Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 78297 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la queja traída con el alcance indicado en el considerando III.1. y, admitiéndola parcialmente, se concede, con el alcance indicado en el considerando III.2., el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC; art. 31 de la ley 14.967).
78.297-P "FAVA, SERGIO GUSTAVO S/ INC. DE COMPETENCIA"
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Carral y Kohan dijeron:
I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por el señor Sergio Gustavo Fava contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones 565/14 de la Tesorería de la Provincia, así como las Resoluciones n°91/2001 y 5/2019 del Tribunal de Cuentas y las resoluciones 4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte- la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó la apelación de la demandada relacionada al planteo de incompetencia y revocó -por mayoría- la decisión de grado haciendo lugar a la medida cautelar peticionada y (v. resol. de 24-V-2022).
I.1. Para así decidir en relación a la medida cautelar, entendió que -en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares- se encuentra presente en autos el requisito de verosimilitud en el derecho, citando el precedente propio "Colavita" (sent. del 16-VI-2020). Asimismo, juzgó que las consideraciones expresadas por el magistrado de grado en lo atinente al peligro en la demora se ajustan a derecho y no han logrado ser desvirtuadas por la recurrente.
I.2. Ahora bien, para resolver en cuanto a la excepción de incompetencia comenzó por señalar que la controversia se encuentra directamente relacionada por el obrar de un órgano de la Administración Pública Provincial -IPS- en su carácter de agente de retención del Impuesto a las ganancias.
En ese contexto, sostuvo que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso lo colocan en sede provincial, en la medida en que el órgano que realiza el descuento integra el cuadro de reparticiones de su administración pública y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose tanto del rechazo de la excepción de incompetencia como de la procedencia de la medida cautelar peticionada (v. presentación de fecha 9-VI-2022).
La denegatoria de aquel -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 23-VIII-2022), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 6-IX-2022).
III. Requeridos los autos principales mediante notificación directa el 17 de abril de 2023, éstos fueron recibidos electrónicamente el 26 de abril de 2023.
III.1. Respecto del cuestionamiento dirigido a objetar la medida cautelar, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.265, "Martin", resol. de 11-III-2020; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020).
Asimismo, es del caso señalar que es doctrina reiterada de este Tribunal que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 74.984, "Segovia", resol. de 6-VI-2018; Q. 75.536 "Senin", resol. de 20-III-2019; Q. 75.903, "Granja Tres Arroyos", resol. de 6-XI-2019; Q. 76.431, "Centro de Exportadores de Cereales y Otros", resol. de 19-III-2021).
En tal sentido, no se observa en el sub lite , en el que el Tribunal de Alzada -por mayoría- hizo lugar a medida precautoria por considerar suficientemente abastecidos los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, motivos que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (doctr. causas Q. 72.330, "Migliaro", resol. de 02-V-2013; Q. 72.717, "Negrelli", resol. de 21-VIII-2013; A. 73.929, "Bellocchio", resol. de 18-XI-2015; Q. 77.599, "Rodríguez", resol. de 12-VIII-2022; Q. 77.037, "Asso", resol. de 24-V-2023).
En consecuencia, corresponde desestimar el embate traído en relación al mencionado cuestionamiento (arts. 278 y 292, CPCC).
III.2. Analizando -ahora- el agravio dirigido a cuestionar el rechazo la excepción de incompetencia planteada por la Fiscalía, corresponde recordar que esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. causas Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. causas Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
Así, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en cuanto a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023, e.o.).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder -a su respecto- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
IV. Pasando a examinar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. En la vía extraordinaria incoada, la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación- denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc.2 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
IV.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por el juez de grado como por la Cámara de Apelación interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la queja traída con el alcance indicado en el considerando III.1. y, admitiéndola parcialmente, se concede, con el alcance indicado en el considerando III.2., el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC; art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2023 13:07:38 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 15:17:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 12:36:35 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 10:56:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 13:03:55 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/12/2023 13:04:12 hs. bajo el número RR-1125-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia