Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala I · Causa 31357
Lo que resolvió el tribunal
I. Confírmase la resolución dictada el día 17/12/2025 en cuanto excluye del cómputo de las mayorías necesarias para la obtención del acuerdo preventivo al acreedor AFIP -hoy ARCA-, pero dejándose aquí establecido que quedaran supeditados los efectos de la homologación del acuerdo -en caso de obtenerse las mayorías necesarias- a que la sociedad deudora acredite el acogimiento a las moratorias fiscales correspondientes y su respectiva aprobación en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del artículo 52 de la Ley 24.522.
II. Impónense las costas de Alzada en el orden causado, atento a la complejidad jurídica del asunto y a la existencia de jurisprudencia contradictoria; difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad procesal pertinente.
Causa Nº31357.- Jdo. Nº5. Quilmes.
TELECO S.A. C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION).-
En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces y la señora Jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, integrada por los Doctores Gerardo Crichigno, Gabriel Pablo Zapa y Griselda Nora Pastorino, con la presencia de la Secretaria del Tribunal, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa Nº31.357 caratulada: "TELECO S.A. C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION)”. De Conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Cámara resolvió votar las siguientes
1ra.) ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?
2da.) ¿Que pronunciamiento corresponde emitir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del C.P.C.) dio el siguiente orden de votación: Doctores Gerardo Crichigno, Gabriel Pablo Zapa y Griselda Nora Pastorino.
A la primera cuestión el Dr. Gerardo Crichigno dijo:
I. Contra la sentencia mediante la cual el juez de grado resuelve: “I).- EXCLUIR DEL COMPUTO DE LAS MAYORÍAS NECESARIAS al acreedor ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS; II).-Sin imposición de costas, por haberse creído los interesados a peticionar como lo hicieron (arts. 68 y cctes del CPCC). …” (v. sentencia dictada el 17/12/2025); alza su protesta el incidentado -a través de su letrado apoderado- deduciendo apelación el día 23/12/2025, remedio que, concedido en relación el 04/02/2026, fuera fundado con el memorial presentado el 13/02/2026. Dispuesto el pertinente traslado por auto de fecha 23/02/2026, es evacuado por la sociedad concursada -por intermedio de su letrado apoderado- mediante escrito presentado el 04/03/2026; en tanto que la sindicatura contesta el día 31/03/2026 (v. proveídos del 05/03/2026, 12/03/2026, 26/03/2026 y 08/04/2026).
II. El recurrente se agravia de la decisión adoptada alegando que el sentenciante incurre en un error de derecho al fundar la exclusión del Fisco Nacional en una supuesta falta de libertad de negociación derivada de normas reglamentarias internas, citando al efecto la Resolución General AFIP-DGI N°970/01, la que no se encuentra vigente al momento de dictarse la sentencia, encontrándose actualmente vigente la Resolución General AFIP N°3587/14. Continúa diciendo que el Fisco Nacional no se encuentra contemplado en ninguna de las causales de exclusión establecidas en el art. 45 de la Ley 24.522, norma que establece en forma clara las condiciones generales para la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo para cada una de las categorías de acreedores fijadas en la resolución del art. 42 LCQ, siendo las causales de exclusión previstas de carácter taxativo y, por tanto, no admitiendo interpretaciones extensivas. Continúa diciendo que -a su entender- la doctrina mayoritaria ha coincidido en que debe imperar una interpretación restrictiva de tales excepciones, en tanto la exclusión de voto importa el cercenamiento de un derecho fundamental del acreedor, cual es el de prestar o no su conformidad a la propuesta de concordato que el deudor ofrece (v. memorial del 13/02/2026).
III. Abordando la tarea revisora, principio por señalar que la Resolución AFIP N°3587/2014, modificatoria de la RG N°970/01 citada por el sentenciante, no introduce modificaciones de relevancia en lo atinente al recurso en estudio. Al igual que su antecesora, dispone que “los contribuyentes y responsables y/o sus representantes legales que obtuviesen la homologación de acuerdos preventivos, originados en la tramitación de concursos preventivos, podrán ingresar las deudas relativas a determinadas obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, generadas por causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, y los correspondientes accesorios de dichas deudas, conforme al régimen especial de facilidades de pago que se establece en la presente” (art. 1ero.). Para el caso que se ofrezca un acuerdo preventivo para créditos quirografarios, la propuesta debe cumplir los requisitos previstos en su artículo 37: a) no contener quita alguna, b) aplicar como mínimo un interés del 0,50% mensual, sobre saldo, c) no exceder para su cumplimiento el término de 96 meses y, d) el pago de tres cuotas al año, como mínimo y la amortización del capital de la deuda no inferior al 10% anual; la cancelación de la cuota operará sólo con la amortización del capital acordado a ella y el ingreso de su respectivo interés.
Frente a lo expresamente dispuesto en tales disposiciones y no existiendo posibilidad alguna de quita, no corresponde que la AFIP -hoy ARCA- reclame participar como un acreedor más, cuando carece de la facultad de aceptar quitas. No excluir al organismo recurrente del cómputo de capital para la determinación de las mayorías necesarias para obtener la homologación del acuerdo que se proponga a los acreedores, implicaría tanto como incluir a quienes de antemano están imposibilitados de analizar sin condicionamientos las diversas propuestas de pago que pudiera formular la deudora; ello conduciría a una contradicción con todo el sistema, no admisible por el régimen concursal (CNCom., Sala B, in re: “Talsium SA s/ Concurso Preventivo s/ incidente de apelación de Administración Federal de Ingresos Públicos”, S. del 22/06/2017; in re: “Dulcypas S.A. s/ Incidente Art. 250”, S. del 08/05/2019; e.o.).
Es notorio que el Fisco Nacional (AFIP-ARCA) no puede aceptar quitas en el pago de acreencias verificadas en concursos preventivos; sólo acepta las esperas derivadas de las facilidades concedidas por la mentada Resolución General. Entonces, la exclusión del crédito mencionado en el cómputo de las mayorías está orientada a evitar que la apelante impida la obtención del acuerdo, cuando su acreencia, de acuerdo al régimen legal establecido por ella misma, sólo podrá ser percibida -una vez homologado el acuerdo- con arreglo a las facilidades de pago dispuesto por esa normativa (CNCom., Sala D, in re: “Inflight SA s/ concurso preventivo”, S. del 05/03/2002).
De otro modo, las características de la norma descripta más arriba (ausencia de quitas, mínimo de cuotas y amortización anual) suponen que: a) la resolución 3587/2014 no contempla facultades de negociación o transacción discrecionales para los funcionarios, y b) dado que el régimen tiene pautas propias que no necesariamente acompañan a las que se han de proponer al resto de los acreedores -las que pueden ser inferiores en porcentaje, más amplias en plazo o consistir en acuerdos distintos de la quita y la espera-, es evidente que el crédito fiscal tiene, por su propia naturaleza y por regulación objetiva de los encargados de su percepción, una forma particular de ser satisfecho. Por ello, no puede sostenerse que los extremos mínimos contenidos en la norma deben ser también impuestos como tales, o condicionantes para el resto de los acreedores.
Es una solución peculiar para un determinado acreedor público con características especiales y con parámetros fijados por normas públicas. Es una categoría legal especial no explicitada en la ley de fondo, pero tipificada por una norma particular para un caso determinado con procedimientos propios -ofrecimiento, aceptación, cumplimiento, etc.- (cfr. Alegría, Héctor, “La Relación Fisco-Concurso, con especial referencia a la exclusión de voto del Fisco en el acuerdo preventivo”, LA LEY, Suplementos de Concursos y Quiebras, 09/09/2002, págs. 14/15, cita Online: AR/DOC/5173/2003); sin que obste a lo expuesto la circunstancia de que la cesante hubiera o no categorizado al organismo recaudador, máxime cuando como en el caso de autos al presentar la propuesta de agrupamiento y categorización se especificó que: “…en relación al único acreedor de origen fiscal su participación en las categorías correspondientes a los fines de computar las mayorías legales habrá de ser excluida en función de la postulación que, por separado, esta parte articulará al efecto. …” (cfme. surge del acápite II del escrito de fecha 23/03/2024 presentado en: “Teleco S.A. S/ Concurso Preventivo (Grande)”, y proveído del día 15/04/2024 a las 15:50:29hs., según consulta MEV efectuada).
Así, el erario público no contribuye a formar el acuerdo pues pretende imponer condiciones de pago a su acreencia extrañas al concurso y de elaboración propia. Esto conduce, muchas veces, a que el deudor no sepa cómo manejarse con este acreedor inelástico. Por ello, aparece la posibilidad y facultad judicial de excluirlo del cómputo de las mayorías pues es paradójico que a este acreedor se le pague lo que pide y a otros acreedores comunes lo que aceptan y, so pretexto de que no hay paridad de trato entre unos y otros, a pesar de que todos están conformes, se declare la quiebra de la concursada.
La cuestión a responder es si es o no computable a los efectos del cálculo de las mayorías el crédito del fisco, que se enmarca en una de mayor extensión y refiere a si es posible excluir del cómputo de las mayorías a sujetos no mencionados en el art. 45, párrafo 3ero. de la LCQ. Al respecto la solución no estriba en forzar la Ley concursal con una interpretación extensiva o analógica de los supuestos de exclusión de voto previstos por el citado artículo, sino en disponer la exclusión en razón a que -reitero- la mismísima normativa fiscal apunta a dejar el crédito fiscal afuera de las negociaciones concordatarias. La reglamentación fiscal viene a crear una especie de categoría legal de créditos no prevista en el ordenamiento concursal que se traduce en una especie de "autoexclusión" de libre juego de intereses entre el deudor y sus acreedores (doct. Alegría, Héctor, "La relación fisco-concurso, con especial referencia a la exclusión de voto del fisco en el acuerdo preventivo", LL, 2002-E, 659, nota 60).
De tal modo, y si bien no desconozco que la jurisprudencia relativa al tema en tratamiento no puede ser calificada de pacífica, entiendo que, en el sub examine, debe aplicarse la posición doctrinal y jurisprudencial que sostiene la posibilidad de excluir a los créditos fiscales (cfme. Alegría Héctor, "La relación fisco-concurso, con especial referencia a la exclusión de voto del fisco en el acuerdo preventivo", LL, 2002-E, 649; Barreiro Marcelo, "¿Están todos los que son o son todos los que están? Sobre la exclusión del voto", en Doctrina Societaria y Concursal, N. 210, mayo 2005, págs. 509/511; Monti, José, "Cómputo de mayorías: exclusión de acreedor en competencia", en Derecho concursal argentino e iberoamericano, V Congreso Argentino y III Congreso Iberoamericano, Buenos Aires, Ed.
Ad Hoc, 2003, t. II, p. 533; Villoldo, Juan M., "El voto del fisco en el concurso preventivo: una exclusión razonable", en Doctrina Societaria y Concursal, N. 197, 2004, p. 392; C. Nac. Com., sala D, 3/5/2002, “Inflight S.A.”, ED, 198-61 y LL, 2002-E, 649). Ello así porque, tal como surge de lo que llevo expuesto, los créditos fiscales están sometidos a regímenes especiales, que no dejan margen a la negociación. No existe voluntad complaciente, pero se produce algo peor, cual es la imposibilidad de ingresar en una negociación real; el acogimiento a un procedimiento que compele a una determinada solución no puede ser asimilada a la conformidad postulada por la Ley Concursal. Acogerse a una moratoria es un derecho de los contribuyentes; sin embargo, las reglamentaciones prevén que, si se trata de un deudor en concurso, las cuotas del plan de pago deben pagarse luego de notificada la homologación del acuerdo.
Tan particular situación implica la existencia de un círculo vicioso pues para comenzar a cumplir con la moratoria es menester la previa homologación del acuerdo y para que el juzgado pueda adoptar esa decisión es imprescindible que exista el acuerdo y esto requiere, a su vez, la conformidad del acreedor tributario con la propuesta respectiva, aceptación difícilmente obtenible en razón de las conocidas trabas burocráticas existentes. Por lo demás, esas resoluciones -por su propio trámite y plazos- ponen en riesgo la posibilidad de llegar a prestar conformidad en término durante el período de exclusividad (ccdte. fallo “De Franceschi, Luis Ramón s/ Concurso Preventivo”, S. 08/11/2012, publicado en LLC 2013 (abril), 345, Citas: TR LALEY AR/JUR/70953/2012; Cám.
Civ. y Com. de Azul, Sala 2da., en fecha 02/12/2008, "Ronicevi SECPA", publicado en: LLBA, 2009 (marzo), 186 - IMP., 2009-9, 718; ver nota a fallo de Junyent Bas e Izquierdo, "Exclusión o categorización diferenciada de la AFIP", en LL, ejemplar del 18/12/2007, p. 6, nota 4)".
En definitiva, considero procedente la tesis que adhiere a la exclusión del crédito fiscal, puesto que, en particular la AFIP, en el artículo 1 de su Resolución N°3587/2014 -supra transcripto-, contiene regímenes especiales de facilidades de pago, cuya efectivización queda condicionada a la homologación del acuerdo preventivo -primero se homologa y luego el Fisco otorga la moratoria-, significa que el Fisco se coloca como un acreedor tan diferente a los restantes que es prácticamente ajeno al acuerdo puesto que no contribuye a formarlo; de tal modo excluirlo de la base de cómputo del acuerdo no significa privarlo de ningún derecho sino sencillamente autorizarlo a operar conforme lo ha dispuesto su propia reglamentación específica (ccdte. fallo supra citado “De Franceschi, Luis Ramón s/ Concurso Preventivo”, S. 08/11/2012, publicado en LLC 2013 (abril), 345, Citas: TR LALEY AR/JUR/70953/2012). Sin embargo, la admisión de la exclusión del voto del Fisco para el cómputo de las mayorías, no implica desconocer el derecho que le corresponde a ese organismo, como acreedor concurrente, de intervenir en el concurso; por lo cual -siguiendo el fallo citado- cabe supeditar los efectos de la homologación del acuerdo -en caso de obtenerse las mayorías necesarias-, a que el deudor acredite el acogimiento a la moratoria fiscal y su respectiva aprobación en el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del artículo 52 de la normativa concursal.
Corolario de lo que llevo dicho, la exclusión del voto de la AFIP -hoy ARCA- para el cómputo de las mayorías necesarias a los fines de la aprobación de la propuesta de acuerdo, no es el producto de una interpretación finalista del artículo 45 de la Ley 24.522 sino de la mentada normativa fiscal del organismo, en cuanto apunta a dejar al crédito del fisco fuera de las negociaciones concordatarias.
Consecuentemente, y teniendo siempre en miras la finalidad que tuvo el legislador al dictar la Ley de Concursos y Quiebras y los principios rectores del Derecho Concursal en torno a la conservación de la empresa, la preservación de las fuentes de trabajo y la tutela del crédito, estimo acertada la solución propiciada en la anterior instancia, en cuanto a la exclusión del voto de la AFIP para el cómputo de las mayorías, pero con un agregado en cuanto se deja establecido que quedarán supeditados los efectos de la homologación del acuerdo presentado en los autos principales -en caso de obtenerse las mayorías necesarias- a que la deudora acredite el acogimiento a las moratorias fiscales correspondientes y su respectiva aprobación en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del artículo 52 de la LCQ (ccdte. fallo “Capricuer S.A.”, S. 11/08/2011, publicado en DCCyE 2012 (abril), 76 con nota de Ricardo S. Prono, Citas: TR LALEY AR/JUR/46368/2011)"; lo que así dejo propuesto al Acuerdo (doct. arts. 45, 278, 280 y sgtes. de la Ley 24.522 -texto según Ley 26.086).
IV. Las costas por la actuación generada en esta instancia, corresponde imponerlas en el orden causado, atento a la complejidad jurídica del asunto y a la existencia de jurisprudencia contradictoria (arts. 68 párrafo segundo y 69 del C.P.C.C.; art. 278 de la Ley 24.522).
V. Es por todo ello que, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión los Dres. Gabriel Pablo Zapa y Griselda Nora Pastorino, por compartir fundamentos, VOTAN POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el Dr. Gerardo Crichigno dijo:
En atención al Acuerdo de voluntades logrado precedentemente, y concordantemente con lo dictaminado por la sindicatura, corresponde confirmar el apelado decisorio en lo principal que decide y ha sido materia de agravio y recurso, pero dejándose aquí establecido que quedarán supeditados los efectos de la homologación del acuerdo presentado en los autos principales -en caso de obtenerse las mayorías necesarias- a que la sociedad deudora acredite el acogimiento a las moratorias fiscales correspondientes y su respectiva aprobación en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del artículo 52 de la Ley especial en la materia. Las costas de Alzada corresponde imponerlas por su orden en atención a la complejidad jurídica de la cuestión debatida y a la existencia de jurisprudencia contradictoria (arts. 68 párrafo segundo y 69, 242, 246, 266, 267 y 270 del ritual; doct. arts. 45, 278, 280 y sgtes. de la ley 24.522 -texto según ley 26.086).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión los Dres. Gabriel Pablo Zapa y Griselda Nora Pastorino, por consideraciones análogas, VOTAN EN IGUAL SENTIDO. Con lo que terminó el acuerdo firmando los señores Jueces y la señora Jueza en forma digital (arts. 1, apartado b.1.1. de la Res.10/20 y 1, 2 y 4 de la Res.18/20 ambas de la SCBA, Arts. 1, 3, 4 y ccdtes. Ac. 3975/20 de la SCBA. y arts. 5 y 8 del Anexo).
En la ciudad de Quilmes.
Habiendo quedado establecido en el Acuerdo que antecede -concordantemente con lo dictaminado por la sindicatura-, que el pronunciamiento en crisis no es íntegramente justo;
I. Confírmase la resolución dictada el día 17/12/2025 en cuanto excluye del cómputo de las mayorías necesarias para la obtención del acuerdo preventivo al acreedor AFIP -hoy ARCA-, pero dejándose aquí establecido que quedaran supeditados los efectos de la homologación del acuerdo -en caso de obtenerse las mayorías necesarias- a que la sociedad deudora acredite el acogimiento a las moratorias fiscales correspondientes y su respectiva aprobación en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del artículo 52 de la Ley 24.522. II) Impónense las costas de Alzada en el orden causado, atento a la complejidad jurídica del asunto y a la existencia de jurisprudencia contradictoria; difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad procesal pertinente. REGISTRESE. NOTIFIQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 10 de la Ac. 4013/21 de la SCBA -texto ordenado. por Ac. 4039/21-, y art. 13 de su Anexo I - Reglamento para las notificaciones por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2026 12:52:53 - PASTORINO Griselda Nora - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2026 14:14:27 - CRICHIGNO Gerardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2026 14:57:37 - ZAPA Gabriel Pablo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/07/2026 17:44:14 - GONZALEZ Alejandra Veronica - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia