Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124671
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 9 de febrero de 2022 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d", Ac. 4/07).
C. 124.671 "IBARGUREN MARIA ISABEL S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION) EN AUTOS 'DAHER S/ QUIEBRA'"
I. Con la presentación electrónica de fecha 9 de febrero de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta en idéntica fecha.
II. La incidentista deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la no definitividad de la sentencia y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, declaró mal concedido el recurso de nulidad articulado (art. 278, 296 y 297 CPCC; v. resol. de 29-X-2021 y escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 7-XII-2021 y su archivo adjunto identificado como "Recurso+Extraordinario.pdf").
En el caso, la Cámara rechazó, sin más trámite, el incidente de nulidad incoado respecto a la integración del Tribunal de Alzada. Ello, con base en que no procede la nulidad solo en beneficio de la ley, sin que se demuestre interés jurídico y perjuicio real para subsanar. Agregó el órgano que ni siquiera la interesada intentó ejercer la facultad de cuya privación se agravia, sólo adujo la frustración del derecho a recursar, pero no lo ejerció, omitiendo cumplir con los requisitos exigidos por el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial. Concluyó así que, no teniendo el planteo ninguna finalidad práctica, correspondía su rechazo (v. sent. 22-XII-2020).
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y derecho a la vivienda (arts. 14 bis y 16, 17, 18 Const. nac.; v. págs. 2 y 6/7 y 10/11 de adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la decisión atacada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte dictó una resolución -excesivamente formalista- que no es derivación razonada del derecho vigente, vulnerando las garantías constitucionales enunciadas desde que declaró mal concedido el recurso extraordinario de nulidad articulado. Y afirma que, de esa forma, la sentencia resulta definitiva por no poder buscar enmienda en otro juicio (v. págs. 4/13, adjunto cit.).
Además, cita -en sustento de postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima como atinentes al caso (CSJN Fallos: 317:462; 316:32; 317:698; 317:483; 238:550; entre otros, v. pág. 8, 10/12 adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 15-XII-2021), el mismo fue contestado por el síndico (v. escrito electrónico de fecha 11-I-2022 titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL- CONTESTA TRASLADO" y el escrito electrónico del 9-II-2022 y su archivo adjunto denominado "IBARGUREN+MARIA+I.+S.pdf").
V.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como las relacionadas con la integración de los tribunales colegiados y el modo en que emiten sus votos los jueces que los componen, no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 4/12, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de excesivo formalismo, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias de grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 4/12, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- los particulares argumentos de la resolución impugnada, que destacan no sólo la falta de definitividad de la sentencia atacada, sino también la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia y la falta de desarrollo de agravios sustentados en el contenido normativo de los art. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. resol. recurrida, cit.; art. 3, inc. "d", Ac. 4/2007, cit.).
VI. Asimismo, cabe agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 14 bis y 16, 17, 18 Const. nac.; v. págs. 2 y 6/7 y 10/11 de adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.213, "Cutzarida Srl", resol. de 2-III-2021; C. 123.158, "Armonia Azul S.A.", resol. de 31-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 9 de febrero de 2022 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d", Ac. 4/07).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 08:55:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:45:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 15:19:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:31:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:40:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:12:26 hs. bajo el número RR-479-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia