valor tanto del dólar estadounidense como del peso argentino, como así también las circunstancias existentes en nuestro país eran diferentes a las que se viven en la actualidad, detallando que la conversión de la moneda extranjera a la de curso legal en la Argentina era de aproximadamente U$S 1- $ 3,00; pactándose por lo tanto una Cuota Alimentaria que arrojaba la cifra de Pesos Un mil Ochocientos ($ 1.800), pudiendo variar la misma dentro de las circunstancias previstas por el actor, en más o en menos, pero siempre fluctuando en valores razonables y previsibles.-
Si bien es cierto que la fluctuación de la economía es tal como la describe, también es cierto que la misma se trasladó no sólo a la cuota comprometida sino a las necesidades económicas que también repercuten en los alimentados.-
En cierto modo , aquella moneda prevista en forma voluntaria por el progenitor , permitió mantener el valor de la obligación alimentaria por él asumida.-
Adviértase que a la fecha, la conversión de aquella cuota convertida hoy de pesos a dólares considerando estos últimos a valores oficiales , daría una probable y aproximada suma de $ 42.000 si fueran tres los hijos menores.- Ya veremos después que uno de ellos ha alcanzado la mayoría de edad, lo que amerita reducir por esa sola circunstancia como luego se verá.
La obligación alimentaria pactada en moneda extranjera no significa necesariamente que deba ser abonada en esa divisa, con lo cual el deudor tiene la opción de abonarla en su equivalente de moneda de curso legal en Argentina, en el caso, tomando como base para el cálculo el valor oficial del dólar , tipo vendedor, que informe el Banco de la nación Argentina para el cierre de sus operaciones del día anterior al de la fecha de pago, ello por aplicación de los arts. 722, 765 y sig del Código Civil y Comercial.-
Por lo demás es dable tener en cuenta que se hizo valer entonces la autonomía de la voluntad en la celebración de ese acuerdo, luego homologado en sede judicial, siendo aplicable los arts. 957, 958 , 959, rigiendo los principios de buena fe contemplados en el art. 961 y 962 todos del Código Civil y Comercial Unificado.- Ello significa que no puede hoy sin más, el obligado al pago invocar una desfavorable posición originalmente pactada, para dejar sin efecto en su totalidad aquella convención inter partes.-
Tampoco me convence la imposibilidad que menciona para reducir la cuota a la suma de $ 4.000 en cuanto dice que ha cambiado su posición de trabajo, que antes se desempeñaba como contratista rural con remuneración fija en aquel entonces y que ahora realiza tareas temporales de siempre y cosecha a requerimiento de terceros, y que cuenta ahora con ingresos variables los que apunta en la cifra de $ 15.000 promedio mensual.-
Como bien lo señala la quejosa la prueba de la insuficiencia de los recursos y de las circunstancias que motivan el pedido de reducción están a cargo de quien las invoca (art. 375 del CPCC) y no hallo que esta carga esté acreditada por el incidentista .-
Por el contrario que la prueba informativa librada a la AFIP no indique aportes o que indique la falta de inscripción , es dato que justamente va en su contra, habida cuenta que ello no impide la obtención de ingresos que no sea monitoreados por el organismo de control.- La pasividad observada en este punto por el incidentista no puede perjudicar a los propios beneficiarios del pago.- Nótese además que la actividad que dice desplegar de contratista rural, justamente se inserta en un ámbito de desinformalización laboral que no puede hacerse valer en contra de los hijos.
Los datos de los testigos que menciona tampoco son relevantes, en cuanto reportan trabajo de campo, una nueva familia, un hijo de otra pareja que va a un colegio privado (ICADE) , pero no sus ingresos por una vía creíble; y si se contraponen a los ofrecidos por la progenitora se observa que éstos indican "que lo ven a Tedesco circular en una camioneta o en un auto, que tiene un hijo que va a un colegio privado y que su familia anterior tiene muchas necesidades".-
No puede soslayarse que la madre convive con los hijos presumiéndose que se hace cargo de una serie de gastos y necesidades de aquellos de modo directo, a través de la cotidiana atención de sus requerimientos; circunstancia que implica una inversión de tiempo al que no debe restársele valor susceptible de apreciación pecuniaria.
Entonces a mi criterio la prueba insatisfactoria o casi nula del peticionante para apuntalar su pedido de reducción, no alcanza un standard mínimo que permita destruir la potencialidad que se construyó a partir del propio ofrecimiento y celebración del convenio original que fincara el importe en dólares o su equivalente en moneda nacional, y que equivale a una sentencia en cuanto fue homologado.- No veo porqué si quien pactara libremente un acuerdo de voluntades, en forma unilateral y vulnerando su propia decisión puede ahora modificar en perjuicio de los beneficiarios aquella premisa.-
Entonces la modificación de la moneda pactada no ha de ser acogida, propiciando la admisión de la queja en este punto y la revocación de lo decidido por el aquo. Es que no se advierte la fundamentación del decisorio que lo llevara al magistrado a la conversión de la moneda pactada y la fijación de un importe que no se desprende de ningún razonamiento específico ni lógico , tal como bien lo señala la quejosa.-
Sentado esto, por las razones que ahora apuntaré, entiendo que se verifica una circunstancia objetiva para reducir el importe pactado en esa moneda, atendiendo al hecho que uno de los tres hijos beneficiarios de la ayuda, ha alcanzado la mayoría de edad, y ello resulta de aplicación inmediata a efectos del cese de la obligación del incidentista con respecto al mismo (art. 163 inc 6 , 658 , 662 y ccs del CCCN) .-
A todo evento si el hijo se encontrara dentro de la excepción prevista por el art. 663 del CCCN debería acreditar la viabilidad del pedido en el incidente respectivo, más no en esta causa.-
De modo tal que aquella cuota de dólares seiscientos (U$S 600), acordada originalmente, ha de verse disminuída considerando que uno de los hijos ya está excluido del aporte por haber alcanzado la mayoría de edad, disminución que se fija en (Dólares doscientos cincuenta ( U$S 250) y/ o su equivalente en pesos en moneda nacional al tipo de cambio fijado supra ), por lo cual la cuota alimentaria se reduce y queda fijada fijada en favor de los restantes menores en la suma mensual de dólares trescientos cincuenta ( U$S 350 ), los que se convertirán a pesos argentinos del modo indicado en los considerandos del presente).-
La evaluación de la disminución no es automática, de tal modo que ese importe que ahora se establece , se considera adecuado para los dos menores, estimando además que el valor del dólar en la conversión oficial a pesos hoy es alto.-
En la conversión que se realiza y tomando la misma a la fecha, observo que el monto que arroja es similar o un poquito mayor al dado por el sentenciante de grado, aunque el operador no consignara las motivaciones que lo llevaran a esa cifra y eso constituyó el punto vulnerable remarcado por la doliente y que amerita su revisión.-
Son ahora dos hijos los beneficiarios, por la exclusión del tercero que alcanzó la mayoría, debiendo tenerse presente que la mayor edad de los dos hijos beneficiarios irrogan mayores gastos -sean de alimentación, vestimenta, educación, esparcimiento-, atento a que a medida que avanza en las distintas etapas de su vida, el propio desarrollo así lo impone. Reiteradamente este Tribunal ha dicho que la cuota alimentaria debe evolucionar en función de ese crecimiento, dadas las nuevas necesidades derivadas de los mencionados rubros (confr. esta Cám. causa Nº 1593 RSD 29/13, entre otros).
Respecto del pedido de actualización de los alimentos también traído por la quejosa, no ha sido una cuestión propuesta al juez de grado, que permita ahora su tratamiento en la Alzada.- Pero además, el mantenimiento de la cuota alimentaria en la moneda pactada con su respectiva conversión permitirá en cierto modo mantener el valor adquisitivo de la misma, que en el contexto inflacionario actual , posibilite a las partes mantener a través del tiempo el poder adquisitivo de la cuota de alimentos homologada judicialmente. Y evite asimismo permanentes incidentes de aumento de cuota para mantener su valor, evitándose así un desgaste jurisdiccional desproporcionado.
En cuanto a las costas, punto de agravio también de la recurrente que se duele de la imposición de primera instancia en el orden causado, verificándose vencimientos parciales y mutuos, en este particular supuesto, teniendo en miras que el principio general es que el alimentante paga las cosas pero estimando que la reduccion procedió parcialmente, estimo como justo fijar las de primera instancia y las de Alzada en un 80% a cargo del incidentista y en un 20% a cargo de la incidentada, lo que así dejo propuesto al acuerdo (art. 71 del CPCC).-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Roberto Degleue y Bernardo Louise por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por Marisa Susana Pelourson, por las motivaciones aquí dadas y en consecuencia, mantener la moneda pactada originariamente en la cuota alimentaria homologada, modificando en este punto lo decidido por el juez de grado .-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.