Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por recibido el informe del Tribunal de Alzada;
2Hacer efectivo el apercibimiento de ley y tener por no presentada la contestación de traslado del recurso extraordinario federal enviada electrónicamente el 16 de septiembre de 2019, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.);
3Denegar el recurso federal de fs. 241/255. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48) y 4) Proveer la presentación electrónica de fecha 5 de octubre de 2019, disponiendo que se esté a lo establecido en el apartado IV de la presente.
"JOCKEY CLUB MAR DEL PLATA S/ INCID. CAUSA CIV. Y COM. DIST. DE QUIEBRA Y CONC. (EXC. RED. FAL. ETC.) S/ RECURSO DE QUEJA"
La Plata, 11 de diciembre de 2019.
I. Por recibido el informe del Tribunal de Alzada, agréguese y siga la causa según su estado (art. 38, CPCC).
II. El apoderado de los trabajadores de la concursada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria de los de nulidad e inaplicabilidad de ley articulados, en virtud de resultar irrecurrible la decisión del a quo , a la luz de lo normado por el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 (v. fs. 241/255 y 235/237, respectivamente).
En el marco de un incidente en la quiebra del Jockey Club Mar del Plata, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente -con sustento en la inapelabilidad de la resolución recurrida por aplicación de lo dispuesto por el art. 273 inc. 3 citado- rechazó el recurso de hecho deducido frente a la denegatoria del de apelación. Ello, ante el fallo del juez de primera instancia que desestimó la propuesta de compra de la sede social y de un anexo y dispuso el mecanismo y procedimiento de llamado a mejoramiento de oferta (v. fs. 97/106 vta., 114, 117/137 y 141/145).
III. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, retribución justa, propiedad y doble instancia, y en la infracción al Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (arts. 14 bis, 17, 18, 31, 75 incs. 12 y 22 y 99 inc. 2, de la Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. fs. 242/243 y 251/254 vta.).
III.1. Sostiene que esta Corte formuló consideraciones dogmáticas al denegar el recurso de hecho deducido por calificar de irrecurrible el pronunciamiento del a quo . Ello, asevera, no fue congruente con la sentencia del Tribunal de Alzada que, con sustento en la falta de definitividad de la decisión en crisis, denegó los recursos extraordinarios locales. Agrega, que también se vulneró el derecho de defensa de sus mandantes al no resolver los agravios vertidos en la queja referidos a la definitividad de la cuestión (v. fs. 251/252 vta.).
Así, asevera, se validó el accionar -antijurídico, según su entender- del juez de primera instancia quien negó el derecho preferente que poseen los trabajadores en los procesos de quiebra conforme lo establece el Convenio n° 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y cita fallos de la Corte Suprema nacional que estima pertinentes (v. fs. 252).
III.2. Cuestiona, también, que este Tribunal ha resuelto que no era de aplicación al caso lo normado por el art. 285 de la ley 24.522. En tal sentido, afirma que en el sub lite se puso fin al incidente de venta del inmueble en cuestión al oferente y ello privó a los trabajadores de cobrar en ese momento el total de sus acreencias (v. fs. 251 vta.).
III.3. Finalmente, alega que el presente configura una cuestión federal suficiente en tanto el fallo atacado, por un lado, se fundó en la norma interna del art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, la cual colisiona con los arts. 5 y 8 del citado Convenio n° 173 y con el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por el otro, vedó el acceso a la doble instancia (v. fs. 252 y 253/254 vta.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 257), el mismo fue contestado por la Síndico en la presentación electrónica de fecha 16 de septiembre de 2019.
Al respecto, esta Corte mediante la providencia simple de fs. 261 intimó a la funcionaria referida para que acompañe en soporte papel la contestación de traslado del recurso extraordinario federal enviada electrónicamente, lo que fue notificado en debida forma y bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito en cuestión (arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN; 34, inc. 5, 257 y sigs. del Cód. cit. y Ac. 4/2007 de la CSJN).
Frente a su incumplimiento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento de ley y se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
V.1. Respecto a la vía federal intentada, corresponde señalar -liminarmente- que las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal (en el sub lite , la apelabilidad de las decisiones dictadas en un proceso de quiebra; art. 273 inc. 3, ley 24.522), son privativas de los tribunales locales y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la competencia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 310:405; 325:2192; 328:3878 y 330:4770; e.o.).
En razón de ello, en estos supuestos deviene particularmente exigible que la apelación cuente respecto de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de una hipótesis especial, lo que no ocurre en el caso, en tanto los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaz como tal para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, autocontradicción, apartamiento de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, no se observa la exposición de razones que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la queja articulada, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.3. En lo que atañe a la pretendida violación del derecho a recurrir, cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
V.4. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el interesado (v. fs. 252, 253 y 254 y vta.), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso.
V.5. Resta indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, retribución justa y propiedad, así como la infracción al Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 14 bis, 17, 18, 31, 75 incs. 12 y 22 y 99 inc. 2, de la Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. fs. 242/243 y 251/254 vta.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 120.886, "Servicios Integrados Bahía Blanca S.A.", resol. de 25-X-2017; C. 121.556, "Muller", resol. de 12-IX-2018; C. 122.306, "La Perelada S.A.", resol. de 13-II-2019; e.o.).
VI. Finalmente, proveyendo la presentación electrónica de fecha 5 de octubre de 2019, estése a lo establecido en el punto IV que antecede.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por recibido el informe del Tribunal de Alzada; 2) hacer efectivo el apercibimiento de ley y tener por no presentada la contestación de traslado del recurso extraordinario federal enviada electrónicamente el 16 de septiembre de 2019, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.); 3) denegar el recurso federal de fs. 241/255. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48) y 4) Proveer la presentación electrónica de fecha 5 de octubre de 2019, disponiendo que se esté a lo establecido en el apartado IV de la presente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia