Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122172
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio el fallo de fs. 118/122 vta. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC y 168, Const. prov.). Costas por su orden, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.172, "Fisco nacional - AFIP. DGI- contra Padrón, José Mario. Incidente concurso/quiebra (excepto verificación)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan , Pettigiani.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó el pronunciamiento de origen que, a su turno, hiciera lugar -en forma parcial- al incidente de revisión incoado por el Fisco nacional (v. fs. 89/90 vta. y fs. 118/122 vta.).
Se interpuso, por el incidentista, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/143 vta.).
Dictada la providencia de autos, oído lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 153/154 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 118/122 vta.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el marco del proceso falencial del patrimonio del causante José Mario Padrón, la letrada apoderada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los fines de controvertir la decisión que -oportunamente- declarara inadmisible su crédito concursal, interpuso incidente de revisión (v. fs. 65/70 vta.).
II. La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata mantuvo la solución de primer grado que, a su turno, hiciera lugar -en forma parcial- a la pretensión incidental (v. fs. 89/90 vta. y fs. 118/122 vta.).
III. Frente a ello, la representante del revisionista interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 5 de la ley 11.683 y 4.023 del Código Civil.
En síntesis, reprocha la errónea calificación del sujeto tributario, critica la determinación del inicio del plazo de prescripción, cuestiona la improcedencia de las multas insinuadas y peticiona la admisión integral de su crédito (v. fs. 135 vta./142 vta.).
IV. Tal como lo pone de manifiesto el señor Procurador General a fs. 153/154, entiendo que el tópico que abre el acuerdo merece favorable respuesta. Veamos.
IV.a. Una atenta lectura de las actuaciones permite observar que el trámite concursal se ha desarrollado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo -en su momento- del magistrado Andrés Antonio Soto (v. expte. "Padrón, José Mario. Quiebra (pequeña). Legajo de copias").
En tal tarea, entre otros actos procesales, el referido juzgador suscribió la resolución del art. 36 de la ley 24.522, expidiéndose sobre la admisibilidad de las acreencias insinuadas; más precisamente, desestimando la pretensión invocada por el Fisco nacional (v. resol. de 20-XII-2013 obrante en el expte. cit.).
Posteriormente, una vez deducido el presente incidente de revisión, el juzgador subrogante de origen, doctor Juan José de Oliveira, admitió parcialmente el crédito fiscal (v. fs. 89/90 vta.).
Apelada tal decisión, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, integrada por los señores jueces Laura Marta Larumbe y el referido Andrés Antonio Soto, la confirman (v. fs. 118/122 vta.).
IV.b. Conforme el breve relato referenciado, se advierte rápidamente la doble actuación en el trámite procesal por parte del doctor Soto. En primer término, como juez de primera instancia, al decretar la falencia, impulsar las actuaciones y emitir opinión sobre el ingreso de los créditos de la Administración Federal de Ingresos Públicos a la masa pasiva y, en segundo orden, prestando su adhesión como integrante del Tribunal de Alzada sobre la revisión de dicha acreencia (v. antecedentes cits.).
Sobre el punto, cabe referenciar que nuestro Código Procesal Civil y Comercial establece el deber del juez de apartarse espontáneamente del conocimiento de un asunto cuando se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación establecidas en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial.
Además, este Superior Tribunal ha dicho que la figura de prejuzgamiento, vinculada particularmente con el art. 17 inc. 7 del mentado cuerpo legal, el cual dispone la posibilidad de apartamiento cuando el juez haya sido "defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado", nace en aquellos supuestos en que el magistrado, en el mismo proceso, ha anticipado o dejado traslucir su opinión sobre el fondo de la causa u otro aspecto que solo corresponde decidir en la sentencia definitiva (conf. doctr. causas Ac. 67.705, "Ticona Valdivia", resol. de 2-IX-1997; C. 102.687, "Scorpino", sent. de 3-XI-2010 y L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VIII-2012).
Por tales razones, se ha censurado la conducta de aquellos magistrados que, habiendo intervenido como jueces de origen mediante el dictado de ciertos actos jurisdiccionales, luego han participado como vocales integrantes en los tribunales superiores de las causas, aún en aquellos supuestos en los cuales no hubiera excusación formal de por medio (conf. causas C. 66.011, "Castillo", sent. de 31-III-1998; C. 77.374, "Giusti", sent. de 21-XI-2001; C. 101.622, "Salvo de Verna", sent. de 21-XII-2011; C. 120.699, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó", sent. de 21-IV-2019; entre tantas).
Consecuentemente, no habiéndose apartado el doctor Andrés Antonio Soto de las presentes actuaciones en momentos previos a emitir su opinión en la sentencia de fs. 118/122 vta., es que haciendo aplicación de la potestad exclusiva y excluyente de este Tribunal establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, frente a las falencias que surgen del pronunciamiento de grado -que lo descalifican como acto jurisdiccional válido- se impone la declaración oficiosa de nulidad (conf. causas L. 97.080, "Szucs", sent. de 1-IX-2010; C. 97.003, "Feltrín", sent. de 21-XI-2012; C. 119.134, "A., A. A.", sent. de 19-II-2015; entre varias).
V. En consecuencia, si lo que propongo resulta compartido por mis colegas, corresponde anular oficiosamente el fallo de fs. 118/122 vta. Los autos deberán ser remitidos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC y 168, Const. prov.). Costas por su orden, en atención a la forma como se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Comparto los fundamentos dados por los colegas que me preceden en el orden de votación, por lo que corresponde dictar la anulación de oficio del fallo de fs. 118/122 vta.
A diferencia de otros casos, en los que he entendido que el pronunciamiento dictado por un magistrado previamente inhabilitado para intervenir en él (fuere por recusación dispuesta o por excusación aceptada) debe ser considerado un acto jurídico inexistente, nonato, por carecer de uno de los presupuestos esenciales necesarios para su configuración como tal (conf. mis votos en C. 66.011, "Castillo", sent. de 31-III-1998; C. 77.374, "Giusti", sent. de 21-XI-2001; C. 92.956, "Colángelo", sent. de 3-VI-2009; e. o.); en este caso, en el que el juez interviniente no se encontraba formalmente apartado de la causa, corresponde ejercer la potestad exclusiva y excluyente de este Tribunal establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio y -frente a las falencias de las que adolece el pronunciamiento de grado al encontrarse vulnerados deberes a cargo del magistrado involucrado y afectadas diversas garantías constitucionales que hacen al debido proceso- declarar su nulidad de oficio (conf. arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 15, 168 y concs., Const. prov.; 14, 17 inc. 7, 19, 28, 30, 32, CPCC; 33 inc. "c", 35 -a contrario-, 47, 48 y concs., ley 5.827; doctr. causas C. 120.699, "Sindicato de Trabajadores de Pehuajó", sent. de 25-IV-2019; C. 122.666, "Israel Silicaro", resol. de 8-V-2019; e. o.).
Voto pues, por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se anula de oficio el fallo de fs. 118/122 vta. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC y 168, Const. prov.). Costas por su orden, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2020 18:28:36 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:23:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:13:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2020 15:19:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 13:38:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia