Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 33829 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada con fecha 31 de octubre por el Juez de Garantías, Juan Francisco Tapia, que se inhibe de seguir entendiendo en los presentes autos, y remite los mismos sin más trámite al Juzgado Penal competente que por turno corresponda de la Localidad de Córdoba Capital. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso, debiendo mantenerse la competencia territorial en este Departamento Judicial. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 35, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-33829-1. "ALAMO FABIAN MIRANDA CRISTIAN S/ INCIDENTE DE COMPETENCIA". IPP 1902-19.
Mar del Plata, 24 de Noviembre de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-33829-1, y de cuyas constancias,
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el particular damnificado, Simón Isaías Serrano, con el patrocinio letrado de Gustavo Adolfo Marceillac, contra la resolución dictada con fecha 31 de octubre por el Juez de Garantías, Juan Francisco Tapia, que se inhibe de seguir entendiendo en los presentes autos, y remite los mismos sin más trámite al Juzgado Penal competente que por turno corresponda de la Localidad de Córdoba Capital.
Sostiene que nadie discute que conforme lo ha resuelto la SCJBA, "el delito de estafa se reputa cometido en el lugar de la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio" (ver fallo citado por el a quo). Asimismo, en el auto impugnado, el propio juez de grado, a buen criterio reconoce que "la figura se consuma cuando se realiza efectivamente esa disposición, resultando este último momento el determinante para la adjudicación de la competencia".
Entiende que lo que determina la competencia territorial, es dónde se realizó la disposición patrimonial, no donde se extrajo el dinero en cuestión o comenzó el iter criminis. Concluye que el razonamiento efectuado por el juez de grado en el auto impugnado - con el respeto que se merece - no resulta ajustado a derecho.
Por lo tanto, sostiene que la consumación del delito investigado se dio en esta ciudad, y en consecuencia, la justicia de Mar del Plata debe seguir interviniendo.
Por último, señala que de mantener el criterio adoptado, implicaría vulnerar el derecho de esta parte damnificada a una tutela judicial efectiva (CSJN Fallos 342:2051, 1261, entre otros). Ya que remitir la presente causa penal a la justicia de la provincia de Córdoba generaría que el suscripto, como víctima de autos, materialmente (en la práctica) pierda el rol que revisto.
En definitiva, solicita a V.V.E.E. que revoquen el auto impugnado, declaren competente a la justicia local, y devuelva las actuaciones a los fines de su prosecución.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que el recurso debe prosperar.
Así las cosas, conforme la jurisprudencia reiterada de los organismos superiores que fuera citada por el Juez de la Instancia y que resalta el impugnante, lo cierto es que en el caso corresponde mantener la competencia territorial en esta ciudad.
Más allá de que el ardid y la disposición final del dinero haya tenido lugar en la ciudad de Córdoba, lo cierto es que la conducta engañosa se produjo respecto de la víctima que habita en esta ciudad, y el delito se configuró ante la disposición patrimonial, que no hay dudas de que se hizo en Mar del Plata.
De este modo, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la protección de los derechos de la víctima (art. 83 del CPP), entendemos que existen fundamentos suficientes como para mantener la competencia. Este ha sido el Departamento Judicial que previno, y no se advierte tampoco que la remisión de las actuaciones a la ciudad de Córdoba conlleve una notable mejora en la eficiente administración de justicia, teniendo en cuenta incluso la existencia actual de medios telemáticos para llevar a cabo ciertos actos procesales.
A esta solución se arriba aún siguiendo la teoría de la ubicuidad, pues definir la competencia territorial ante un delito como el investigado puede implicar interpretaciones distintas, en tanto esta establece que debe reputarse cometido tanto donde se produce el resultado como donde se ha ejecutado la acción ilícita poseyendo ambos relevancia y suficiencia para determinar la ley penal aplicable.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar la resolución dictada con fecha 31 de octubre por el Juez de Garantías, Juan Francisco Tapia, que se inhibe de seguir entendiendo en los presentes autos, y remite los mismos sin más trámite al Juzgado Penal competente que por turno corresponda de la Localidad de Córdoba Capital. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso, debiendo mantenerse la competencia territorial en este Departamento Judicial. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 35, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia