Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 52146-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente, al recurso de apelación interpuesto en fecha 02/11/2026 por la Dra. Sandra Adorno, confirmar el auto de fecha 29/10/2026 mediante el cual se convirtió en prisión preventiva la detención de la encausada y el decisorio del día 30/10/2026 que denegó el cese de la prisión preventiva, y disponer la morigeración de dicha medida de coerción -pretendida subsidiariamente- que se encuentra dispuesta sobre Débora Gisele Recofsky , bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico , la que se hará efectiva por el Juzgado de Garantías N°2 de Azul; previa certificación del domicilio ofrecido y bajo las demás condiciones que estime corresponder el Juez interviniente como inmediata causal de revocación de la medida.
En la ciudad de Azul, los Doctores DAMIÁN PEDRO CINI, CARLOS PAULINO PAGLIERE y GUSTAVO AGUSTIN ECHEVARRÍA, Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental , proceden a resolver en causa Nº 52.146 caratulada "RECOFSKY, DEBORA GISELE S/ INCIDENTE DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA", en IPP 01-00-001979-26/00 , y practicado el sorteo de ley resultó que los mencionados Magistrados deben votar en el siguiente orden: ECHEVARRÍA - PAGLIERE - CINI .
Vistas las presentes actuaciones, surgen los siguientes:
Por auto de fecha 29/10/2026, el Juez Titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Azul, Doctor Federico Barberena, dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Débora Giselle Recofsky y Ángel Rene Martínez por considerarlos coautores penalmente responsables del hecho calificado como Tenencia Ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5° inc "c" de la ley 23737); asimismo en fecha 30/10/2026 el mismo Magistrado denegó el cese de la prisión preventiva solicitado por la Defensa.
Con fecha 02/11/2026 apela ambas resoluciones en forma conjunta la Defensora Oficial, Dra. Sandra Adorno, en representación de la coimputada Débora Giselle Recofsky.
En base a lo anteriormente expuesto y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa?
A LA ÚNICA CUESTIÓN planteada, el Doctor ECHEVARRÍA , dijo:
La Defensa de Débora Gisele Recofsky interpone recurso de apelación contra la resolución que dispuso su prisión preventiva y rechazó el cese de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, carente de fundamentación suficiente y causante de gravamen irreparable.
Se agravia de que la resolución omitió tratar los argumentos y los elementos incorporados con posterioridad al dictado de la preventiva, relativos al arraigo familiar, así como la circunstancia de que tiene tres hijos a cargo y la situación de la familia extensa, esgrimiendo que se ha dejado sin respuesta los planteos sobre peligro de fuga y entorpecimiento probatorio.
Cuestiona que el peligro de fuga se deduzca únicamente de la pena en expectativa y de la eventual condena de cumplimiento efectivo, sin considerar las circunstancias personales de su asistida, su domicilio fijo, sus vínculos familiares y que permaneció en su domicilio durante casi dos meses después del primer allanamiento, aun conociendo la investigación en curso.
Sostiene que la presunta continuidad de la actividad atribuida no constituye un riesgo procesal, pues prevenir la reiteración de hechos futuros es un fin de derecho penal material que no puede sustentar una medida de coerción privativa de libertad. Asimismo, afirma que el entorpecimiento probatorio no se fundó en elementos objetivos, sin identificarse actos concretos de su asistida que permitan temer que obstaculizará la investigación, encontrándose asegurada la prueba de cargo.
Alega que los indicios respecto de su asistida son insuficientes para sostener una medida de coerción cautelar de máxima severidad. Señala que los mensajes extraídos de los teléfonos del coimputado fueron interpretados subjetivamente por personal policial, que los intercambios atribuidos no mencionan sustancia, cantidad ni precio, y que la sustancia de mayor volumen fue hallada en una habitación compartida. Cuestiona, además, que se haya valorado un test de orientación sin pericia química y solicita evitar razonamientos basados en estereotipos de género por su vínculo de pareja o por compartir la vivienda.
Se agravia también de la omisión de tratamiento del interés superior de los niños y la perspectiva de género, señalando que su asistida es madre de tres hijos, dos menores de 12 y 14 años, actualmente al cuidado de su hermana de 18 años, quien debió interrumpir sus estudios para asumir esa responsabilidad. Sostiene que las cargas familiares de cuidado ponen en crisis el presunto riesgo de fuga y fundan el arraigo.
Cuestiona que se haya afirmado que no existe otro medio menos lesivo sin explicar por qué las alternativas propuestas resultarían inidóneas, difiriendo el tratamiento de la morigeración a un incidente separado. Considera que ello constituye una afirmación dogmática y que la morigeración forma parte del juicio de necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva.
Finalmente, denuncia arbitrariedad por ausencia de motivación, falta de fundamentación o fundamentación aparente, al entender que la resolución que rechazó el cese se remite a la prisión preventiva sin analizar las circunstancias concretas del caso.
Solicita a esta Cámara que se revoquen las resoluciones recurridas y se disponga el cese de la medida de coerción y la libertad de su defendida. Subsidiariamente, requiere su arresto domiciliario, con su hija mayor como garante, monitoreo electrónico y control policial hasta su implementación, formulando reserva de caso federal.
2. Ahora bien, analizada la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, y teniendo en cuenta que conforme lo establece el art. 434 del CPP, esta Alzada únicamente tiene competencia para conocer en los puntos de la resolución que han sido motivo de agravio, adelanto que el recurso intentado resultará procedente solo parcialmente, por cuanto la prisión preventiva debe confirmarse, al igual que la denegatoria del cese de prisión preventiva, sin perjuicio de que comparto que la medida puede morigerarse asegurando igualmente sus fines mediante un control por monitoreo electrónico.
2.1 En primer lugar, ante el cuestionamiento tangencial de la suficiencia de elementos que vinculen a la encausada en el delito imputado, entiendo, al contrario de lo postulado por la Defensa, que su coautoría se encuentra debidamente justificada. Y es que en la investigación iniciada contra Recofsky las observaciones policiales han detectado distintos y reiterados ingresos de personas a la vivienda compartida con su pareja por cortos períodos de tiempo -escasos minutos- que resultan compatibles con la comercialización de estupefacientes. Ello consta en las actuaciones de fecha 08/05/2026, 15/05/2026 y 24/07/2026.
A dichas observaciones -compatibles con la comercialización- se agrega el resultado positivo de dos allanamientos efectuados en la vivienda de la encausada, donde fueron encontrados un total de 4.6 gramos de cocaína en el primer allanamiento del día 27/08/2026 y 83.5 gramos de cocaína en el allanamiento del día 21 de octubre de 2026. Cabe destacar -atento el cuestionamiento que efectúa la Defensa- que parte de esa sustancia estupefaciente -particularmente 4.3 gramos de cocaína- se encontraban en poder directo de la encausada Recofsky y fueron obtenidos al momento de efectuar su requisa personal. Lo cual da cuenta, no solo del hallazgo de sustancia ilícita en el domicilio común de los encausados, sino que parte de la misma se encontraba en la inmediata disposición personal de la imputada.
Así también se observan distintas transferencias de dinero efectuadas por la procesada y otras recibidas por la misma que resultan sospechosas en cuanto a las cantidades y reiteración; y tal como ha referido el Magistrado Garante "realizándose esas transacciones en su mayoría en horarios nocturnos y hasta algunos en altas horas de la madrugada, sumado a la circunstancia que no se le conoce ningún trabajo como tampoco que estuviesen bajo relación de dependencia, lo que resulta indicativo que estaría ello relacionado con la venta de estupefacientes".
A ello se agrega que en el domicilio también fueron encontrados una tijera, recortes de nylon, dos balanzas digitales en funcionamiento y en el segundo allanamiento nuevamente recortes de nylon y una balanza de precisión.
Estos distintos elementos probatorios permiten justificar debidamente, en esta etapa, la ultraintencionalidad requerida por el tipo penal, y conducen a concluir -con la probabilidad exigida en esta instancia- que el hecho reprochado se encuentra demostrado, a los fines de dar fundamento a la medida cautelar en tratamiento.
En virtud de los planteos de la Defensa, corresponde recordar que a la encausada se le imputa el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que este último se consuma con la ultrafinalidad del agente, con prescindencia de la acreditación de actos determinados de comercialización (conf. lo dicho por esta alzada en causa N° 28.761. "Irigoyenborde Mario Javier s/ Apelación Prisión Preventiva". 08/06/2011, y causa N° 29.096. "Britos José Luis s/ Recurso de apelación a la prisión preventiva en IPP 2296/11", 24/10/2011).
En otras palabras, el delito de tenencia reprimido por el art. 5 inc. c) de la Ley 23737, requiere de un elemento subjetivo del tipo, de intención trascendente, toda vez que mira al futuro al exigir el fin de comercializar, es decir, la conducta debe estar preordenada al tráfico ilícito. Pero tratándose de un delito de resultado cortado, no es necesario que la comercialización se lleve a cabo, sino que basta con acreditar el elemento subjetivo distintivo del tipo (conf. Roberto Falcone y Facundo Capparelli; "Tráfico de estupefacientes y Derecho Penal; Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires; pág. 148).
Es así que es dable afirmar que la figura de tenencia de estupefacientes para comercialización constituye un delito de peligro abstracto y, en consecuencia, para su configuración, no se requiere resultado material alguno. No se exige una acción que se cometa dentro de la cadena de comercialización de estupefacientes, pero sí se reprime un comportamiento orientado, en última instancia, a la provisión de sustancias prohibidas a consumidores, generalmente indeterminados, cuya salud es la que se busca proteger (CSJN A. 891. XLIV. RECURSO DE HECHO A. S. y otros s/ causa n° 9080).
En consecuencia, del análisis integral de los elementos incorporados a la causa, corresponde compartir la solución adoptada por el Juez de Garantías, en cuanto tuvo por acreditado que la encausada detentaba estupefacientes con fines de comercialización, resultando la decisión judicial adoptada debidamente fundada.
2.2 Por lo demás, en cuanto al cuestionamiento de los riesgos procesales esgrimidos en la resolución impugnada, es dable destacar que la valoración de la existencia de peligros procesales exige un pronóstico acerca de cómo el imputado se comportará en el marco del proceso.
Ello no supone una actividad jurisdiccional violatoria de derechos o garantías constitucionales, siempre que la correspondiente evaluación se encuentre fundada en los criterios de legalidad y razonabilidad que vienen impuestos por lo normado en los arts. 148, 146 inc. 2, 157 inc. 4, 169 y 171 del CPP.
Sentado ello, encuentro pertinente recordar que tanto la gravedad del delito imputado como el monto de pena en expectativa constituyen parámetros válidos, en los términos del art. 148 del CPP, como para presumir la concurrencia de un peligro procesal de elusión del proceso. Conf. Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa N° 70.679.
Al respecto, no huelga señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 12/1996, dijo que: "la gravedad del delito imputado y la seriedad de la pena con que se conmina la infracción es un parámetro razonable y válido para establecer, en principio, que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia; y ello es así por cuanto la posibilidad de ser sometido a una pena de una magnitud importante, sin lugar a dudas puede significar en el ánimo del justiciable un motivo suficiente (...) para sustraerse del accionar jurisdiccional" . Asimismo, la misma Comisión, en el informe 2/1997, expresó que "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la Justicia".
En lo que hace a un alto monto de pena en expectativa, deviene necesario recordar que la posibilidad de un encierro prolongado tiende a funcionar como un condicionamiento psicológico que determina al ser humano, por su propia naturaleza, a tratar de evitarlo por todos los medios.
Claro está que dichas circunstancias son elementos que, de acuerdo a cada caso, hacen presumir la existencia de peligros procesales de elusión del proceso; sin perjuicio de que puedan concurrir otros elementos relevantes -debidamente invocados y acreditados- que desvirtúen dicha presunción.
Siguiendo estas premisas, en el presente caso se observa que, de la escala penal prevista para el delito endilgado a Débora Gisele Recofsky -Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- surge una pena en expectativa que se erige como un peligro procesal de elusión del proceso, dado que el sub examine no resulta comprendido en los supuestos excarcelatorios contemplados en el art. 169 inc. 1 y 3 del CPP. No encuadra en el inciso 1 puesto que el delito posee una escala penal que, en su máximo, supera los ocho años de prisión; y, por el mínimo de cuatro años, no resulta aplicable el inciso 3. Conf. arts. 26 del CP.
Asimismo, advierto que la gravedad de la naturaleza de los hechos enrostrados (teniendo en cuenta la cantidad de sustancia hallada, y el hecho de continuar con la comercialización pese a haber recibido un previo allanamiento) revela un peligro procesal de elusión de la justicia de magnitud. Conf. art. 148 del ritual.
Dicha cautelar resulta necesaria a los fines de aventar los peligros procesales de elusión de la justicia y de entorpecimiento, tal como ha afirmado el Magistrado de la instancia, y resulta proporcional, sopesando el tiempo que lleva privado de su libertad (desde el 21 de octubre de 2026) en relación a los peligros procesales meritados.
Todo lo expresado me lleva a concluir que la medida cautelar impuesta a la encausada debe mantenerse para asegurarse los fines del proceso (conf. arts. 148, 157, 169 y concs. del C.P.P.).
2.3 Ahora bien, de las actuaciones agregadas, emerge que la encausada posee hijos que se encuentran a su cargo, particularmente los menores Kiara Agostina Martínez, de 12 años de edad y Ángel Sebastián Martínez de 14 años de edad, así como también una hija de 18 años de edad que se encuentra realizando aún su formación obligatoria la cual se esgrime ha visto interrumpida producto de la privación de libertad de sus padres. Cabe destacar que ambos progenitores de los menores se encuentran detenidos en la presente causa. Los hijos de la encausada se encuentran desde su detención viviendo en la casa de su abuela materna, de quien se ha indicado realiza tratamiento de diálisis desde hace siete años. (Informe social del 02/11/2026)
Ello emerge del informe socioambiental elaborado por la Perito Lic. María Soledad Aramburu, de la Asesoría Pericial Departamental de fecha 2/11/2026, que también da cuenta de la existencia de un vínculo de violencia sufrido por la encausada de parte del coimputado Martínez:
"Surge de la entrevista que la relación de Recofsky con su marido, reviste de características de violencia y maltrato, las cuales se habrían agudizado los últimos 3 años, según lo registrado por Milagros, quien menciona episodios de rupturas de vidrios y mobiliario del lugar ante enojos de Martínez, con situaciones de empujones con su madre, separaciones esporádicas ausencia de éste último por 3 o 4 días de la vivienda, normalizando la joven dichas conductas.
La Sra. Sofía Recofsky, relata que Martínez mantiene una gran adicción al alcohol y estupefacientes, lo cual ha generado que el grupo familiar de la imputada dejara de frecuentar su vivienda, ante conductas inapropiadas del mismo y mal trato hacia su hermana"
En el mismo sentido se indica que: "Surge de la entrevista el registro y preocupación de la familia propia de la encausada respecto a su vínculo violento con Martínez, considerando necesario un espacio de abordaje psicológico tanto para Débora como para sus hijos, los cuales habrían normalizado diferentes maltratos, según lo expuesto"
Y emerge de dicho documento el compromiso de las hermanas de la encausada quienes "Ofrecen la compañía en caso de disponerse un espacio de atención psicológica de Recofsky en un efector de atención pública, o el pago de espacio de atención psicológica virtual, sino contara con autorización para salir de su vivienda.". Dicho informe refleja que la encausada posee ocho hermanas - y su madre- que conforman el principal recurso de sostén y acompañamiento de la encausada.
De esta forma, en atención al interés superior del niño, considerando particularmente que ambos progenitores se encuentran detenidos, y ante la relevancia de que Recofsky pueda ejercer las tareas de cuidado que llevaba adelante al momento de su detención, las cuales están siendo suplidas, en parte por su joven hija mayor de edad (18 años) quien ha visto impactado su proyecto de vida debiendo asumir responsabilidades que no le resultan propias en forma directa, amerita disponer una morigeración de la prisión preventiva.
De esta forma, las circunstancias mencionadas entre ellas las dificultades económicas de la familia de la encausada, y la necesidad del cuidado que requieren -particularmente los hijos menores de la misma-, aunado a la carencia de antecedentes penales de la prevenida tal como consta en el informe del Registro Nacional de Reincidencia; tornan aconsejable -en post del interés superior de los niños que integran el núcleo familiar- disponer la morigeración de la prisión preventiva. Arts. 3.1, 3.2, 4, 24.1 y cc. de la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Todo lo expuesto hasta aquí, me permite colegir que nos hallamos ante una verdadera situación de excepción -como reclama la norma ritual en trato en su artículo 163-; equiparable a la previsión del inc. f in fine del artículo 10 del Código Penal.
En suma, considero que las circunstancias valoradas, permiten razonablemente mitigar el riesgo de fuga oportunamente valorado y, por ende, la cautelar vigente puede y debe ser reemplazada por una herramienta menos gravosa, en el caso el arresto domiciliario con control electrónico, que permitirá asegurar los fines del proceso y resguardar los derechos de los menores que integran el núcleo familiar de la encausada, quien podrá desempeñar tareas de cuidado y colaborar en el desarrollo de actividades económicas para su sustento. En tal sentido, como lo dijera, la suma de las circunstancias antes merituadas da cuenta de que la medida de coerción impuesta puede evitarse razonablemente por la morigeración solicitada.
A lo antedicho se aduna, lo encomendado por la SCBA en la reciente Resolución 2298/2023, la cual tiene en vista el cumplimiento de lo decidido en causa N°83.909, "Verbitsky Horacio", en cuanto al grave problema de superpoblación y hacinamiento en cárceles, que obliga a la remediación del estado de cosas inconstitucional en la materia, donde se ha dispuesto que:
".En ese cometido de necesidad de revisión periódica de la subsistencia de los presupuestos de la prisión preventiva, si se constatare la disminución de los peligros procesales o una reducción en la necesidad y/o proporcionalidad, la prisión preventiva deberá ser sustituida por una medida menos lesiva, siempre que las circunstancias del caso lo ameriten, ponderando particularmente el uso del sistema de monitoreo electrónico (cfr. Arts. 159, 160 y 163 cctes., todos del CPP). Ello así por cuanto el art. 163, segundo párrafo, del CPP, impone que cuando el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio pudiere "evitarse" por aplicación de otra medida menos gravosa para la persona imputada, corresponde así resolverlo."
2.4 En consideración de esa sumatoria de circunstancias, y teniendo presente los principios de ultima ratio y mínima intervención que deben regir el régimen de medidas de coerción cautelar, es que propongo a mis colegas del acuerdo, hacer lugar sólo parcialmente al recurso de apelación, confirmar la prisión preventiva dictada por la instancia así como la denegatoria de cese de la prisión preventiva, y disponer la morigeración de la medida cautelar -que fuera pretendido subsidiariamente- que se encuentra dictada sobre Débora Gisele Recofsky a implementarse bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, la que se hará efectiva por el Juzgado de Garantías N°2 de Azul en el domicilio propuesto por la Defensa -previa certificación-; y bajo las demás condiciones que estime corresponder el Juez de la instancia. Conf. arts. 163 y cc. del CPP.
Así lo voto por ser mi sincera convicción (art. 210 del Código Procesal Penal).
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, el Juez Dr. PAGLIERE dice:
1. Adhiero al voto del colega que me antecede, en cuanto encuentro debidamente justificada la existencia del hecho, la coautoría de la encausada en el mismo y la concurrencia de peligros procesales fundados en la escala penal amenazada, la objetiva gravedad del hecho y el hecho de continuar con la comercialización pese a haber recibido un previo allanamiento.
Me remito a sus argumentos -que comparto en toda su extensión- en honor a la brevedad.
2. Sin perjuicio de ello, debo disentir en cuanto se propone la morigeración de la prisión preventiva dictada.
Es que entiendo que las circunstancias esgrimidas no resultan suficientes para disponer la atenuación de la coerción.
En efecto, entiendo que dicha medida propuesta no resulta adecuada para neutralizar el riesgo procesal que se afirmó al disponer la medida cautelar.
Para ello, cabe destacar la existencia de un comportamiento en el marco del proceso que da cuenta de que la encausada no cumplirá con las condiciones que se impongan desde esta Magistratura. Ello, toda vez que se advierte de la plataforma fáctica que los imputados continuaron con la actividad ilícita desplegada -comercialización de estupefacientes- incluso luego de haber recibido un primer allanamiento a su vivienda, lo que motivó un nuevo ingreso a la propiedad, que también obtuvo resultado positivo. Dicho comportamiento permite suponer que Recofsky no se motiva en las normas y que no acatará las mandas que se le dispongan.
Asimismo, no encuentro circunstancias de excepción que permitan justificar la morigeración, por cuanto el mentado informe socioambiental da cuenta de que la imputada posee ocho hermanas y que las mismas colaboran en el cuidado de sus sobrinos. Por tanto, encuentro que los hijos menores de la encausada no se encuentran en situación de riesgo, ni se ve perjudicado el interés superior de los mismos, atento contar con contención de la familia de la encausada.
3. En función de ello, propongo confirmar la prisión preventiva y rechazar el planteo subsidiario de morigeración pretendido.
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (art. 210 del CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA , el Juez Dr. CINI adhiere al voto del Dr. ECHEVARRÍA por compartir sus fundamentos.
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (art. 210 del CPP).
POR LO EXPUESTO, y en atención a las disposiciones legales citadas, por mayoría SE RESUELVE:
HACER LUGAR PARCIALMENTE, al recurso de apelación interpuesto en fecha 02/11/2026 por la Dra. Sandra Adorno, CONFIRMAR el auto de fecha 29/10/2026 mediante el cual se convirtió en prisión preventiva la detención de la encausada y el decisorio del día 30/10/2026 que denegó el cese de la prisión preventiva, y DISPONER la morigeración de dicha medida de coerción -pretendida subsidiariamente- que se encuentra dispuesta sobre Débora Gisele Recofsky , bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico , la que se hará efectiva por el Juzgado de Garantías N°2 de Azul; previa certificación del domicilio ofrecido y bajo las demás condiciones que estime corresponder el Juez interviniente como inmediata causal de revocación de la medida.
Regístrese, notifíquese al Fiscal General y a la Defensora Oficial, líbrese oficio electrónico al órgano interviniente, encomendándole a su titular el diligenciamiento de las restantes comunicaciones en los términos del art. 126 del CPP y Ley 15.232 y dé cumplimiento a lo aquí dispuesto.
ae cpp
Firmas
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1655-2026
Fin de la sentencia