Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, atento que no ha asistido razón a ninguno de los incidentistas en la instancia anterior y siendo que la cuestión debatida excede los tópicos de pertinencia y suficiencia de la retribución profesional, ya que lo controvertido fue la base regulatoria, corresponde confirmar las costas por su orden impuestas en la sentencia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
4.3. Por último, se advierte que la parte actora introdujo en su escrito de contestación de agravios una petición respecto del monto de la base regulatoria que implica la modificación de la sentencia apelada, cuestión que debió haber sido planteada por medio del correspondiente recurso de apelación (art. 242 inciso 2 del C.P.C.C.), derecho que no se ha ejercido y que se encuentra precluido (arts. 155 y 244 del C.P.C.C.). En consecuencia, no procede su tratamiento (art. 18 CN).
5Las costas de Alzada se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones y fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la resolución apelada de fecha 29 de diciembre de 2022 en todo lo que fue materia de agravios e imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida.
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132942; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
MENDEZ PEREIRA SATURNINA C/ MONTERO DANIEL ANGEL Y OTROS S/INCIDENTE
La Plata, 21 de marzo de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Llega apelada a esta instancia revisora la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2022 en cuanto resolvió la incidencia generada sobre la base regulatoria de los presentes obrados, determinándola en la suma de $ 19.732.450 e imponiendo las costas en el orden causado.
Para así decidirlo, sostuvo el juzgador de grado que, a fin de determinar el monto del presente juicio a los efectos de la ley arancelaria, debe mensurarse el interés puesto en juego por las partes, pues cuando es susceptible de apreciación pecuniaria, constituye la base regulatoria el monto de la pretensión accionada; la que -en el caso- encuentra basamento en el cobro del 50% del canon locativo del bien inmueble identificado en el contrato de locación denunciado en el proceso universal de Miguel Angel Montero con fecha 30/12/2021. A partir de ello, tuvo en cuenta que, si bien el contrato de locación contempla como fecha de inicio el día 1 de enero de 2021, la pretensión esgrimida por la accionante en su escrito de demanda adopta como hito inicial la fecha del canon locativo con vencimiento en el mes de mayo de 2022 -primer cuota depositada en el sucesorio- hasta la fecha de vigencia del mismo en diciembre de 2025.
Contra tal modo de resolver interpuso recurso de apelación la Dra. Marina Soledad Buela, por derecho propio, mediante escrito del 7 de febrero de 2023, remedio concedido y fundado el 8 y 22 de febrero de 2023, respectivamente y contestado en fecha 4 de marzo de 2023 por el Dr. Pablo Amilcar Alfredo Piccini, quien lo hizo invocando el art. 48 del C.P.C.C. por la parte actora.
2. Se agravia la recurrente de la base regulatoria determinada y de la imposición de las costas en el orden causado.
Respecto de lo primero, alega que en este proceso no se ha reclamado una deuda de dinero por alquileres, sino que -a través de ello y en una especie de juicio encubierto- se ha pretendido el reconocimiento del derecho real de propiedad, motivo por el cual la base regulatoria debió haberse establecido -no como se hizo en base al valor de los cánones locativos-, sino conforme lo estipula el art. 27 inciso a de la ley arancelaria 14.967. Afirma que, con independencia de las denominaciones que se le den al reclamo en los escritos constitutivos de la contienda, lo que resulta determinante a los fines regulatorios es el tema decidido en la sentencia, el que en las dos instancias que el presente caso ha atravesado ha sido el derecho de propiedad sobre los inmuebles, siendo la cuestión de la percepción de los frutos una consecuencia de la determinación de la inexistencia de ese derecho real.
Indica que, de haber prosperado la demanda, la actora se habría hecho de un patrimonio de U$S 600.000 sin pasar por un proceso de división de bienes que fijara tal monto como base regulatoria, como asimismo de la totalidad de los frutos civiles del contrato vigente.
En relación a las costas, aduce que el presente incidente de base regulatoria no debe llevar su imposición ya que así lo dispone el art. 27 inciso a último párrafo de la ley arancelaria vigente. Asimismo, tampoco procede respecto de la recurrente toda vez que la misma actúa por derecho propio en lo que implica la discusión acerca de la pertinencia y suficiencia de la retribución por su trabajo, lo que no puede ser afectado económicamente ya que vulnera su derecho de propiedad.
3. A su turno contesta la actora, quien manifiesta que su condición de propietaria -condómina- nunca fue puesta en tela de juicio y, en tal carácter, fue iniciado el presente incidente de cobro de canon locativo. Por tal motivo, solicita que se establezca como base regulatoria del presente litigio la suma correspondiente al 50% de los cánones locativos mensuales del contrato de locación denunciado en fecha 30/12/2021 en el sucesorio de Miguel Ángel Montero desde el inicio de la demanda hasta la fecha de la sentencia que los deniega, lo que asciende a $1.331.000.
Se opone a los agravios en torno a las costas, toda vez que considera que la apelante parte para fundarlos de una falsa premisa al decir que el pedido regulatorio fue instado por la parte actora, cuando en realidad lo fue por la demandada.
4. Tratamiento del recurso.
4.1. Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial que para establecer el monto del juicio a los efectos arancelarios debe determinarse, en términos económicos; el interés discutido por las partes pues éste—cuando es susceptible de apreciación pecuniaria—constituye la base regulatoria (conf. causas Ac. 35.923, sent. del 17–11–87; Ac. 39.133, sent. del 27–12–88).
En este orden de ideas, resulta claro que el interés de la actora fue el cobro del 50% de los frutos civiles generados por los inmuebles denunciados en el sucesorio de su ex cónyuge, Miguel Angel Montero, a partir del fallecimiento de este, en base al derecho de propiedad por aquélla invocado -y pretendido acreditar mediante escrituras e informes de dominio-, derecho real que jamás fue el objeto de la discusión de la presente contienda a los fines de una sentencia constitutiva de derechos, sino únicamente a los efectos de determinar la procedencia o no del reclamo económico de sus rentas producidas. Clara evidencia de ello es que, de haber prosperado la demanda, la condena hubiese sido de dar sumas de dinero en concepto de alquileres no percibidos, pero nunca la inscripción del dominio de los bienes a nombre de la actora, lo que hubiese resultado violatorio del principio de congruencia (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.).
Lo dicho expone la equivocación de la apelante en sus argumentos, quien confunde una acción de carácter personal -como la presente- con una de tinte real, ambas con diferencias sustanciales en cuanto a sus causas y efectos.
Así entonces, la entidad de lo que se pretendió proteger con la acción entablada fue un monto de dinero y el hecho de que para determinar su procedencia -o no- se haya tenido que valorar la condición de propietaria de la actora -en la cual se sustentaba la legitimación activa- no convierte el objeto del juicio en el reclamo de un derecho real de propiedad.
En consecuencia, no resulta aplicable al caso la normativa citada por la recurrente -art. 27 inciso a de la ley 14.967- sino la invocada en la sentencia de primera instancia -arts. 23 y 47 de la misma ley-.
Corresponde, entonces, desestimar este agravio.
4.2. En el ordenamiento procesal el principio rector en materia de costas es que los gastos del juicio deben ser satisfechos por la parte que resulte vencida, tal como surge de los arts. 68 y 69 del C.P.C.C., lo que tiene fundamento en el hecho objetivo de la derrota. Sin embargo, como excepción, la ley también faculta al juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello, debiendo fundar su decisión, bajo pena de nulidad (arts. 68 y ss. cit.). Asimismo, prevé que, en caso de vencimiento parcial y mutuo, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos (art. 71 C.P.C.C.).
Por su parte, la ley arancelaria -ni la derogada ni la vigente- no se aparta de tal sistema, por ende, no existe en su articulado ninguna disposición que avale la pretensión de la recurrente. Incluso, la regla establecida en el art. 27 inciso a) de la ley citada por esta última, la cual deviene inaplicable al caso en razón de lo resuelto anteriormente, no deja de ser consecuencia del principio objetivo de la derrota que se aplica en materia de costas pues, si el valor fijado judicialmente es igual o más próximo al que estimó el letrado, que a la valuación fiscal o al que hubiese propuesto la parte obligada al pago, es justo que las costas sean soportadas por el último. En caso contrario, será el profesional quien cargará con las costas (art. 68 del C.P.C.C.).
Por ello, atento que no ha asistido razón a ninguno de los incidentistas en la instancia anterior y siendo que la cuestión debatida excede los tópicos de pertinencia y suficiencia de la retribución profesional, ya que lo controvertido fue la base regulatoria, corresponde confirmar las costas por su orden impuestas en la sentencia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
4.3. Por último, se advierte que la parte actora introdujo en su escrito de contestación de agravios una petición respecto del monto de la base regulatoria que implica la modificación de la sentencia apelada, cuestión que debió haber sido planteada por medio del correspondiente recurso de apelación (art. 242 inciso 2 del C.P.C.C.), derecho que no se ha ejercido y que se encuentra precluido (arts. 155 y 244 del C.P.C.C.). En consecuencia, no procede su tratamiento (art. 18 CN).
5. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones y fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la resolución apelada de fecha 29 de diciembre de 2022 en todo lo que fue materia de agravios e imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2023 06:39:08 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 07:46:06 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 21/03/2023 09:10:04 hs. bajo el número RR-111-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia