Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 35260 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Tribunal Oral Criminal N° 1 para que continúe interviniendo en los presentes actuados. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 323 inc. 5 , 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-35260-1, y de cuyas constancias,
Que se ha trabado una contienda negativa de competencia entre el Juzgado de Garantías n° 1 y el Tribunal en lo Criminal N° 1, contienda que tiene su génesis en un pedido de elevación a juicio que efectuó el Ministerio Público Fiscal. Así, mientras el primero de los organismos -el Juzgado de Garantías N° 1- hizo lugar a la requisitoria fiscal, para que sea el órgano de juicio quien -en el marco de un debate oral- se pronuncie respecto de la viabilidad de una medida de seguridad respecto de Matías Nahuel Paz, el segundo de ellos, el Tribunal Oral Criminal N° 1, no aceptó la competencia en el entendimiento que existiría un pedido de sobreseimiento del MPF sobre el cual debe expedirse la Justicia de Garantías.
Analizada la contienda de competencia adelantamos que el órgano que deberá continuar entendiendo en estas actuaciones es el Tribunal Oral Criminal N° 1.
A fin de brindar un mejor orden expositivo relataremos a continuación los hechos materia de imputación a Matías Nahuel Paz, conforme los ha delimitado el Ministerio Público Fiscal, y luego el contenido de los informes elaborados por la Asesoría Pericial, que dan cuenta de la necesidad de mantener la medida de seguridad provisionalmente adoptada respecto del nombrado -lo cual, como se verá, debe ser resuelto por el órgano de juicio -el TOC N° 1- (arts. 1 in fine y 323 inc. 5 del CPP). I- Con fecha 22 de febrero del corriente año el Agente Fiscal Leandro Martín Arévalo solicitó elevar a juicio la causa que se le sigue a Matías Nahuel Paz, en orden a los delitos calificados como Homicidio agravado por el vínculo, por ser cometido con ensañamiento y contra una mujer mediando violencia de género (Hecho I) y Homicidio agravado por el vínculo, por ser cometido por ensañamiento y alevosía, y contra una mujer mediando violencia de género (Hecho II).
Los hechos fueron relatados por el MPF del siguiente modo:
Hecho I: "Que el día 26 de Mayo de 2021, aproximadamente entre las
12.20 y las 12.45 horas, en el interior de la vivienda de calle Triunvirato N° 888 de esta ciudad, un sujeto de sexo masculino luego identificado como MATIAS NAHUEL PAZ, utilizando un arma blanca (cuchillo tipo filetero), acometió contra su madre, Sra. Laura Verónica Sánchez y le asestó al menos veinticuatro puñaladas en diversas partes del cuerpo, provocándole su deceso en función de un paro cardio- respitratorio traumático, secundario a Shock Hipovolémico. Producto de las heridas antes mencionadas, la víctima presentó: *Fractura en la escama del hueso temporal, con hemorragia en el lóbulo temporal izquierdo, * Lesión con sección completa del paquete vascular derecho (Carotida externa y vena yugular interna), * Hemoneumotorax izquierdo, con lesión en la cara anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, * Fractura de la clavícula izquierda a nivel de la articulación externo clavicular, * Fractura costales izquierda a nivel de los arcos costales inferiores (7° y 8°), * Sección de asas del intestino delgado (x 3), * Lesiones en mesenterio (x 3), y * Sección parcial de vena cava inferior".
Hecho 2: "Que en similares circunstancias de tiempo y lugar a las referidas en el hecho precedente, el sujeto identificado como MATIAS NAHUEL PAZ, utilizando un arma blanca (cuchillo tipo filetero), acometió contra su hermana menor, Zoe Valentina Paz de nueve años de edad, quien se hallaba dormida en una cama del living de aquella vivienda y le asestó al menos diecinueve puñaladas en diversas partes del cuerpo, provocándole su deceso en función de un paro cardio-respiratorio traumático, secundario a degollamiento. Producto de las heridas antes mencionadas, la víctima presentó: * Sección completa de la tráquea, * Sección completa del paquete vascular del lado izquierdo (carótida externa y yugular interna), y * Lesión en bazo.
II. Los dictámenes de la Asesoría Pericial Departamental realizados por la Dra. María Giuliano y la Licenciada Analía Yacobino, arribaron a las siguientes conclusiones: "Atento el estado actual , anamnesis y de lo recabado en el expediente se puede concluir que al momento de la presente evaluación, el encausado se encuentra cursando un estado psicótico agudo, por lo cual al momento no tiene capacidad para estar sometido a proceso judicial. Por su estado actual y ante la peligrosidad que reviste para si y para terceros se indica su inmediata internación en el servicio de Salud Mental del HIGA o bien en la Unidad 34 de Melchor Romero para su profunda evaluación, diagnóstico y tratamiento adecuado".
En tanto que los Psiquiatras de la Asesoría Pericial de la SCJBA, Dra. Luciana Izaguirre Guembe y Pablo Romásn Fortes, dictaminaron: "Paz Matias Nahuel padece un cuadro compatible con un trastorno esquizofrénico. No se observa al momento de la entrevista sintomatología psicótica aguda posiblemente porque se encuentra recibiendo tratamiento antipsicótico, pero es necesario que el encartado sostenga este tratamiento, intra o extramuros, y el equipo profesional a cargo evalué la evolución de los síntomas de lo que dependerá el tiempo que requiera permanecer con una medida de seguridad. El trastorno que padece es una enfermedad de naturaleza crónica y deteriorante, que evoluciona con recaídas en general relacionadas a abandonos del tratamiento durante las cuales puede reaparecer peligrosidad hacia sí y terceros. El encartado presenta criterios psiquiátricos de peligrosidad ya que el trastorno mental que padece se encuentra en la etapa de inicio con preservación de las funciones psíquicas, así como el ser hombre joven también implica otro factor de riesgo. De acuerdo a su condición de salud mental el mismo puede estar alojado dentro de la órbita carcelaria en Unidad Penitenciaria Psiquiátrica. El pronóstico de este tipo de patología es reservado. Las conductas desplegadas al momento de los hechos investigados en autos permiten concluir que no pudo comprender la criminalidad de los mismos ni dirigir sus conductas al momento de estos. Sobre la comprensión de la criminalidad de su conducta y el control de su conducta, teniendo en cuenta las características del hecho y la enfermedad psiquiátrica que padece, se considera que estas se encontraban afectadas al momento del hecho. No se encuentra en condiciones de ser sometido a proceso...".
III. Sentado lo anterior, nos encontramos en condiciones de adentrarnos en la contienda de competencia entre el Juzgado de Garantías N° 1 y el Tribunal Oral Criminal N° 1.
En primer lugar cabe indicar que el requerimiento de elevación a juicio presentado ante el Juzgado de Garantías tiene por objeto que el órgano de juicio -el TOC N° 3- cumpliendo con los recaudos del juicio se expida respecto de la medida de seguridad impuesta provisionalmente al encartado -si corresponde mantenerla, forma de implementación, modalidad, duración, etc.-, ello más allá de la expresión desacertada del Agente Fiscal de grado en el petitorio de su presentación al referir que el imputado concluiría siendo sobreseído, lo cual ha llevado a confusión al Tribunal, al señalar que existe un pedido en tal sentido, amén que, como se verá más adelante, dicho instituto es inaplicable en el presente caso.
Aclarado ello, resulta oportuno traer a colación lo establecido por el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto en su última parte reza: "La imposición de medidas de seguridad en los términos del art. 34 inciso 1 del Código Penal requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio previstas en el Libro III de este Código". De allí se infiere sin hesitación que el dictado de una medida de seguridad sólo puede ser dispuesta por el órgano de juicio -en este caso por el TOC N° 1-, previa celebración de un debate donde se asegure el derecho de defensa del presunto incapaz, en igualdad de armas con la Fiscalía y con la garantía, a su vez, de poder recurrirse ese pronunciamiento.
El Juez de Garantías puede disponer la internación provisional, pues así lo prevé el art. 168 del CPP, y es competente para entender en las consecuencias de esa internación hasta que se eleve la causa a juicio (art. 337 CPP). Luego, es el órgano de juicio quien debe dilucidar la aplicación o no del art. 34 inc. 1 del CPP, y con ello determinar si resulta pertinente al caso transformar la internación en una medida de seguridad.
A su vez, el art. 323 inciso 5 del ritual veda al Juez de Garantías dictar el sobreseimiento cuando procede una medida de seguridad en los términos del art. 34 inc. 1 del Código Penal. Igual restricción se encuentra prevista en el art. 341 del CPP. En este sentido, ni el Juez de Garantías ni el Órgano de Juicio -este último con posterioridad a la oportunidad del art. 338-, pueden sobreseer cuando resulta necesaria la imposición de una medida de seguridad, debiendo dirimirse la cuestión en el marco de un debate oral (conf. art. 1 CPP). Por el contrario, procede el sobreseimiento cuando media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria y el justiciable no resulta peligroso para sí o para terceros y, por lo tanto, no resulta pasible de una medida de seguridad -lo cual como puede observarse de lo ut supra expuesto no sería el caso de marras-.
Por último, también se comparte con el Dr. De Marco que el ámbito del debate es el momento oportuno para una discusión plena, con la presencia de todas las partes interesadas, por lo que la omisión sindicada por los Jueces subrogantes del Tribunal Oral Criminal N°1 en cuanto a la falta de intervención de los familiares de las víctimas ( Ley 15.232) -con la particularidad del caso marras- tampoco se erige en un argumento válido para no aceptar la competencia.
Por todo ello, esta Alzada resuelve: declarar competente al Tribunal Oral Criminal N° 1 para que continúe interviniendo en los presentes actuados. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 323 inc. 5 , 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/06/2022 13:15:35 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2022 13:16:05 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2022 13:16:25 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/06/2022 13:17:25 hs. bajo el número RR-231-2022 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia